Victor Tomas Garcia Maldonado

Expediente 609/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 104 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
609/2019
Año
2019
Actuaciones
104
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Victor Tomas Garcia Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 104.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Víctor Tomas García Maldonado, parte quejosa en el presente juicio; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atendiendo al estado que guardan los autos, devuélvasele los documentos que refiere, previo desglose, cotejo y certificación que se realice, así como razón de recibo que se deje en autos, autorizando para que los reciban en su nombre, a las personas que indica. Hecho lo anterior, devuélvase el presente expediente al archivo en donde se encontraba. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y considerando que se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El siete de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio respecto de los actos reclamados a los Jueces Primero y Segundo del Ramo Civil; Actuarios de su correspondiente adscripción; así como respecto del encargado del área de ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y el Actuario adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Civil en el Estado; y, por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos atribuidos al Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado y a Actuaria Judicial adscrita al Área de ejecuciones del Poder Judicial del Estado; así como al Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y actuario judicial de su adscripción, para los siguientes efectos: I. Que el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1307/2018 de su estadística, a partir del emplazamiento practicado a Víctor Tomas García Maldonado, inclusive dicha diligencia de emplazamiento, así como todas sus consecuencias legales. II. Con libertad de jurisdicción, determine lo que en derecho proceda. III. Siendo que la autoridad ejecutora deberá acatar lo que ordene su superior. Por proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria dicho fallo constitucional. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, tanto el Juez Tercero del Ramo Civil del Estado, como la Actuaria Judicial adscrita al Área de ejecuciones del Poder Judicial del Estado, manifestaron adherirse al cumplimiento dado por la responsable ordenadora. Por su parte, la Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la determinación de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente de origen, de la que se desprende que dejó insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento al aquí quejoso Víctor Tomas García Maldonado, así como sus consecuencias, ordenando nuevamente emplazarlo. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente de origen, a partir del emplazamiento al aquí quejoso Víctor Tomas García Maldonado, y ordenó efectuar un nuevo llamamiento a juicio respecto de la ahí parte demandada; y, por su parte las autoridades responsables ejecutoras manifestaron que se adherían al cumplimiento dado por la ordenadora; es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto por una parte se decretó el sobreseimiento del juicio y, por otra, se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de depuración, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. Sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Glósese copia de este proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA "CIBANCO" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, POR CONDUCTO DE SU APODERADA LEGAL "PATRIMONIO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, A TRAVÉS DE SU APODERADA LEGAL MARÍA DEL CARMEN VELA DE LA TORRE, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y considerando que se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El siete de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio respecto de los actos reclamados a los Jueces Primero y Segundo del Ramo Civil; Actuarios de su correspondiente adscripción; así como respecto del encargado del área de ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y el Actuario adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Civil en el Estado; y, por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos atribuidos al Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado y a Actuaria Judicial adscrita al Área de ejecuciones del Poder Judicial del Estado; así como al Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y actuario judicial de su adscripción, para los siguientes efectos: I. Que el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1307/2018 de su estadística, a partir del emplazamiento practicado a Víctor Tomas García Maldonado, inclusive dicha diligencia de emplazamiento, así como todas sus consecuencias legales. II. Con libertad de jurisdicción, determine lo que en derecho proceda. III. Siendo que la autoridad ejecutora deberá acatar lo que ordene su superior. Por proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria dicho fallo constitucional. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, tanto el Juez Tercero del Ramo Civil del Estado, como la Actuaria Judicial adscrita al Área de ejecuciones del Poder Judicial del Estado, manifestaron adherirse al cumplimiento dado por la responsable ordenadora. Por su parte, la Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la determinación de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente de origen, de la que se desprende que dejó insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento al aquí quejoso Víctor Tomas García Maldonado, así como sus consecuencias, ordenando nuevamente emplazarlo. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente de origen, a partir del emplazamiento al aquí quejoso Víctor Tomas García Maldonado, y ordenó efectuar un nuevo llamamiento a juicio respecto de la ahí parte demandada; y, por su parte las autoridades responsables ejecutoras manifestaron que se adherían al cumplimiento dado por la ordenadora; es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto por una parte se decretó el sobreseimiento del juicio y, por otra, se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de depuración, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. Sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Glósese copia de este proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y considerando que se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El siete de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio respecto de los actos reclamados a los Jueces Primero y Segundo del Ramo Civil; Actuarios de su correspondiente adscripción; así como respecto del encargado del área de ejecuciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y el Actuario adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Civil en el Estado; y, por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos atribuidos al Juez Tercero del Ramo Civil en el Estado y a Actuaria Judicial adscrita al Área de ejecuciones del Poder Judicial del Estado; así como al Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y actuario judicial de su adscripción, para los siguientes efectos: I. Que el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1307/2018 de su estadística, a partir del emplazamiento practicado a Víctor Tomas García Maldonado, inclusive dicha diligencia de emplazamiento, así como todas sus consecuencias legales. II. Con libertad de jurisdicción, determine lo que en derecho proceda. III. Siendo que la autoridad ejecutora deberá acatar lo que ordene su superior. Por proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria dicho fallo constitucional. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, tanto el Juez Tercero del Ramo Civil del Estado, como la Actuaria Judicial adscrita al Área de ejecuciones del Poder Judicial del Estado, manifestaron adherirse al cumplimiento dado por la responsable ordenadora. Por su parte, la Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la determinación de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente de origen, de la que se desprende que dejó insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento al aquí quejoso Víctor Tomas García Maldonado, así como sus consecuencias, ordenando nuevamente emplazarlo. En ese orden de ideas, si la autoridad responsable Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente de origen, a partir del emplazamiento al aquí quejoso Víctor Tomas García Maldonado, y ordenó efectuar un nuevo llamamiento a juicio respecto de la ahí parte demandada; y, por su parte las autoridades responsables ejecutoras manifestaron que se adherían al cumplimiento dado por la ordenadora; es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto por una parte se decretó el sobreseimiento del juicio y, por otra, se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de depuración, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. Sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Glósese copia de este proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial.

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