Victor Romero Calderón

Expediente 176/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
176/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Victor Romero Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de estos autos y lo de cuenta, se ordena agregar el escrito firmado por María Isabel Puc Ku, apoderada de la tercero interesada Banco MONEX, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, MONEX GRUPO FINANCIERO; mediante el cual, solicita copias certificadas de las constancias que integran este expediente, así como la devolución del poder que exhibió en autos. Al respecto, se acuerdan procedentes las solicitudes; sin embargo, dado el esquema de trabajo que actualmente se sigue en los órganos del Poder Judicial Federal, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020 y 37/2020, deberá ceñirse al siguiente procedimiento. Dependiendo de la cantidad de copias que requiera, su obtención deberá hacerse en diversos momentos, es decir, podrá generar una primera cita en relación con este expediente, a partir de las once horas, -horario de apertura del módulo de fotocopiado que se encuentra en el edificio sede del Poder Judicial Federal en esta entidad- y hasta las catorce horas, tomando en consideración el horario de labores presenciales de este Juzgado; precisando el motivo de la misma, obteniendo el código QR relativo, a través del sistema "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cita en la que acudirá al recinto judicial a iniciar el trámite relativo a la expedición de copias, dentro del cual, la logística establecida implica que una persona de este órgano -con resguardo del expediente- lo acompañará al módulo de fotocopiado que se encuentra dentro del edificio, -lugar únicamente autorizado para tal efecto-, a fin de que el promovente gestione lo relativo a la reproducción de las copias, como el costo de las mismas. En el entendido que, las citas tienen una duración de veinticinco minutos, y por tal circunstancia, probablemente no se obtengan en ese momento las copias pretendidas, por lo que tendrá que agendar una segunda cita, o las que sean necesarias, a fin de que se logre la totalidad de las copias. Así, ya que se culmine con la fase de obtención íntegra de las copias, tendrá que procederse a su cotejo y certificación; por tanto, a fin de dar oportunidad a ello, previa promoción del interesado, en cuanto a que se ha obtenido la totalidad de las copias solicitadas, este Juzgado procederá a agendar una última cita al promovente para que el día y hora que le sean señalados, acuda a recoger las copias certificadas, acto del cual se deberá levantar constancia de entrega y recepción. De igual forma, a efecto de estar en coordinación para lo anterior, el ocursante deberá proporcionar un número de telefonía móvil o un correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. Ahora, en cuanto a la diversa solicitud de devolución del poder que exhibió en autos, previa copia simple que exhiba la parte solicitante, cotéjense, a fin de que las anteriores sean certificadas y obren en autos como corresponda; y los originales le sean devueltos. Por último, se hace la precisión que todo lo solicitado, deberá entregarse por el conducto que señala el ocursante. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos primero y segundo, sobreseyeron en el presente asunto; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, a los que se deberá agregar copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del referido Acuerdo General. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses de a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 176/2021-I-B promovido por ***. ... CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio; como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, como lo sostiene la tercero interesada, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5° fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa" Así, el primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto que se reclama no afecta los intereses jurídicos del quejoso, en términos de la fracción I, del artículo 5° de la Ley de Amparo; el cual dispone que tendrá el carácter de quejoso quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés individual o colectivo, siempre que resienta un perjuicio en su esfera jurídica con motivo de una ley, acto u omisión que vulnere sus derechos contenidos en el artículo primero constitucional, y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En ese sentido, respecto de la citada causa de improcedencia también cabe destacar que de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 constitucional, se desprende que el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, esto es, la titularidad del derecho que se defiende en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto reclamado. Pues es el reconocimiento jurídico de tal derecho el que legitima al gobernado para acudir al juicio de amparo y obtener una sentencia que declare la invalidez del acto reclamado, de estimarlo violatorio de derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera que resulta imprescindible en el juicio constitucional la acreditación del interés jurídico que ostente el gobernado, a efecto de que sea reconocida su legitimidad para instar la protección de la Justicia Federal. Así, entre diversos criterios que definen el interés jurídico y sus alcances, se encuentra la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del antes denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con Registro digital 224803; que dispone: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". De igual forma, la tesis que emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con Registro digital 168895, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". De suerte que para la procedencia del juicio de amparo, queda inmersa la demostración de la titularidad del derecho o interés que se defienda, así como su afectación por el acto u omisión de la autoridad; pues, puede darse el caso de ostentarse titular de un derecho y que éste no sea afectado por un órgano de Estado; o bien, estar gozando de dicha prerrogativa, sí afectada por la autoridad, pero no contar con un respaldo legítimo de aquella, situación en la cual, únicamente se estaría en presencia de un interés simple. En el caso, el quejoso, en su calidad de persona extraña a juicio, reclama la orden de desalojo del predio número quinientos sesenta y seis, de la calle cuarenta y siete, del fraccionamiento Villas Zona Dorada, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, del cual afirma tener la posesión. Acto que tiene su origen en autos del juicio extraordinario hipotecario 553/2014, que inicialmente promovió la apoderada del ahora BANCO SANTANDER (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, y posteriormente continuó BANCO MONEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, como cesionario de todos los derechos y acciones que inicialmente le correspondieron a la primera nombrada; contra Gerardo Gold Bouchot; cuyas constancias remitió la Juez responsable con su informe. Documentales públicas a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de las referidas constancias se advierte que efectivamente, por auto de diez de marzo de dos mil veinte, se ordenó poner al rematador "BANCO MONEX" en posesión del predio en comento, y para el caso, de que el demandado Gerardo Gold Bouchot lo tuvieran en posesión, se le fijó el término de tres días para desocuparlo, con el apercibimiento de ley en caso de incumplir (foja 197, del anexo). Como puede advertirse, el auto en comento, que se ordenó notificar mediante diverso acuerdo de dieciséis de diciembre pasado, está dirigido al demandado Gerardo Gold Bouchot; es decir, no se dictó contra el aquí quejoso Víctor Romero Calderón, quien como correctamente afirmó, no es parte en el procedimiento de origen. Por lo que, aun cuando el desalojo tiene su origen en la orden de la Juez responsable, al no haberse dictado contra el aquí quejoso, es claro que dicha determinación por sí misma no afecta su interés jurídico. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en comento y, que conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, deba decretarse en esta parte, el sobreseimiento por la orden de desalojo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 481, que sustentó el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 336, Tomo IV, Materia Civil del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 392,608, que establece: "AUTO DE EXEQUENDUM. SI NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional." Así como la tesis VI.2o.C.297 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la foja 1907, del Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No. Registro: 167,493, cuyo rubro y texto disponen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." QUINTO.- Con el mismo fundamento legal debe sobreseerse por lo que respecta a la ejecución del desalojo del predio número quinientos sesenta y seis, de la calle cuarenta y siete, del fraccionamiento Villas Zona Dorada, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, pues el quejoso no acreditó fehacientemente la posesión que asevera tiene, con motivo de un contrato verbal de subarrendamiento, sobre el referido inmueble rematado en el juicio hipotecario de origen, ya que con su demanda únicamente exhibió las siguientes probanzas: Original del acta de nacimiento de su hija menor. Cédula de notificación de once de enero de dos mil veintiuno, con sellos y firmas originales. Copia simple de un recibo de servicio de telecomunicaciones de TELMEX. Sin embargo, dichos elementos de convicción son insuficientes para demostrar fehacientemente el interés jurídico que el quejoso asevera le asiste. Se afirma lo anterior, ya que con el original del acta de nacimiento, sólo demuestra el hecho para el cual fue expedida, el nacimiento de una menor y quiénes son sus progenitores; de la cédula de notificación, que efectivamente se notificó a la parte demandada del juicio de origen, por conducto del aquí quejoso, los autos de diez de marzo y dieciséis de diciembre, ambos de dos mil veinte. Y en cuanto a la documental consistente en copia simple de un recibo de servicio de telecomunicaciones expedido por TELMEX, carece de todo valor probatorio, por tratarse de una copia fotostática que, con los avances de la ciencia, pudiera ser manipulada; y aun en el supuesto de que se hubiera exhibido en original, sólo demostraría que el quejoso contrató un servicio de telefonía; más no que detente un derecho de posesión legítimo sobre el citado bien. Ilustra lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia VI.2o. J/190, materia Civil, que emitió el antes Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 53, Mayo de 1992, página 63, Octava Época, con Registro digital: 219234, del rubro y texto siguientes: "POSESION. RECIBOS DE SERVICIOS QUE NO LA PRUEBAN. Los recibos de consumo de energía eléctrica, servicio de agua potable, y el contrato con la comisión municipal de agua potable y alcantarillado, únicamente justifican haber pagado tales servicios en los meses a que tales documentos se refieren; pero de ellos no se infiere que quien los presenta a juicio haya poseído el inmueble a que aquellos se refieren." De todo lo cual, se colige que el quejoso no acreditó su interés jurídico, pues si bien, manifestó tener el carácter de posesionario del bien inmueble, del cual pretenden desposeerlo por haber sido rematado en el juicio hipotecario de origen; lo cierto es, que no demostró causa suficiente que acredite esa posesión con documento idóneo. Por lo que, aun cuando manifieste ejercer un poder de hecho sobre el inmueble materia del acto reclamado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material del bien, la cual no constituye una posesión jurídica protegida y tutelada por el juicio de amparo que pueda materializarse en un interés jurídico; sino un interés simple, que no legitima al quejoso en la vía constitucional. En ese contexto, se concluye que no se demostró el interés jurídico que el quejoso asegura le asiste para promover el presente juicio Constitucional, pues éste debe quedar debidamente probado y no inferirse de presunciones. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido son: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En las relatadas condiciones, al no acreditarse el interés jurídico del quejoso respecto a la posesión que ostentó, también procede sobreseer en esta parte el presente juicio, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, del propio ordenamiento legal. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto que se reclama de la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 231, consultable a foja 156, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Lo anterior resuelto, impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualiza. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, que promovió ***contra actos de la Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y de la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con residencia en esta ciudad; por las razones que se expusieron en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, que promovió ***contra actos de la Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y de la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con residencia en esta ciudad; por las razones que se expusieron en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de estos autos, se ordena agregar el escrito firmado por ***, quien se ostenta apoderada de la persona jurídica tercero interesada Banco******, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, ******** GRUPO FINANCIERO; así como el anexo que adjuntó. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a la ocursante la personalidad que ostenta; en términos de la copia certificada del poder general que adjuntó a su escrito. De igual forma, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala; y como sus autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y********************. De igual forma a las demás personas que menciona, pero con las limitaciones que establece el referido numeral, hasta que acrediten estar debidamente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por último, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los diversos alegatos que realiza, relativos a los actos combatidos; los que se reservan para ser considerados al dictarse la sentencia respectiva. Notifíquese y cúmplase.

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