Víctor Quintín Fragoso Saldaña

Expediente 284/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
284/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Víctor Quintín Fragoso Saldaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas; glósense los cuaderno incidentales correspondientes y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Finalmente, devuélvanse al Magistrado Semanero Integrante de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México y al Juez Cuarto de lo Familiar en Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán México, las constancias que acompañaron a sus informes justificados. Téngase los oficios que al efecto se giren como acuse de recibo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 284/2022-I, promovido por **********, albacea removido y coheredero, ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Por último, doy cuenta con el escrito con registro 7228. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. En cuanto al escrito de cuenta, por el que el tercero interesado realiza diversas manifestaciones envía de alegatos, acuérdese en la etapa correspondiente. Período de pruebas. Abierto este período, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por el quejoso, el tercero interesado **********, y la autoridad responsable. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas que obran en autos. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que el tercero interesado ********** realizó manifestaciones en vía de alegatos. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por hechos sus argumentos los cuales serán tomados en consideración al momento de emitir el fallo que en derecho corresponda. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 284/2022-I; y, R E S U L T A N D O I. **********, albacea removido y coheredero, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad. II. Previo desahogo de prevención y su ratificación, por auto del seis de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo con el número 284/2022-I; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. III. Por auto del veinticinco de abril de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la autoridad judicial responsable que emitió la determinación reclamada tiene su residencia en la demarcación territorial de este Juzgado de Distrito, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: La resolución del once de febrero de dos mil veintidós dictada en el toca de apelación 5/2022 por la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, que confirmó la diversa del uno de diciembre de dos mil veintiuno en la que se declaró procedente la tramitación del incidente de remoción de albacea hecho valer por ********** por conducto de mandataria judicial ********** contra **********. Tercero. Son ciertos los actos que se le atribuyen a la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, y al Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, ambos del Estado de México. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitieron en apoyo a sus informes justificados. Cuarto. Al no existir causa de improcedencia que conduzca a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales se considera innecesaria su transcripción y se tienen por reproducidos en términos del escrito de demanda. La parte quejosa en sus conceptos de violación señala que el acto reclamado infringe los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con los diversos 1.134, 1.137, 1.138, 1.194, 1.195, y 1.366 el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Ello es así, porque la autoridad en los considerandos V y VI determinó que los argumentos de inconformidad resultan infundados, bajo el supuesto de que es irrelevante que existieran o no bienes hereditarios o que los tuviera en administración el albaceazgo u otra persona investida de legalidad; circunstancia que atenta contra la lógica de que nadie está obligado a lo imposible y además de que no se puede informar sobre lo que no existe o sobre lo que no se tiene de acuerdo al artículo 4.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Que en ese supuesto, forzosamente tendría que tratarse de bienes hereditarios y estos solamente pueden ser los que se encuentran relacionados y probados en el inventario a que se refiere el artículo 4.50 del código adjetivo en cita; o incluso aquellos que fuesen materia de una pieza incidental, en que se haya hecho oposición a dicho inventario, como lo estipulan los numerales 4.52 y 4.53 del ordenamiento en comento, sin que sea óbice que en la resolución combatida señale que se tiene como objeto de la cuenta bimestral respecto al medio de informar a los demás herederos el estado que guarda la sucesión, cuando se advierte de las constancias del testimonio de apelación la ausencia de bienes, tan es así que ninguno de ellos presentó incidencia alguna para oponerse o demostrar inconformidad al inventario; incluso fue aprobado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno sin que hasta la fecha ninguno de los coherederos u otra parte legítima se hubiera inconformado. Que la obligación de rendir cuentas está supeditada y condicionada necesariamente no solamente a lo contenido y reportado en la segunda sección de inventario y avalúo, sino a que el obligado a la rendición de cuentas haya tenido la administración de los bienes hereditarios, ya que estos no pueden existir arbitrariamente, si no son mencionados, registrados, acreditados y validados en cualesquiera de las cuatro secciones del sumario sucesorio y de las incidencias que por cuerda separada, obliguen a modificar las resoluciones inherentes (no se puede invocar y estudiar otra actuación, porque no existen con ese efecto después de la aprobación de la segunda sección de inventario y avalúo). Que si bien el juez esgrimió una serie de artículos en su resolución para fundar y motivar la misma, como argumenta la sala al referirse al potencial quebranto del derecho de los coherederos para conocer el estado de la mortual y el derecho a controvertir los actos u omisiones procesales del albacea, ello no quiere decir que fueran legalmente observados y aplicados puesto que ningún acto atribuible al albaceazgo, les quedó oculto, tan es así que -como se advierte del testimonio de apelación- existe la expresa conformidad de **********, la tacita conformidad de ********** su sucesión y la recurrente e ineficaz impugnación de ********** y **********, que se han inconformado con diversa piezas procesales, sin éxito alguno que las modifique y menos alguna incidencia que pudiese modificar lo que fue aprobado por el propio a quo el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y cuyo resolutivo es probanza obligada tanto para la alzada, como lo fue para el inferior, al momento de resolver la remoción de dolencia. Que los artículos 1.134 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan a las responsables a sujetarse a los términos y plazos, y deben hacerlos respecto a la letra del diverso 4.56 del mismo ordenamiento legal y no darle una interpretación que no tiene sustento de permisibilidad, puesto que el verbo "tener" y el verbo "estar", como sinónimos de posesión para administrar e imperativo de hacer que se estipula en este último, no merecen otra interpretación y menos la que se esgrime en el considerando IV de la sentencia combatida en sus páginas 9, 10 y 11, porque los bienes hereditarios de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6.227, fracciones I, III, IV, VI, del Código Civil del Estado de México, se refieren a la existencia material a la que es afecta la masa hereditaria. Que la masa hereditaria -dada su universalidad- se integra por bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte del autor de la mortual de acuerdo a lo prescrito en el artículo 6.1 del Código Civil, que deben recaer sobre bienes identificables, pagables y repartibles, es decir, no existen fantasmas de bienes que puedan involucrarse en las cuatro secciones de una mortual, prescripciones éstas que se soslayan en la sentencia reclamada. Que al confirmarse la remoción del albaceazgo a su cargo, se le priva del derecho a tal ejercicio, en tanto como coheredero designado por la mayoría, sin sujetarse a los principios de exactitud, congruencia y dirección procesal, que obligan a la observancia del texto y efectos jurídicos del artículo 4.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Que por ello no son aplicables las tesis que citó la responsable para tener por administrables a fantasmas de bienes o bienes inexistentes y por tanto no puede existir fundamentación y motivación como causa legal de la privación. Para el caso de que existieran bienes y que el quejoso los haya tenido en administración sería ineludible la responsabilidad para rendir cuentas bimestrales, pero si no existen y menos involucrados en la sección correspondiente no se pueden administrar. Por cuestión de método y atento a las facultades que otorga el artículo 76 de la Ley de Amparo, los anteriores argumentos se examinan de manera conjunta dada su estrecha vinculación, los cuales se consideran infundados, por los motivos que se pasan a exponer. En la interlocutoria reclamada se indicó: - Que los agravios resultaron infundados porque el apelante esgrimió como punto toral de sus agravios que el juez primigenio soslayó el hecho de que el artículo 4.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, señala cuáles son las excusa o condiciones legales que pueden actualizar la hipótesis de exigibilidad prescrita para quienes tengan la administración de los bienes hereditarios, pues éste establece como condicionante para los sujetos obligados, el que hayan "tenido la administración", es decir la tenencia, uso, goce y usufructo de los bienes hereditarios a cuenta del albacea de la sucesión, siendo estos últimos, el otro supuesto de necesaria acreditación, que deviene en condición para asumir y sancionar en su caso la administración. - Que también señaló que no ha incumplido obligación alguna de las estipuladas en el artículo 6.227, fracción III, del código sustantivo civil, dado que al no existir bienes hereditarios no los tiene en posesión y por tanto no podría administrarlos para que a la temporalidad bimestral rindiera cuenta de tal ejercicio de tutela y preservación, por lo que la omisión sancionable en el numeral 4.58 del código procesal civil, es justificada al no satisfacerse la "administración" por falta de "tenencia" y ésta por inexistencia de "bienes hereditarios". - Que los argumentos fueron infundados en virtud de que si bien es cierto del contenido del artículo 4.56 del código procesal civil, se advierte que éste establece: ". el interventor, el albacea y cualquier persona que haya tenido la administración de los bienes hereditarios, están obligados a rendir bimestralmente, cuenta de su administración (sic).", también es cierto que la obligación a la que se refiere dicho precepto legal, no sólo comprende la administración de la masa hereditaria, pues ésta se traduce en la relación de los actos llevados a cabo en el ámbito de la facultades concedidas de lo recibido y de lo que entrega, con su correspondiente justificación. Para que a su vez, los demás herederos hagan la revisión o escrutinio de lo informado o rendido, para su aprobación o desaprobación, lo cual puede conllevar a que exista un litigio entre quien lo da y quien lo recibe. - Que aun cuando no existan bienes que conformen la masa hereditaria, no es factible concluir que dicha circunstancia, pueda conducir al extralógico de eximir al albacea de cumplir con la obligación que le impone la fracción III del artículo 6.227 del código sustantivo civil, así como el diverso 4.56 del código adjetivo civil de rendir cuentas bimestrales, pues de admitir lo anterior, se estaría vulnerando el derecho de los coherederos a conocer el estado que guarda la presente sucesión, así como el derecho a controvertir las acciones llevadas a cabo por el albacea en el ejercicio de su encargo, el cual tiene su origen en los preceptos 4.61 y 4.62 de la última ley en cita. De ahí que el legislador en el numeral 4.58 del código procesal civil haya previsto y sancionado dicha omisión con la remoción del cargo de albacea. Y citó en apoyo la tesis VII.2o.C.78 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro digital 189219, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1175, de rubro: "ALBACEA. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIDO EN SU CONTRA POR LOS HEREDEROS O LOS DIRECTAMENTE INTERESADOS, ANTE LA OMISIÓN DE CUMPLIR CON TAL OBLIGACIÓN EN EL TIEMPO EN EL QUE FUNJA O HAYA FUNGIDO CON TAL ENCARGO. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y ARMÓNICA DE LOS ARTÍCULOS 647 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y 1658 DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ". - Que fue infundado el argumento vertido por el inconforme, en lo tocante a que su omisión de rendir cuentas bimestrales no es sancionable en términos del artículo 4.58 del código adjetivo de la materia, toda vez que no se cumplen las condiciones exigidas por el diverso numeral 4.56 del ordenamiento legal en cita, consistentes en que se tenga la administración de los bienes hereditarios, dado que éstos no existen. - Que la anterior aseveración emerge en atención a que ese tribunal de alzada comparte el criterio del juez natural respecto a que la obligación del albacea de rendir cuentas bimestrales, no se encuentra condicionada necesariamente a lo contenido o reportado en la segunda sección de inventario y avalúo, pues cada una de las secciones guarda independencia entre sí; ello aunado a que tal como quedó sostenido en líneas que anteceden, la rendición de cuentas no solo comprende la administración de los bienes que conforman el caudal hereditario, sino que, también es el medio de informar a los demás herederos el estado que guarda la sucesión. - Que no pasaba desapercibido para ese órgano colegiado que contrario a lo referido por el recurrente el juez primario, si cumplió con los dispositivos legales invocados por éste ya que los argumentos que sustentan la resolución impugnada si se encuentran ajustada a lo establecido por las leyes sustantivas y adjetivas de la materia que fueron señaladas en la propia resolución; en suma a ello, se pronunció sobre el fondo del asunto planteado en primera instancia que versó sobre las causas invocadas por la actora incidentista para remover el cargo de albacea al impetrante. Y cito en su apoyo la jurisprudencia V.2o. J/32 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con registro digital 219034, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 54, Junio de 1992, página 49, de rubro: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION". Se dice que son infundados los conceptos de violación por que es preciso tener en cuenta que los artículos 4.56 y 4.58, del Código de Procedimientos Civiles y 6.227, fracción III, del Código Civil, todos del Estado de México, establecen lo siguiente: "Artículo 4.56. El interventor, el albacea y cualquier persona que haya tenido la administración de los bienes hereditarios, están obligados a rendir bimestralmente, cuenta de su administración, pudiendo el Juez de oficio o a petición de parte, exigir el cumplimiento". "Artículo 4.58. Es causa de remoción, la omisión de rendir cuentas bimestrales, o si no se aprueban. El trámite se hará en forma incidental". "Artículo 6.227. Son obligaciones del albacea general: (.) III. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; (.)" De los artículos transcritos, se obtiene lo siguiente: 1) El albacea está obligado a rendir informe bimestral. 2) Esa obligación tiene como finalidad que la sucesión se entere con transparencia de los bienes que existen en el caudal hereditario. 3) El incumplimiento de tal obligación, tiene como consecuencia la remoción del albacea. De las obligaciones enumeradas, se advierte otra, como lo es que el albacea no tiene excepciones para cumplir sus obligaciones, incluso inexiste precepto legal alguno en ese sentido. En efecto, si la finalidad de rendir el informe, es que exista transparencia en el encargo y que los herederos estén informados de qué sucede con los bienes de la herencia, es decir, de su administración en general (mantenimiento, frutos, cuentas, etcétera), y que en caso de que incumpla será removido, sin que se prevea situaciones de excepción. Entonces, para que se logre la transparencia de las obligaciones del albacea, debe rendir sus informes con independencia de si existen o no bienes del caudal hereditario, dado que los herederos están interesados en conocer todo sobre la herencia, para que opinen de la manera en que se rindió y si es fiable. Pues de haber excepciones a esa obligación del albacea, a pesar de inexistir precepto que lo prevea, no habría transparencia en el cargo y se dejaría de tener esa finalidad del cargo. De esta manera, tal y como lo señaló la Sala responsable, la obligación que tiene el albacea de rendir cuentas no es susceptible de suspenderse o relevarse, porque se entorpecería el procedimiento del juicio sucesorio, que es de interés público. De ahí, que se considere correcta la decisión de la autoridad responsable, en el sentido de que la ley exige al albacea que administre los bienes de la sucesión, por tanto, está obligado a rendir las cuentas del albaceazgo, pues así se establece en el artículo 6.227, fracción III, del Código Civiles del Estado de México, que le impone la obligación de informar la situación y los pormenores en torno a dichos bienes. Es decir, el albacea tiene la obligación de rendir el informe que permita saber que no existen bienes que administrar o cuentas que rendir, pues la omisión de esa obligación, genera la imposibilidad de que la tercero interesada ejerza su derecho a la revisión y escrutinio de dichas cuentas para aprobarlos; o bien, de impugnarse ese informe, en caso de estar en desacuerdo con él. Sirve de apoyo la tesis P. XXVIII/93 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 205567, materia Civil, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 65, Mayo de 1993, página 29, de rubro y texto: "SUCESION. LOS BIENES QUE FORMAN LA MASA HEREDITARIA, NO REQUIEREN SER INVENTARIADOS PARA PERTENECER A ELLA. De conformidad con los artículos 1288 y 1295 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, los bienes que forman la sucesión pertenecen a ésta desde la muerte del de cujus. Por tanto, la falta de listado de determinados bienes del de cujus en la fase del inventario en un proceso sucesorio no los excluye de la universalidad de bienes que constituye la masa sucesoria y, por ende, no impide al albacea, como legítimo representante de la sucesión, realizar todos los actos de administración sobre dichos bienes, incluyendo su defensa en juicio, de conformidad con los artículos 1705 y 1706, fracciones VII y VIII, del mismo código". (Lo resaltado es propio). Así como la tesis VI.2o.C.5 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con registro digital 2000306, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, página 1050, de rubro y texto: "ALBACEA. ES INEXACTO QUE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA SUCESIÓN QUE TIENE A SU CARGO, SE ACTUALICE ÚNICAMENTE CUANDO LOS BIENES DE LA HERENCIA PRODUZCAN INGRESOS, FRUTOS O GANANCIAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando la ley exige al albacea que administra los bienes de la sucesión que rinda cuentas del albaceazgo, en el artículo 3455, fracción IV, del Código Civil para el Estado de Puebla, le marca la obligación de informar la situación y los pormenores en torno a dichos bienes, siendo inexacto que tal obligación se actualice únicamente cuando los bienes produzcan ingresos, frutos o ganancias, pues de ser ésta la intención del legislador así lo hubiera expresado; además de que se debe tomar en consideración que existe interés por parte de los herederos de conocer la situación y condiciones de los bienes durante el desarrollo de la sucesión, hasta la partición y liquidación de los mismos y no sólo los ingresos que con ellos se hayan obtenido, pues desde la muerte del autor de la herencia los bienes que la forman, mejoran, se deterioran o perecen en su beneficio o en su perjuicio, de acuerdo con el artículo 3027 del referido ordenamiento legal". Y la diversa tesis XI.2o.101 C del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con registro digital 190225, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Marzo de 2001, página 1717, de rubro y texto: "ALBACEAS. NO ES NECESARIA LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS BIENES HEREDITARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 1562 del Código Civil del Estado dispone que el derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite por ministerio de la ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia. Por consiguiente, debe concluirse que desde que se comprueba el fallecimiento de éste, la ley otorga ipso facto la posesión tanto al albacea como a los herederos o presuntos herederos de la masa hereditaria, poseyendo el primero en nombre propio, por la parte que le corresponda en la misma persona, y en nombre ajeno, por la porción que corresponde a los demás herederos y legatarios. Lo que implica que la ley no requiere que esa posesión sea material, para el desempeño de las obligaciones del albacea, sino únicamente virtual. Cierto, de conformidad con el artículo 1564 del Código Civil del Estado, son obligaciones del albacea general, entre otras, la administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; en armonía con tal disposición legal, el diverso precepto 1580 del mismo ordenamiento jurídico dispone que el albacea está obligado a rendir cada mes cuenta de su albaceazgo; que no podrá ser nuevamente nombrado, sin que antes haya sido aprobada su cuenta mensual; que rendirá la cuenta general del albaceazgo, así como la de su administración, cuando por cualquier causa deje de ser albacea. De tales preceptos resulta que la cuenta del albaceazgo es distinta de la de administración, pues la primera se refiere a los actos relativos al desempeño del cargo y la segunda al rendimiento y administración de los bienes. En ese contexto, debe decirse que en ninguno de los supuestos es necesaria la posesión material del acervo hereditario, pues no existe disposición legal que así lo establezca y, por el contrario, según el Diccionario de la Real Academia, el término "administrar" tiene también las siguientes dos acepciones: "Ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda de los bienes." y "Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad.". De tal manera que la ley no requiere una posesión material para el desempeño de uno y otro deberes del albacea, sino solamente un poder de hecho o disponibilidad del acervo hereditario, el cual lo tiene el representante de la sucesión por el solo hecho de encontrarse investido de ese cargo; de aceptar lo contrario, sería tanto como concluir que la enunciada función comienza hasta en tanto se le ponga en posesión material de los bienes al albacea, lo cual iría contra toda lógica, pues no debe perderse de vista que en ningún momento la sucesión puede estar sin representante, menos en casos urgentes, como es promover para preservar un derecho que, si no se ejerce a tiempo, puede caducar". De lo anterior, se colige que el albacea, tiene la obligación ineludible de rendir el informe de su administración, con independencia de que existan o no bienes en el caudal hereditario, porque la rendición de cuentas no está supeditada a la existencia de bienes, es decir, no existe algún precepto que limite o exente esa situación. En otras palabras, en el caso, debe considerarse que el artículo 4.56 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, le impone al albacea la obligación de rendir su informe bimestral, en tanto, el diverso 4.58 del citado cuerpo normativo, establece su remoción del cargo, si es omiso en rendir sendas cuentas de administración. Por tanto, de la interpretación armónica de dichos preceptos legales, se concluye que la obligación que tiene el albacea de rendir su informe trimestral de la administración de la sucesión, no tiene dispensa alguna, porque si no rinde cuentas, es causa de remoción. Por lo anterior, se colige que no le asiste la razón al impetrante, toda vez que, el albacea en los juicios sucesorios tiene la obligación de rendir las cuentas inherentes al cúmulo hereditario, cuya obligación no debe suspenderse ni omitirse en ningún momento. Sirve de apoyo, la tesis XVII.1o.C.T.29 C (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con registro digital 2019983, materia Civil, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5108, de rubro y texto: "ALBACEA. TIENE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE SU ADMINISTRACIÓN TRIMESTRALMENTE, NO OBSTANTE QUE HAYA MANIFESTADO LA INEXISTENCIA DE BIENES EN LA SUCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). De conformidad con el artículo 456 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el albacea de la sucesión está obligado a rendir cuentas de su administración de forma trimestral, durante el periodo de su encargo, debiendo presentarlas dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al trimestre de que se trate, sin que se establezca excepción alguna en la forma y términos del rendimiento de éstas, por lo que es evidente que quien acepta dicho cargo debe cumplir con la obligación señalada, no obstante que, previamente, se hubiera manifestado la inexistencia de bienes, porque esa información está sujeta a impugnación por parte de los interesados en la sucesión, mediante el incidente previsto en el diverso artículo 460 de la codificación en comento". Así como la tesis Tesis: XX.95 C del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con registro digital 201862, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, página 368, de rubro y texto: "ALBACEA DE LA SUCESION. ESTA OBLIGADO A RENDIR CUENTAS, SIN QUE SEA OBICE PARA ESE EFECTO LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ALEGUE QUE NO ESTA EN POSESION MATERIAL DEL CAUDAL HEREDITARIO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Salvo prueba en contrario, se presume que el albacea de la sucesión fue puesto en posesión de la masa hereditaria mediante el reconocimiento de herederos a través de la declaratoria correspondiente, de conformidad con lo que establece el artículo 1678 del Código Civil para el Estado de Chiapas; por tanto, es pertinente señalar que, de cualquier manera la obligación de rendir cuentas que tiene el albacea en los términos de ley mientras dure la tramitación o esté abierto el juicio sucesorio es de carácter ineludible por disposición expresa del artículo 817 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el diverso artículo 1696 de la ley sustantiva civil, sin que pueda alegarse en contrario la falta de posesión material del caudal hereditario, en razón de que sus obligaciones legales, entre otras, son precisamente el aseguramiento de los bienes, su administración y, en general, todos aquellos actos de conservación que sean necesarios para su preservación, en términos del artículo 1680 del ordenamiento sustantivo invocado; con independencia de que pudiera suceder que no existieran frutos o gananciales, de conformidad con el artículo 1698 de la ley sustantiva civil invocada, está obligado así a manifestarlo ante la autoridad judicial; y, por último, al ser removido del cargo de albacea, éste en términos del artículo 1696, in fine del Código Civil en comento, tiene la obligación de rendir la cuenta general de su encargo, con la única excepción de aquella en que los coherederos renuncien a ese derecho". En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, albacea removido y coheredero, en contra de las autoridades precisadas en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y por lista electrónica a la parte quejosa y terceros interesados. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a los terceros interesados **********, ********** y **********, en auto del veinticinco de abril del año en curso, a efecto de que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano judicial, sin que lo hubieran hecho, por tanto, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y se ordena notificarles este proveído y los subsecuentes aun los de carácter personal, por medio de lista electrónica que genera este juzgado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con los informes justificados y constancias remitidas en apoyo, para que expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y a los terceros interesados. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito del tercero interesado **********, téngasele por apersonado a este sumario constitucional. Asimismo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones y documentos, la lista electrónica que se publica por este órgano jurisdiccional, en atención a que el que se señala se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado. Sin que en la especie se le tenga reconocido el domicilio procesal que señala para que se le practiquen las notificaciones de conformidad con la jurisprudencia 43/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que el artículo 27, fracción I, de la legislación de amparo vigente, establece que las notificaciones personales se harán, cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, el cual debe entenderse el Municipio o ciudad en que se encuentre el domicilio de dicha autoridad y no la circunscripción geográfica correspondiente a la entidad federativa o circuito judicial en que se encuentre. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006159, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 507, de rubro: "PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)". Por autorizadas a las personas que menciona en los términos que refiere. Con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos hace valer; relaciónense en el momento procesal oportuno. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba la documental que anexa al libelo de cuenta, la cual se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza. Finalmente, téngase a la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán México, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Con apoyo en lo dispuesto en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada conforme a su propia y especial naturaleza, la documental que en copia certificada adjunta, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior y no irrogar perjuicio alguno a las partes, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que en su lugar se fijan las nueve horas del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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