Victoria Ayala Sánchez
Expediente 759/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2021
Partes del expediente
- Victoria Ayala Sánchez
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de junio de dos mil veintiuno . Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó al accionante constitucional el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno fue omiso en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ".Atendiendo a la fecha señalada para la multicitada audiencia en el juicio natural, informe lo acontecido en esa data y, en caso de que no se hubiera llevado a cabo, acredite haber señalado nuevo día y hora para tal efecto, dentro del plazo que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, o bien, acredite el impedimento legal que para ello tenga.". Al respecto, por cuanto hace al cumplimiento, por oficio 800/A/380/2021, la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual regularizó el procedimiento de origen y señaló nueva fecha para la audiencia la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a saber, el veinte de mayo del año en curso. Constancias, que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; así como tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que el presente asunto se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, así dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, inciso b), del aludido acuerdo general. Finalmente, se levanta la reserva de auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, y se tiene por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable, en atención a su contenido, se ordena agregar para que obre como corresponda, a razón de lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diez de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibida la promoción a través de la cual la parte quejosa interpone recurso de revisión contra la resolución dictada en autos el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, glósese a este expediente una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las demás entre las partes. En consecuencia, una vez que se encuentre integrado el mencionado recurso, acorde a lo establecido en la circular DGGJ/0012/2020 emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se remitirá vía interconexión dicho recurso y demás constancias necesarias para su resolución. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y personalmente al agente del ministerio público federal adscrito y a la tercera interesada.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Juez Segundo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento de tres de mayo de dos mil veintiuno, exhibe las constancias solicitadas, de las que se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto, por las siguientes consideraciones. Precisión del acto reclamado. Una vez analizados todos los datos que se advierten del juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa, se aprecia que el promovente solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, en contra del acto reclamado al Juez Segundo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, consistente en: ? La interlocutoria de diez de marzo de dos mil veinte, respecto de la planilla de liquidación de sentencia dictada en el expediente 73/2017, de su índice. Causa de improcedencia. La autoridad responsable, al rendir el informe justificado, así como en el oficio de cuenta, remitió copias certificadas de diversas actuaciones dictadas en el expediente de origen, entre las que destaca la resolución del incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, en contra de la notificación de la sentencia definitiva dictada en autos, de la que se advierte que se declaró procedente dicho incidente, por tanto, la interlocutoria reclamada quedó insubsistente, al haberse declarado nulo todo lo actuado a partir de la notificación de la sentencia definitiva practicada a la parte demandada; documentales a las que se asigna valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129,1 1972 y 2023 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de un documento público, expedido por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Así, del análisis a las documentales descritas, queda manifiesta la improcedencia del amparo contra el acto reclamado en estudio, puesto que una correcta interpretación de la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, permite establecer que sobre el particular existe cambio de la situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, pues no puede efectuarse el estudio del acto impugnado, sin afectar la nueva situación de derecho existente. Así las cosas, en el caso a estudio se producen los siguientes supuestos: a).- Que el acto reclamado motivó una situación jurídica determinada; b).- Que por virtud de una resolución posterior se produjo una diversa situación jurídica que sustituyó la anterior, y, c).- Que dicha resolución permitió la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, ya que aun cuando fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, éstas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de garantías en que se actúa, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica. 1 "ARTÍCULO 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes." 2 "ARTÍCULO 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo." 3 "ARTÍCULO 202.Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal." ??????????????? En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, ya que la substanciación del presente juicio no podría conducir a un resultado práctico, porque incluso en el supuesto de que llegara a concederse el amparo solicitado, no se modificaría la nueva situación jurídica. Tiene aplicación sobre el particular por analogía, la tesis de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. 4 Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de 4 Sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 145, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso". En consecuencia, toda vez que con las documentales recibidas se acredita fehacientemente que, dentro del expediente 73/2017, del índice de la autoridad responsable, se declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte demandada contra la notificación de la sentencia definitiva dictada en autos, por tanto, la interlocutoria reclamada quedó insubsistente, al haberse declarado nulo todo lo actuado a partir de la notificación de la sentencia definitiva practicada a la parte demandada, es dable concluir que la situación de la solicitante de amparo frente al nuevo estado procesal que guardan los autos, es distinta a aquella que existía cuando presentó su demanda de amparo. Así las cosas, de ningún modo puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. CXI/96, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. 5 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo 5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.??????????????? emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.". En razón de todo lo expuesto, se sobresee en el presente juicio antes de la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por operar de manera notoria, plena e indubitable la cesación de efectos del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Cobra aplicación la tesis XIV.1o.13 K, que señala: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. 6 No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Sin efectos fecha de audiencia constitucional. Por tal motivo, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa
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