VÍCTOR OTHÓN LUGO GONZÁLEZ y Otros.
Expediente 637/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal, consede en Juárez, Chihuahua
- Víctor Othón Lugo González
- VÍCTOR OTHÓN LUGO GONZÁLEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del acuerdo que sobresee fuera de audiencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que no se concedió suspensión provisional ni definitiva es destruible, de conformidad con el artículo 21 inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral vigésimo primero, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que no se advierte alguna suspensión otorgada, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, gante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Como esta ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 20 fracción II, inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el presente expediente es destruible; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de seis meses, concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el segundo párrafo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuanta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, informando que por audiencia de fecha de hoy, la imputada Martha Jiménez Vizcarra y/o Martha Evelia Jiménez Vizcarra, nombró y designó defensor público federal para que la patrocinara en la causa penal 682/2021, quien aceptó y protestó el cargo conferido, revocando el cargo de defensores particulares que la representaban, lo que se hace del conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el catorce de julio del dos mil veintidós, mediante el cual el licenciado Víctor Othón González y José Manuel Velásquez Luján, por sus propios derechos, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a quienes le reclamó el que no les permitan renunciar a su cargo de defensores particulares de la imputada de nombre Marta Evelia Jiménez Vizarraga sin causa que justifique el hecho de incumplir con lo señalado por la Constitución Mexicana en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a las leyes del procedimiento, así mismo reclamo la omisión de todas las autoridades responsables de dar cumplimiento a la Constitución en el sentido de que a nadie se le puede obligar a dedicarse al oficio, profesión o trabajo licito en contra de su voluntad. Por acuerdo de dieciocho de julio dos mil veintidós, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrado en este asunto bajo el consecutivo 637/2022-III-B; se solicitó a la autoridades responsables su informe justificado, se le dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, se acredita la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Dicho numeral es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)" De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamaron en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causa de improcedencia transcrita, ha establecido el criterio contemplado en la tesis 2a. CXI/96, visible en la página 219 del Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." De lo anterior, se concluye que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica que produce que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas, al no poder decidirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por el quejoso, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el suscrito estima pertinente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, cabe precisar que las causales de improcedencia por la que se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce, bajo el registro 2006485, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Con igual sentido se invoca la tesis 1a. CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, con registro 2002359, que rubro y contenido: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Por lo tanto, se deja sin efectos el día y hora señalado en autos para la audiencia constitucional, esto es, a las once horas con treinta minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y notifíquese el presente proveído a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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