Victoria Carrasco Sánchez

Expediente 820/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
820/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
14/12/2017

Partes del expediente

  • Victoria Carrasco Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    AGRÉGUESE EL OFICIO DE LA SUPERIORIDAD, TÉNGASELE INFORMANDO QUE ADMITIÓ A TRÁMITE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO, QUEDANDO REGISTRADO CON EL TOCA NÚMERO R.A. (p)-594/2017. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    VISTO EL OFICIO DE LA AUTORIDAD, TÉNGASE INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN, REMÍTANSE LOS AUTOS AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, FÓRMESE EL CUADERNO DE ANTECEDENTES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    Ciudad de México, a siete de noviembre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de México, a las doce horas del siete de noviembre de dos mil diecisiete, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 820/2017-V, promovido por Victoria Carrasco Sánchez, por propio derecho, contra actos del Subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y otra autoridad, Alfonso Javier Flores Padilla, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, asistido por el secretario Hugo Roberto Pérez Lugo con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Juez la declara abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda y anexos (fojas 2 a 21); auto admisorio de doce de junio de dos mil diecisiete (fojas 22 y 23); constancias de notificación a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la adscripción de dicho proveído (24 a 27); ampliación de demanda (fojas 199 a 211); auto de siete de septiembre del año en curso, por el que se admitió la ampliación (foja 212); e, informes justificados rendidos por las autoridades responsables(fojas 220 a 221 y 319 a 320). El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias que hace el secretario, para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a la propia y especial naturaleza, las pruebas señaladas en el párrafo que antecede, sin perjuicio de valorarlas al momento de dictar sentencia, con ello, se cierra el periodo correspondiente. Abierto el Periodo de alegatos el Secretario da cuenta con el escrito registrado con el número de correspondencia 18879. El Juez acuerda: Visto el escrito firmado por la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que vierte. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 820/2017-V, promovido por Victoria Carrasco Sánchez, por propio derecho, contra actos del Subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Datos de la Demanda. Mediante escrito recibido en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el nueve de junio de dos mil diecisiete, turnado ese mismo día a este Juzgado Federal, Victoria Carrasco Sánchez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se enuncian: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: En calidad de ordenadora el Subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (.) En calidad de ejecutora, Encargado del Despacho de la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (.) IV.-ACTO RECLAMADO: TODO LO ACTUADO: dentro del expediente número 316/PAAS/2016 (.) La resolución administrativa con que se decide de fondo el procedimiento administrativo en comento, particularmente la multa con al que se sanciona a la ahora quejosa, por un monto de $4,730.88 (CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN), como así lo expresa el resolutivo primero del fallo de mérito. La falta de Emplazamiento a la quejosa, del procedimiento administrativo correspondiente al expediente con número 316/PAAS/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Aplicación de Sanciones, promovido por IR Servicios Profesionales en Ingeniería , Legal y Administración, S.C., en calidad de quejoso condominal, en contra de Victoria Carrasco Sánchez en calidad de requerida Condominal, cuyo requerimiento de pago y mandamiento de Ejecución se pretende llevar en su contra; y en cumplimiento de lo mandado por la responsable ordenadora primordialmente ejecutar en demerito de sus derechos humanos, EL COBRO DE LA MULTA ADMINISTRATIVA, emitida por el Subprocurador de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, por la cantidad de $4,730.88 (CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN), así mismo lo ordenado en el resolutivo segundo del citado fallo administrativo, en el sentido de ordenar el pago de la misma ante la Oficina de la Administración Tributaria de la Tesorería de la Ciudad de México que le corresponda, pago que se hará dentro los 15 días, hábiles posteriores a la notificación que se le haga de la resolución y oficio con Código de Barras, en el domicilio de la quejosa , debiendo exhibir el pago de la multa correspondiente en el mismo término ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México, NO OBSTANTE QUE DICHO ACTO DE AUTORIDAD ES DIRIGIDO A LA IMPETRANTE DE DERECHOS HUMANOS, SIN HABER SIDO CITADA EN ESE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PARA IMPONERSE DE SUS AUTOS Y DEDUCIR SUS DERECHOS EN EL MISMO." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa consideró los actos reclamados como violatorios de los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite y substanciación. En proveído de doce de junio de dos mil diecisiete (fojas 22 a 23), este Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo; requirió el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de demanda. Por escrito recibido el cinco de septiembre de dos mil diecisiete en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, Victoria Carrasco Sánchez, formuló ampliación a la demanda de amparo y señaló como autoridad responsable a Víctor Daniel Cuevas Delgado, notificador adscrito a la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y como acto reclamado, las diligencias de emplazamiento al expediente administrativo materia de este juicio. En atención a lo anterior, en proveído de treinta y uno de agosto de del año en curso se admitió a trámite la ampliación de demanda formulada y se requirió el informe justificado correspondiente. QUINTO. Audiencia constitucional. Seguido el trámite legal, este día se celebró la audiencia constitucional, la cual dio inicio en términos del acta que antecede; por lo que, al estar el asunto en estado de resolución se procede a dictar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El suscrito, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; y, 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el contenido del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclaman actos atribuidos a autoridades administrativas, con residencia dentro de la competencia territorial que le corresponde a este órgano. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y de la tesis P.VI/2004, registro 181810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, página 255; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este contexto, de la interpretación íntegra de la demanda de amparo y de la ampliación, los actos que se reclaman son los siguientes: 1. Del Subprocurador y/o Encargado del despacho de la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, se reclama: La resolución de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente relativo al procedimiento administrativo de aplicación de sanciones número 316/PAAS/2016. Todo lo actuado en el expediente relativo al procedimiento administrativo de aplicación de sanciones número 316/PAAS/2016. 2. De Víctor Daniel Cuevas Delgado, notificador adscrito a la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, se reclama: La razón, citatorio y cédula de notificación de diecinueve, veinte y veintiuno, respectivamente todos de septiembre de dos mil dieciséis, que constituyen las diligencias de emplazamiento al expediente 316/PAAS/2016. TERCERO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos que se reclaman del Subprocurador y/o Encargado del despacho de la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones de Propiedad en Condominio de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (fojas 220 a 221) y de Víctor Daniel Cuevas Delgado, notificador adscrito a la dependencia señalada (fojas 319 y 320), consistentes, respectivamente, en resolución de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis y todo lo actuado en el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones número 316/PAAS/2016; así como la razón, citatorio y cédula de notificación de diecinueve, veinte y veintiuno, respectivamente todos de septiembre de dos mil dieciséis, que constituyen las diligencias de emplazamiento al procedimiento señalado Lo anterior, pues a pesar de que dichas autoridades negaron dichos actos deben tenerse por ciertos, ya que obra en autos copia certificada del expediente 316/PAAS/2016, del que se advierte la existencia de los actos que se reclaman. A tales probanzas se les otorga valor probatorio pleno, conforme a lo establecido en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, pues son documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de funciones. CUARTO. Estudio de fondo. Al no existir causas de improcedencia propuestas por las partes, ni alguna que se advierta de oficio, este órgano de control procede a analizar la constitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación expuestos. Por cuestión de técnica jurídica, en primer lugar se analizarán los argumentos esgrimidos en contra de las diligencias de emplazamiento y los relativos al derecho de audiencia, pues, de resultar fundados, la consecuencia lógica sería la insubsistencia de dichas actuaciones y todo lo actuado con posterioridad o viceversa. En ese sentido, afirma el quejoso, que los actos que combate son ilegales, porque fue indebidamente emplazado al procedimiento, por lo que, no tuvo oportunidad de acudir a la audiencia de ley a ofrecer pruebas y formular alegatos, con lo cual quedó en estado de indefensión. En particular, del análisis íntegro de la ampliación de demanda, se advierte que respecto de la razón, citatorio y cédula de notificación de diecinueve, veinte y veintiuno, respectivamente todos de septiembre de dos mil dieciséis, que constituyen las diligencias de emplazamiento al expediente 316/PAAS/2016, la parte quejosa formuló los siguientes agravios: a) Que el emplazamiento es contrario al artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dado que, en el caso, el notificador debe cerciorarse de que la persona buscada efectivamente vive en el domicilio, sin que en la especie se hubiera hecho. b) La actuaciones del notificador son ilegales dado que se fundan en una ley que se denomina "Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México", sin que se advierta que exista tal ordenamiento. c) Señala que el notificador asentó haberse apersonado en el domicilio identificado como "departamento A-302", de la calle Andalucía, número 187, colonia Álamos, delegación Benito Juárez; sin embargo, refiere que en acta de asamblea del condominio de veintidós de diciembre de dos mil quince, se advierte la firma de quienes dicen ser titulares de diversos departamentos, sin que se advierta que éstos se identifiquen con letras. d) En ninguno de los documentos consta la firma de la quejosa, lo que hace patente la ausencia de emplazamiento del procedimiento en cuestión. A fin de calificar tales planteamientos, en principio, se estima necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expuesto reiteradamente la particular importancia que tiene el emplazamiento a un procedimiento seguido en forma de juicio, en tanto que constituye una formalidad esencial del procedimiento, indispensable para una adecuada defensa. La ausencia o indebido emplazamiento se traduce en una violación manifiesta de la ley que produce indefensión, dada la gravedad y trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar, ofrecer y desahogar pruebas. Así, cuando un particular se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, tiene el deber jurídico de impugnar la falta o ilegal emplazamiento y de forma simultánea, si a su interés legal conviene, la resolución con que culminó el procedimiento de origen. Ello, porque atento a la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, impone la obligación de verificar primeramente, que se haya emplazado al quejoso y, de ser así, corroborar si tal emplazamiento se llevó a cabo conforme a los ordenamientos jurídicos que rigen al procedimiento del cual emana. Por ello, es conveniente tener en cuenta lo que dispone la parte relativa del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, ha delimitado cuales son las formalidades esenciales del procedimiento a que hace referencia el precepto constitucional en estudio; dicha tesis es del tenor literal siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Del contenido del artículo constitucional y de la citada jurisprudencia se advierte que el derecho fundamental de audiencia previa consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, previamente al acto privativo de libertad, propiedad, posesiones o derechos. El debido respeto de ese derecho, impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, entendiéndose por éstas las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: La notificación del inicio del procedimiento y las consecuencias; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar; y El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ahora bien, a efecto de tener un mejor entendimiento del asunto, es conveniente destacar los antecedentes más relevantes que dieron origen a los actos reclamados: 1. El uno de julio de dos mil dieciséis, Gustavo Gerardo Iturbide Ruiz, en representación de IR Servicios Profesionales en Ingeniería, Legal y Administración, sociedad civil, ésta última con el carácter de administradora profesional del condominio ubicado en la calle Andalucía, número 187, colonia Álamos, delegación Benito Juárez, solicitó iniciar en contra de Victoria Carrasco Sánchez, con la calidad de condómina, procedimiento administrativo de aplicación de sanciones por el incumplimiento del pago de las cuotas de mantenimiento. 2. Previo requerimiento, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la autoridad responsable admitió a trámite el procedimiento incoado y ordenó emplazar a la hoy quejosa Victoria Carrasco Sánchez, con el carácter de requerida condominal, a fin de que compareciera al procedimiento a deducir sus derechos. 3. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, Víctor Daniel Cuevas Delgado, habilitado para hacer funciones de notificador de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, se constituyó en busca de la parte quejosa y asentó la razón, que en la parte que interesa, dice: "En la Ciudad de México siendo las 14:10 del día 19 del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (.) constituido en el inmueble sujeto al régimen de propiedad en condominio ubicado en la calle Andalucía, marcado con el número exterior 187, número interior A-302, colonia Álamos, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03400, de esta Ciudad en busca del (la) C. Victoria Carrasco Sánchez, en su carácter de requerida condominal a efecto de notificarle el acuerdo de fecha 24/Agosto/2016 contenido en el expediente indicado al rubro, relativo al Procedimiento Administrativo de Aplicación de Sanciones, una vez cerciorándome de ser el domicilio de la persona buscada, por ubicación y nomenclatura del inmueble, cuyas características son: fachada de ladrillo, prueba blanca, dos chapas. Acto seguido, el suscrito procedió a llamar la puerta del domicilio antes indicado y después de tocar en varias ocasiones nadie atendió mi llamado, razón por la vual no me fue posible llevar a cabo la práctica de la notificación ordenada y se realizar de conformidad con lo previsto en los artículos 78, 80 y 81 y demás aplicables de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que con este acto doy por concluida la diligencia de mérito, siendo las 14:20 horas del día de su inicio ." 3. Posteriormente, el veinte de septiembre de ese mismo año, el notificador volvió a constituirse en el domicilio de la quejosa y dejó citatorio en los siguientes términos: "En la Ciudad de México siendo las 15:10 del día 20 del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (.) constituido en el inmueble sujeto al régimen de propiedad en condominio marcado con el número exterior 187 interior A-302 de la calle Andalucía, colonia Álamos, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03400, de esta Ciudad en busca del (la) C. Victoria Carrasco Sánchez, en su carácter de requerida condominal a efecto de notificarle el acuerdo de fecha 24/Agosto/2016 contenido en el expediente indicado al rubro, relativo al Procedimiento Administrativo de Aplicación de Sanciones. Acto seguido el suscrito procedió a llamar a la puerta de domicilio antes señalado y después de tocar varias ocasiones el (la) C. Nadie atendió el llamado, por lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, procedo a dejar citatorio a fin de que el (la) Victoria Carrasco Sánchez se sirva esperar en este mismo domicilio al suscrito el día 21/sept/2016 a las 16:10 horas con el fin de que se practique la notificaciones correspondiente y cerciorándome de la ubicación y nomenclatura del inmueble, cuyas características son: fachada de ladrillo, prueba blanca, 2 chapas. (.) haciendo constar que el citatorio que se fijó en el domicilio contiene el apercibimiento de que en caso de no atender al mismo, la diligencia de notificación se llevará a cabo con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre en el domicilio y de negarse ésta o de encontrarse cerrada su casa, departamento o local, la diligencia se practicará por medio de instructivo, como lo establece el artículo 81, de la Ley de Procedimiento Administrativo para la Ciudad de México, por lo que con este acto doy por concluida la diligencia de mérito, siendo las 15:20 horas del día de su inicio ." 4. En cumplimiento a dicho citatorio, el notificador adscrito a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, a las dieciséis horas con diez minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se constituyó nuevamente en el domicilio de la accionante y, al encontrar el domicilio cerrado, procedió a fijar instructivo en la puerta de la inmueble, diligencia en la que hizo constar lo siguiente: "En la Ciudad de México siendo las 16:10 del día 21 del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (.) constituido en el inmueble sujeto al régimen de propiedad en condominio marcado con el número exterior 187 interior A-302 de la calle Andalucía, colonia Álamos, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03400, de esta Ciudad en busca del (la) C. Victoria Carrasco Sánchez, en su carácter de requerida condominal a efecto de notificarle el acuerdo de fecha 24/Agosto/2016 contenido en el expediente indicado al rubro, relativo al Procedimiento Administrativo de Aplicación de Sanciones, una vez cerciorándome de ser el domicilio de la persona buscad, por ubicación y nomenclatura del inmueble, cuyas características son: fachada de ladrillo, prueba blanca, dos chapas. Acto seguido, el suscrito procedió a llamar la puerta del domicilio antes indicado y después de tocar en varias ocasiones nadie atendió mi llamado, razón por la vual no me fue posible llevar a cabo la práctica de la notificación ordenada que se realiza de conformidad con lo previsto en los artículos 78, fracción I y 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, por lo que se hace efectivo el apercibimiento que fue dado en el citatorio de fecha _/_/_ en este acto procedo a notificar al (el) C. Victoria Carrasco Sánchez, por adhesión por instructivo que fijo en un lugar visible, acompañando un legajo consistente en 10 fojas útiles, con fundamento en lo dispuesto por en el artículo 81 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, por lo que en este acto doy por concluida la diligencia de mérito, siendo las 16:20 horas del día de su inicio ." 5. Seguido el trámite legal, el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dictó resolución definitiva en la que determinó imponer a la quejosa una multa por $4,735.88 (cuatro mil setecientos treinta y cinco pesos 88/100 M.N.). En este contexto los conceptos de violación en análisis son infundados en parte e inoperantes en otra, atento a los siguientes razonamientos. En primer lugar es necesario precisar que las notificaciones relativas a los procedimientos administrativos de aplicación de sanciones que tramita la Procuraduría Social, se rigen en términos de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), y de manera supletoria, por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México). En términos de lo previsto en los artículos 78 a 81, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México las notificaciones deben llevarse a cabo observando las siguientes formalidades: "Artículo 78. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos; y la solicitud de informes o documentos deberán realizarse: I. Personalmente a los interesados; a) Cuando se trate de la primera notificación en el asunto; b) Cuando se deje de actuar durante más de dos meses; c) La resolución que se dicte en el procedimiento; o d) Mediante comparecencia del interesado a la oficina administrativa de que se trate. II. Por correo certificado con acuse de recibo, o personalmente en los casos en que la dependencia o entidad cuente con un término perentorio para resolver sobre cuestiones relativas a licencias, permisos, autorizaciones, concesiones o cualquier otra resolución que implique un beneficio para el interesado, o cuando se trate de actuaciones de trámite; III. Por edictos, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, previo informe de la Policía Preventiva; se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal. Las notificaciones por edictos se efectuarán mediante publicaciones que contendrán el resumen de las actuaciones por notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres veces, de tres en tres días en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal, que para tal efecto señale la autoridad competente. Artículo 79.- Los notificadores tendrán fe pública únicamente en cuanto concierne a la práctica de las notificaciones a su cargo. Cuando las notificaciones personales se hagan en el domicilio señalado para tal efecto por el interesado o su representante legal, el notificador deberá cerciorarse y asentar en la cédula de notificación los elementos que dan certeza de que se trata del domicilio correspondiente, entregando copia del acto que se notifica y señalando la fecha y hora en que se efectúa la diligencia, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la notificación. Si ésta se niega a firmar, se hará constar dicha circunstancia en el acta respectiva, sin que ello afecte su validez. Debiendo describir la media filiación de la persona que lo atiende y las características del inmueble. Artículo 80.- Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada, con su representante legal, o con la persona autorizada; a falta de éstos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado le espere a una hora fija del día hábil siguiente. En el citatorio se asentaran los elementos de certeza que se trata del domicilio buscado y las características del inmueble visitado. Si el domicilio se encontrare cerrado; y nadie respondiera al llamado del notificador para atender la diligencia, el notificador deberá volver dentro de los siguientes tres días hábiles al domicilio, en hora diferente de la primera visita. Si en la segunda visita no se encuentra a ninguna persona, procederá a fijar en un lugar visible el citatorio. Artículo 81.- Si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio la notificación se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio, que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla, el notificador deberá asentar la media filiación de la persona que lo atiende o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio asentándose las características del inmueble. De estas diligencias, el notificador asentará en el expediente, razón por escrito." De esos preceptos legales, se advierte que deberá notificarse personalmente al interesado, entre otros, cuando se trate de la primera notificación del asunto. Asimismo, que las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada, con el representante legal o con la persona autorizada. Se establece que cuando las notificaciones personales se hagan en el domicilio señalado para tal efecto por el interesado o el representante legal, el notificador deberá cerciorarse y asentar en la cédula de notificación los elementos que dan certeza de que se trata del domicilio correspondiente. En dicha diligencia deberá entregarse copia del acto que se notifica, señalar la fecha y hora en que se efectúa la diligencia y recabar el nombre y firma de la persona con quien se entienda la notificación. Se precisa que si la persona que atiende la diligencia se niega a firmar, se hará constar dicha circunstancia en el acta respectiva, sin que ello afecte la validez, sin embargo, deberá describirse la media filiación de la persona que lo atiende y las características del inmueble. En el supuesto de que no se encuentre a la persona buscada, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado le espere a una hora fija del día hábil siguiente. En el citatorio se deberán asentar los elementos de certeza que se trata del domicilio buscado y las características del inmueble visitado. Para el caso de que el domicilio se encuentre cerrado y nadie respondiera al llamado del notificador para atender la diligencia, éste deberá volver dentro de los siguientes tres días hábiles al domicilio, en hora diferente de la primera visita. Si en la segunda visita no se encuentra a ninguna persona, procederá a fijar en un lugar visible el citatorio. Finalmente, se prevé que si la persona a quien haya de notificarse no atiende el citatorio la notificación se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio, que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla, el notificador deberá asentar la media filiación de la persona que lo atiende. Finalmente, de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio asentándose las características del inmueble. En el asunto que nos ocupa, el funcionario responsable dejó constancia en autos que a las catorce horas con diez minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis se constituyó en el domicilio ubicado en calle Andalucía, número exterior 187, interior A-302, colonia Álamos, delegación Benito Juárez, Código Postal 03400, de esta Ciudad en busca de Victoria Carrasco Sánchez, a efecto de notificarle el acuerdo de veinticuatro de agosto de ese mismo año, dictado en el expediente relativo al Procedimiento Administrativo de Aplicación de Sanciones número 316/PAAS/2016. Asimismo, que se cercioró de ser el domicilio correcto, por la ubicación y nomenclatura del inmueble. Asentó las características físicas del inmueble en el que se encontraba y después de llamar en repetidas ocasiones, nadie atendió al llamado, por lo que dio por concluida la diligencia en ese misma fecha. En cumplimiento a lo ordenado por el segundo párrafo del artículo 80, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se constituyó de nueva cuenta al día siguiente en el domicilio, en donde volvió a asentar haberse cerciorado de ser el domicilio correcto, por la ubicación y nomenclatura del inmueble; asimismo, describió que éste tiene una fachada de ladrillo, puerta blanca y dos chapas. En dicha diligencia, el notificador asentó que tocó en repetidas ocasiones y al no haber encontrado a persona alguna, en términos del mencionado artículo 80, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, procedió a fijar el citatorio en el domicilio, a fin de que la persona buscada esperara al notificador a las dieciséis horas con diez minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Dicho citatorio contiene el apercibimiento de que en caso de que no se atendiera la diligencia, la notificación se llevaría a cabo con cualquier persona que se encontrara o, en caso de encontrar el inmueble cerrado, la diligencia se llevaría a cabo por medio de instructivo como lo establece el artículo 81 de la ley multicitada. Posteriormente, a las dieciséis horas con diez minutos del veintiuno de septiembre de la anualidad pasada, el notificador hizo constar que se constituyó nuevamente en el domicilio ubicado en calle Andalucía, número exterior 187, interior A-302, colonia Álamos, delegación Benito Juárez, Código Postal 03400, de esta Ciudad en busca de Victoria Carrasco Sánchez. Se cercioró de ser el domicilio correcto por la ubicación y la nomenclatura del inmueble, hizo constar las características físicas del inmueble y, al no haber encontrado persona alguna en el domicilio, procedió a adherir el instructivo en un lugar visible del inmueble, acompañado de un legajo de diez fojas útiles, con lo que dio por concluida la diligencia. Dichas constancias, al ser actuaciones oficiales suscritas por un funcionario en ejercicio de funciones, gozan presunción de validez en términos del artículos 79, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la cual, debe ser destruida con pruebas en contrario. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia IV.2o. J/4 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, página 265, cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Como se observa, contrariamente a lo señalado por la quejosa, el notificador sí se cercioró de estar en el domicilio correcto, lo cual hizo constar en las actas respectivas conforme a las formalidades establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, sin que la parte quejosa se haya ocupado de desvirtuar, con las pruebas conducentes, de que el emplazamiento se llevó a cabo en un domicilio distinto o que las características físicas asentadas en las actas impugnadas no corresponden con las del inmueble en que habita la quejosa. Por otra parte, es también infundado el argumento de que la actuaciones del notificador son ilegales dado que se fundan en una ley que se denomina "Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México", sin que se advierta que exista tal ordenamiento. Lo anterior, pues si bien en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal se publicó la "Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal", conforme al artículo Décimo Cuarto Transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad De México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se establece que todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. Por lo anterior, en nada causa perjuicio ni incertidumbre jurídica a la accionante el hecho de que se haya denominado "Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México", en lugar de "Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal", además de que tal denominación no crea confusión con algún otro ordenamiento jurídico. Por otra parte, es jurídicamente ineficaz el señalamiento de que sí en ninguno de los documentos consta la firma de la quejosa, se hace patente la ausencia de emplazamiento del procedimiento en cuestión. Lo anterior, pues conforme a lo señalado con antelación, el notificador actuó conforme a las reglas para las notificaciones que deben llevarse a cabo en ausencia de persona alguna que entienda la diligencia y, por tanto, no es indispensable que obre firma de la quejosa o de alguna otra persona como lo asegura la solicitante de amparo. Finalmente, es inoperante el concepto de violación en el que se señala que el notificador asentó haberse apersonado en el domicilio identificado como "departamento A-302", de la calle Andalucía, número 187, colonia Álamos, delegación Benito Juárez; sin embargo, refiere que en acta de asamblea del condominio de veintidós de diciembre de dos mil quince, se advierte la firma de quienes dicen ser titulares de diversos departamentos, sin que se advierta que éstos se identifiquen con letras, dado que parte de una premisa no comprobada. Lo anterior es así, dado que, como se dijo, las diligencias de notificación impugnadas gozan de una presunción de legalidad que debe ser destruida con las pruebas conducentes. En efecto, conforme al artículo 194, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el que impugne una presunción legal, tiene la carga procesal de probar en contra de ella. Sin embargo, en el asunto que nos ocupa, la quejosa únicamente refirió que del acta de asamblea del condominio de veintidós de diciembre de dos mil quince, se advierte la firma de quienes dicen ser titulares de diversos departamentos, sin que se advierta que éstos se identifiquen con letras; no obstante, ello únicamente constituye un indicio débil que debió ser adminiculado con otros medios de convicción, sin que se hubiera hecho. En efecto, de las constancias de autos no se advierte prueba alguna de la que se desprenda que, como lo afirma la solicitante, que la notificación del acuerdo de veinticuatro de agosto de ese mismo año, dictado en el expediente relativo al Procedimiento Administrativo de Aplicación de Sanciones número 316/PAAS/2016, se hizo en un domicilio distinto al de la quejosa. En esas condiciones, al no haberse ofrecido pruebas idóneas del hecho afirmado por la accionante; es decir, que la notificación personal se efectúo en un domicilio distinto al señalado en autos, como estaba obligada procesalmente, debe permanecer vigente la validez de la notificación impugnada. Sirve de apoyo a tales consideraciones la jurisprudencia I.4o.A. J/84 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1812, que establece: "NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada." Los anteriores razonamientos ponen de manifiesto que, contrario a lo que aduce la quejosa, las diligencias impugnadas, cumplen con las disposiciones legales en la materia. En suma, si el emplazamiento al Procedimiento Administrativo de Aplicación de Sanciones número 316/PAAS/2016, se llevó a cabo en términos de ley, es evidente que se cumplió la prerrogativa constitucional de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Lo anterior, pues al haber resultado legal el emplazamiento, es claro que la quejosa tuvo al alcance los medios para comparecer a la audiencia de ley a ofrecer pruebas y formular alegatos. En consecuencia, dada la determinación alcanzada en torno al emplazamiento, el resto de conceptos de violación tendentes a evidenciar la supuesta inconstitucionalidad del resto de actos reclamados son inoperantes. Lo anterior, pues de acuerdo a la técnica jurídica del juicio de amparo, el juez de Distrito debe, en principio, analizar la legalidad del emplazamiento, el cual, como se expuso en los párrafos precedentes, es legal; por tanto, para verificar la constitucionalidad de los demás actos reclamados, debe atenderse a la definitividad de éstos, pues, es a través de los medios de impugnación pertinentes, interpuestos en el momento procesal oportuno, donde debió expresar los motivos de ilegalidad que en este juicio plantea. En efecto, desde el momento en que fue emplazado al procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, estuvo en posibilidad legal de promover los medios de defensa pertinentes contra las actuaciones que, estima, le causaron perjuicio, y al no haberlo hecho, tal omisión es imputable únicamente a él; de ahí que, existe imposibilidad jurídica para abordar el estudio de los planteamientos expresados. Sirve de apoyo a lo considerado, por analogía, la jurisprudencia P./J. 70/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." Consecuentemente, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación expresados, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 65, 74, 75, 76, 77, 79 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Victoria Carrasco Sánchez, respecto a los actos precisados en el segundo considerando de esta sentencia, por lo motivos expuestos en la última consideración de ellas. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTO EL ESCRITO DE LA QUEJOSA, SE TIENEN COMO AUTORIZADOS A LAS PERSONAS QUE MENCIONAN. NOTIFÍQUESE.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,439 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano