Víctor Trejo Ordáz
Expediente 785/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Víctor Trejo Ordáz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de derechos promovida por ***. Sin embargo, el mismo se notificó por lista, toda vez la parte quejosa señaló como lugar para oír y recibir notificaciones una cuenta de correo electrónico. En consecuencia, ante la importancia del referido proveído y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte promovente, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según el numeral 2º de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento por lo que se comisiona al actuario adscrito a efecto de que notifique a los quejosos el auto de veintinueve de junio de los corrientes así como el presente proveído a través de la dirección de correo electrónico ohhr1970@gmail.com, debiendo levantar la razón actuarial correspondiente. Asimismo, deberá requerirlos para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído señalen domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo, se les harán por lista que se fije en los Estrados de este Tribunal Federal. Notifíquese por correo electrónico el presente proveído así como el diverso de veintinueve de junio de dos mil veintiuno a la parte quejosa.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado EN LINEA por **, por propio derecho y como defensor particular de ***, contra actos del Juez Penal Acusatorio y Oral del Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 785/2021-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIONES La parte quejosa reclama a las autoridades diversos actos, a saber: Al Juez Penal Acusatorio y Oral del Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, le reclama: El auto de ocho de junio de dos mil veintiuno y posteriores que llegare a dictar, en especial el acto de molestia en que reconoce a sus representados con el carácter de imputados, en el que incluso señala que el veintiuno de mayo del año en curso, el Representante Social le solicitó al Juez responsable cita para la correspondiente audiencia inicial a efecto de formular imputación. Dicha situación podría llevar a dictarles una acto de vinculación a proceso, medidas cautelares, orden de aprehensión y de comparecencia, como probables responsables del delito de despojo cometido en agravio de **. Y, al Agente del Ministerio Público sin Detenido Mesa Uno de Tula de Allende, Hidalgo y/o Facilitador Interviniente en los Mecanismo Alternativos de Solución, le reclama: Las diligencias correspondientes en la etapa de investigación con la finalidad de judicializar en cualquier momento la carpeta de investigación en perjuicio de sus defendidos. DESECHAMIETO Precisado lo anterior, la suscrita juzgadora advierte que la demanda de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del numeral transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la causa de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que subsista aun cuando se tramite el juicio y se ofrezcan pruebas para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Septiembre de 1999, página 730, registro 193379, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Explicado lo anterior, la causa de improcedencia que en la especie se actualiza es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, aplicada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.). Acorde con tales preceptos, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, la afectación personal y directa producida por el acto reclamado, por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resienta afectación alguna por el acto. En efecto, el juicio de amparo será procedente cuando el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que no acontece en la especie. Lo anterior, porque en la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman de las responsables, específicamente al Juez Penal Acusatorio y Oral del Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, el auto de ocho de junio de dos mil veintiuno y posteriores que llegare a dictar, en especial el acto de molestia en que reconoce a sus representados con el carácter de imputados, en el que incluso señala que el veintiuno de mayo del año en curso, el Representante Social le solicitó al Juez responsable cita para la correspondiente audiencia inicial a efecto de formular imputación. Dicha situación podría llevar a dictarles una acto de vinculación a proceso, medidas cautelares, orden de aprehensión y de comparecencia, como probables responsables del delito de despojo cometido en agravio de ***; y, al Agente del Ministerio Público sin Detenido Mesa Uno de Tula de Allende, Hidalgo y/o Facilitador Interviniente en los Mecanismo Alternativos de Solución, las diligencias correspondientes en la etapa de investigación con la finalidad de judicializar en cualquier momento la carpeta de investigación en perjuicio de sus defendidos. Es decir, que estos actos no producen afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues en principio, en cuanto que por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, se les reconoció con el carácter de imputados, per se, no les causa un daño o perjuicio por esa circunstancia, ya que no se les está privando de la libertad, de sus posesiones o derechos, sino únicamente en ese auto se iniciaron las investigaciones correspondientes. Y, en relación que en proveído de veintiuno de mayo del año en curso, el Ministerio Público le solicitó al Juez responsable cita para la verificación de la audiencia inicial a fin de formular imputación y que dicha situación conllevaría a dictarles medidas cautelares, comparecencia, orden de aprehensión, vinculación a proceso, por probables responsables del delito de despojo cometido en agravio de ***, debe decirse, que todo ello constituyen actos futuros de realización incierta, aunado, que en ninguna parte del escrito de demanda se advierte que reclamen alguna orden de aprehensión o citación para formular imputación. Por tanto, la determinación que llegue a tomar el Juez responsable con motivo de que el Ministerio Público le solicitó cita para el desahogo de la audiencia inicial a efecto de formular imputación (la cual, en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede ser una orden de citación, comparecencia o aprehensión) se traduce en actos futuros e inciertos, entendiéndose por tales aquéllos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de que las autoridades señaladas como responsables decidan ejercer o no, alguna de sus atribuciones que la ley les afecta. Consecuentemente, la actuación de la autoridad jurisdiccional, depende de la conducta que asuma, ya que se trata de una actitud que pueden o no realizar, circunstancia que es incierta, por tanto, los quejosos no encuadran dentro de la hipótesis prevista en el citado artículo 5°, fracción I, de la Ley de la Materia, toda vez que lo reclamado no produce una afectación real y actual en su esfera jurídica, es decir, no le genera un agravio. En efecto, se ha mencionado que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En torno a las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la segunda de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, volumen 199-204, primera parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. Por tanto, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente a ocurrir. Por ende, su realización presente es cuando los efectos del mismo operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya concluyeron e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos objetivos que crean certeza de que ocurrirán, y no meramente subjetivos o deducidos por inferencias. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto, el mismo se torna improcedente. Apoya a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1740, Tomo XLI, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos. De igual modo sirve de apoyo, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-1, Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto señala: ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, de la misma legislación, procede desechar la demanda de amparo promovida por **, por propio derecho y como defensor particular de ***, respecto a los referidos actos reclamados. AUTORIZADOS Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CORREO ELECTRÓNICO En otro tenor, en atención a la petición del quejoso, no ha lugar a tener como medios para llevar a cabo las notificaciones relativas al presente juicio, el correo electrónico que proporciona, debido a que dichas vías no se encuentran contempladas en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. USUARIO Se tiene a la parte quejosa designado el medio en línea para consulta, a través del usuario "***", para lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.
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