Víctor Ramírez Aguilar
Expediente 1265/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1265/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Víctor Ramírez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictado en este juicio, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, no obstante que se sobreseyó el presente juicio en que se actúa, lo procedente es declarar que es susceptible de depuración, en virtud de que mediante acuerdo de quince de noviembre del presente año, se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III, del punto vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que dice que todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, deben conservarse. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Por lo anteriormente expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. SE DEJA SIN MATERIA el presente cuaderno incidental, por lo que toca a la suspensión definitiva solicitada por *******, contra los actos que reclama del Fiscal General y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán y con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese y regístrese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE veinte de octubre de dos mil diecisiete, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguense a los mismos para que obren como legalmente correspondan, el INFORME JUSTIFICADO de cuenta rendido por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, en suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, así como el anexo en copia certificada que adjuntó al mismo, del que se precisa que el directo quejoso Víctor Ramírez Aguilar, fue detenido y recluido en la Cárcel Pública de la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad, el quince de octubre del presente año, ese mismo día, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación número N1/270/2017; y que posteriormente, el día diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, fue puesto en libertad; documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias que remitió el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, por suplencia del Fiscal General de esta entidad, que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, Mateo Iván González Berzunza, promovió demanda de amparo reclamando de la nombrada autoridad responsables y otra, la detención, privación de la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación y malos tratos del directo quejoso Víctor Ramírez Aguilar. Empero, de las constancias que el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, en suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, se advierte que el directo quejoso Víctor Ramírez Aguilar fue detenido y recluido en la Cárcel Pública de la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad, el quince de octubre del presente año, y ese mismo día, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación número N1/270/2017; y que posteriormente, el día diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, fue puesto en libertad, al estimar el Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo de esta entidad, que por el momento no solicitará la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues como quedó asentado, éstos se hicieron consistir, en la detención, privación de la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación y malos tratos del directo quejoso; los cuales ya cesaron y por tanto indudablemente se actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, en razón de que debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, ya que por su propia naturaleza, sería imposible restituirlos en el goce de los derechos que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es, como antes se dijo, sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos, del quince de noviembre de dos mil diecisiete, para los efectos legales a que haya lugar. Lo que se hace extensivo a la restante autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que las causas de improcedencia materializadas en el presente juicio de amparo son manifiestas e indudables. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguense a los mismos para que obren como legalmente correspondan, el INFORME JUSTIFICADO de cuenta rendido por el Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del Secretario de dicha dependencia, con residencia en esta ciudad, así como el anexo en copia certificada que se acompañó al mismo. Al efecto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes del informe y anexo de referencia y relaciónense para ser tomados en consideración en la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.
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