Victor Vega Reyes

Expediente 1054/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1054/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Victor Vega Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    téngase al Tribunal oficiante comunicando que se dio trámite al conflicto competencial planteado por el juzgado declinante, el cual se radicó bajo el número de expediente 1/2022 del índice del tribunal de su adscripción.

  3. Principal

    téngasele comunicando que remitió los autos del juicio de amparo indirecto 1707/2021 de su índice administrativo, al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, a fin de resolver el conflicto competencial planteado entre el citado órgano jurisdiccional y este juzgado de Distrito.

  4. Principal

    Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1054/2021. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRONUNCIAMIENTO SOBRE COMPETENCIA DECLINADA. Téngase por recibido el oficio mediante el cual el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, remite los autos del juicio de amparo 1707/2021 de su estadística, al considerar que carece de competencia legal [por territorio] para conocer de la demanda promovida por Víctor Vega Reyes, contra actos de Subdelegado B, Departamento Subdelegacional de Pensiones, en Orizaba, Veracruz [Subdelegación Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro Social]. Al respecto, resulta necesario analizar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual prevé tres reglas para fijar la competencia: [.] Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. [.] El precepto legal citado, en relación con lo previsto por el diverso 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la competencia por razón de territorio de los jueces de Distrito, en tanto dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, ello con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el lugar en que tenga su domicilio el gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. De esta manera, el precepto legal transcrito alude a "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por tanto, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí o sus efectos conlleven a esa situación; esto es, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Cabe destacar que lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material; y lo que hace la diferencia entre aquellas no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Expuesto lo anterior, se advierte que, en el caso, el juzgado declinante argumentó que carece de competencia legal ya que, a su criterio, el acto reclamado consistente en la falta de una pensión solicitada por el promovente ante la responsable, la cual aún no le ha sido otorgada y, por ende, tampoco se han realizado gestiones necesarias para el pago de ésta, en razón de que el trámite se llevó a cabo en la Subdelegación Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro Social, tendrá ejecución material en este distrito judicial. Ciertamente, se consideró que la omisión reclamada "en todo caso" tendría ejecución en el lugar en el que la autoridad responsable tiene su residencia [Orizaba, Veracruz] y, por ende, atendiendo al primer supuesto que establece el invocado numeral 37 de la ley de la materia, correspondería conocer de la demanda planteada al juez de Distrito con jurisdicción en Córdoba, Veracruz. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda y ocurso aclaratorio, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa destacó como acto reclamado: la negativa u omisión por parte de la autoridad responsable Subdelegado B, Departamento Subdelegacional de Pensiones, en Orizaba, Veracruz [Subdelegación Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro Social] para el otorgamiento de una pensión por viudez de su concubina Brisia Silva Hernández y/o Brisia Silva Hernández de Vega. Conforme a lo anterior, este órgano de control constitucional disiente [respetuosamente] de la decisión del juzgado declinante, al estimar que no se surte la hipótesis que se analizó para fijar la competencia legal a este juzgado, toda vez que el acto reclamado destacado por el quejoso, esto es, la omisión o falta descrita, constituye un acto de naturaleza omisiva, por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda [a prevención]. De modo que, ya que el acto reclamado se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos de la pensión por viudez de la parte quejosa, lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras la autoridad persista con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de la persona que resiente esa abstención. Es así, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo la responsable, la materia del juicio de amparo es la omisión -un no actuar- de ésta, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudiera desplegar la autoridad responsable. Es así que, dadas las características y naturaleza del acto reclamado, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en la última parte del artículo 37 de la Ley de Amparo, a que se hizo referencia en párrafos anteriores, esto es, que resulta juez legalmente competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquel en donde se presente la demanda, cuando el acto reclamado no revista ejecución material; de ahí que, resulta evidente que este órgano jurisdiccional, no resulta legalmente competente para conocer de la demanda planteada. Al margen de ello, se precisa que en el supuesto de que el acto reclamado tuviera efectos positivos, no es posible determinarlos en este momento procesal, ya que sería hasta que se recabe el informe justificado que se obtenga certeza respecto a la ejecución o no del acto reclamado. Máxime que de la lectura integral del escrito de demanda se aprecia que el quejoso manifestó [bajo protesta de decir verdad] que reside de manera alterna en la ciudad de Puebla, Puebla y en Maltrata, Veracruz, por lo que, de sostener la postura a la que arribó el juzgado declinante implicaría que "en su caso" el efecto positivo que pudiera tener el acto reclamado [pago de pensión] tendría lugar en más de un distrito judicial, lo que permite concluir que este órgano de control constitucional tampoco sería competente atendiendo a la hipótesis contenida en el segundo párrafo del numeral 37 de la ley de la materia. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional no se acepta la competencia declinada. Por consiguiente, fórmese cuaderno respectivo y se ordena remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa y anexos al homólogo federal, para que dentro del término que señala el artículo 48 de la ley de la materia, informe a este órgano jurisdiccional si insiste o no en declinarla; solicitando, en su caso, el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, se adopta hasta ahora, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

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