Victor Vazquez Velasquez

Expediente 353/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
353/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2019

Partes del expediente

  • Victor Vazquez Velasquez

Actuaciones

  1. Principal

    P MESA II A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el quince de abril de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA IV B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito del quejoso, con que realiza diversas manifestaciones en relación al tratamiento farmacológico a que está sometido en su lugar de reclusión. Al respecto, de autos se advierte que para realizar la revaloración psiquiátrica de JOSÉ LEOPOLDO BUENDÍA DOMÍNGUEZ, la autoridad penitenciaria informó las gestiones que realiza para brindar la consulta médica correspondiente al aludido quejoso (foja 278). Ahora, a fin de continuar en el cumplimiento de la ejecutoria, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, informe si ha encontrado institución médica que pueda realizar la valoración psiquiátrica del quejoso, y de ser procedente la misma, comunique la fecha y hora en que la misma se llevara a cabo. De no ser así, manifieste las gestiones que se encuentre realizando al respecto, remitiendo en ambos casos copia de las constancias que sustenten lo que exprese en relación a la revaloración por psiquiatría y el tratamiento a seguir. Apercibido que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado en líneas anteriores, y si procede mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora, en relación a que esta autoridad provea que se brinde clonazepam al quejoso, dígasele que su medicación está sujeta a la valoración que se realice por el especialista en psiquiatría, por lo que es indispensable para el cumplimiento de la sentencia de amparo, que primero sea llevada a cabo la misma y en su oportunidad al contar con la prescripción médica que se le recete, este órgano jurisdiccional vigilará que le sean entregados los medicamentos correspondientes. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", se comisiona al Actuario en turno de este juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas, se constituya en las instalaciones que ocupa dicho centro penitenciario, en busca de JOSÉ LEOPOLDO BUENDÍA DOMÍNGUEZ, hecho que sea, le notifique este proveído, asimismo, le entregue copia simple del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por VÍCTOR VÁZQUEZ VELÁSQUEZ, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 353/2019. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del examen de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto, que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente hace consistir los actos reclamados en: "[.] el dictado de los acuerdos de fechas veintitrés de noviembre del año próximo pasado y veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, en el expediente civil número 494/2019, y notificado en fecha cinco de abril del año en curso [.]" Bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte la afirmación del promovente VÍCTOR VÁZQUEZ VELÁSQUEZ en el sentido de que fue emplazado para contestar la demanda que dio origen al expediente civil 494/2018 de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, relativo al reconocimiento de paternidad del menor N. I. V. R. . Asimismo, del análisis de los acuerdos existentes, promueve juicio de amparo respecto del proveído de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se le informa la designación de perito en materia de genética molecular del Ácido desoxirribonucleico (ADN) y se le apercibe que de no designar perito de su parte -inadvirtiendo si se encuentra en condiciones o de acuerdo para ello en los términos que puntualiza-, se le tendrá por conforme con el propuesto por la parte actora, de igual manera, se le comunica la admisión de esa experticia sin que le corrieran traslado con el cuestionario atinente a su desahogo. Sobre este particular, la tesis aislada sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento cuarenta y tres, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, materia Común, con registro 2011496, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, refiere: "AMPARO CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. PREVIAMENTE A SU PROMOCIÓN DEBE CUMPLIRSE CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA.", el juicio de amparo indirecto es procedente contra el auto que admite dicha prueba, estableciendo que el mismo debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional; empero no implica una excepción al principio de definitividad, pues ese criterio de manera expresa hace remisión a lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, que sujeta la viabilidad de la acción de amparo en la vía indirecta, al previo agotamiento de los recursos procedentes." Por su parte, la diversa tesis aislada sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos treinta y siete, Tomo XXIII, Enero de 2006, materias Constitucional y Civil, con registro 176171, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, menciona: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR DEL ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN). EL ARTÍCULO 5, APARTADO B), INCISO III, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El artículo 5, apartado B), inciso III, de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, que establece que las niñas y niños tienen el derecho a la identidad, certeza jurídica y familia, y a solicitar y recibir información sobre su origen, sobre la identidad de sus padres y a conocer su origen genético, se traduce en el derecho de los menores a solicitar en juicio, la prueba pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN), de sus presuntos progenitores. Lo anterior no viola la garantía de audiencia, puesto que la misma se encuentra debidamente protegida por el artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por virtud del cual existe la posibilidad de impugnar mediante el recurso de apelación en el efecto devolutivo, la admisión de una prueba por parte de quien pudiera resultar afectado por la propia admisión." En tal virtud, respecto de este acto consistente en el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Lo expuesto revela que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades judiciales, contra las cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Al efecto, debe decirse que el principio de definitividad en materia de amparo, examinado por la doctrina, adoptado en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por el promovente del juicio de garantías. Así, se aprecia que, al ser parte el promovente VÍCTOR VÁZQUEZ VELÁSQUEZ en el expediente civil 494/2018 de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, previo al juicio de amparo, se encontraba en condiciones de recurrir en apelación la admisión de la prueba pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN), de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establece: "Artículo 283. El Tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén permitidas por la ley y se refieran a los puntos cuestionados, para cuyo efecto se mandarán formar los cuadernos correspondientes. El auto en que se admita una prueba y el que la deseche son apelables en el efecto devolutivo." En esas condiciones, ante la naturaleza del acto que reclama la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de garantías, debió agotar el recurso ordinario procedente, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; empero, al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, sin que ello se exima por la situación de que el acto reclamado pueda ser de imposible reparación, porque dicha circunstancia no constituye una excepción legal al presupuesto de definitividad del acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos cincuenta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia Común, con registro 2005039, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en los siguientes términos: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Ahora, en lo atinente al diverso acuerdo reclamado por el promovente y que se encuentra fechado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, que refieren que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" En ese orden, el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecinueve que afirma la parte promovente le causa perjuicios pues aun cuando se dio cuenta con un oficio suscrito por el Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, no le corrieron el traslado respectivo o en su caso la vista correspondiente, sólo tiene efectos intraprocesales sobre la preparación de una prueba, pues tal determinación no producen una afectación irreparable de algún derecho sustantivo en perjuicio de la parte disconforme; y existe la posibilidad de que al resolverse el juicio, la determinación final le sea favorable a sus pretensiones, y en el evento de que esa resolución definitiva le resultare adversa a sus intereses, puede inconformarse a través del juicio de amparo directo que en su caso se instaure contra la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse, impugnando, de cubrirse las condiciones legales, tal resolución intraprocesal, en la medida que trascienda al fallo final del juicio. Al respecto, se invoca la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil sesenta y nueve, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, con registro 2009477, materias Constitucional y Común, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en los siguientes términos: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Por tanto, se concluye que es improcedente el juicio de amparo que contra los actos ya mencionados promueve VÍCTOR VÁZQUEZ VELÁSQUEZ, en términos del artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir acuerdos y notificaciones el que indica, asimismo, como autorizados para ello a las personas que refiere, no así en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que su cédula no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

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