Víctor Torres Verdín

Expediente 186/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
186/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Víctor Torres Verdín

Actuaciones

  1. Principal

    Juzgado Federal acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio remitido por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, con residencia en Zapopan, Jalisco, mediante el cual acusa recibo de los autos originales relativos al juicio de amparo 186/2019-I e informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, por lo que se avocó al conocimiento del presente asunto. Depuración, destrucción y archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es susceptible de ser destruido. y en su oportunidad archívese este expediente.

  2. Principal

    I. Parte quejosa. Víctor Torres Verdín. II. Autoridad responsable. Juez de lo Criminal del Tercer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Lagos de Moreno. III. Registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 186/2019-I. IV. Incompetencia. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la presente demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, notificado el doce de febrero siguiente, en el que la autoridad responsable (Juez de lo Criminal del Tercer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Lagos de Moreno) no da trámite al recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo en el que determina no poner en posesión al quejoso de una fracción del bien inmueble ubicado en calle Camino Real, perteneciente al municipio de Unión de San Antonio, Jalisco. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, lo es el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco en turno, con sede en Zapopan, por las razones y fundamentos que enseguida se expondrán. Los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De las transcripciones efectuadas, se obtienen los supuestos y reglas que indican la competencia de los Jueces de Distrito en los diversos asuntos que les corresponde conocer y precisamente del artículo 37 de la Ley de Amparo, se tiene que existen tres reglas para fijar esa competencia, siendo las siguientes: I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que la competencia territorial de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado o en su caso, no lo requiera, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la parte quejosa reclama el auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, notificado el doce de febrero siguiente, en el que la autoridad responsable (Juez de lo Criminal del Tercer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Lagos de Moreno) no da trámite al recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo en el que determina no poner en posesión al quejoso de una fracción del bien inmueble ubicado en calle Camino Real, perteneciente al municipio de Unión de San Antonio, Jalisco; se determina que, acorde al contenido de la primera regla para fijar la competencia de los Juzgados de Distrito, contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal es incompetente para conocer del presente asunto, porque el acto tildado de inconstitucional, se ejecutó en Jalisco, toda vez que la inadmisión del recurso de revocación interpuesto contra el auto que determina no poner en posesión al quejoso de una fracción del bien raíz ubicado en el municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, trae como consecuencia que el impetrante continúe sin tener posesión del mismo, de ahí que la competencia para conocer del presente asunto debe recaer en un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco en turno, con sede en Zapopan, pues es dentro de su jurisdicción donde se ha ejecutado el acto reclamado, esto es, en la causa penal 1/2018-A del índice del Juzgado de lo Criminal del Tercer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Lagos de Moreno, máxime que la fracción del bien inmueble que la autoridad responsable no puso en posesión del quejoso también se encuentra ubicada en el Estado de Jalisco. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de dicha demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 15, Volumen 65, Segunda Parte, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Así como la tesis VI.2o.20 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo III, Febrero de 1996; Página 395, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En el caso, resulta imperativo que se atiendan las consecuencias jurídicas del acto reclamado por la parte quejosa, es decir, si requiere o no ejecución material, según lo establece la tesis I.1o.A.44 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, del Tomo XIV, Agosto 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por tanto, con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, vigente a partir del veintiséis de enero anterior en que fue aprobado, con el cual se deja sin efectos el Acuerdo General 17/2012; y, en el segundo párrafo de la fracción XVI, del apartado cuarto del mencionado acuerdo, se delimita la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad; se ordena remitir los autos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco en turno, con sede en Zapopan. V. Domicilio y autorizados. Como el promovente solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleven a cabo las notificaciones electrónicas en el presente juicio, toda vez que su nombre de usuario (christian.jacobo) se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marcos Aurelio Vázquez Salinas y Christian Josué Jacobo Guerrero, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley de la materia a la diversa persona que menciona en su demanda, por no encontrarse en dicho supuesto. VI. Cuaderno de incompetencia. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo. VII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano