Víctor Rafael Olivares Martínez

Expediente 2308/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2308/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Víctor Rafael Olivares Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios y anexos signados por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 113, 114, 118 y 119). En relación con lo anterior, por auto de veinte de marzo del año en curso (foja 120), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el veintiséis de marzo del año actual (foja 123), surtiendo sus efectos al posterior día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veintiocho de marzo al uno de abril de dos mil diecinueve, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el quince de enero de dos mil diecinueve (fojas 62 a 80), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y por inscripción de préstamo hipotecario, con sustento el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, en relación al pago que efectúe la parte quejosa por cada uno de los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario, sobre la base de que dicho cobro de impuestos, será respecto de la cantidad de $280.00 pesos, por cada operación registral realizada por la parte quejosa; asimismo, deberá hacer la devolución que exceda del pagó que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que vigilara que fuera desincorporada de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y ni en el futuro, tales numerales legales; y, B). Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada inscripción que se realizó, relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público número veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y siete y la inscripción de préstamo hipotecario; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por el ente responsable (fojas 113 y 114), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica el siete de marzo de dos mil diecinueve, por la cantidad de $20,098.63 (veinte mil noventa y ocho pesos 63/100, moneda nacional), cantidad debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $20,231.54 (veinte mil doscientos treinta y un pesos 54/100, moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), de cada inscripción que realizó, que resultan ser dos, con un total de $560.00 (quinientos sesenta pesos 00/100, moneda nacional) nos da como resultado la cantidad de $19,671.54 (diecinueve mil seiscientos setenta y un pesos 54/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho y en el mes de marzo de dos mil diecinueve, se efectuó la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho a febrero del año en curso; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de febrero del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de enero de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre del año anterior fue 100.917; y para el mes de enero de dos mil diecinueve 103.108. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0217 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $20,098.41 (veinte mil noventa y ocho pesos 41/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $133.12 (ciento treinta y tres pesos 12/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $20,098.63 (veinte mil noventa y ocho pesos 63/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $20,098.41 (veinte mil noventa y ocho pesos 41/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $20,098.63 (veinte mil noventa y ocho pesos 63/100, moneda nacional), es decir, hay un déficit de $.22 (veintidós centavos), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la parte agraviada, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **

  2. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo presentados el once de marzo del año en curso (fojas 113 y 114), dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. **

  3. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de garantías; sin embargo, dígase que para que dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito, deberá comprobar la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, deberá indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados. En la inteligencia, de que subsiste el apercibimiento decretado en acuerdo de catorce de febrero del año en curso (fojas 100 y 101). **

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Delegado de las responsables denominadas Síndico Municipal, Secretaría General y Tesorería, todos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite el acta de recepción de pago (cheque) a la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a dicha parte con el libelo y anexo de cuenta; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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