Victor Roberto Uicab Camelo
Expediente 1664/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1664/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Roberto Uicab Camelo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de citada Ley de Amparo, contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
AVISO NOTIFICACION. Vista la demanda de amparo promovida por VICTOR ROBERTO UICAB CAMELO, contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1664/2021-II.Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En el caso, la suscrita estima que la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los numerales 17, fracción I y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se evidenciará, la demanda se presentó de forma extemporánea. Los citados preceptos legales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De conformidad con los numerales transcritos, la presentación de la demanda de amparo cuando se controvierten normas generales, debe realizarse: 1) Dentro de los treinta días siguientes a aquél en que entró en vigor la norma general, cuando se reclame como autoaplicativa; 2) Dentro de los quince días siguientes a partir de que se actualiza el primer acto de aplicación, cuando la norma es reclamada en su carácter de heteroaplicativa; o dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notificó la resolución del recurso o medio de defensa ordinario que proceda contra el acto de aplicación de la norma, si éste se agotó previamente a la interposición del juicio de amparo indirecto. Así pues, se establecen las bases para la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor irrogan un menoscabo en la esfera de derechos del destinatario de la norma - autoaplicativas-, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que individualice la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida -heteroaplicativas-. En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal y su sola expedición le genere la obligación de hacer, de no hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate. Mientras que el segundo supuesto requiere de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto normativo, esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia, y por consecuencia, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, de acuerdo a la regla genérica que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Así, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio constitucional, se requiere acreditar que las normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la tutela constitucional, ya sea porque con la entrada en vigor de la norma le generó una afectación de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se ocasionaron con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad y también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados. Apoya lo anterior el criterio de rubro: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. En el caso, el quejoso acudió a esta instancia constitucional reclamando el Acuerdo SSY 06/2020 por el que se modifica el acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virtud SARS-COV2 por gotas y contacto directo entre la población del Estado y el Decreto 344/2021 por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el propio medio de difusión oficial. La parte quejosa no alegó la existencia de algún acto de aplicación de las normas que por esta vía reclama, por lo que debe entenderse que se controvierten a partir de la afectación que estima le irrogar con su entrada en vigor, esto es, con el carácter de autoaplicativas. Establecido lo anterior, se tiene en cuenta que, de conformidad con los mencionados artículos 17, fracción I, y 18, de la Ley de Amparo, el cómputo de los treinta días para promover la demanda de amparo en contra de normas de carácter general autoaplicativas, debe efectuarse precisamente a partir de su entrada en vigor; pues es desde esta fecha en la que, en su caso, podría causarse una afectación a la parte quejosa. Así pues, el Acuerdo SSY 06/2020 y el Decreto 344/2021, que por esta vía se combaten, fueron publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dieciséis de septiembre de dos mil veinte y el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, y de acuerdo con sus transitorios correspondientes, entraron en vigor al día siguiente de su publicación. Lo anterior, pone de manifiesto que el plazo para la promoción del juicio de amparo contra las normas materialmente legislativas reclamadas corrió a partir dicha fecha de entrada en vigor, siendo a partir de ese momento inició el cómputo relativo conforme al numeral 18 de la ley de la materia. En ese contexto, el plazo para controvertir las normas reclamadas, con el carácter de autoaplicativas, feneció una vez transcurrido el plazo de treinta días previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. De ahí que si la parte quejosa presentó de manera electrónica la demanda de amparo el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; es inconcuso que a esa fecha ya había transcurrido en exceso el plazo de treinta días para dicha impugnación, lo cual significa que la interposición de la demanda de amparo es extemporánea. Bajo ese contexto, se concluye que la demanda de amparo es improcedente, por no haberse promovido dentro del plazo de treinta días siguientes a la entrada en vigor de las normas reclamadas con el carácter de autoaplicativas, y dado que el quejoso no acreditó que las autoridades responsables hayan aplicado en su contra las normas reclamadas; entonces, deberá esperar a que se concrete el primer acto de aplicación de las referidas normas para promover el juicio de amparo en su contra, ya que conforme al numeral 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Apoya lo anterior el criterio de rubro: LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORANEAMENTE EN RELACION CON EL TERMINO DE 30 DIAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACION. LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Víctor Roberto Uicab Camelo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los numerales 17, fracción I y 18, todos de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre del dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de garantías el veintiséis de agosto del año en curso, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que en su primer punto resolutivo NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN en el presente juicio de garantías; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; notificado que sea este acuerdo, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto décimo del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se tramitó el incidente de suspensión por no haberlo solicitado; asimismo, en virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto décimo, éste debe ser depurado, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto vigésimo primero del capítulo quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto décimo séptimo del capítulo cuarto del propio acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto vigésimo primero capitulo quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo primero del capítulo tercero del acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental. Asimismo, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías. Notifíquese.
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