Víctor Sandoval Durán

Expediente 2128/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2128/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Víctor Sandoval Durán

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. Autoridad responsable rinde informe justificado. Tengase por recibido el oficio signado por el Juez Décimo Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Pruebas. Por otra parte, se tienen como pruebas de su parte las copias certificadas que remite en apoyo a su informe justificado, la cual se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, vistas las constancias exhibidas por las autoridades junto con su informe justificado, se advierte que sobreviene un motivo de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, como se verá a continuación. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, octava época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable". En el caso, la quejosa reclamó la omisión de la responsable de dictar acuerdo respecto de la promoción que afirma fue presentada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual exhibió billete de depósito que ampara el pago de alimentos a que fue condenado en el juicio civil ordinario 214/2020. Ahora, del informe justificado, así como de las constancias que a éste se anexaron, se advierte que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 214/2020, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se dictó acuerdo en el que se proveyó el escrito presentado por el aquí quejoso el ocho de octubre de la anualidad pasada. En tales condiciones, se arriba a la convicción de que en el expediente 214/2020, del Juzgado Décimo Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, no se omitió proveer la promoción que presentó el aquí quejoso el ocho de octubre de la anualidad pasada, mediante la cual exhibió billete de depósito que ampara el pago de alimentos a que fue condenado. Luego, de la certificación de cuenta, así como de las actuaciones que integran el presente expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que la demanda de amparo fue presentada el veinte de octubre de la anualidad pasada, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por tanto, resulta inconcuso, seguir con la secuela procedimental en el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que como ya se dijo, la omisión de la que se duele la parte quejosa, es inexistente. En consecuencia, dicha circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Criterio que, si bien es cierto establece que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye una causa notoria, manifiesta indudable de improcedencia para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, lo cierto es que, se estima, en el caso no opera tal "regla general", pues aquí se está en un supuesto donde el acto reclamado lo constituye una "omisión" o falta del "quehacer" por parte de la autoridad responsable, "omisión" que queda desvirtuada no solo por la negativa por parte de la responsable, sino también por las constancias del juicio de origen que allegó, con las cuales se pone de patente que, indudablemente, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, sí existía el acuerdo por el cual la autoridad responsable se pronunció respecto al ocurso presentado por el quejoso, relativo al expediente 214/2020, por ende, de igual manera es indudable y manifiesto que no existió, a la fecha de presentación de la demanda, la omisión reclamada a la autoridad responsable; negativa que, aun y cuando se le dé oportunidad al quejoso de probar en la audiencia constitucional, no lograría desvirtuar, pues, se insiste, ya existe la actuación procesal cuya omisión se reclama; de ahí que si resulte viable decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente sumario, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las catorce horas con treinta y nueve minutos del quince de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/mich

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a diecisiete de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guarda este asunto, se pudo destacar que no obran las constancias de notificación relativas a los oficios 38957/2021 y 38958/2021 del índice de este juzgado de Distrito, dirigidos al Juez Décimo Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, relativos al proveído de ocho de noviembre del año en curso, en el cual, se le requirió a la autoridad responsable su informe de ley. Se reexpiden oficios. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, reexpídanse los oficios antes precisados; asimismo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que tan pronto estén disponibles los acuses respectivos, los incorpore al expediente electrónico de este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Karla Raquel Pedroza Coronado, que autoriza y da fe. RAAG/KRPC/

  3. Principal

    Revisados los presentes autos, se advierte que no fueron incorporadas al sistema integral de seguimiento de expedientes las constancias de notificación relativas a los oficios 38957/2021 y 38958/2021 del índice de este juzgado de Distrito, dirigidos al Juez Décimo Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, relativos al proveído de ocho de noviembre del año en curso, en el cual, se le requirió a la autoridad responsable su informe de ley; por tanto, y en obvio de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario de la adscripción para que de haberlas realizado, las integre al citado sistema o en su defecto, de inmediato las efectué. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito del autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, solicita se requiera a la autoridad responsable por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Al respecto, del análisis del sumario se advierte que en proveído de veintiséis de octubre del año en curso, se otorgó un plazo de tres días al Presidente de la Décimo Sexta Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por el cumplimiento de la sentencia, por lo que una vez que transcurra el plazo otorgado a la autoridad responsable, si omite cumplir con la ejecutoria de amparo, se proveerá lo conducente. Es necesario precisar por lo que de momento no puede considerarse que la autoridad responsable ha incurrido en una conducta contumaz tocante al cumplimiento con el fallo protector, toda vez que dicha determinación aún no ha sido notificada a la autoridad responsable. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción realice la notificación respectiva, o bien, en caso de que ya la haya practicado, para que la integre al expediente electrónico.

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