Victoria Alicia Gudiño Martinez

Expediente 816/2016 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 24 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
816/2016
Año
2016
Actuaciones
24
Última actuación
31/05/2017

Partes del expediente

  • Victoria Alicia Gudiño Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto el oficio 792/2017, suscrito por la Superioridad, al que anexa testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el recurso de inconformidad ***, y devuelve el expediente relativo al juicio de amparo 816/2016-V. Acúsese recibo de estilo. Hágase saber a las partes que dicha resolución en lo conducente dice: "PRIMERO. Es infundado el recurso de inconformidad interpuesto por ****************. SEGUNDO. Se confirma el auto de uno de febrero de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en el juicio de amparo indirecto 816/2016-V, que declaró cumplida la ejecutoria de catorce de octubre de dos mil dieciséis. Notifíquese.". Anótese en el libro de gobierno la llegada de los autos; agréguese el cuaderno de antecedentes de inconformidad, dense los avisos correspondientes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerar la suscrita que no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese a estos autos el oficio 761/2017, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual comunica el acuerdo de Presidencia del veinte de febrero del presente año, donde se admitió el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de uno de febrero del presente año, dictado en el juicio de amparo de donde proviene el presente cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    Visto, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad a su dispositivo 2°, agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de inconformidad en contra del auto de uno de febrero de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en este asunto. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley de Amparo, en relación con el punto cuarto, del considerando quinto, del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, remítanse los presentes autos no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para su substanciación. Finalmente, con las constancias relativas y con copia de este proveído fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto.

  4. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el término de tres días, concedido a las partes respecto de la vista que se les dio mediante proveído de veinticuatro del presente mes y año, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable en relación a la sentencia concesoria dictada en los autos en que se actúa; consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)"; el suscrito se pronuncia sobre dicho cumplimiento. En ese orden de ideas, se destaca que por sentencia de catorce de octubre de dos mil dieciséis, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta responsable, realizara lo siguiente: ".deje insubsistente el acto reclamado consistente en la boleta de infracción número 1310888, expedida el siete de mayo de dos mil dieciséis, por el Agente de Tránsito número 286 de nombre Ariel González Godoy, adscrito a dicha Dirección y ordene los trámites necesarios para que se haga la devolución del pago total que en su caso haya realizado la quejosa derivado de la multa impuesta con motivo de la boleta de infracción número 1310888 de siete de mayo de dos mil dieciséis." Sentencia de amparo que causó ejecutoria por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, requiriéndole a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma. Por oficio identificado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el folio 35163, de cinco de diciembre del dos mil dieciséis, la Síndico Segundo del Ayuntamiento de Tampico, allegó en firmas autógrafas el auto de esa misma fecha, en la que se advierte que ordenó devolver el pago de $222.00 (doscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional) y para tal efecto requirió a la parte quejosa en su domicilio, a fin de que en el término de setenta y dos horas, se apersonara a las instalaciones que ocupa la Secretaria de Ayuntamiento de esa ciudad, a fin de que le fuera entregada la cantidad descrita en líneas precedentes. Posteriormente, mediante oficio registrado con el número 35375, en el libro de correspondencia de este juzgado, de seis de diciembre de dos mil dieciséis, remitió constancia de cita de espera de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, procediendo el seis del mismo mes y año, a fijarla en reja, en virtud de que la parte quejosa no atendió el citatorio antes mencionado. Así las cosas, por oficio identificado con el folio 1507, en el libro de correspondencia de este Juzgado, de veinte de enero del año en curso, la autoridad responsable, hizo del conocimiento las gestiones realizadas a fin de dar cumplimento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin embargo manifestó que la parte quejosa no ha atendido los requerimientos realizados por la autoridad responsable. Constancias a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Atento a lo anterior, se permite concluir que la autoridad responsable ha satisfecho los efectos de la sentencia concesoria de amparo dictada en este juicio, toda vez que de las constancias antes aludidas se advierte que ha realizo diversas gestiones, a fin de dar cumplimiento a la sentencia concesoria del presente amparo, sin que la parte quejosa, haya acudido a las instalaciones del Ayuntamiento de esta ciudad, a recibir la cantidad correspondiente a la multa que constituye el acto reclamado, ello a pesar de tener pleno conocimiento de lo anterior, tal como lo expresó en su escrito de fecha veintitrés de enero de la presente anualidad; sin embargo, debe considerarse que la autoridad responsable no cuenta con la facultad de forzar a la parte quejosa a recibir el numerario que puso a su disposición en diversas ocaciones. De ahí que este Tribunal de amparo estima que LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO DICTADA EN ESTE CONTROVERTIDO, HA QUEDADO CABALMENTE CUMPLIDA, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, puesto que la autoridad responsable ajustó su actuación a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, razón por la cual hágase del conocimiento a las partes, y una vez transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, sin que obste lo anterior que la impetrante de amparo no haya comparecido ante la autoridad a recibir el pago aludido, por decisión propia. No pasa inadvertido a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en las que exterioriza que la autoridad responsable se ha negado en pagar el importe por arrastre de grúa y por la estancia de un día en el mesón derivado de la multa materia de amparo; sin embargo, este Juzgador no advierte obligación alguna por parte de las personas morales auxiliares de devolver cantidad adicional alguna por concepto de actualización sobre el monto que ésta recibió por gastos de grúa y pensión, por lo siguiente: En principio, debe tenerse presente que, para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Ello, sin embargo, en la inteligencia de que al hacerse ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, tal como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), vinculante para este Juzgado en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y que dice textualmente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Bajo este contexto, la materia de la acción constitucional, según la resolución emitida por este Juzgado, lo constituyó lo concerniente a la boleta de infracción 1310888 ya mencionada; y a la postre, el límite determinado en dicha resolución que consistió exclusivamente en que la autoridad dejara sin efectos la mencionada boleta y en su caso devolviera el numerario que se erogó por la multa que ahí se impuso; ello, con la finalidad de restituir el goce del derecho fundamental violado. Luego, si la responsable dejó sin efectos la multa y ordenó la devolución relativa a la multa, evidentemente acató lo establecido en esa sentencia, bajo el límite indicado. Por ende, se reitera que no le asiste razón a la quejosa, toda vez que en el contexto en que se desarrollo el juicio, no se advierte obligación de devolver cantidad adicional alguna por concepto de gastos de servicios de grúa y pensión y/o actualizaciones, pues además de que en la demanda de amparo nunca se hizo alusión al pago de tales conceptos, por lo que no fueron materia de la litis, en todo caso no se advierte que las personas morales que prestan el servicio de grúa y mesón sean autoridades fiscales en términos del artículo 34 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, y por ende se encuentren obligadas a realizar la devolución de dicho pago, habida cuenta que tampoco se advierte que el monto del pago por el servicio de arrastre y corralón sea por concepto de contribuciones, aprovechamientos o una devolución a cargo de la autoridad fiscal, conforme lo señalado en el artículo 18-A, del citado código

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