Victoria Campos Hernandez
Expediente 1098/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Victoria Campos Hernandez
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esa ciudad capital, a través del cual acusa recibo del diverso mediante el cual le fueron enviados los autos del juicio de amparo promovido por ***, en representación de los menores ***, *** y ***, todos de apellidos ***, e informa que acepta la competencia declinada y se avoca a su conocimiento. En consecuencia, se ordena el ARCHIVO definitivo del presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo; lo anterior, por encontrarse debidamente concluido. Por otro lado en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio nos declaramos incompetentes, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por último, se hace del conocimiento a las partes para los fines conducentes, que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la nueva Titular de este Órgano de control Constitucional es la jueza Indra Rojas Martínez, conforme al oficio SEADS/1412/2019, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, firmando por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede se desprende que no fue posible notificar el proveído de diecinueve del mes y año en curso, a la quejosa ***, en representación de los menores ***, todos de apellidos ***, por las razones que se asientan en la misma; por lo que se ordena notificar el referido proveído en las listas que se fijas en los estrados de este Juzgado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el escrito de cuenta que suscribe la quejosa *** a través del cual manifiesta que se desiste del presente juicio de amparo; en atención a su contenido, y toda vez que mediante proveído de diecinueve del mes y año en curso, este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, una vez que se remita el juicio en que se actúa al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con sede en esa ciudad Capital, se ordena enviar el escrito de cuenta para los efectos legales que estime conducentes el Juzgado a quien corresponda conocer del mismo. En cumplimiento al auto del veintiséis de noviembre actual, por este conducto se le notifica: Vista la demanda de amparo de cuenta, suscrita por ***, en representación de los menores ***, todos de apellidos ***, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Civil de Partido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 14 y 16 de la Carta Magna. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1098/2019-III.2, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver respecto a tales actos, atento a las consideraciones siguientes: Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, establece las bases legales para la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de los juicios de amparo indirecto que se promuevan ante ellos; numeral que a la letra dice: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, del análisis del precepto legal transcrito, se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) En el último párrafo del precepto en cita se establece la tercera regla, consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, este Tribunal estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada. Lo anterior, en razón de que conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, será Juez competente el del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En efecto, el acto reclamado esencialmente se hace consistir en el Acuerdo de fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Civil de Partido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el que se acordó realizar a los menores ***, la práctica de estudio de capacidad y escucha de adolescentes e infantes. En el caso, recordando que los actos reclamados se hacen consistir en la práctica de estudio de capacidad y escucha de los menores antes señalados, diligencia que se llevará a cabo ante el Juzgado Civil de partido en Materia Familiar, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, misma que se encuentra dentro de la jurisdicción territorial asignada a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre; se obtiene que es en todo caso a un Juez de Distrito con sede en dicha ciudad, a quien corresponde conocer de la presente demanda de amparo, porque, como se apuntó, sería dentro de su jurisdicción territorial, en la cual tiene ejecución y se va a seguir ejecutando el acto reclamado; consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto en contra del Acuerdo de fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente F0193/2016, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción corresponda la residencia de la promovente. De lo anterior, queda claro que es competente para conocer del Juicio de Amparo bi-instancial, el Juez de Distrito dentro de cuya demarcación territorial en la cual ejerce su jurisdicción, se ejecute, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, siempre y cuando dicho acto requiera una ejecución material. Cobra aplicación a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia. Época: Décima Época Registro: 2019174 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de febrero de 2019 10:03 h Materia(s): (Común) Tesis: PC.XVI.A. J/23 A (10a.) COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción. En esas condiciones, aplicando las reglas antes citadas al caso concreto, pone de manifiesto que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad de Celaya, resulta ser legalmente incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo en estudio, pues el acto que por esta vía se reclama, es evidente que tiene ejecución en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato; por lo cual, la consecuencia jurídica del acto reclamado, trae aparejada ejecución en dicha ciudad. Por lo hasta aquí anotado, se considera que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en Celaya, no es legalmente competente para conocer de la demanda promovida por ***, en representación de los menores ***, todos de apellidos Larios Campos, en razón de que el acto reclamado tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya. Por lo anterior, se estima que ante la incompetencia legal de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de cuenta, lo procedente es remitirla (previo cuadernillo que al respecto se forme), al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que manifieste si acepta o no la competencia y, en su caso, se avoque al conocimiento del presente juicio, conforme lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo; solicitando atentamente acuse el recibo de estilo e informe su determinación sobre la competencia declinada. Téngase a la parte quejosa por señalando como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones, el domicilio ubicado en *** esta ciudad, y como autorizados de su parte a ***, en términos más restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, por así señalarlo expresamente la promovente.
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