Víctor Yael Castro Bautista

Expediente 1000/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1000/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Víctor Yael Castro Bautista
  • Consuelo Flores Manrique

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes promovieran el recurso de inconformidad correspondiente en contra del proveído de once de marzo de dos mil veintidós, en el que este órgano de control constitucional declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sin que lo hubieran hecho así, no obstante estar legalmente notificados para ello, como se desprende de las constancias relativas; por tanto, se le tiene consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, se declara que este asunto es DEPURABLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 18, fracción I, inciso b), de Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse las indicaciones que correspondan en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, autoridad sustituta al cumplimiento de la sentencia, informó el acatamiento al fallo protector, mediante oficio presentado el seis de marzo de dos mil veinte, en la oficialía de partes de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, misiva a la que adjuntó copia de las constancias con las que dijo justificar el cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. En mérito de lo anterior, el diez de marzo de dos mil veinte, este juzgador ordenó dar vista a las partes procesales con el referido oficio y anexos, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este juzgado federal acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se notificó de manera personal a la parte quejosa, el doce de marzo de dos mil veinte, por conducto de su autorizada y a la tercera interesada a través de estrados el veinte de abril de dos mil veinte, sin que las partes hubiesen hecho manifestación alguna respecto al cumplimiento de la sentencia informado por la autoridad responsable, por lo que se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector. Por lo anterior, y al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario precisar los efectos para los que se concedió la protección constitucional, siendo los siguientes: "1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de quince de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 220/2017. 2. Pronuncie otra resolución, en el sentido que estime conveniente, con libertad de jurisdicción y bajo su estricta responsabilidad, en la que determine cuáles pruebas resultan ilícitas en virtud de la detención ministerial del inculpado, declarada ilegal por el propio juzgador de la causa. 3. Asimismo, al resolver la situación jurídica del inculpado, el juzgador deberá fundamentar su actuación en la legislación aplicable al asunto. 4. Proceda al análisis de los componentes del cuerpo del delito, conforme a los elementos establecidos en la presente resolución. 5. Se pronuncie respecto de la totalidad de los alegatos formulados por la defensa del indiciado, aquí quejoso. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social Chilpancingo, Guerrero, al que no se atribuyeron vicios propios." En cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, autoridad sustituta al cumplimiento de la sentencia, informó el acatamiento al fallo protector, adjuntando para tal efecto copias relativas al auto de plazo constitucional del veintiséis de febrero de dos mil veinte, en el cual dejó sin efectos el diverso de quince de septiembre de dos mi diecisiete (con lo que se cumple el punto uno de los efectos de la sentencia). Además, dictó otro el que con libertad de jurisdicción señaló de manera concreta cuáles pruebas resultaron ilícitas en virtud de la detención ministerial del inculpado, declarada ilegal por ese juzgado de Primera Instancia, en el que de manera literal señaló: ".Consecuentemente, se califican como pruebas ilícitas por haber sido obtenidas con posterioridad que se decretó la detención ministerial por caso urgente contra del inculpado Víctor Yael Castro Bautista, porque tienen vinculación directa con dicha determinación ilegal ya que fueron obtenidas con posterioridad a la detención ilegal decretada por la autoridad investigadora, las siguientes: La declaración ministerial en calidad de detenido del impetrante de garantías (fojas 477- 480, de autos originales tomo I) La fe ministerial de integridad física de Víctor Yael Castro Bautista (fojas 481 tomo I). El traslado del personal actuante e inspección ocular en los lugares donde el inculpado Víctor Yael Castro Bautista, tuvo a la vista a la víctima privada de la libertad y donde dejo a la víctima a sus cómplices, quienes lo mantuvieron en cautiverio (fojas 487-488, tomo I original) y. El dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense, de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, (fojas 490-494, de autos originales tomo I). (Con lo que se cumple el punto dos de los efectos de la sentencia). Al igual, en la resolución antes referida la autoridad responsable al dictar el auto de plazo constitucional en comento fundó su actuación en la legislación aplicable al señalar: "que en autos ha quedado plenamente demostrado el cuerpo del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de José Arturo Villanueva Santos, en términos del artículo 9, fracción I, inciso A, en relación al 10, fracción I, incisos B y E, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello que se sostiene la acreditación de la probable participación de Víctor Jael o Víctor Yael Castro Bautista, en la comisión del delito de secuestro agravado, en perjuicio de José Arturo Villanueva Santos, encuadrando su conducta en lo dispuesto por el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal. Motivos por los cuales hasta esta etapa procedimental, al estar comprobado el cuerpo del delito, el ilícito, a la vez que acreditada la responsabilidad penal. También reunidos los artículos 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88, del Código Procesal Penal; lo jurídico es que, con esta fecha a las nueve horas con treinta minutos se pronuncie auto de formal prisión." (con lo anterior se cumple con el punto tres de los efectos amparadores de la sentencia). Por otra parte, se advierte de la determinación de veintiséis de febrero de dos mil veinte, en estudio, que la autoridad responsable procedió al análisis de los componentes del cuerpo del delito, conforme a lo señalado en la sentencia dictada en el presente juicio pues en forma literal señaló: "Consecuentemente, lo elementos que integran el ilícito de secuestro agravado en el presente asunto, se derivan del artículo 9, del cuerpo de leyes en comento, por tratarse de la conducta genérica relativa a: a) La privación de la libertad de una persona; b) Que la privación de la libertad tenga como propósito obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio. Acreditado lo anterior, analizar las agravantes que concurren con el cuerpo del delito en estudio, establecidas en el artículo 10, las cuales son: Quienes lo lleven a cabo obren con violencia obren con violencia, y; En grupo de dos o más personas. Una vez analizados los medios de prueba que obran en la presente causa penal, se considera que son aptos y legalmente suficientes, para demostrar los supuestos hipotéticos que configuran el cuerpo del delito de secuestro agravado, en términos dela regla genérica prevista por los artículos 63 y 64, del Código de Procedimientos Penales del Estado que establecen: Artículo 63. El Ministerio Público acreditara el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción de penal; y el Tribunal a su vez, examinara si ambos requisitos están acreditados en autos. Artículo 64. El cuero del delito correspondiente, se tendrá por comprobado cuando se acredite el conjunto de los elementos objetivos o externos que contribuyen la materialidad del hecho que le señala como delito. En los casos en que la Ley incorpore en la descripción de la conducta prevista como delito un elemento subjetivo o normativo, como el evento constitutivo esencial será necesaria la acreditación del mismo para la comprobación del delito. Así tenemos que el primer elemento material consiste en la privación de la libertad de una persona, se tiene por demostrado sustancialmente con lo referido por la denunciante Consuelo Flores Manrique, quien ante el Ministerio Público refirió. (.) Asimismo, en una nueva comparecencia del nueve de septiembre de dos mil catorce, agregó: (.) Testimonio, al que se otorga valor jurídico indiciario, en términos del artículo 121, del código procesal penal, toda vez que reúne los requisitos del diverso 127, del código citado; es decir, fue rendido por persona que por su edad, capacidad e instrucción, se entiende cuenta con criterio necesario y adecuado para entender y juzgar los hechos sobre los que depuso, sin dudas ni reticencias, no impulsado por error, miedo, engaño o soborno; sino que, de manera clara y precisa, la señora Consuelo Flores Manrique, señala que a eso de las trece horas del veinticuatro de agosto de dos mil catorce; su esposo José Arturo Villanueva Santos, en compañía de su hijo, salieron de su domicilio, en una camioneta, con destino al centro de esta ciudad capital, con la finalidad de comprar un libro para su descendiente; y que siendo aproximadamente las catorce horas treinta minutos, a su morada se presentaron dos patrullas de la Policía Federal, con ocho elementos policiacos, los cuales llevaban a su menor hijo, y que uno de esos oficiales le informó que a su descendiente lo habían encontrado caminando solo por la calle, a la altura de la Universidad Sentimientos de la Nación. Y que cuando ella habló con su menor hijo, el mismo le comentó que a su padre se lo habían llevado dos sujetos armados, en un vehículo rojo. Que más tarde también se presentaron elementos del Ejército Mexicano a indagar que había sucedido en el particular caso; y que fue como a las diecisiete horas cuarenta y siete minutos, del veinticuatro de agosto de dos mil catorce, cuando recibió la primera llamada telefónica de uno de los secuestradores, quien le dijo "¿Quieres ver con vida a tu esposo, júntame diez millones de pesos, de lo que se chingó. No vayas a llamar a la policía?"; y que ese sujeto luego colgó. (.) Luego entonces, a esos dictámenes y documentos, se les otorga valor jurídico de indicio en términos del numeral 121 y 122, del código procesal penal, al ser aptos para acreditar que se elaboraron y obtuvieron con el propósito de acreditar el plagio de José Arturo Villanueva Santos, a la vez que obtener su liberación y dar con su paradero. Sin que, como se ha expuesto, se haya logrado esto último. Probanzas que vinculadas, a lo vertido por Consuelo, Ceferino, Judith, Sabino, Policarpo y Alina, adquieren eficacia jurídica para justificar la pretensión con la que fueron obtenidas las mismas. Con lo cual se reitera la acreditación de la privación de la libertad de José Arturo Villanueva Santos; mismo que fue levantado cerca de la entrada a la Universidad Sentimientos de la Nación, en Chilpancingo, Guerrero; entre las trece horas y catorce horas treinta minutos, del veinticuatro de agosto de dos mil catorce; luego trasladado y mantenido en cautiverio en un lugar ubicado en la carretera nacional México-Acapulco, tramo Mezcala-Iguala, cercano al kilómetro 157; sin que se tenga conocimiento sobre el paradero de la víctima del delito; como así se acredita con el dicho de la denunciante y los testigos de referencia. Medios de prueba, que justifican hasta este momento que el agraviado José Arturo Villanueva Santos, fue privado de su libertad el día veinticuatro de agosto de dos mil catorce, como primer elemento del delito de secuestro agravado. Por lo que respecta al segundo de los elementos que consiste en que la privación de la libertad del agraviado José Arturo Villanueva Santos, sea con la finalidad de obtener un rescate, se considera demostrado en primer término con las declaraciones realizadas por la denunciante Consuelo Flores Manrique, pues refirió, que mediante llamadas telefónicas realizadas de los números 73 51 39 20 92, 73 51 83 08 34, 74 71 06 57 39, 73 51 74 01 23 y 73 31 27 82 51, a su teléfono convencional, los días veinticinco, veintiséis, veintisiete y treinta de agosto de dos mil catorce, los plagiarios le estuvieron exigiendo la entrega de diez millones de pesos para que pudieran liberar a José Arturo Villanueva Santos, y como la misma les decía que no contaba con ese dinero; entonces le fueron preguntando con cuanto contaba; y al haberles respondido que tenía mínimas cantidades, aquéllos se molestaron y no le quisieron recibir ese dinero; como tampoco la escritura de su casa ni los documentos de propiedad de un vehículo. Por lo que dicho rescate no se pagó. (.) Medios de prueba que en su conjunto acreditan el segundo de los elementos materiales del delito de secuestro, que consiste en que la privación de la libertad del agraviado José Arturo Villanueva Santos, sea con la finalidad de obtener un rescate, pues demuestran que los secuestradores para liberarlo inicialmente pidieron la cantidad de diez millones de pesos, y que después de varias negociaciones con la denunciante Consuelo Flores Manrique, se estableció la cantidad de treinta y cinco mil pesos, las escrituras de su casa y los documentos de su vehículo, los cuales, los plagiarios le dijeron que se los iba a llevar a un determinado lugar que ya no acordaron, porque estos, ya no le volvieron a llamar para decirle el lugar en que se los entregaría, ignorando hasta la fecha el paradero de la víctima del delito. Acreditándose de esta forma los elementos que describen la conducta genérica del ilícito de secuestro. (.)" (con lo anterior, se cumplimenta el punto cuatro de los efectos amparadores de la sentencia). Y por último, se observa que la multicitada autoridad responsable se pronunció respecto de la totalidad de los alegatos formulados por la defensa del aquí quejoso ya que dijo: "Por último, en lo que respecta a lo alegado por la defensa en el escrito de alegatos relativos a los testimonios de la denunciante Consuelo Flores Manrique y Sabino Bautista Ventura, quienes aseveraron que ese indiciado y Adán Josué Castro Villanueva, días anteriores a que se realizara el secuestro de José Arturo Villanueva Santos, andaba rondando el domicilio de éste, en la resolución que se pronuncia, se tomaron como un indicio que arribo a la presentación del quejoso ante el ministerio público, mas no demuestran la presunta responsabilidad de este, porque a ellos no les consta que el impetrante de garantías tuviera algún tipo de participación en el hecho delictivo, solo precisaron que por voz de la persona que ayuda a la denunciante en las labores del hogar de nombre Mayra, se enteraron que dos personas del sexo masculino estaban en la esquina de su casa de la denunciante que se le hizo raro porque voltearon a ver muchas veces, que dichas personas se trataba de Adan Josue Castro Villanueva y otro que le apodan el Peski, éste último la trabajadora lo ubica porque es de la población de Palo Blanco, donde es ella, lo cual como se dijo derivo en la orden de búsqueda, localización y presentación del impetrante de garantías, para que rindiera declaración ministerial y aclarara los hechos, no demuestra su presunta responsabilidad y que en caso de que probablemente no hubiera participado, el quejoso así lo hubiera establecido desde un principio en su inicial declaración ministerial de siete de septiembre de dos mil diecisiete, estableciendo que él no era probable responsable de ese hecho pero contrario a ello confeso los mismos estableciendo su grado de participación que tuvo en el hecho, pues dijo haber intervenido en el traslado del plagiado al lugar de su cautiverio; a sabiendas de que eso era ilícito y aun así aceptó las indicaciones de Adán Josué Castro Villanueva, en el sentido de que participara en ello, tapándole los ojos con un trapo; y que después de haberlos dejado cercano al lugar del cautiverio, se regresó a Chilpancingo, Guerrero, habiendo acordado también con Adán Josué, que más tarde del día veinticuatro de agosto de dos mil catorce, se verían en casa de esa persona; y que cuando cobraran el rescate, iba a recibir dinero por ello por la cantidad de cinco mil pesos, por lo cual no le asiste la razón al defensor particular en los alegatos que formulo pues además, se encuentra acreditado plenamente el cuerpo del delito y hasta este momento la presunta responsabilidad del quejoso, pues para motivarlo, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo, requiere únicamente que los datos arrojados por la averiguación sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado." (con ello, se da cumplimiento al punto cinco de los efectos de la sentencia), En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; por tanto, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDO el fallo amparador. Ello es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, téngase informando que en la causa penal 220/2017-1-3, de su índice, se señalaron las catorce horas del quince de abril del presente año, para la celebración de la audiencia vista, glósese a los autos para que obre como corresponda. Por otra parte, y dado que refiere que informa a este juzgado lo antes señalado, debido a que está pendiente el pronunciamiento respecto del cumplimiento o no del fallo protector, hágasele saber que una vez que se emita la resolución correspondiente, se le comunicará en la forma legal que corresponda.

  4. Principal

    Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio que signa el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, hágasele de su conocimiento que en auto de diez de marzo de dos mil veinte, este juzgado dio vista y corrió traslado a las partes con el oficio 409 de su índice, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a las constancias anexas con las que dijo dar cumplimiento a la ejecutoria del presente amparo, por lo que, se encuentra pendiente el pronunciamiento sobre si se encuentra o no cumplida la sentencia dictada dentro del presente juicio, la cual se le hará del conocimiento mediante misiva que se gire.

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