Víctor Valencia Durán
Expediente 513/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Valencia Durán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia en la que se NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, de autos se desprende que la Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado remitió constancias con las que se ordenó formar el respectivo cuadernos de prueba; así como la licenciada Liliana Hernández García, Juez de Control con domicilio en Congregación La Toma Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, remitió un disco de videograbación, al ser innecesaria su conservación remítanse a su lugar de origen
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia en la que se NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, de autos se desprende que la Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, al rendir su informe justificado remitió constancias con las que se ordenó formar el respectivo cuadernos de prueba; así como la licenciada Liliana Hernández García, Juez de Control con domicilio en Congregación La Toma Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, remitió un disco de videograbación, al ser innecesaria su conservación remítanse a su lugar de origen
- Principal
Vistos para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 513/2020, promovido por .., contra actos de la Licenciada Liliana Hernández García, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, que consideraron violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 11, 14° y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el veintidós de octubre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ., solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y la autoridad que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ DE CONTROL Y DE JUICIOS ORALES DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE AMATLÁN DE LOS REYES, VERACRUZ. IV. ACTOS RECLAMADOS: Resolución de vinculación a proceso de fecha 30 de septiembre del año 2020 emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Así también se reclama la violación del derecho fundamental de debido proceso previsto y sancionado en el artículo 20 apartado A fracción 9° de la Constitución Federal y en el numeral 97, 98, 101, 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales." SEGUNDO. PREVENCIÓN, ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de seis de noviembre de dos mil S E N T E N C I A veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, previo cumplimiento a la prevención formulada, admitió la demanda bajo el número 513/2020; en consecuencia, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Por acuerdos de seis de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil veinte, respectivamente, se ordenó emplazar a los terceros interesados, Fiscal Especializado de la Unidad en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, y persona de identidad resguardada identificada como ..; lo que así se realizó, según las constancias de notificación que obran en el presente sumario. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6, 38, 107, 118 y 124 de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en razón de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: De la Licenciada Liliana Hernández García, Juez de Control del Juzgado de Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz: El auto de vinculación a proceso de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado en el proceso penal 148/2020, en contra de ., por su probable intervención en la comisión del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada identificada como . Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado. Cabe destacar que en el capítulo denominado "acto reclamado", que contiene la demanda de amparo, la parte quejosa señaló: "la violación del derecho fundamental de debido proceso previsto y sancionado en el artículo 20 apartado A fracción 9° de la Constitución Federal y en el numeral 97, 98, 101, 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales"; sin embargo, tales planteamientos no se tendrán como actos reclamados destacados, toda vez que se relacionan con la constitucionalidad del actuar de la responsable que impugna y son el núcleo esencial de la inconformidad que se propone en la expresión de los conceptos de violación. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 9, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." También se invoca como apoyo, la jurisprudencia 555, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 369, Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que esta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, Licenciada Liliana Hernández García, Juez de Control del Juzgado de Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, precisado en el considerando anterior, así lo manifestó al rendir su informe justificado. La certeza de la resolución en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos, se corrobora con el disco versátil digital que contiene copia de la audiencia inicial y de vinculación a proceso, remitido por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado. El contenido de dicho disco versátil digital tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que tiene valor probatorio pleno. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. .. CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque la resolución reclamada se notificó personalmente a los quejosos el treinta de septiembre de dos mil veinte, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el uno de octubre, de modo que el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de garantías, inició el dos y feneció el veintitrés de octubre del referido año; sin contar los días tres, cuatro, diez, once, doce, diecisiete y dieciocho del mencionado mes, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el veintidós de octubre de dos mil veinte; entonces, resulta oportuna. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable; sin embargo, en el caso no se hizo valer, ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. . SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por los quejosos, sin que este Juzgado advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por razón de técnica, los conceptos de violación serán analizados en un orden distinto al en que fueron planteados en la demanda de amparo, y algunos de ellos de forma conjunta dada su estrecha vinculación; lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 76 de la citada Ley de Amparo. En lo conducente se invoca como apoyo la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, localizable en la página 2018, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. . Así, en principio, resultan ineficaces los motivos de inconformidad en los que la parte quejosa sostiene, esencialmente, lo siguiente: Que en el proceso penal de trato, la defensa promovió incidente de nulidad de actos procedimentales, dado que la detención de los inculpados fue llevada a cabo contraria a "las leyes del procedimiento"; pues, los elementos policiacos no contaban con credenciales vigentes al momento de aquélla; por ende, contrario a lo resuelto por la Juez de control, dicha incidencia debió declararse procedente. Que dada la procedencia de la incidencia de mérito la responsable debió nulificar la detención de los inculpados y, en consecuencia, los actos posteriores. Se afirma lo anterior, en razón de que es evidente que los anteriores planteamientos se encuentran dirigidos a cuestionar la legalidad de una determinación que no es la reclamada en este contencioso constitucional, como lo es la resolución que resolvió el incidente de nulidad de actos procedimentales promovido por la defensa de los inculpados en el proceso penal de origen, que precedió al dictado del auto de vinculación a proceso que se combate. Luego, tales inconformidades son ineficaces por no estar relacionadas con el acto reclamado en este juicio, sino con uno diverso. No obstante la ineficacia de los referidos motivos de disenso, debe decirse que si la defensa consideraba que los elementos policiacos aprehensores no tenían dicha calidad, por no contar con identificaciones vigentes -en todo caso-, debió requerir u ofrecer -en el término concedido- un informe sobre la situación laboral de los referidos policías para corroborar si eran miembros adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y, en consecuencia, exhibirlo como dato de prueba; lo que no aconteció en el caso. Es así, pues si bien el artículo 69 de la Ley de Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, impone la obligación a los policías de identificarse (con credencial) ante los ciudadanos; sin embargo, el hecho de que las credenciales de dichos funcionarios no se encuentren vigentes, no implica que su nombramiento como elementos de seguridad pública haya concluido; máxime que conforme a al artículo 47 del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Policial del Estado de Veracruz, el ingreso a la Policía es a través de la expedición oficial del nombramiento respectivo, el cual puede terminar o cesar sus efectos cuando ocurra alguna de las causas previstas en el diverso numeral 79 del propio reglamento; por ende, la sola circunstancia de que las identificaciones de los policías no se encuentren vigentes, resulta insuficiente para desestimar el informe policial homologado ofrecido como dato de prueba por la Fiscalía. Por otro lado, resultan ineficaces los conceptos de violación en los que los impetrantes aducen lo siguiente: Que resulta ilegal que la propia Fiscalía determinara "revocar" la detención de los inculpados, pues tal pronunciamiento, dice, corresponde al Juez de Control y no a la propia representación social. Que en el caso existió una detención indebida de los inculpados, pues se les retuvo por más de cuarenta horas sin que se determinara su situación jurídica. La ineficacia de dichos motivos de disenso radica en que tales planteamientos no fueron sometidos a la consideración de la Juez responsable a fin de que pudiera emitir alguna postura al respecto, esto es, no fueron objeto de debate en la audiencia respectiva; y es de explorado derecho que, el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado debe realizarse sólo con base en los aspectos debatidos en la audiencia respectiva, como lo hizo la Juez de control responsable, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la aludida audiencia. Luego, no es posible analizar tales planteamientos contenidos en los referidos motivos de disenso, por versar sobre aspectos que no fueron objeto de debate ante la Juez de control responsable. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 64/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 993, del Libro I, Octubre de dos mil once, Tomo 2, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). .. En otro aspecto, resulta infundado el concepto de violación en el que la parte quejosa aduce, en esencia, que se viola en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que la responsable no debió de tomar en cuenta los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía, porque, dice, los mismos no fueron "incorporados a juicio", en términos de lo dispuesto en los numerales 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que, concluye, al haberlo hecho suplió la deficiencia de la queja en favor de la representación social. Para justificar dicha postura, resulta pertinente citar el contenido de los artículos 313, 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. (.) El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. (.)" "Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente". "Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado". De los preceptos transcritos se obtiene que el Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en la audiencia inicial o dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. Ahora, en caso de que el inculpado no se acoja al plazo constitucional ni solicite su duplicidad, el Fiscal deberá solicitar y motivar su vinculación a proceso, para lo cual expondrá en la propia diligencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, por lo que el Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica; hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del encausado. Sin embargo, si el imputado manifiesta su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. Así, el imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control, y exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba. Luego, la continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En el caso, del registro de audio y video que contiene la audiencia inicial relativa al proceso penal . (de donde deriva el acto reclamado), se desprende, en lo que trasciende, que la Fiscalía desde el momento en que solicitó la vinculación a proceso en contra de los imputados, expuso los datos de prueba que consideró pertinentes para establecer que existe un hecho que la ley señala como delito y que probablemente los imputados participaron en su comisión, tal y como lo establece el citado artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ende, resultaba innecesario -como lo pretende la parte quejosa- que los incorporara nuevamente en la continuación de la audiencia inicial, pues la incorporación a que se refieren los diversos numerales 314 y 315 del citado ordenamiento -como se expuso-, sólo opera en relación con los datos de prueba que hayan presentado las partes durante el plazo constitucional, no respecto de los que previamente fueron expuestos, en este caso, por la representación social. De ahí lo infundado del concepto de violación en análisis. También resulta infundado el concepto de violación en el que los peticionarios de amparo sostienen -sustancialmente- que en el caso no se encuentra justificado el hecho de la ley señala como delito, mucho menos la probabilidad de que participaran en el delito que se les atribuye. Para justificar dicha afirmación, en principio, resulta pertinente indicar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". De la interpretación armónica de los preceptos transcritos deriva que los elementos de forma que debe contener el auto de vinculación a proceso son: a) Que el Ministerio Público haya formulado imputación (formalización o judicialización del procedimiento); b) Los datos personales del imputado; c) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; d) Deberá contener el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución del delito; y e) Los fundamentos y motivos por los que se estiman satisfechos los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, del primer precepto transcrito se tiene que los elementos de fondo del auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y 2. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Precisado lo anterior, del escrutinio de la audiencia inicial desarrollada en el procedimiento penal de origen, se advierte que se cumplieron a cabalidad todos los elementos formales previamente expuestos. Así es, pues en la misma, el Fiscal (Ministerio Público) comunicó a la Juez responsable y a los imputados, que desarrollaba una investigación contra éstos respecto de hechos determinados y que consideraba constitutivos de delito, por lo que estimó oportuno formalizar el procedimiento mediante la intervención judicial, con lo que se satisface el elemento precisado en el inciso a); asimismo, al inicio de la referida diligencia se puede apreciar que los imputados proporcionaron en público sus generales con lo que se cumple el inciso b); y también consta que se dio a los imputados la oportunidad de rendir declaración, con lo que se acató el requisito previsto en el inciso c). Por su parte, del contenido del auto de vinculación a proceso que se reclama se pueden advertir con claridad las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito, mismas que se expondrán más adelante, con lo que se colma el inciso d). En cuanto a lo exigido en el inciso e), la autoridad responsable ordenadora expuso los fundamentos y motivos por los que estimó satisfechos los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; tal como también se evidenciará en líneas subsecuentes a lo largo de esta sentencia. Por otro lado, también se encuentran colmados los requisitos de fondo para la emisión del auto de vinculación a proceso, como acertadamente lo consideró la Juez responsable, consistentes en la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en él. En efecto, el delito por el que se dictó auto de vinculación a proceso contra de los inconformes, es el de secuestro agravado, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 9°, fracción I, inciso a), en relación con el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 9°. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;" "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: (.) b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia;" Luego, tal como precisó la Juez responsable, los principales datos de prueba relatados por el Fiscal son los siguientes: Entrevista realizada a la víctima directa de identidad resguardada identificada como ., en la que manifestó medularmente lo siguiente: "(.) que con fecha 2 de septiembre de 2020 siendo las 7:00 horas arribó al estacionamiento particular del ingenio . ubicado en (.) la localidad de Potrero Nuevo, en el municipio de Atoyac, Veracruz, a bordo de su vehículo marca . (.) del Estado de Veracruz, a efecto de acudir a su trabajo, momento en el cual se le emparejó del lado del piloto una motocicleta color roja con negro de la cual descendieron dos sujetos los cuales portaban armas de fuego cortas pegando fuertemente en la ventanilla de su vehículo ordenándole pasar a los asientos traseros de su unidad por lo que ante el temor obedeció; que en ese momento escuchó como el sujeto apodado como . de quien ahora se tiene conocimiento se trata de . le apuntaba con un arma de fuego en la cabeza indicándole no decir nada de lo contrario lo matarían, mientras que el sujeto a quien le escuchó el apodo de . y de quien ahora se tiene conocimiento respondía al nombre de . comenzó a conducir la unidad del pasivo sacándolo del estacionamiento y al momento de irla sacando se le apagaba en diferentes ocasiones la unidad, por lo que el personal de seguridad de dicha fabrica se percató de esa situación por lo que puso en alerta a las autoridades (.) Que . fue quien comenzó a interrogarlo respecto de los nombres de sus familiares y cuánto ganaba y siendo precisamente el ciudadano . quien le ordenó marcarle a su jefe para decirle que lo habían levantado, que lo tenían secuestrado y que querían $1,000, 000 a cambio de su liberación, razón por la cual precisamente la víctima le marca a través de su equipo marcando al número (.) que es propiedad de su jefe . y le hace las manifestaciones tal cual que fueron ordenadas precisamente por el ciudadano . posteriormente le ordenan también marcarle al ofendido . quien es hermano de la víctima y a quién también le realizan la exigencia a través de la línea (.) que es propiedad del ofendido . amenazado el ciudadano . en este caso al ofendido con privar de la vida a la víctima directa en caso de no entregar el dinero (.) Que al haber circulado por espacio de un kilómetro la unidad hizo alto total ordenándole a descender, momento en el cual se aprecia la salida de entre los matorrales de un tercer sujeto el cual tiene conocimiento ahora responde al nombre de . obligándolo conducir su propia unidad siendo el ciudadano . quien viajaba de copiloto y los ciudadanos . iban a bordo de los asientos traseros del vehículo . privándolo de su libertad (.). Que comenzó a circular por la carretera federal Yanga- Córdoba, en donde fue advertido por una patrulla de la Policía Municipal de Yanga, quien al ya tener conocimiento de los hechos le ordenaron mediante el parlante (sic) detener la marcha, no obstante los captores le ordenaron hacer caso omiso, que . le apuntó en la cabeza con el arma a efecto de que siguiera circulando o de lo contrario le iba a dar un balazo (.) que . le dijo a . que comenzara a tirar de plomazos a los policías, bajando en ese momento la ventanilla comenzado a accionar en contra de los elementos municipales quienes también tuvieron que repeler la agresión (.)." Entrevista realizada a la persona de identidad resguardada identificada como ., en la que señaló, en lo que trasciende, lo siguiente: (...) Que el día 2 de septiembre del año 2020 se encontraba en su domicilio en la ciudad de Paso del Macho Veracruz, cuando siendo aproximadamente las 7:08 hrs. recibe una llamada siendo un ingeniero compañero de su hermano, la víctima, de trabajo (sic) que le informa que tres sujetos acababan de llevar a su hermano y que ya se encontraban reportándolo al 911 y a la policía de Atoyac Veracruz que se lo habían llevado en su propio vehículo . con placas de circulación (...) que a las 7:20 recibe una llamada a su otro equipo telefónico (...) proveniente del número (...) propiedad de la víctima . en donde al contestar efectivamente escucha la voz de su hermano quién le refiere que lo llevaban secuestrado y que los sujetos que lo acababan de levantar pedían $1,000,000 a cambio de su liberación; que en ese momento refiere el ofendido que alcanzan a quitarle el celular a la víctima, y es otro sujeto quién le dice (.) tengo a tu hermano no te pases de (.) o me lo quiebro si lo quieres con vida me vas a dar $1,000,000 (.)." Informe policial homologado signado por los policías municipales de Yanga, Veracruz, en el que se asentó lo siguiente: (...) Que el día 2 de septiembre del 2020 aproximadamente a las 7:10 hrs. se les hizo de conocimiento vía radio de su base a todas las autoridades sobre la posible privación de una persona del sexo masculino en el municipio de Atoyac, Veracruz, la cual había sido privada de su libertad ilegalmente a bordo de su vehículo y que pedían que todas las autoridades estuvieran alertas, por lo que los ciudadanos (.) quiénes son policías municipales de Yanga se encontraban precisamente circulando a bordo de su unidad oficial bajo el número . los cuales venían con rumbo a la ciudad de Córdoba, Veracruz (.) cuando al ir circulando sobre la autopista Tinaja-Orizaba siendo las 7:30 aproximadamente visualizaron precisamente al vehículo ., con placas de circulación (.) esto cuando se iba incorporando al camino a Rancho Trejo a la autopista observando que en ese mismo era tripulado por cuatro sujetos quienes mediante el altoparlante les indicaron que hicieran alto total en reiteradas ocasiones siendo omisos y por el contrario imprimieron velocidad, por lo que se les dio seguimiento de forma ininterrumpida; sin embargo uno de los sujetos que viajaba a bordo de los asientos traseros del vehículo Jetta se asoma por la ventanilla y empieza accionar un arma de fuego en contra de los policías municipales, la misma acción la realizó un segundo sujeto el cual también venía en los asientos traseros, por lo que los elementos tuvieron que repeler la agresión pidiendo apoyo a la base; asimismo, que una vez que el vehículo Jetta detiene su marcha descienden los tripulantes del vehículo Jetta, que en este caso son intervenidos el ciudadano . quiénes viajaban en los asientos traseros del vehículo en mención, así como el ciudadano . quien viajaba en el asiento del copiloto y por cuanto hace al sujeto que desciende del lado del piloto es precisamente el quién se identifica como la víctima ., quién también se encontraba herida por proyectil de arma de fuego, así como los ciudadanos . que la víctima le refirió a los elementos aprehensores que eran precisamente estos tres quienes momentos antes lo habían privado de su libertad y quienes estaban pidiendo $1,000,000 a cambio de su liberación (.)." Informes periciales 3846/2020 y 3847/2020, ambos de tres de septiembre de dos mil veinte, signados por ., Perito de la Jefatura de los Servicios Periciales de la Entidad, mediante el cual informó los resultados de las pruebas periciales de fijación con secuencia fotográfica, respecto de los registros de las llamadas entrantes, salientes y perdidas de los equipos telefónicos, presentados por la persona de identidad resguardada identificada como . Informe médico de fecha tres de septiembre de dos mil veinte, signado por el Doctor .respecto de la atención médica proporcionada a la víctima directa de identidad resguardada identificada como ., en el que asentó, en lo que trasciende, que dicho paciente fue tratado por heridas de arma de fuego en ambos hombros. Informe pericial 1717, signado por el Doctor . Perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales, mediante el cual comunica que las lesiones que sufrió la víctima identificada como ., por su naturaleza, no ponen en peligro su vida, tardan en sanar más de quince días, y causan perturbación funcional para los movimientos en ambas extremidades superiores. Dictamen psicológico practicado al ofendido identificado como ., por la Psicóloga Aída Palma Trujillo, Perito Oficial de la Jefatura Regional de Servicios Periciales, mediante el cual concluye, en lo que trasciende, que dicho ofendido presenta características de afectación emocional como temor, inseguridad, tensión y ansiedad, derivada de los hechos que se investigan. Elementos que, valorados de forma conjunta, integral y armónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo indicó la responsable, son suficientes -por el momentopara establecer que durante la mañana del dos de septiembre de dos mil veinte (circunstancias de tiempo), en el estacionamiento del ., ubicado en la localidad de Potrero Nuevo, municipio de Atoyac, Veracruz (circunstancias de lugar), la persona de identidad resguardada bajo el número .0, fue privada de su libertad por sujetos "armados", quienes con violencia, lo sometieron y se lo llevaron en su propio vehículo automotor, exigiendo para su liberación un rescate consistente en cierta cantidad de dinero (circunstancias de modo); conducta que se encuentra en el tipo penal de secuestro agravado, previsto en el artículo 9°, fracción I, inciso a), en relación con el diverso numeral 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo conducente, se invoca como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). .. Por lo que hace a la probable intervención de ., en la comisión del referido hecho delictivo, es legal que se haya tenido por acreditado, principalmente, con el señalamiento puntual y directo que deriva de la entrevista realizada a la víctima directa de identidad resguardada identificada como ., de la que se desprende que probablemente los inculpados, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar indicadas, participaron en la comisión del antisocial que se les atribuye. Es así, pues dicho dato de prueba resulta pertinente para justificar el extremo en análisis, en la medida que por la naturaleza del hecho ilícito (privación de la libertad), constituye un indicio fundamental sobre éste, precisamente porque el sujeto pasivo fue quien resintió en su persona los efectos de tal sometimiento; de ahí que su dicho no pueda reputarse inhabilitado de forma absoluta, pues lejos de carecer de valor tiene relevancia y eficacia; máxime si en el caso, el pasivo refirió categóricamente que logró identificar por medio de sus sentidos a los probables participes del antisocial de trato, mientras estaba privado de su libertad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2127, Tomo LV, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACION DEL. . Máxime que para el dictado de una resolución como la reclamada (auto de vinculación a proceso), no se requiere de la existencia de datos de pruebas plenos que establezcan de manera indudable la responsabilidad de los inculpados. Sustenta lo anterior, por su sentido, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 576, Tomo XLI, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISION, PARA DICTARLO NO SE EXIGE PRUEBA PLENA SOBRE LA RESPONSABILIDAD. El artículo 19 de la Constitución Federal, no exige que exista prueba plena sobre la responsabilidad del inculpado, para dictar el auto de formal prisión, sino sólo que concurran datos que la hagan probable." Por otra parte, se estima que el actuar de los imputados fue doloso, pues acorde a los datos de prueba a que se ha hecho mención, los infractores de la ley penal conocían las circunstancias que integran la descripción típica legal, y aun así ejecutaron la conducta respectiva y quisieron su resultado. También, como lo sostuvo la autoridad responsable, la conducta de los aquí quejosos fue como coautores materiales, en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; lo anterior, pues, es de explorado derecho que tratándose del delito de secuestro, existe una coautoría funcional entre todos los intervinientes, no sólo entre quienes llevan a cabo la forma material de privar de la libertad a una persona, sino todos aquellos que contribuyen en cierta forma a esa privación. Asimismo, como lo señaló la responsable, en la especie no se advierte la existencia de alguna causa de exclusión del delito, previstas en el artículo 15 del Código Penal Federal. De ahí lo infundado del concepto de violación en análisis. En tales condiciones, al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por los quejosos, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. OCTAVO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a .. contra el acto reclamado de la Licenciada Liliana Hernández García, Juez de Control del Juzgado de Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de la presente resolución.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- Víctor Manuel Ortíz Ferrarit1021/2019
- Victor Manuel Ramos Gallardo795/2021
- Víctor Manuel Vázquez y/o Vásquez Hernández773/2023
- Victor Oswaldo Perez Miranda528/2013
- Víctor Pedraza Fernández1004/2023
- Víctor Utrera González630/2023
- Víctor Vázquez Martínez247/2019
- Víctor Villegas Maldonado763/2022
- Victoria Cayetano Rodríguez20/2021
- Victoria Gómez Mayahua183/2022
- Victoria Mayahua Gómez260/2022
- Victoria Reyes Paredes879/2019