Víctor Villatoro Manzano

Expediente 716/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
716/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
13/07/2015

Partes del expediente

  • Víctor Villatoro Manzano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA V A Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra del proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno.

  2. Incidental

    MESA V A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de uno de julio de dos mil quince, se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa (fojas 15 y 16); por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Incidental

    MES V A se R E S U E L V E PRIMERO. Se niega a VÍCTOR VILLATORO MANZO, la suspensión definitiva que solicita contra el acto reclamado y por la autoridad responsable precisados en el resultando único de esta interlocutoria. SEGUNDO. Como se encuentra ordenado en el considerando segundo, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado..

  4. Principal

    MESA V A Vista la razón de veintitrés de junio del año en curso, asentada por el actuario de este órgano jurisdiccional, de la que se advierte no le fue posible notificar al quejoso la determinación de dieciocho anterior dictado en este juicio de amparo, en el domicilio que al efecto señaló para recibir notificaciones, por no haberse encontrado el número que precisó; por tanto, se ordena notificar dicho acuerdo y las subsecuentes notificaciones personales que se hagan a la parte quejosa, por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto el promovente señale bien su domicilio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 238, tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, novena época, bajo el rubro siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.". NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDO ORDENADO EN AUTO ANTERIOR. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Agente del Ministerio Público de Chahuites, Juchitán, Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes, con el cual se da vista a las partes para su conocimiento. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza, la copia certificada que remite como apoyo a su informe. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que VÍCTOR VILLATORO MANZO, reclamó del Agente del Ministerio Público de Chahuites, Oaxaca, la falta de respuesta a su escrito de trece de mayo del año en curso, en el que esencialmente solicitó se le diera intervención en la averiguación previa que exista integrándose en su contra (foja 6). La aludida responsable al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado agregando que el escrito del quejoso recibido el trece de mayo de dos mil quince, el veintisiete siguiente se le dio contestación y se notificó a la autorizada para tal fin (foja 12); sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, en virtud de que si bien ya dio contestación al ocurso del que se duele el quejoso en este asunto, ello lo hizo con posterioridad a la presentación de la demanda (21 de mayo de 2015); por tanto, se tiene por cierto el acto que le atribuye el quejoso. En la especie, contra el acto reclamado, se surte el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio sin número, de veintisiete de mayo del año en curso, dirigido al aquí quejoso VÍCTOR VILLATORO MANZO, en el que le hizo de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los archivos, así como en el libro de gobierno que se lleva en esa Agencia Ministerial no se localizó algún legajo de investigación en su contra, el cual fue recibido por la persona autorizada por el quejoso (foja 13), cuya omisión en su respuesta se dolía el quejoso en este asunto; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAR DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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