Victoria Barona Marban
Expediente 714/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Victoria Barona Marban
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de julio de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Incidente de suspensión Negativa de la medida cautelar definitiva Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción; ello, debido a que la medida suspensional le fue negada. En ese sentido, agréguese copia simple del presente proveído al duplicado del cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente incidente de suspensión y específicamente de la cuenta que antecede, se advierte que mediante proveído de esta misma fecha, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental. Consecuentemente, queda sin materia la audiencia incidental señalada para las diez horas con quince minutos del uno de julio de dos mil veintiuno, por lo que no ha lugar a celebrar la misma, ya que ello resultaría ocioso e innecesario; lo anterior, se ordena hacer del conocimiento de las partes para todos los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguese a los autos sin dictar mayor acuerdo, el oficio signado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual rinde su informe previo; lo anterior es así, en virtud de lo establecido en párrafos que anteceden. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; mediante el cual rinde su informe justificado, señala domicilio, delegados y ofrece pruebas. Por tanto, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Por otra parte, de las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la omisión de tramitar la demanda presentada el cuatro de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable oficiante, se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se proveyó respecto de la demanda promovida por la quejosa. Razón por la cual, si la parte quejosa reclamó la omisión de tramitar la demanda presentada el cuatro de junio de dos mil veintiuno, y el veintitrés del mismo mes y año, la autoridad responsable se pronunció sobre la misma, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional, por lo que, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. No pasa inadvertido para quien esto determina, que la autoridad responsable no remite las constancias de notificación a la parte actora respecto del acuerdo de referencia; sin embargo, la parte quejosa se hará sabedora del dictado de dicho acuerdo con la emisión de este proveído. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, lo aquí decretado se ordena hacer constar en el incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente prefiriendo el uso de medios electrónicos.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Tesorero Municipal de Zacatepec, Morelos, mediante el cual, manifiesta la imposibilidad para hacer la devolución del derecho de alumbrado público en relación al número de servicio 299 880 801 282 en una sola exhibición, asimismo, informa que se encuentra haciendo los trámites necesarios para poder dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del estado financiero de ese Ayuntamiento. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a Rufino Vásquez Vásquez, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, para que, en término de cinco días, contados a partir del momento en que quede debidamente notificado de este auto, realice lo siguiente: Devuelva el monto correspondiente a la actualización de la cantidad de $31,909.42 (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 42/100, MONEDA NACIONAL), correspondiente al periodo del treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve al treinta de abril de dos mil diecinueve, relativo al número de servicio 299 880 801 282. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. Requerimiento superior jerárquico Asimismo, con fundamento en el artículo 194 de la Ley en cita, requiérase a Olivia Ramírez Lamadrid, Presidenta Municipal de Zacatepec, Morelos, a efecto de que, en su carácter de superior jerárquico, ordene a Rufino Vásquez Vásquez, Tesorero de dicho municipio, dar cumplimiento al fallo protector, debiendo hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento, sin que lo aquí ordenado implique que dicho superior jerárquico, se limite a enviar a su vez requerimientos a las demás autoridades que deben tener intervención en el cumplimiento, sino que junto con estas última, deben realizar todos los actos legales que se encuentren dentro de sus facultades, tendentes a cumplir a cabalidad de manera pronta el fallo protector, so pena de incurrir en responsabilidad ante su desacato; lo cual deberá de acreditar dentro del plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído. Apercibido dicho superior jerárquico, para el caso de desacato a dicho requerimiento, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. Asimismo, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en turno para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda. Por su contenido jurídico, es aplicable la tesis jurisprudencial I.9o.A. J/3 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1380, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Notifiquese.
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