Víctor Rodríguez Alonso
Expediente 1372/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1372/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/08/2023
Partes del expediente
- Víctor Rodríguez Alonso
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido, y se acordó la destrucción del presente juicio de amparo; sin embargo, lo correcto es ordenar su conservación, de acuerdo a lo establecido por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales En consecuencia, Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será CONSERVADO en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido este plazo, se transferirá al depósito documental de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Armando Moreno García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ante el Secretario Juan de Dios Uri Israel Téllez García, que autoriza y certifica que este auto se autorizó por el Encargado del Despacho de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés . DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1372/2023. En consecuencia, fórmese el expediente electrónico e intégrese físicamente únicamente con las constancias presentadas de manera impresa, mismas que deberán ser digitalizadas para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese entendido, se precisa que toda aquella documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Por tanto, se informa que los expedientes integrados de manera impresa, servirán solo como referencia de los documentos físicos recibidos en este Juzgado de Distrito; por lo que, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para: a) consulta de las partes; b) efectos estadísticos, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, fracción III, 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, de la demanda de amparo que se provee, se desprende que se actualiza una causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. De las normas señaladas se advierte que el juicio de amparo indirecto, contra actos en el juicio, sólo procede cuando tengan efectos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para ser calificados los actos dentro de juicio como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, al sólo dilatar la prosecución del trámite. Así, debe considerarse que el juicio de amparo sólo procede en contra de una dilación procesal importante o inactividad procesal. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Ello, esencialmente, pues el acto reclamado no constituye una dilación abierta del procedimiento de origen ni genera su paralización total, circunstancias que si actualizarían un perjuicio de imposible reparación. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otros, es relevante el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si la dilación es realmente excesiva. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la omisión de dictar un acuerdo respecto del escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, a través de su representante legal dentro del juicio laboral D-114/2020. Es así, que para el momento en que se presentó el escrito signado por el suscrito (esto es, el diecinueve de junio de dos mil veintitrés), la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicado al caso por identidad jurídica sustantiva, dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente el Tribunal debió pronunciarse respecto de la promoción que se presentó. Ello, atento a que si fue el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, cuando la parte quejosa presentó el escrito el cual aduce no ha sido acordado por la autoridad responsable; el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (uno de agosto de dos mil veintitrés), no revela la existencia de una abierta dilación en la emisión de acordar la promoción materia del juicio y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal respectivo. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de acuerdos, de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco (45) días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria de su parte, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto no se trate de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Criterio que resulta aplicable por identidad jurídica sustantiva al caso concreto reclamado al TRIBUNAL DE ARBITAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, lo anterior es así, ya que si bien el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone lo siguiente: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley.". ". De la disposición legal transcrita se desprende, en lo que interesa, que, la Junta, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir del momento en que se reciba alguna promoción, dictará acuerdo. Empero; no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos encargados de gobierno, así como los órganos facultados para impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador, así como la suspensión de labores y plazos que han tenido dichos órganos. Luego, ponderando tales extremos y considerando además la práctica judicial que impera en los órganos del Poder Judicial Federal, validada incluso para efectos administrativos y disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a que se considera un tiempo razonable y no una dilación excesiva en emitir en los juicios la resolución respectiva dentro del plazo de hasta tres meses de declarados vistos los autos. De suerte que, si para los órganos de justicia federales, el emitir una sentencia en el plazo de tres meses no es considerada como una dilación procesal, por tanto, este juzgador considera que debe aplicarse un plazo máximo de cuarenta y cinco días para considerar una dilación excesiva, por parte de las autoridades responsables. Plazo de cuarenta y cinco días que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que concluyó el en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, esto es, después de concluidas las cuarenta y ocho horas que tenía para dictar el acuerdo correspondiente. Ahora bien, en el caso concreto, el escrito se presentó el diecinueve de junio de dos mil veintitrés en la oficialía de partes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por lo que, en términos del artículo 838 de la Ley Federal de Trabajo aplicado supletoriamente, dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento en que recibió el escrito, debió dictar el acuerdo respectivo, esto es, a más tardar el veintiuno del propio junio, por lo que resulta inconcuso que a la fecha en que se depositó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla -uno de agosto de dos mil veintitrés- no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la data en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos -veintidós de junio de dos mil veintitrés- Lo anterior es así, habida cuenta que el término de cuarenta y cinco días inició el veintidós de junio de dos mil veintitrés, y a la fecha en que se presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla -uno de agosto de dos mil veintitrés- - han transcurrido veintiséis días naturales, sin considerar del diecisiete al treinta de julio por período vacacional de la autoridad responsable. En efecto, los días naturales se empiezan a contar a partir del veintidós de junio de dos mil veintitrés, que corresponde al día siguiente al en que concluyeron las cuarenta y ocho horas con las que contaba el Tribunal responsable para dictar el acuerdo de la promoción de que se trata, a partir de su presentación. Lo cual se puede contabilizar en el calendario siguiente: De lo anterior se visualiza que del veintiuno de junio al uno de agosto de dos mil veintitrés, sin considerar del diecisiete al treinta de julio por período vacacional de la autoridad responsable, han transcurrido veintiséis días naturales, plazo en el cual no es posible tomarse aún como retardo en la impartición de justicia, como lo hace valer el ocursante (omisión de la que se duele). En consecuencia, al no haber trascurrido los cuarenta y cinco días (naturales) de la omisión de la que se duele la parte quejosa, es innegable que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa al quejoso. Conclusión. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de amparo que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada. EXHORTO A LAS PARTES En términos del artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del referido Acuerdo, se les solicita que señalen números telefónicos, servicios de mensajería instantánea y correos electrónicos, tanto suyos como de las diversas partes en el procedimiento, a fin de entablar comunicaciones no procesales entre las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 ibídem a la(s) persona(s) que señala dada la naturaleza del acto reclamado y por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral de origen; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. DATOS DE CONTACTO Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico que señala el ocursante, a través del(los) cual(es) se podrá(n) entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigentey copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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