Víctor Villafan Santana

Expediente 1346/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1346/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Víctor Villafan Santana
  • Azucena Vergara López

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que ese proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible en términos del artículo 20, fracción II, de dicho Acuerdo, y que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 20 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, concedidos a la parte quejosa, mediante proveído de uno de septiembre del año en curso, para que desahogara la prevención realizada en dicho auto, sin que realizara manifestación al respecto; en consecuencia, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el auto de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Luis Gonzalo Botello Ortiz, Blanca Guadalupe Arizmendi Cardozo, Lizette Benitez Jaramillo, Daniela Abarca García, Sergio José Botello Ortiz, Renatta Jardón Castañeda, Yolanda Correa Cardoso, Karla Vega Hernández, Melisa Andrea Naime Rodríguez, Enrique García Alarcón, Jan Patryk Kania Morelos y Luz Daniela Kong González, apoderados de los quejosos Víctor Villafan Santana, Azucena Vergara López, Isidra Rojo García, Pedro Cruz Cruz, Nancy Rodríguez Betancourt e Hipolito Hernández Sánchez, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Gonzalo Botello Ortiz, Blanca Guadalupe Arizmendi Cardozo, Lizette Benitez Jaramillo, Daniela Abarca García, Sergio José Botello Ortiz, Renatta Jardón Castañeda, Yolanda Correa Cardoso, Karla Vega Hernández, Melisa Andrea Naime Rodríguez, Enrique García Alarcón, Jan Patryk Kania Morelos y Luz Daniela Kong González, apoderados de los quejosos Víctor Villafan Santana, Azucena Vergara López, Isidra Rojo García, Pedro Cruz Cruz, Nancy Rodríguez Betancourt e Hipolito Hernández Sánchez, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1346/2023-III. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, previo a la admisión de la demanda, el Juez de Distrito debe examinar la misma y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 114, fracciones I y III, en relación con el 108, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que es requisito formal para la presentación de la demanda que el promovente acredite la personalidad con la que se ostenta, se considera pertinente requerir a Luis Gonzalo Botello Ortiz, Blanca Guadalupe Arizmendi Cardozo, Lizette Benitez Jaramillo, Daniela Abarca García, Sergio José Botello Ortiz, Renatta Jardón Castañeda, Yolanda Correa Cardoso, Karla Vega Hernández, Melisa Andrea Naime Rodríguez, Enrique García Alarcón, Jan Patryk Kania Morelos y Luz Daniela Kong González, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, y sabedores de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja procesal indebida, realicen lo siguiente: PRIMERO. Manifestar bajo protesta de decir verdad que el documento electrónico digitalizado con el que pretende acreditar su personalidad es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Ello, de conformidad con lo referido en el artículo 12, inciso f), párrafo segundo del "Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico", cuyo contenido es: "Artículo 12. El expediente electrónico coincidirá íntegramente en su contenido con el expediente impreso que se lleva en los órganos jurisdiccionales, y será administrado desde el sistema electrónico de control de expedientes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación. (.) f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso." Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/2 L (11a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 2305, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Tomo II, Septiembre de 2021, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE INGRESA CARTA PODER DIGITALIZADA A FIN DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL APODERADO ESPECIAL DEL QUEJOSO, DEBE SEÑALAR LA CALIDAD DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE EXHIBE (ORIGINAL, COPIA CERTIFICADA O COPIA SIMPLE) Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES COPIAÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO." Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, llegaron a posturas diferentes al resolver asuntos donde se desechó o se tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto tramitada electrónicamente por el apoderado especial de la parte quejosa, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 3o. de la Ley de Amparo, en reciprocidad con los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal y Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al estimar que la carta poder digitalizada exhibida, resultaba insuficiente para acreditar su personalidad. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito determina que la persona que actúa en representación de otra cuando promueva el juicio de amparo indirecto de manera electrónica y pretenda acreditar su personalidad mediante carta poder digitalizada, deberá señalar la calidad del documento que exhibe (original, copia certificada o copia simple) y manifestar bajo protesta de decir verdad que dicho documento electrónico digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Justificación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo y en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, Número 1/2014 y Número 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se implementaron los servicios tecnológicos relativos a la firma electrónica (FIREL), la integración del expediente electrónico y la tramitación electrónica del juicio de amparo, con la finalidad de simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales, como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas; ello como muestra inequívoca de la urgente necesidad de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. Asimismo, el Alto Tribunal en diversos asuntos relacionados con cuestiones de personalidad, se ha pronunciado en el sentido de que dicha figura es de gran relevancia en el juicio de amparo y necesariamente debe estar acreditada en el juicio porque implica el inicio de la instancia, cuyas implicaciones no sólo son de carácter privado sino también público, y en virtud de que el juicio de amparo tiene como primordial interés salvaguardar el orden constitucional. Por lo tanto, dada la relevancia que tiene la personalidad en el juicio de amparo, es preciso que cuando una persona promueva en representación de otra juicio de amparo indirecto de manera electrónica, al ingresar la carta poder digitalizada, toda vez que se trata de un documento electrónico y que no es posible que el juzgador pueda corroborar la calidad de dicho documento de manera física, dada la trascendencia que conlleva el inicio de una instancia constitucional, a fin de acreditar la personalidad del promovente, deberá señalar la calidad del documento (original, copia certificada o copia simple) y manifestar bajo protesta de decir verdad que el documento electrónico es copia íntegra e inalterada del documento impreso, exigencia que no es requerida cuando se tramita el juicio de amparo indirecto por escrito, pero que tratándose del juicio de amparo indirecto tramitado vía electrónica se encuentra plenamente justificada, en virtud de que el juzgador no puede realizar de manera fehaciente la valoración documental, lo cual se estima necesario a fin de conceder seguridad jurídica a las partes. Sin que se impida que el juzgador, en uso de sus facultades, de manera excepcional y en caso de verdadera duda, pueda requerir al promovente la exhibición del documento fuente, a fin de verificar su coincidencia. Asimismo, se precisa que el juzgador conserva íntegra su facultad valorativa para verificar que la carta poder cumpla con los requisitos legales, toda vez que dicho supuesto no fue parte del análisis de esta contradicción de tesis". Lo anterior, toda vez que si bien el promovente de amparo manifiesta lo siguiente: "DR. EN D. LUIS GONZALO BOTELLO ORTIZ Y/O M. EN D. BLANCA GUADALUPE ARIZMENDI CARDOZO Y/O M. EN D. LIZETTE BENITEZ JARAMILLO Y/O M. EN D. DANIELA GARCIA ABARCA Y/O SERGIO JOSÉ BOTELLO ORTIZ Y/O RENATTA JARDÓN CASTAÑEDA Y/O YOLANDA CORREA CARDOSO Y/O P.D. KARLA VEGA HERNÁNDEZ Y/O MELISA ANDREA NAIME RODRÍGUEZ Y/O P.D. ENRIQUE GARCÍA ALARCÓN Y/O E.D. JAN PATRYK KANIA MORELOS Y/O P.D. LUZ DANIELA KONG GONZÁLEZ en nuestro carácter de apoderados de los quejosos VÍCTOR VILLAFAN SANTANA, AZUCENA VERGARA LÓPEZ, ISIDRA ROJO GARCÍA, PEDRO CRUZ CRUZ, NANCY RODRÍGUEZ BETANCOURT E HIPOLITO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, personalidad que acreditamos en términos de las cartas poder."." No obstante, dicha manifestación es insuficiente para tenerles por acreditada la personalidad con la que promueven la presente demanda de amparo, pues no se advierte que haya cumplido con la formalidad citada sub supra; además, remite una carta poder electrónicamente, misma que no se encuentra signada por el aludido promovente. SEGUNDO. Acrediten con documento idóneo, eficaz y en original su legitimación para promover la demanda de amparo, en representación de Pedro Cruz Cruz, Nancy Rodríguez Betancourt e Hipolito Hernández Sánchez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de la materia. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia P./J.43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48 del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 200084, que refiere: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER.", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Apercibidos que de no dar cumplimiento en los términos indicados y en el plazo establecido, se procederá conforme a lo dispuesto en la última parte del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Luego, toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "luisbotello"; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la práctica de notificaciones del expediente electrónico que deriva de este asunto. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

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