Víctor Simón Beltrán Piédrola

Expediente 834/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
834/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Víctor Simón Beltrán Piédrola
  • Gobernador del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, y anexo adjunto, mediante el cual, remite diversos oficios signados por la Encargada de Despacho de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, y otras autoridades. Lo anterior, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta así como sus anexos, sin necesidad de proveer al respecto, en virtud de que por auto de ocho de octubre del año en curso, este Juzgado Federal, desecho la demanda de amparo instaurada por el quejoso respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle atención médica y tratamiento odontológico. Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL, SIN MAYOR ACUERDO". Notifíquese. Así lo acordó el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido del Secretario Alejandro del Castillo Trejo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de octubre de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre. En atención a su contenido, se tiene a la homologa oficiante informando que en auto de treinta de septiembre del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo indirecto 740/2020-V, de su índice, declaró carecer de competencia por territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por ****, respecto de los actos reclamados del Gobernador del Estado de Morelos y otras autoridades; de modo que remite el expediente original del juicio de amparo indirecto 740/2020-V, de su índice. Ante esa virtud, acúsese el recibo de estilo correspondiente y en atención a lo determinado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avoca al conocimiento del asunto que se remite. En tal virtud, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 834/2020-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. De igual forma, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, previo a proveer sobre el contenido de la demanda de amparo de que se trata, es pertinente precisar que de un análisis integral a la misma, se advierte que, el quejoso reclama dos distintos actos de molestia destacados, que son los siguientes: La omisión de proporcionarle atención y tratamiento médico odontológico. Actos de aislamiento, tortura psicológica, malos tratos e incomunicación. Los posibles actos de traslado o reubicación a un centro penitenciario distinto. Por ende, debe decretarse oficiosamente la separación de los actos de molestia y aperturarse un juicio de amparo por cada uno de ellos, puesto que por su naturaleza deben estudiarse de manera separada y atenderse de manera particular, ya que los mismos se encuentran desvinculados entre sí. Orienta la consideración anterior, la jurisprudencia P./J. 76/97, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Consecuentemente, se precisa que el presente juicio de amparo, únicamente se substanciará por cuanto al acto de molestia consistente en la omisión de proporcionarle atención y tratamiento médico odontológico. Por tanto, en el presente asunto no se tomarán en consideración los actos reclamados precisados en el incisos 2) Y 3). Consecuentemente, certifíquense dos juego de copias de la demanda de amparo que se provee y del anexo que le acompaña, a fin de que se envíen a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que una vez realizado el registro correspondiente, se returnen de manera aleatoria entre los juzgados de Distrito de esta Entidad Federativa, como si se tratase de un nuevo asunto para el conocimiento de los mismos. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Víctor Simón Beltrán Piedrola, respecto de los actos reclamados del Gobernador del Estado de Morelos y otras autoridades, debe decirse que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del Juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. En ese sentido, se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la vía constitucional, por las siguientes razones. En el caso, el acto reclamado que hace valer la parte quejosa lo constituye en esencia la falta de brindarle atención y tratamiento medico odontológico; sin embargo, respecto a tales actos, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal que debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo. En efecto, los artículos 107 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal contemplan el procedimiento administrativo previo de referencia, el cual se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme con lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. "Artículo 107. Peticiones administrativas --- Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación --- Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: --- I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; --- II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; --- III. Los visitantes; --- IV. Los defensores públicos o privados; --- V. El Ministerio Público; --- VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y --- VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas.". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones --- Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. --- Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad.". "Artículo 110. Formulación de la petición --- Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. --- La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. --- En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas.". "Artículo 111. Acuerdo de inicio --- Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. --- En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada.". "Artículo 112. Trámite del procedimiento --- Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. --- La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición.". "Artículo 113. Acumulación de peticiones --- Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado.". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas --- El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. --- Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. --- Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. --- La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito.". Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige la forma en que deben sustanciarse las peticiones, a saber: 1. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. 2. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3. Una vez admitida, el director del centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. 4. El director del centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, para formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por su parte, en el artículo 115 de dicha ley se contemplan los casos urgentes, ante los cuales la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición (cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno). Hipótesis en que la mencionada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Lo expuesto pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es la atención médica adecuada, el cual se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de atención médica, incluso, de carácter urgente. De igual manera, la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional (artículos 116 al 119), de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. De igual manera, la persona privada de su libertad también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En consecuencia, se llega a la conclusión que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 1a./J. 55/2019 (10a.), determinó que la omisión de proporcionar atención médica puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica; cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, así como comprometer gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento; sin embargo, en el caso la falta de atención médica odontológica no podría poner la vida del quejoso. Resulta aplicable al caso, la Tesis III.2º.P.135 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en LA Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo de 2018, Tomo IV, Libro 52, Materia Común, página 3318 que dice: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad.". En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata, de acuerdo con los numerales en consulta. Por otra parte, con base en el arábigo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el lugar donde se encuentra recluida, esto es, en el interior del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos. Asimismo, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten de la tramitación del expediente en físico, hacia la actuación electrónica, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se puede acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o cuente con firma electrónica vigente (FIEL o FIREL), se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado de Distrito por medio de escrito electrónico, y además, se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente, se informa a las partes que, a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación en línea de los juicios de amparo y evitar acudir físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, ha puesto a disposición del público en general una aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "firma electrónica" y acceder desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien, iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, para lo cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). También se informa que para obtener directamente el nombre de usuario bajo el cual deberá solicitarse la consulta del expediente electrónico y la autorización para la práctica de notificaciones vía electrónica, puede realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1.- Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2.- Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario, y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3.- Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4.- Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. Por lo anterior, se exhorta a las partes para que en el siguiente escrito, promociones u oficios que vayan a presentar lo realicen preferentemente en forma electrónica, aportando los datos del usuario y mencionando las autorizaciones correspondientes conforme a sus necesidades e intereses, así como números telefónicos, correos electrónicos, a fin de realizar comunicaciones procesales, y se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles. De igual forma, se precisa a las partes que si es su deseo acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, tendrán que agendar previamente una cita con generación de un código "QR" para consulta de expedientes o comparecencias y/o requerimientos, ciñéndose a los siguientes lineamientos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, para la atención al público y litigantes en general: 1.- Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. A partir de esta fecha estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. El sistema permitirá generar citas cada media hora: una en la secretaría de acuerdos de cada tribunal colegiado de Circuito; dos en cada juzgado de Distrito, tribunal unitario de Circuito y ponencia de tribunal colegiado de Circuito; y tres en cada Centro de Justicia Penal Federal. 2.- Habilitación de equipos de cómputo para el uso de personas justiciables. Como lo establece el Acuerdo General condigno, las personas que acudan a este órgano jurisdiccional previa cita, podrán hacer uso de un equipo de cómputo que se dispondrá para tal efecto en el área común de este Juzgado de Distrito, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, descarga de archivos digitales en sus dispositivos electrónicos, actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal de este órgano. Asimismo, se colocará en dicho lugar un teléfono con la señalización de las extensiones a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal y titular del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Dichos teléfonos y los equipos de cómputo se sanitizarán antes y después de cada cita, con independencia de que hubiesen sido utilizados o no. 3.- Citas para personas vulnerables frente al Covid-19. Cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración de cada edificio sede. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita. 4.- Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables. e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. f) La o el titular deberá determinar los casos en que los citatorios a una de las partes deban notificarse a las otras partes, para que, si así lo desean, puedan presenciar dicha comparecencia a través de videoconferencia. II. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En este último supuesto, es importante destacar que, cuando sea necesaria su comparecencia ante el órgano jurisdiccional, será la o el titular quien genere la cita el día en que concluya el término, de modo que la opción prevista en esta fracción resulta aplicable cuando las partes pretendan acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistema. III. Para los casos en que se requiera la exhibición de un documento o valor, que no necesariamente requiera la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, pero que tampoco pueda realizarse por medios electrónicos, las partes deberán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común que corresponda, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente ante el órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. Las citas obtenidas conforme a lo dispuesto en las fracciones II y III durarán un máximo de veinticinco minutos. Las generadas conforme a lo previsto en la fracción I tendrán la duración que la o el titular estime necesario para el desahogo de la diligencia o audiencia respectiva; si éste advierte que la actuación puede durar más de lo previsto, su prolongación estará sujeta a la disponibilidad de la agenda, atendiendo en todo momento las reglas previstas en el presente Acuerdo. En dicho supuesto, se instruye al Coordinador Técnico Administrativo adscrito a este Juzgado de Distrito, para que con la anticipación necesaria lleve a cabo los trámites relativos a la generación de la cita, expedición del Código QR y su entrega correspondiente a la Actuaria para su entrega a la persona cuya presencia se estime necesaria en estas instalaciones. Las personas justiciables podrán acceder al micrositio de "Servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda, y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. 5.- Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En la puerta de acceso a la sede que alberga el edificio donde está instalado este Juzgado de Distrito, se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos que se establezcan para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a este inmueble deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. En otro aspecto, con fundamento en los artículos 1°, 3°, 8°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1°, 34, 35, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características. Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo, que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.".

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