Victoria Alejandra Arroyo Roa

Expediente 720/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
720/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Victoria Alejandra Arroyo Roa

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran el presente expediente, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del término a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente asunto, en la inteligencia de que las que obran agregadas en original, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del citado Acuerdo General, se ponen a disposición de su oferente por el 2 término de noventa días contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el local de este Juzgado a fin de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese; por lista a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Escrito de cuenta. Agréguese a los autos el escrito suscrito por la quejosa **************, mediante el cual desahoga en sus términos la prevención que le fue formulada en auto de diez de mayo del año en curso. Al respecto, de un análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa, en lo conducente, reclama en esta vía lo siguiente: Le atribuye en su carácter de autoridad ordenadora al Coordinador Departamental de Infracciones y Delitos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien refiere será el que ordene la clausura del establecimiento ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 4003, colonia Tlalpan, alcaldía Tlalpan, código postal 1400 en la Ciudad de México y como autoridad ejecutora a los inspectores comisionados adscritos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de los que señala serán quienes derivado de la orden que emita el Coordinado Departamental de Infracciones y delitos del mismo instituto, acudirán al citado domicilio y llevaran a cabo la clausura del establecimiento mercantil "Restaurante Arrollo" levantando el acta circunstanciada correspondiente y coloquen los sellos de clausura, por un supuesto uso no autorizado de la marca 682049 ARROYO y diseño, derivado del procedimiento de declaración administrativa de infracción iniciado en contra de la aquí promovente; por parte de la sociedad denominada ARROYO MARCA TRADICIONAL MEXICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Precisión que se hace con apoyo en lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Cabe precisar que del escrito inicial y su escrito aclaratorio no pueden desvincularse ni analizarse por separado, ya que ambos integran la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 35/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o Considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora considera debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Victoria Alejandra Arroyo Roa, por propio derecho, ya que -como se explicará más adelante- se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Antecedentes relevantes. 1. Que derivado de la controversia de orden familiar de alimentos interpuesta por la parte quejosa y otros, en contra de José Víctor Arroyo Loyo, ante el el Juzgado Vigésimo Cuarto en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del expediente 73/2021, celebro el convenio judicial a fin de substanciar la citada controversia, acordando en que los acreedores alimentarios tendrían el uso real sobre el inmueble ubicado en Avenida Insurgentes número 4003, colonia Tlalpan, alcaldía Tlalpan código postal 1400, Ciudad de México, así como la explotación del negocio mercantil "Restaurante Arroyo", con el cual tuvo por satisfecha la necesidad alimentaria. 2. Que el veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno, la demandante y demás acreedores alimentarios fueron notificados de la solicitud de imposición de medidas provisionales, por un supuesto uso no autorizado de la marca 682049 ARROYO Y DISEÑO, por parte del titular de la sociedad denominada ARROYO MARCA TRADICIONAL MEXICANA, sociedad anónima de capital variable, acto mediante el cual refiere se pretendían aplicar los sellos de suspensión. 3. En diez de diciembre de dos mil veintiuno, la promovente y demás acreedores alimentarios dieron contestación a las medidas provisionales, haciendo del conocimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el convenio judicial celebrado, las cuales se tuvieron por presentadas, mediante acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. 4. Que el veintidós de abril de dos mil veintidós, la promovente fue notificada de la solicitud de declaración administrativa de infracción interpuesta en su contra por parte de ARROYO MARCA TRADICIONAL MEXICANA, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el supuesto uso no autorizado de la marca 682049 ARROYO Y DISEÑO, mediante el cual nuevamente se pretendió llevar acabo la aplicación de los sellos y el aseguramiento de bienes, levantándose el acta circunstanciada por parte de los inspectores comisionados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la cual refiere dará contestación con posterioridad, conforme a su derecho convenga. 5. Por lo que, derivado del procedimiento de declaración administrativa de infracción iniciado en su contra por ARROYO MARCA TRADICIONAL MEXICANA, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de las medidas solicitadas por la misma, consistentes en la aplicación de los sellos clausura temporal y el aseguramiento de bienes, del establecimiento ubicado en Avenida Insurgentes número 4003, colonia Tlalpan, alcaldía Tlalpan código postal 1400, Ciudad de México. Improcedencia En el caso, respecto del acto reclamado antes referido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse de actos intraprocesales que no son de imposible reparación, en la medida en que no afectan derechos sustantivos de los quejosos. Fundamento. Con el fin de demostrar la anterior conclusión, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, que es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempreque se trate de: (.) a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Razones de la improcedencia. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que la juzgadora desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo que, el acto reclamado a las autoridades responsables, se trata de un acto futuro cuya realización dependerá de la conducta que adopten las partes en relación al cumplimiento de la obligación impuesta por la autoridad es incuestionable que el acto que reclama la ahora parte quejosa, es futuro de realización incierta; por ende, la acción constitucional que pretende es improcedente, porque ésta aún no se lleva a cabo, no le produce ninguna afectación real a su interés jurídico. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos sesenta y dos, del Volumen XXI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS FUTUROS. No pueden ser materia del juicio de garantías." Así como la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ochocientos treinta y nueve, del Volumen XX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente conceder la protección federal." Ciertamente, sólo los actos futuros de inminente realización son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, no así por los futuros e inciertos, ya que en la orden de inspección de diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Coordinador Departamental de Infracciones y Delitos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la que informo al visitante, que ante la oposición de la realización de la visita de inspección, se haría acreedor a cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 388 fracciones I o III de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; de ahí que, en modo alguno puede estimarse que se ejecutará una u otra de las medidas anunciadas, dicho de otro modo, aún es incierto que no se lleve a cabo o bien, de que la autoridad responsable decida imponer o no, alguna de las sanciones; por lo tanto, no afecta de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa; pero, además, aún para el caso de que se llegara a materializar la sanción, no se le dejaría en estado de indefensión en tanto que estaría en aptitud de acudir al juicio de amparo y de ser inconstitucional sería factible que se le restituyera en el goce de la garantía violada; motivo por el cual, se insiste, al tratarse de un acto futuro se torna improcedente el juicio de amparo biinstancial. Las características de excepcionalidad citadas requieren que se satisfagan íntegramente, criterio que se encuentra en la tesis P. LVIII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, cuyo rubro es "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS". En síntesis, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro de un procedimiento para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador debe, en primer lugar, discernir si el acto afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos que prevén los derechos humanos y las garantías contenidas en la Constitución General de la República; luego, en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, pues de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante sería improcedente el amparo indirecto. De conformidad con los preceptos transcritos, el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando se trate la resolución final, por transgresiones cometidas en ésta o bien violaciones procesales, que dejaron sin defensa al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como actuaciones en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstas las que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tratándose de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo hasta que se dicte la resolución con la que culmine y, como excepción, cuando, en su caso, los actos en procedimiento que se reclamen tengan una ejecución de imposible reparación; entendiendo como tales, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. En ese orden de ideas, es importante precisar que los artículos 354, 355, 356, 357 y 388, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, establecen lo siguiente: "De la Inspección Artículo 354.- Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos: I.- Requerimiento de informes y datos, y II.- Visitas de inspección. Artículo 355.- Toda persona tendrá obligación de proporcionar al Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella. El incumplimiento a la obligación señalada en el párrafo anterior, sin causa justificada, se sancionará en términos de la fracción I del artículo 388 de esta Ley. Artículo 356.- Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo. El Instituto podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización. Durante el desarrollo de las diligencias, el personal comisionado a las visitas de inspección podrá tomar fotografías, video filmaciones o recabar pruebas con cualquier otro instrumento considerado como admisible, en términos de las disposiciones legales aplicables. Las fotografías que se tomen, los videos que se filmen y las demás probanzas recabadas con los instrumentos reconocidos por el presente artículo, podrán ser utilizados por el Instituto como elementos con pleno valor probatorio. El solicitante de la visita de inspección podrá proporcionar los medios necesarios para tal efecto. Artículo 357.- Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior. Si se negara el acceso del personal comisionado a los establecimientos a los que se refiere el párrafo previo o si de cualquier manera hubiera oposición a la realización de la visita de inspección, dicha circunstancia se hará constar en el acta respectiva, se presumirán ciertos los hechos que se le imputen en los procedimientos de declaración administrativa correspondiente, y se impondrán las sanciones previstas en las fracciones I o III del artículo 388 de esta Ley. Artículo 358.- Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate, ya sea en establecimientos físicos o plataformas digitales. De las Infracciones y Sanciones Administrativas Artículo 388.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con: I.- Multa hasta por el importe de doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa la infracción, por cada conducta que se actualice; II.- Multa adicional hasta por el importe de mil unidades de medida y actualización, por cada día en que persista la infracción; III.- Clausura temporal hasta por noventa días, y" De lo anterior se desprende que la orden de inspección ordenada en diecinueve de abril de dos mil veintidós, (anexa a la presente demanda), tiene por objeto verificar si en el domicilio visitado, se ubica una empresa, negociación mercantil, local y/o establecimiento comercial, tomando como base la documentación oficial que para tal efecto de exhiba el propietario, que se acredite su legal funcionamiento, así como el objeto social actividad desarrollada o giro al que se dedica el establecimiento visitado. En efecto, previamente a los actos de inspección, la autoridad Coordinador Departamental de Infracciones y Delitos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, expedirá una orden escrita de inspección, fundada y motivada, en la que se indique que está dirigida al propietario, poseedor u ocupante del inmueble o mercantil. Lo anterior, es lo que servirá de base para que, se verifique el lugar donde se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate, ya sea en establecimientos físicos o plataformas digitales, visitas domiciliarias o actos de inspección, a través de personal autorizado por la Secretaría. En el caso, la quejosa refiere que ante la negativa de acceso al personal comisionado para realizar la inspección de diecinueve de abril de dos mil veintidós y el acta circunstanciada de veintidós de abril del año en curso, se ejecutaría las posible orden la clausura del establecimiento ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 4003, colonia Tlalpan, alcaldía Tlalpan, código postal 1400 en la Ciudad de México y que serían los inspectores comisionados adscritos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quienes llevarían a cabo la clausura del establecimiento mercantil "Restaurante Arrollo" levantando el acta circunstanciada correspondiente y coloquen los sellos de clausura. Sin embargo, del documento anexo a su demanda inicial de demanda denominada orden de inspección de diecinueve de abril de dos mil veintidós, la autoridad suscrita por el Coordinador Departamental de Infracciones y Delitos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la cual se advierten que ante la oposición a la realización de la visita, por parte de visitado, se hará acreedor a cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 388 fracciones I o III de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y se presumirán ciertos los hechos que se le imputen en el procedimiento P.C. 2485/2021 (M)-102) 23800. No obstante, el mismo reviste evidentemente el carácter de futuro y de realización incierta, tomando en consideración el citado artículo del que se advierte lo siguiente: "De las Infracciones y Sanciones Administrativas Artículo 388.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con: I.- Multa hasta por el importe de doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa la infracción, por cada conducta que se actualice; II.- Multa adicional hasta por el importe de mil unidades de medida y actualización, por cada día en que persista la infracción; III.- Clausura temporal hasta por noventa días, y . Lo cual se advierte que ante la negativa del acceso del personal comisionado a los establecimientos o si de cualquier manera hubiera oposición a la realización de la visita de inspección, dicha circunstancia se hará constar en el acta respectiva, se presumirán ciertos los hechos que se le imputen en los procedimientos de declaración administrativa correspondiente, y se impondrán las sanciones previstas en las fracciones I o III del artículo 388 de la citada Ley Por lo cual, no afecta sus derechos sustantivos, pues de su escrito inicial de demanda y de desahogo no se advierte que alguna las citadas sanciones se haya materializado, ni tampoco la imposición de alguna medida de seguridad. Por tal motivo, lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación pues en lo referente al tema del que se duele la parte quejosa, sólo tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una determinación satisfactoria. Conclusión. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****************. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, diez de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado; por tanto, remítase el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1354/2021, así como el escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno; para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; solicitando se sirva acusar el recibo correspondiente. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por el autorizado en términos amplios, por el cual solicita se le informe el estado procesal que guardan los presentes autos, por tanto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el párrafo que antecede. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    De conformidad a lo ordenado el diez de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en el Artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por esta vía se notifica a la parte quejosa, la citada determinación, cuyo texto es: "Ciudad de México, diez de mayo de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por *****, por derecho propio; contra actos del Coordinador Departamental de Infracciones y Delitos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 720/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, subsane la inconsistencia que más adelante se señala. Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Precisión de los actos que se le atribuyen a cada autoridad. Del estudio efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los que a continuación se señalan: "Autoridades responsables: a) Como ordenadora: El Coordinador Departamental de Infracciones y Delitos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

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