Víctor Renteral Flores

Expediente 32/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
32/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Víctor Renteral Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de febrero de dos mil veintitrés. Vistas, las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta. Se determina: El auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación en el libro de control electrónico correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Víctor Renteral Flores, contra actos de la 1. Fiscal General de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y otra autoridad. Regístrese con el número 32/2023-II, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharse de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte, en esencia, el reclamo en el presente sumario constitucional es: - La omisión por parte de la responsable de investigar y continuar con el desarrollo lógico y jurídico de la carpeta de investigación ******************** del libro de registro de la Fiscalía Dos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de Boca del Río, Veracruz. Como antecedentes, narra bajo protesta de decir verdad: 1. El nueve de febrero de dos mil veintidós, el tráiler marca Tracto Kenworth T 600, modelo 2007, con placas de circulación 78AC2B, propiedad de Adolfo Tamez García y conducido por Irán González Aguilera, se introdujo al domicilio ubicado a la orilla de la carretera federal entronque a la Tinaja-Veracruz, ocasionando la muerte de su madre Ricarda Flores Del Valle y su abuela Antonia Flores Del Valle. Se inició la carpeta de investigación número ******************** del índice de la Agencia Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de Boca del Río, Veracruz. 2. El promovente se apersonó a la citada indagatoria como víctima desde el diez de febrero de la anualidad en cita. 3. El veintidós de abril de dos mil veintidós se agregó la pericial de causalidad realizada por el perito criminalista de la Delegación Regional de Servicios Periciales Zona Centro de la Fiscalía General del Estado, en la cual determinó que el accidente fue ocasionado por la alta velocidad con que conducía el operador del vehículo automotor de referencia y su falta de pericia. 4. Inconforme con el resultado, Grupo Nacional Provincial S.A.B., "GNP Seguros" solicitó una diversa Pericial de Causalidad. 5. El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, libró oficio al Delegado Regional de Servicios Periciales de Xalapa, Veracruz, para la práctica del segundo dictamen pericial en cita, sin que a la fecha de la presentación del ocurso constitucional obre ese medio de convicción de la carpeta de investigación de origen. 6. En la segunda semana del mes y anualidad que transcurren, aduce se apersonó ante la Fiscalía investigadora y pudo advertir sigue en el mismo estado procesal (no se ha desahogado la prueba pericial de mérito). Lo expuesto permite establecer que los actos combatidos están estrechamente relacionados con la omisión del Ministerio Público de llevar a cabo los actos de investigación en la carpeta ******************** en la que el quejoso tiene el carácter de víctima o parte ofendida en la indagatoria. Debido a que ha transcurrido el tiempo -ocho meses- sin que se haya emitido la pericial solicitada por parte de los auxiliares de la representación social, mismo tiempo en el que la responsable no ha realizado ningún acto para hacer cumplir su ordenamiento. Precisado lo anterior, no es factible la admisión de la demanda planteada. Existe Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece en el sistema penal acusatorio las omisiones del Ministerio Público, en la etapa de investigación, son impugnables ante el Juez de Control, a través del medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recurso que debe agotarse antes de promover la instancia constitucional, en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en el citado código. Por su parte, el artículo 258, también del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Corrobora lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 945, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017641, Materia Penal, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la diversa 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la misma Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 943, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017640, Materias Común y Penal, siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En razón de lo anterior, no existe duda que la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que cesen las omisiones de la autoridad facultada, por medio del recurso previsto en el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cualesquiera que sean los motivos de abstinencia por parte del Ministerio Público responsable. No se actualiza ningún motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que dicha circunstancia fue analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existe jurisprudencialmente el reconocimiento de un recurso ordinario contra actos como el planteado en el caso concreto. Sin que haya lugar a diversa interpretación ni mucho menos la inaplicación de la misma por un órgano de menor grado, dada su obligatoriedad de conformidad con el artículo 217 de la ley de la materia. Resulta aplicable, por las razones jurídicas que informa, la tesis jurisprudencial 2a./J. 86/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017808, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." De lo anterior se colige que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para impugnar las omisiones en comento, la parte quejosa debe agotar las instancias ordinarias necesarias para que el Ministerio Público abandone el estado de abstención en que se encuentra. En el caso concreto, la omisión de la fiscal responsable en realizar las acciones pertinentes para que sea practicado el peritaje solicitado dentro de la carpeta de investigación ******************** de su estadística. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, téngase como lugar para oír y recibir el indicado en el ocurso de cuenta. MEDIOS NO PROCESALES. Se tiene como forma expedita de contactos el número telefónico y el correo electrónico proporcionados, para entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS. Se tiene en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************. Con las restricciones que establece la última parte del segundo párrafo del dispositivo invocado, a ********************. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Que, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la 1. Fiscal General de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y otra autoridad. Regístrese con el número 32/2023-II, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharse de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte, en esencia, el reclamo en el presente sumario constitucional es: La omisión por parte de la responsable de investigar y continuar con el desarrollo lógico y jurídico de la carpeta de investigación *************** del libro de registro de la Fiscalía Dos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de Boca del Río, Veracruz. Como antecedentes, narra bajo protesta de decir verdad: 1. El nueve de febrero de dos mil veintidós, el tráiler marca **********, modelo **********, con placas de circulación **********, propiedad de ********** y conducido por **********, se introdujo al domicilio ubicado a la orilla de la carretera federal entronque a la Tinaja-Veracruz, ocasionando la muerte de su madre ********** y su abuela **********. Se inició la carpeta de investigación número ********** del índice de la Agencia Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de Boca del Río, Veracruz. 2. El promovente se apersonó a la citada indagatoria como víctima desde el diez de febrero de la anualidad en cita. 3. El veintidós de abril de dos mil veintidós se agregó la pericial de causalidad realizada por el perito criminalista de la Delegación Regional de Servicios Periciales Zona Centro de la Fiscalía General del Estado, en la cual determinó que el accidente fue ocasionado por la alta velocidad con que conducía el operador del vehículo automotor de referencia y su falta de pericia. 4. Inconforme con el resultado, Grupo Nacional Provincial S.A.B., "GNP Seguros" solicitó una diversa Pericial de Causalidad. 5. El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, libró oficio al Delegado Regional de Servicios Periciales de Xalapa, Veracruz, para la práctica del segundo dictamen pericial en cita, sin que a la fecha de la presentación del ocurso constitucional obre ese medio de convicción de la carpeta de investigación de origen. 6. En la segunda semana del mes y anualidad que transcurren, aduce se apersonó ante la Fiscalía investigadora y pudo advertir sigue en el mismo estado procesal (no se ha desahogado la prueba pericial de mérito). Lo expuesto permite establecer que los actos combatidos están estrechamente relacionados con la omisión del Ministerio Público de llevar a cabo los actos de investigación en la carpeta ********** en la que el quejoso tiene el carácter de víctima o parte ofendida en la indagatoria. Debido a que ha transcurrido el tiempo -ocho meses- sin que se haya emitido la pericial solicitada por parte de los auxiliares de la representación social, mismo tiempo en el que la responsable no ha realizado ningún acto para hacer cumplir su ordenamiento. Precisado lo anterior, no es factible la admisión de la demanda planteada. Existe Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece en el sistema penal acusatorio las omisiones del Ministerio Público, en la etapa de investigación, son impugnables ante el Juez de Control, a través del medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recurso que debe agotarse antes de promover la instancia constitucional, en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal; 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en el citado código. Por su parte, el artículo 258, también del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Corrobora lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 945, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017641, Materia Penal, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES... Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la diversa 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la misma Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 943, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017640, Materias Común y Penal, siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO... En razón de lo anterior, no existe duda que la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que cesen las omisiones de la autoridad facultada, por medio del recurso previsto en el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cualesquiera que sean los motivos de abstinencia por parte del Ministerio Público responsable. No se actualiza ningún motivo de excepción de los contemplados en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que dicha circunstancia fue analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existe jurisprudencialmente el reconocimiento de un recurso ordinario contra actos como el planteado en el caso concreto. Sin que haya lugar a diversa interpretación ni mucho menos la inaplicación de la misma por un órgano de menor grado, dada su obligatoriedad de conformidad con el artículo 217 de la ley de la materia. Resulta aplicable, por las razones jurídicas que informa, la tesis jurisprudencial 2a./J. 86/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017808, de rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO... De lo anterior se colige que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para impugnar las omisiones en comento, la parte quejosa debe agotar las instancias ordinarias necesarias para que el Ministerio Público abandone el estado de abstención en que se encuentra. En el caso concreto, la omisión de la fiscal responsable en realizar las acciones pertinentes para que sea practicado el peritaje solicitado dentro de la carpeta de investigación *********** de su estadística. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo... USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna... DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Que, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo...".

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