Víctor Ramírez Cabañas

Expediente 1885/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1885/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Ramírez Cabañas

Actuaciones

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de tres días cumpla con la ejecutoria de mérito, misma que se concedió para el efecto de que: ".1) Se desincorpore de la esfera jurídica de ********************, el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de San Matías Tlalancaleca, así como el Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento de San Matías Tlalancaleca, Puebla, 2021-2024, hasta en tanto se reformen o deroguen. 2) El Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil y Director de Seguridad Pública y Protección Civil, todos del Ayuntamiento del Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, en su carácter de Presidente y Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Carrera Policial y de Honor y Justicia del aludido Ayuntamiento, respectivamente, dejen insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo ********************, incluyendo la orden de baja de ********************, como policía municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, en tanto que se tramitó con base en los reglamentos declarados inconstitucionales, para lo cual deberán realizar lo siguiente: a) Por sí o a través de las áreas correspondientes, indemnicen al quejoso por haber dejado de ser policía y paguen las prestaciones a que tiene derecho como tal, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes, por lo siguiente.." .En ese sentido, establecido que ante la imposibilidad de regresar las cosas al estado en el que se encontraban previo a la violación, por existir una restricción constitucional expresa, el quejoso tiene derecho a una indemnización. En el entendido de que dicha indemnización deberá consistir en el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal o estatal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. .b) Derecho a la Salud. Tomando en consideración que el derecho a la salud constituye una prestación inherente en materia de seguridad social que tienen los miembros de las instituciones policiales y demás sujetos a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional; se estima que debe seguirse otorgando a dichos sujetos, incluso en los mismos términos que ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita. Bajo ese tenor, las autoridades responsables quedan constreñidas a cubrir la prestación de los servicios de salud ante la Institución de Salud en la que se encuentre dado de alta, tanto para el quejoso y de sus coasegurados (en caso de que existan), la cual se proporcionará hasta el día en que se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho la parte quejosa. .c) Anotaciones: Por otro lado, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal de ********************, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o cesado de manera injustificada." Por lo que deberán remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Por tanto, se apercibe a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de las autoridades responsables, es decir, al Ayuntamiento Municipal de San Matías, Tlalancaleca, Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Finalmente, devuélvase a su lugar de origen la copia certificada del procedimiento administrativo disciplinario ******************** mismo que obra por cuerda separada del presente juicio de amparo identificadas como cuaderno auxiliar I, así como el sobre cerrado que contiene el resultado de la evaluación de control y confianza emitido por la Dirección del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el cual obra en el secreto del juzgado. Solicitándose el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través del cual, remite copia certificada del acuerdo de trece de noviembre de octubre de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio laboral ******************** de su índice, de cuyo contenido se advierte lo siguiente. a) Transcribe la diligencia de reinstalación de diez de noviembre del año en curso, relativo a la reinstalación del actor, entrega de las constancias de los enteros de las cuotas y aportaciones, de cuyo contenido se advierte que el Actuario de su adscripción, hizo constar la imposibilidad para reinstalar a la parte actora. b) En virtud de lo anterior, hizo efectivo la medida de apremio decretado en contra de la parte demandada, en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, y ordenó girar oficio al Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, para ejecutar la multa. c) Por lo anterior, al no haber llevado a cabo en sus términos la aludida diligencia, señaló las diez horas del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. d) Turnó los autos al Actuario de su adscripción, para que requiera a las demandadas ********************, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y ********************, Asociación Civil, reinstalen al actor en su fuente de trabajo, se le de posesión como interventor con cargo a la caja, entregándole la documentación relacionada con la administración de las personas morales, así como les requiera la entrega de las constancias del entero de las cuotas y aportaciones al IMSS, INFONAVIT y AFORE. e) Apercibió a la parte demandada, que de no dar cumplimiento, se haría acreedora a una multa consistente en veintiséis días de salario mínimo general vigente. f) De igual manera, turnó los autos al Actuario de su adscripción a fin de que notifique a las partes el auto en comento. g) Asimismo, remite copia certificada del oficio ******************** dirigido a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla. En congruencia con lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia se requiere a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y al Actuario adscrito a dicha Junta, para que realicen lo siguiente: 1) En el plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, notifique a las partes el auto de trece de noviembre de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral ********************; debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes. 2) En la fecha señalada para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación del actor - diez horas del cinco de diciembre de dos mil veintitrés - lleve a cabo su desahogo. 3) En el término de veinticuatro horas, siguientes al en que tenga verificativo la aludida diligencia, remita copia certificada de la misma y el acuerdo que le recayó. En virtud de lo anterior, deberán remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Sin dejar de reiterar que la autoridad responsable que deberá ir aumentando gradualmente la severidad de las medidas hasta lograr vencer la contumacia de la demandada en el juicio laboral de su índice. De lo contrario -como ya se le ha hecho saber a la autoridad responsable- se podrá configurar una conducta evasiva para desarrollar las obligaciones que le fueron impuestas en la ejecutoria de mérito, generando las consecuencias previstas en el artículo 193 de la Ley de Amparo, incluyendo la separación del cargo de las personas titulares. Por tanto, se apercibe a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a ********************, persona física que actualmente ocupa el cargo de Presidenta la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla,******************** representante de los trabajadores, ******************** representante de los patrones y a ******************** Actuario adscrito a la Junta, una multa, a cada uno, de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, la citada titular requerida seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo; y de igual forma será comprometida la persona física que ocupe el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que dicha autoridad es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." De igual forma, se requiere al superior jerárquico del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, es decir, al Presidente de la aludida Junta, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite copia certificada del testimonio de la resolución emitida el trece de octubre de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 175/2023 y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa con cinco tomos anexos. Dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión y comuníquese que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Nora Hilda Adame Braña en su carácter de representante del de cujus José Manuel Adame Mier, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero." Acúsese el recibo de estilo vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Respecto del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión, agréguese únicamente la carátula y las actuaciones posteriores a la certificación por la que se integró el aludido cuadernillo; en el entendido de que las restantes deberán destruirse, en términos del artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción II y 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es susceptible de CONSERVACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio en el que se negó el amparo. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a su lugar de origen las copias certificadas del expediente toca ********************, del índice de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y copias certificadas del expediente ********************, del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, mismas que obran por cuerda separada del presente juicio de amparo identificadas como cuadernos auxiliares I, II, III, IV y V. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que remite copia certificada del auto de seis de octubre del año en curso, así como de las constancias de notificación a las partes del citado auto, dictado en el expediente laboral D-2/678/2023, de su índice, de cuyo contenido se advierte en lo que interesa que: -Acordó el informe del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y concedió término de tres días a las partes para que manifestarán lo que en su interés conviniera. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con las constancias de cuenta, así como las acordadas en auto de once de mayo y siete de junio de dos mil veintitrés, registradas con los números 9345 11056, por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; se apercibe a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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