Victor Trinidad Gomez

Expediente 386/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
386/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Victor Trinidad Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 4-A.- Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y anexo. Acúsese recibo vía SISE. Ahora bien, de la ejecutoria que se anexa al oficio de cuenta, se advierte que el citado Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Víctor Trinidad Gómez, contra el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. Por otra parte, se ordena la destrucción de las copias certificadas remitidas, para evitar así la dualidad de constancias innecesarias, toda vez que las mismas constan de las copias del expediente en que se actúa. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), artículo 21, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el presente cuaderno de antecedentes el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual acusa recibo del oficio 17175/2020 y sus anexos; asimismo, informa que admitió el recurso de interpuesto por la parte quejosa, quedando registrado como queja 2/2021 de su índice, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de Víctor Trinidad Gómez, parte quejosa, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en esa ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la ley en la materia, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el desechamiento y por ende, no hay partes en el asunto.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; cinco de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas residente en esta ciudad y anexo, mediante el cual remite el juicio de amparo 351/2020, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Víctor Trinidad Gómez, contra actos de Heriberto Gordillo, Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Ciudad de Tuxtla Chico, Chiapas, adscrito a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa de la Fiscalía General del Gobierno del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Chico y otra autoridad. Lo anterior, por considerar que este juzgado, es competente para conocer del mismo. Acúsese de recibo respectivo. Con apoyo en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 386/2020. Se instruye al Analista Jurídico SISE, que haga sus anotaciones en el reporte de compensación que dé a conocer a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que los actos reclamados son: La omisión del fiscal del ministerio público investigador de la ciudad de Tuxtla Chico, Chiapas, dentro del registro de atención 187-102-0503-2020 consistentes en: ? Fijar las medias de protección. ? Realizar actos de investigación por los delitos de amenazas y despojo. Dichos actos son notoriamente improcedentes como se advertirá en líneas siguientes. Atento a lo anterior, con el objeto de proveer lo conducente, es preciso señalar que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Atento a lo dispuesto en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia, se procede al estudio de las causas de improcedencia, con el objeto de dilucidar si existe alguna que sea manifiesta e indudable, ya que de ser así, se procederá al desechamiento de plano de la demanda de amparo. Del escrito de cuenta se advierte que los actos reclamados por el promovente son los siguientes: La omisión del fiscal del ministerio público investigador de la ciudad de Tuxtla Chico, Chiapas, dentro del registro de atención 187-102-0503-2020 consistentes en: ? Fijar las medias de protección. ? Realizar actos de investigación por los delitos de amenazas y despojo. Análisis que se formula atendiendo a la naturaleza propia de los actos reclamados y no a los calificativos que en su enunciación formula la parte promovente. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo 18 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro número 239,099, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD." En relación con los actos reclamados se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas d los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." Dicho precepto, en esencia dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso se estima actualizada la invocada causal de improcedencia, en atención a que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, ya que contra la abstención del Ministerio Público de investigar los hechos considerados por el denunciante como constitutivos de un hecho que la ley señala como delito dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, materializada a través de la negativa a desahogar las diligencias propuestas, procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales1 , que es el que tiene una tramitación específica, como lo es un término para su interposición, ante una autoridad distinta y de mayor jerarquía a la que emitió el acto (Juez de Control), en el que se celebrará una audiencia en la que se citará a las partes y, por tanto, se advierte que el Juez de Control, es legalmente competente para conocer y resolver el recurso en comento. Por tanto, en el caso se actualizó la invocada causal de improcedencia, tomando en consideración que tal abstención no fue impugnada a través del recurso ordinario procedente, que en el caso lo era el previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que aún, ante la innominación de dicho recurso, establece en lo conducente, que las partes podrán impugnar ante el Juez de Control la omisión del Ministerio Público de investigar. 1Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017640, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Así como la tesis aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con número de registro 2014177, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA SU ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR HECHOS CONSIDERADOS POR EL DENUNCIANTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO). Del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva que, aun ante la innominación del recurso establecido en dicho precepto, contra la abstención del Ministerio Público de investigar los hechos considerados por el denunciante como constitutivos de delito dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, procede el recurso de apelación. Lo anterior, pues dicha codificación establece únicamente dos medios de impugnación, a saber: el de apelación que es de naturaleza vertical, y el de revocación que es horizontal; en el caso concreto, al tener el primero una tramitación específica como lo es un término para su interposición, ante una autoridad distinta y de mayor jerarquía a la que emitió el acto (Juez de control), en el que se celebrará una audiencia en la que se citará a las partes, se advierte su verticalidad y, por tanto, su procedencia contra la determinación ministerial mencionada." También orienta lo antes considerado, la tesis aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2014371, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INVESTIGACIÓN MINISTERIAL DE LOS HECHOS DENUNCIADOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO. DIFERENCIA ENTRE LA ABSTENCIÓN Y OMISIÓN DE INICIARLA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 221 y 253, faculta al Ministerio Público a no iniciar una investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir, en razón de que los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no son constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados le permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad del imputado; esa abstención de investigar está sujeta a control judicial, bajo los requisitos del artículo 258 del mismo código, recurso procesal que debe agotarse previo a reclamarse aquélla en amparo indirecto. Un supuesto diverso surge cuando presentada la denuncia, querella o acto equivalente, el Ministerio Público no emite acuerdo alguno, contraviniendo la carga procesal prevista en el artículo 224 del propio código, omisión esta última que, por no estar sujeta a control judicial, puede impugnarse directamente en amparo indirecto." De igual forma orienta lo antes considerado, la tesis aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con número de registro 2014279, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." Bajo esa óptica, se sostiene que, contra los actos aquí reclamados, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual lo constituye el medio de defensa previsto en el multicitado artículo 258, lo que impone a la parte promovente del amparo agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, por virtud del cual pudo obtener la revocación o nulificación del acto reclamado, y al no haberlo hecho así, evidentemente inobservó el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, quedando actualizada en plenitud la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En tales condiciones, debe agotar el recurso o la controversia señalada al contar con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Es así, porque de acuerdo a dicho principio, el cual rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipuló en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. Consecuentemente, en términos de los artículos 113 y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida Víctor Trinidad Gómez, contra Heriberto Gordillo, Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Ciudad de Tuxtla Chico, Chiapas, adscrito a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa de la Fiscalía General de Gobierno del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Chico y otra autoridad, determinación que se toma en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto señala en esta ciudad así como el correo electrónico abogado35_@hotmail.com y el número telefónico 9626957744, sin que sea el caso tener a los diversos números telefónicos y correos electrónicos citados por no precisar para que efectos los cita. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Roberto Hernández Ramírez y Jorge Luis Juárez Rodas, puesto que su cedula profesionales se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación y en relación al mismo numeral de manera restringida a Jesús Alberto Escobar García, toda vez que no cumple con el requisito. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlin ea De igual manera con fundamento en la fracción XIX, del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 9622731934. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr126140 8503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado "COVID-19".

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