Víctor Ramírez Cabañas

Expediente 912/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
912/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
16/03/2017

Partes del expediente

  • Víctor Ramírez Cabañas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido por el juez responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, pues es suficiente que en el comunicado relativo se estampe el sello que avale su recepción.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 912/2016, promovido por Víctor Ramírez Cabañas, contra la omisión y el acto reclamados del Juez Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, remitido por cuestión de turno a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión y el acto reclamados que se precisarán en el considerando tercero. II. El demandante del amparo narró los antecedentes de la omisión y del acto reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente de su recepción, se registró el asunto con el orden 912/2016 y se previno al peticionario del amparo; después de que desahogó el requerimiento relativo, por auto de trece del mes y año referidos, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el respectivo informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita a dicha autoridad judicial; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de la omisión y del acto reclamado. SEGUNDO. Previamente a la fijación de la omisión y del acto reclamados, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Amparo, es procedente resolver la objeción de falsedad planteada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, respecto de la firma que autoriza la demanda. El precitado precepto faculta a las partes del juicio para objetar los documentos presentados por alguna de ellas, lo que origina la competencia del juez para apreciar su autenticidad en relación con los efectos exclusivos que se produzcan en el juicio de amparo. Lo anterior implica que la objeción planteada en este asunto respecto del escrito inicial de demanda, está limitada a constatar la autenticidad de la firma del promovente del juicio que asentó en dicho impreso, bajo la consideración de que no podría tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude a solicitar el amparo, si los rasgos que componen su firma no corresponden al solicitante del amparo. Para llevar a cabo el análisis de la cuestión planteada, se hace notar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el escrito inicial de demanda tiene las características de un documento privado, pues proviene de un particular y aparece en él, la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, por lo que jurídicamente es susceptible de ser objetado de falso en cuanto a la autenticidad de esta última. El argumento expuesto fue obtenido de la jurisprudencia emitida por el Máximo Tribunal del país, visible en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO". De igual forma, es imprescindible mencionar que la finalidad de dicha objeción, al cuestionar la autenticidad de un documento, es otorgar la posibilidad al objetante de rendir las pruebas pertinentes para acreditar su pretensión. Por ello, son admisibles, a fin de acreditar la incidencia planteada, la prueba pericial que ofrezcan las partes, pues no es suficiente para tener por demostrada la falsedad de la documental cuestionada, la objeción que de manera simple y abstracta se realice, sino que debe acreditarse con otros medios, siendo aquel elemento de convicción el más idóneo para acreditar el extremo que se pretende. Así, una vez que en el caso a estudio se tuvo por admitida la pericial en materia de grafoscopía ofrecida por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se determinará si la firma que autoriza el escrito de demanda fue o no puesta o estampada del puño y letra del quejoso. Para tal efecto, la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, a petición de este juzgado, designó a la perito Araceli Arroyo Díaz, para que emitiera la opinión relativa, experta que aceptó y protestó el cargo conferido. Después de que la perito recabó las muestras relativas, emitió su dictamen, que posteriormente ratificó ante el actuario judicial adscrito. Opinión que se dejó a la vista de las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, por lo que el Agente del Ministerio Público adscrito solicitó se declarara infundada la objeción que planteó. Con base en lo anterior, en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en congruencia con los diversos numerales 143 y 211 del citado ordenamiento procesal supletorio, se determina que dicha prueba será calificada según prudente estimación, lo que implica la exposición razonada de la conclusión a que se llegue, bajo la ponderación del respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen porqué el referido dictamen provoca la convicción suficiente respecto del tópico de que se trata. Sólo así podría estimarse adecuadamente valorada una prueba de tal naturaleza en el juicio de amparo, pues para analizar y valorar determinado medio de convicción no es suficiente citarlo, sino que debe ser objeto de cuidadoso examen para sostener la conclusión de si resulta eficaz o no para demostrar los hechos o la finalidad que se persigue, además de expresar la razón o razones que justifiquen la conclusión a que se llegue. También se puntualiza, que de conformidad con el referido artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el juez goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas en el procedimiento a efecto de determinar su valor, como en el caso acontecerá en relación con el señalado elemento de convicción sujeto a valoración, pues como se ha anunciado, la cuestión planteada está sometida al resultado que arroje la pericial solicitada en auxilio de este juzgado con la finalidad de conocer la verdad jurídica. En esas condiciones, este juzgado determina compartir las conclusiones del dictamen elaborado por la perito oficial, en atención a que, además de su imparcialidad al no haber sido designado por alguna de las partes contendientes, se considera que los métodos de estudio utilizados por la experta en la materia, abordan adecuadamente el problema planteado, dando una explicación concreta en la que se sustenta su opinión técnica, además de que su pericial cumple con precisión en cuanto a su elaboración, en razón de que es ilustrativa y lógica, pues la perito, además de apoyarse en las fotografías que anexó a su dictamen, demostró de manera clara la motivación de su conclusión, atento a que realizó una comparación entre la firma cuestionada y las indubitables de las características de orden general (alineamiento básico, dirección y promedio de inclinación; tensión en línea; presión muscular; inicios, enlaces, cortes y terminaciones; rapidez, espontaneidad y habilidad para el manejo del instrumento inscriptor) y las de gestos gráficos. Es decir, realizó un estudio exhaustivo de la signatura cuestionada contenida en la demanda, resaltando las similitudes entre las firmas comparadas, lo que llevó a la perito oficial a concluir en la forma en que lo hizo, de manera clara y convincente, explicando las semejanzas existentes entre las firmas indubitables y la firma cuestionada al confrontar las cualidades de las mismas, destacando los gestos más característicos de las firmas estudiadas, como se advierte del cuadro comparativo que llevó a cabo; de ahí su valor probatorio pleno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 250, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-1, febrero de 1995, de rubro: "PRUEBA PERICIAL. SI SE DESAHOGO CORRECTAMENTE DEBE DARSELE VALOR PROBATORIO LA". Así como la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 1314, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Novena Época, Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 - Adjetivo, Materia Común, del rubro: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)". Precisado lo anterior, en uso del prudente arbitrio judicial, se concluye que la objeción de falsedad planteada no se probó en la especie, pues como ya se estableció, tiene pleno valor probatorio el dictamen emitido por la perito adscrita a la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, en que concluyó que la firma que aparece como del quejoso en el escrito inicial de demanda, sí es atribuible a este último. En relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, este juzgado declara procedente pero infundada la objeción de falsedad de documento planteada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido), que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que la omisión y el acto reclamados se hicieron consistir en: 1. La abstención de decretar el sobreseimiento de la causa 80/2005, ya que la querellante otorgó perdón al quejoso.; y 2. El acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente precitado, por el que se requirió al justiciable para que en el término de diez días hábiles, de manera voluntaria, se internara en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, para el cumplimiento de la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia definitiva, en que se determinó su responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude, con el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión. Que atribuyó al: a) Juez Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. 3. La inminente ejecución de la reaprehensión señalada. Que controvirtió del: b) Procurador General de la República; y c) Titular de la Policía Federal Ministerial. No se soslaya que en el auto admisorio se señalaron los actos reclamados de manera diversa; sin embargo, del análisis minucioso de la demanda y de las constancias relativas a la causa mencionada, se advierte que la pretensión del quejoso es controvertir la omisión y el acuerdo en los términos indicados. Así se considera, porque en la página 5 de la demanda, el peticionario del amparo indicó: ".dicha autoridad evita decretar el sobreseimiento como consecuencia del perdón otorgado a favor del hoy quejoso, el día 6º de septiembre de 2016, en una audiencia exclusiva para esos efectos."; asimismo, en la página 4 señaló: "de la Autoridad señalada como Ordenadora, se reclama el inminente libramiento de la orden de aprehensión en mi contra.", que hizo derivar del apercibimiento decretado en el auto controvertido; circunstancias que se corroboran con la copia certificada de las actuaciones relativas del proceso penal mencionado; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades precisadas en los incisos b) y c) en el considerando precedente, pues así lo manifestaron en su respectivo informe justificado, sin que el quejoso ofreciera prueba en contrario. De igual manera, no es cierta la omisión atribuida a la autoridad judicial responsable, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, debe tenerse en cuenta que dado que la omisión tiene naturaleza negativa, pues implica la abstención de la autoridad a quien se atribuye, es decir, constituye un no hacer que se vincula con las facultades y obligaciones que les son conferidas legalmente a las autoridades, es inconcuso que a la autoridad responsable corresponde demostrar que no incurrió en la omisión reclamada, acorde con el principio contenido en el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que indica que el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva una afirmación expresa de un hecho. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que bajo el número 682 aparece publicada en la página 765 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte -SCJN Sexta Sección-, Procedimiento de amparo indirecto, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, de título siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN". Luego, es importante precisar que el principio probatorio que rige tales omisiones debe entenderse en relación directa con el principio de legalidad previsto en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal, en el sentido de que las autoridades sólo pueden actuar acorde con las atribuciones o facultades que expresamente son conferidas por la ley; consecuentemente, no puede establecerse la existencia de una omisión, si en las facultades o atribuciones de la autoridad no se encuentra realizar un acto determinado. Al respecto, es orientadora la tesis emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, impresa en la página 53 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Junio de 1998, con el epígrafe siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". Asentado lo anterior, como se dijo, no es cierta la omisión atribuida al juez señalado como responsable, pues si bien es cierto que en la diligencia realizada el seis de septiembre de dos mil dieciséis se formalizó el perdón otorgado al quejoso, también es que la autoridad judicial citada no tenía facultades para decretar el sobreseimiento de la causa, dado que el treinta y uno de agosto pasado, el Primer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el cuaderno auxiliar 128/2016 (en apoyo del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, que previno en el conocimiento del toca 95/2016), confirmó la sentencia definitiva, en que se impusieron al quejoso cuatro años y seis meses de prisión, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude, lo que revela que el perdón de que se trata fue otorgado después del pronunciamiento de dicha ejecutoria, por tanto, acorde con el artículo 93 del Código Penal Federal, el juzgador de origen legalmente no podía pronunciarse en relación con los efectos jurídicos de dicho perdón. No se soslaya que la sentencia de segunda instancia fue notificada al juzgador de origen el nueve se septiembre pasado, sin embargo, no debe perderse de vista que de conformidad con el artículo 360, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, las sentencias contra las cuales no se concede recurso alguno causan ejecutoria por ministerio de ley, esto es, desde el día de su pronunciamiento, por tanto, se reitera que no puede atribuírsele tal abstención al juez señalado como responsable. En ese sentido, debido a la inexistencia de los actos reclamados del Procurador General de la República y del Titular de la Policía Federal Ministerial, así como de la omisión atribuida al Juez Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Por otra parte, es cierto el restante acto reclamado del juez responsable, pues así lo manifestó al rendir informe de ley; lo que se corrobora con las constancias que adjuntó, entre las que se encuentra el acuerdo controvertido. No obstante la certeza de dicha determinación judicial, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte la causal de improcedencia que enseguida se señalará, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso, se actualiza el supuesto previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acuerdo reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia. Así se considera porque de la interpretación sistemática de ambos dispositivos, se obtiene que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 'teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo', con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, es necesario abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que bajo el número 852 aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En ese contexto, en el caso, como se dijo, el acuerdo reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, pues el apercibimiento que se le decretó y que al momento de la presentación de la demanda revelaba su inminente reaprehensión con motivo del cumplimiento de la sentencia definitiva, actualmente está suspendido, con motivo del amparo directo que promovió contra dicho fallo; juicio constitucional que a la fecha se encuentra pendiente de resolución. En efecto, a foja 254 del anexo remitido por el juzgador responsable, se aprecia que el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, mediante auto de diez de octubre del año retropróximo, fecha posterior la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio bi-instancial, suspendió de oficio y de plano la ejecución de la sentencia definitiva de que se trata, ya que el quejoso promovió diverso juicio constitucional por la vía directa, contra este último fallo, de lo que se obtiene que no podría hacerse efectivo el apercibimiento con que se le conminó, es decir, no podría cumplimentarse su reaprehensión, cuando menos hasta que se resuelva ese controvertido, que como se estableció, está pendiente de resolución. Esta última aseveración tiene sustento en la consulta realizada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de la que se obtuvo que a la fecha en que se emite esta sentencia, no se ha resuelto el amparo directo 327/2016, del registro del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que corresponde a la acción constitucional promovida por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la página 2181 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, cuyo título es: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA". Con la precisión de que si el sentido de la sentencia que llegara a emitirse en el juicio de amparo directo mencionado fuera adverso a los intereses del quejoso, tendrá a salvo su derecho para controvertir, el nuevo apercibimiento relativo, para el caso de que se reiterara, o bien, la orden de su reaprehensión, en el supuesto de que continúe la ejecución de la sentencia condenatoria. En ese sentido, al quedar evidenciada la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracción V, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Es procedente pero infundada la objeción de falsedad de documento planteada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, respecto de la firma que autoriza la demanda de amparo promovida por Víctor Ramírez Cabañas. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Ramírez Cabañas, contra los actos reclamados consistentes en: 1. La abstención de decretar el sobreseimiento de la causa 80/2005, ya que la querellante otorgó perdón al quejoso; y 2. El acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente precitado, por el que se requirió al justiciable para que en el término de diez días hábiles, de manera voluntaria, se internara en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, para el cumplimiento de la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia definitiva, en que se determinó su responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude, con el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión. Que atribuyó al: a) Juez Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. 3. La inminente ejecución de la reaprehensión señalada. Que controvirtió del: b) Procurador General de la República; y c) Titular de la Policía Federal Ministerial.

  3. Principal

    Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación y el estado de autos, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de veinticuatro de enero pasado para que manifestaran lo que a su derecho conviniere en cuanto al dictamen rendido en autos. En ese sentido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se señala el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete a las once horas con cuarenta minutos, para la continuación de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Ciudad de México, a treinta de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por el representante social de la Federación adscrito; en atención a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que hace valer.

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