Víctor Valle Ramos
Expediente 821/2013 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 05/08/2015
Partes del expediente
- Víctor Valle Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de seis de julio de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Incidental
Visto el oficio signado por el Director General Adjunto "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de los oficios 21038/2015, 21039/2015 y 21040/2015 de veinticinco de mayo de la presente anualidad y solicita copia certificada de diversas constancias; en atención a ello, como lo solicita, remítasele copia certificada de las constancias que refiere, pues no obstante que el acuerdo que recayó al oficio de veintinueve de abril del año curso, corresponde al cuaderno principal de donde deriva el expediente en que se actúa, lo cierto es, que la autoridad oficiante lo requiere para la debida integración del expediente interno, circunstancia que no impide que se provea lo relativo en el presente incidente.
- Principal
Hago efectivo el apercibimiento del aviso de siete de julio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa VÍCTOR VALLE RAMOS, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de seis de julio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 8979, 12148, 12628 y 16309, las autoridades responsables manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo el quejoso señaló como autoridades responsables, en lo que interesa, al Director General de la Propiedad Rural, Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, Delegado Estatal en Baja California, todas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cinco, de quienes reclamó lo siguiente: ? La falta de notificación del acuerdo de veintisiete de junio de dos mil ocho, recaído a la solicitud de enajenación a título oneroso del terreno nacional denominado "Tres Cuchillos o Tres Cuchillas", ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California. ? La falta de emplazamiento al juicio agrario 209/2010, instaurado por Enrique Guinea Mezquida en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y otras autoridades, y en consecuencia, la sentencia que declaró la nulidad del séptimo considerando del acuerdo de enajenación de terrenos nacionales de veintisiete de junio de dos mil ocho. En primer término, mediante sentencia de veintitrés de junio de dos mil catorce, este órgano jurisdiccional determinó por una parte sobreseer en el juicio, por otra, conceder la protección constitucional al quejoso, resolución que fue confirmada mediante sentencia de veintinueve de enero de dos mil quince, pronunciada en el amparo en revisión administrativa 357/2014 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Tijuana, siendo los efectos de la siguiente forma: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables: A) Director General de la Propiedad Rural, Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, y Delegado Estatal en Baja California, todas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: ? De manera inmediata notifiquen al quejoso el acuerdo administrativo de veintisiete de junio de dos mil ocho, recaído a la solicitud de enajenación a título oneroso del terreno nacional denominado "Tres Cuchillos o Tres Cuchillas", ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, en el domicilio que señaló para tal efecto. B) Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cinco: ? Deje sin efectos todo lo actuado en el juicio agrario 209/2010, instaurado por Enrique Guinea Mezquida en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y otras autoridades, incluida la sentencia que declaró la nulidad del séptimo considerando del acuerdo de enajenación de terrenos nacionales de veintisiete de junio de dos mil ocho; y, ? Ordene el llamado a juicio del quejoso, a quien deberá correr traslado con la demanda en su carácter de tercero interesado. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos impugnados a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a las ordenadoras, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" Por oficios registrados con los folios 8979, 12148, 12628 y 16309, las autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cinco, informó que mediante determinación de treinta de marzo del año en curso, emitida en el expediente 209/2010 de su índice, dejó sin efectos todo lo actuado en dicho juicio agrario -relativo al predio tres cuchillas- incluida la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil trece, y hecho lo anterior, emplazó al aquí quejoso, corriéndole traslado con copia de la demanda, anexos y auto admisorio; por su parte, las autoridades responsables Director General de la Propiedad Rural, Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, y Delegado Estatal en Baja California, todas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, notificaron al quejoso el acuerdo administrativo de veintisiete de junio de dos mil ocho, recaído a la solicitud de enajenación a título oneroso del terreno nacional denominado "Tres Cuchillos o Tres Cuchillas", ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, en el domicilio que señaló para tal efecto, además acompañaron las constancias respectivas; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que las autoridades responsables, acataron el núcleo de la ejecutoria. Lo anterior se evidencia por el hecho de que la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cinco, informó que mediante determinación de treinta de marzo del año en curso, emitida en el expediente 209/2010 de su índice, dejó sin efectos todo lo actuado en dicho juicio agrario -relativo al predio tres cuchillas- incluida la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil trece, y como consecuencia de lo anterior, ordenó emplazar al aquí quejoso corriéndole traslado con las copias simples de la demanda, anexos y auto admisorio, llevándose a cabo la dicha diligencia el cuatro de mayo de dos mil quince. Por su parte, las autoridades responsables Director General de la Propiedad Rural, Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, y Delegado Estatal en Baja California, todas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de esta autoridad y mediante diligencia de trece de mayo del año en curso, llevaron a cabo la notificación al quejoso del acuerdo administrativo de veintisiete de junio de dos mil ocho, recaído a la solicitud de enajenación a título oneroso del terreno nacional denominado "Tres Cuchillos o Tres Cuchillas", ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, en el domicilio que señaló para tal efecto. En ese sentido, se afirma que las violaciones cometidas en perjuicio del accionante de amparo, quedaron subsanadas al dejar -las autoridades responsables- insubsistentes los actos de autoridad que constituyeron lo reclamado en esta instancia, y notificar al quejoso el acuerdo administrativo de veintisiete de junio de dos mil ocho, recaído a la solicitud de enajenación a título oneroso del terreno nacional denominado "Tres Cuchillos o Tres Cuchillas", ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, en el domicilio que señaló para tal efecto, de ahí que los actos reclamados quedaron sustituidos y se llevaron a cabo con base en los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amaparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de siete de julio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte tercero interesada, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de seis de julio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADA que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 8979, 12148, 12628 y 16309, las autoridades responsables manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo el quejoso señaló como autoridades responsables, en lo que interesa, al Director General de la Propiedad Rural, Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, Delegado Estatal en Baja California, todas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cinco, de quienes reclamó lo siguiente: La falta de notificación del acuerdo de veintisiete de junio de dos mil ocho, recaído a la solicitud de enajenación a título oneroso del terreno nacional denominado "Tres Cuchillos o Tres Cuchillas", ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California. La falta de emplazamiento al juicio agrario 209/2010, instaurado por Enrique Guinea Mezquida en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y otras autoridades, y en consecuencia, la sentencia que declaró la nulidad del séptimo considerando del acuerdo de enajenación de terrenos nacionales de veintisiete de junio de dos mil ocho. En primer término, mediante sentencia de veintitrés de junio de dos mil catorce, este órgano jurisdiccional determinó por una parte sobreseer en el juicio, por otra, conceder la protección constitucional al quejoso, resolución que fue confirmada mediante sentencia de veintinueve de enero de dos mil quince, pronunciada en el amparo en revisión administrativa 357/2014 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Tijuana, siendo los efectos de la siguiente forma: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables: A) Director General de la Propiedad Rural, Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, y Delegado Estatal en Baja California, todas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: De manera inmediata notifiquen al quejoso el acuerdo administrativo de veintisiete de junio de dos mil ocho, recaído a la solicitud de enajenación a título oneroso del terreno nacional denominado "Tres Cuchillos o Tres Cuchillas", ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, en el domicilio que señaló para tal efecto. B) Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cinco: Deje sin efectos todo lo actuado en el juicio agrario 209/2010, instaurado por Enrique Guinea Mezquida en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y otras autoridades, incluida la sentencia que declaró la nulidad del séptimo considerando del acuerdo de enajenación de terrenos nacionales de veintisiete de junio de dos mil ocho; y, Ordene el llamado a juicio del quejoso, a quien deberá correr traslado con la demanda en su carácter de tercero interesado. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos impugnados a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a las ordenadoras, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" Por oficios registrados con los folios 8979, 12148, 12628 y 16309, las autoridades responsables Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cinco, informó que mediante determinación de treinta de marzo del año en curso, emitida en el expediente 209/2010 de su índice, dejó sin efectos todo lo actuado en dicho juicio agrario -relativo al predio tres cuchillas- incluida la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil trece, y hecho lo anterior, emplazó al aquí quejoso, corriéndole traslado con copia de la demanda, anexos y auto admisorio; por su parte, las autoridades responsables Director General de la Propiedad Rural, Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, y Delegado Estatal en Baja California, todas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, notificaron al quejoso el acuerdo administrativo de veintisiete de junio de dos mil ocho, recaído a la solicitud de enajenación a título oneroso del terreno nacional denominado "Tres Cuchillos o Tres Cuchillas", ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, en el domicilio que señaló para tal efecto, además acompañaron las constancias respectivas; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que las autoridades responsables, acataron el núcleo de la ejecutoria. Lo anterior se evidencia por el hecho de que la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cinco, informó que mediante determinación de treinta de marzo del año en curso, emitida en el expediente 209/2010 de su índice, dejó sin efectos todo lo actuado en dicho juicio agrario -relativo al predio tres cuchillas- incluida la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil trece, y como consecuencia de lo anterior, ordenó emplazar al aquí quejoso corriéndole traslado con las copias simples de la demanda, anexos y auto admisorio, llevándose a cabo la dicha diligencia el cuatro de mayo de dos mil quince. Por su parte, las autoridades responsables Director General de la Propiedad Rural, Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, y Delegado Estatal en Baja California, todas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de esta autoridad y mediante diligencia de trece de mayo del año en curso, llevaron a cabo la notificación al quejoso del acuerdo administrativo de veintisiete de junio de dos mil ocho, recaído a la solicitud de enajenación a título oneroso del terreno nacional denominado "Tres Cuchillos o Tres Cuchillas", ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, en el domicilio que señaló para tal efecto. En ese sentido, se afirma que las violaciones cometidas en perjuicio del accionante de amparo, quedaron subsanadas al dejar -las autoridades responsables- insubsistentes los actos de autoridad que constituyeron lo reclamado en esta instancia, y notificar al quejoso el acuerdo administrativo de veintisiete de junio de dos mil ocho, recaído a la solicitud de enajenación a título oneroso del terreno nacional denominado "Tres Cuchillos o Tres Cuchillas", ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California, en el domicilio que señaló para tal efecto, de ahí que los actos reclamados quedaron sustituidos y se llevaron a cabo con base en los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
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