Victor Reyna Morales
Expediente 1352/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1352/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Victor Reyna Morales
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes el oficio 470/2022 que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 1016/2022, formado con motivo del diverso 283/2022-A1, orden 348/2022-A1. En este contexto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, del estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación que antecede, se observa que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veinte de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda promovida por Víctor Reyna Morales, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este expediente no se tramitó incidente de suspensión. Además, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor.Notifíquese.
- Principal
...Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio 320/2022 de la Secretaria del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por ********************, y anexos, y comunica que en proveído de doce de julio del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 1352/2022-1, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, y fórmese expediente. En atención a las consideraciones expuestas en el proveído de referencia, este órgano de control constitucional acepta la competencia legal para conocer la demanda presentada por ********************, y como lo dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese esta determinación al Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, de esta ciudad, en vía de acuse de recibo y para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, analizada que es en su integridad la demanda de amparo y anexos que acompaña, se advierte que el impetrante reclama la audiencia inicial de quince de enero de dos mil veintiuno y el auto de vinculación de diecinueve del mismo mes y año, emitidos por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal ********************. Ahora bien, se estima que la demanda de cuenta es extemporánea, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, aquellos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuyo plazo se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento. Por ello, es necesario transcribir el contenido del numeral 17 de la Ley de la Materia, que dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Como se observa, la regla general para presentar demanda de amparo es de quince días, y además, el caso que nos ocupa no se ubica en ninguna de las hipótesis de exclusión que prevé el citado numeral. Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la misma legislación, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Para evidenciar lo expuesto, se destaca que de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que se acompañan, queda claro que desde el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, el impetrante tuvo pleno conocimiento del auto de vinculación a proceso dictado por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez Control del Centro de Justicia Penal Federal, residente en esta ciudad; de manera que si la demanda de amparo que nos ocupa la presentó hasta el once de julio del año en curso, es decir, más de un año cinco meses después, de ahí que es indudable que la misma es extemporánea, al promoverse fuera de los quince días siguientes al en que se hizo sabedor de la resolución dictada por la Juez responsable. En tal virtud, se concluye que este asunto es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales promovida por ********************. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 163172), de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.- Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Del mismo modo, apoya lo expuesto, la jurisprudencia 17, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS IMPROCEDENCIA-. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Asimismo, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 582, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, mayo de 1996, Novena Época (registro 202345), cuyo rubro y contenido dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA.- El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Por otra parte, como se advierte que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Federal "CPS 18 Coahuila", ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, con fundamento en el artículo 298 párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2°, y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto vía sise al Juez de Distrito de Saltillo, Coahuila, en turno, para que comisione personal a su cargo, que en auxilio a las labores de este Juzgado de Distrito, se constituya en el citado reclusorio y notifique este proveído al agraviado; una vez efectuado ello, devuelva a la brevedad posible la comunicación oficial de mérito. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. En otro aspecto, en obvio de mayores dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva.Notifíquese personalmente.
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