Víctor Osiel Moscoso Rosas

Expediente 886/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
886/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Víctor Osiel Moscoso Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el once de julio de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, articulo 20 fraccionen IV, establece que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo anterior mencionado, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ellos a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que la parte quejosa no exhibió documentos originales con el escrito inicial de demanda. 4. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo segundo, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés. 1. Se recibe despacho diligenciado. Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Sahuayo, Michoacán, en atención a su contenido, devuelve diligenciado el despacho 196/2023, orden 391/2023, del índice de este órgano jurisdiccional; con las constancias que así lo acredita, esto es, notificar al quejoso Víctor Osiel Mosco Rosas, Edgar Andrés Nieves Gómez y Jorge Armando Valencia Luna, el auto once de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Dese de baja la comunicación y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.SSCH/MARA/vmv

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, ******************** y ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Presidente del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Sahuayo, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ********************/2023. 2. Improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". 2.1. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. De lo referido por los quejosos en su escrito inicial de demanda, se advierte que señalan como actos reclamados: ( La audiencia de debate de tres de julio del año en curso, derivada de la causa penal ********************/2022, relativa a la carpeta de investigación ********************, en la que el juez responsable determinó no hacer válido el apercibimiento decretado en la audiencia de veinte de junio pasado, respecto a la prueba ofrecida por la representante social, en el sentido que si alguna de partes no se presentaba a dicha audiencia, se tendría por desistida dicha probanza. 3. Causa de improcedencia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." 3.1. Estudio de la improcedencia actualizada. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Así, el concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales de la parte quejosa de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por los quejosos no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, si bien fue emitido dentro de la causa de origen, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno. En otras palabras, se trata de un acto dictado dentro de la causa de origen en que la autoridad responsable determinó no hacer válido el apercibimiento decretado en la audiencia de veinte de junio pasado, respecto de la prueba ofrecida por la representante social, en el sentido que si alguna de partes no se presentaba a dicha audiencia, se tendría por desistida dicha probanza, por lo que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos los cuales, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado la determinación del juez responsable de no hacer válido el apercibimiento decretado en la audiencia de veinte de junio pasado, respecto de la prueba ofrecida por la representante social, en el sentido que si alguna de partes no se presentaba a dicha audiencia, se tendría por desistida dicha probanza, ello dentro de la audiencia de debate de tres de julio del año en curso, derivada de la causa penal ********************/2022, relativa a la carpeta de investigación ********************. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del causa natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable; en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de los promoventes, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Sin que pase desapercibido que los quejosos se encuentran privados de su libertad, no obstante, ello deriva de la privación preventiva dictaminada dentro de la causa de origen. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que el acto reclamado está relacionado con el desahogo de una prueba ofertada por la representante social, dentro de la continuación de la audiencia de debate en el juicio oral de origen, por lo que, resulta indudable que se trata de un acto meramente intraprocesal; por tanto, lo resuelto en las determinaciones reclamadas tiene como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantiva. Por esta razón, es necesario esperar hasta dictarse una sentencia definida absolutoria, prevista en el artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder combatir vía amparo las violaciones cometidas durante la substanciación del proceso, siempre que en tal caso se afecten las defensas de los quejosos y trasciendan al resultado del fallo adverso, tal como lo prevén los artículos 171 y 173, fracción XIX, apartado b, de la Ley de amparo que rezan: "LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (.) Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 173. En los juicios de orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) XIX. Al dictarse una sentencia definitiva absolutoria o un auto que se refiera a la libertad del imputado no se hayan respetado, entre otros, los siguientes derechos de la víctima u ofendido del delito: (.) b). A coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente tanto en investigación como en proceso y a que se le permita intervenir en el juicio; (.)" Lo anterior encuentra apoyo la tesis, cuyo rubro dice: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL. LA POSIBILIDAD DE ANALIZARLAS EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE PONEN DE MANIFIESTO COMO CONSECUENCIA DEL DEBATE ACONTECIDO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, NO CONSTITUYE UNA INTROMISIÓN EN EL ACTUAR DE LOS JUZGADORES QUE INTERVINIERON EN FASES ANTERIORES. Hechos: El quejoso -de origen guatemalteco- fue procesado y sentenciado por el delito de tráfico de personas extranjeras, sancionado por la Ley de Migración. En el juicio de amparo directo alegó, entre otras cosas, una violación a su derecho a la asistencia consular en las fases relativas a su detención y consignación. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del caso consideró, por un lado, que no era posible estudiar ese alegato con base en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.) emitida por esta Primera Sala. Sin embargo, a la vez calificó el planteamiento como infundado al considerar que el quejoso tuvo contacto con la Embajada de Guatemala durante el procedimiento administrativo de migración, en el que inicialmente fue considerado víctima. Éste fue el criterio sujeto a revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la posibilidad de analizar en amparo directo las violaciones procesales contenidas en el artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo, cuando se ponen de manifiesto sólo como consecuencia del debate acontecido en la audiencia de juicio oral, no debe entenderse como una forma de intromisión en el actuar de los juzgadores que intervinieron durante una etapa anterior. Justificación: Como lo sostuvo esta Primera Sala al fallar el amparo directo en revisión 669/2015, la organización del modelo acusatorio por etapas tiene una racionalidad específica: busca que cada una de ellas cumpla una función de depuración respecto a la subsecuente, de tal forma que el juicio fluya dinámicamente, de manera continua, sin tropiezos constantes que requieran reponer el proceso una y otra vez hasta las primeras fases. Sin embargo, de ello no se sigue que la doctrina de cierre de etapas haya buscado generar compuertas perfectamente herméticas que siempre impidan, en términos categóricos, debatir sobre lo sucedido en etapas preliminares, especialmente si lo acontecido ahí es relevante para la demostración de la argumentación integral del caso. La introducción de ese debate es perfectamente posible y connatural a la lógica del sistema acusatorio, siempre que el punto a dilucidar verse sobre el camino de la prueba y demuestre ser relevante para la teoría del caso que se pretende argumentar. Además, no se desconoce que, idealmente, es el Juez de Control quien opera como garantía orgánica o principal guardián de derechos en las primeras fases del proceso penal y quien debe decidir razonadamente qué pruebas merecen ser admitidas a juicio. Su misión es depurar y preparar el juicio para que, llegada la fase protagónica del proceso, el debate pueda fluir y no quedar entorpecido. Sin embargo, ese objetivo de ninguna manera puede obstruir la posibilidad de que la dinámica de la audiencia genere debate sobre la obtención de los medios de prueba que atañen a etapas previas y que se vinculan con el argumento global de las partes. Esto obedece a que resulta perfectamente normal que en la audiencia de juicio oral surjan planteamientos de carácter constitucional, pues -por la manera en que los principios de debido proceso irradian en las instancias ordinarias- el material probatorio siempre admite ser cuestionado a partir de argumentos sobre ilicitud de la prueba por violaciones a derechos humanos. 3.2. Desechamiento. Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la cusa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con el diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, así como el precepto 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando el Centro de Reinserción Social de Sahuayo, Michoacán, donde actualmente se encuentran recluidos y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que ********************, gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado cuenta con cédula profesional registrada ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, mientras las diversas personas únicamente para oír y recibir notificaciones en razón de sus cedulas no se encuentra registradas ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 5. Correo electrónico y teléfono. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico y número telefónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. 6. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Se gira despacho. Finalmente, al tomar en consideración que los quejosos ********************, ******************** y ******************** se encuentran recluidos en el Centro de Readaptación Social de Sahuayo, Michoacán, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Sahuayo, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y en el ámbito de su jurisdicción, ordene a quien corresponda, notifique el presente proveído a los citados quejosos. Con apoyo en el precepto 21 de la ley de la materia, se autoriza al Juez que conozca de la comunicación oficial para que, de estimarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para que el actuario lleve a cabo la diligencia encomendada, o cualquier otra diligencia relacionada con la notificación de mérito; asimismo, para que en caso de que la presente comunicación se remita a un órgano diferente al que deba prestar auxilio, lo envíe directamente al que corresponda. Hecho lo anterior, deberá devolver la encomienda, debidamente diligenciada y las constancias que acrediten su cumplimiento, o bien, manifestar el impedimento que tuvo para ello. Hágase saber al Juez auxiliar, que para el desahogo de la notificación podrá realizarla a través del uso de "videoconferencia". Para lo cual, el actuario de su adscripción al momento de la videoconferencia deberá darle lectura del contenido íntegro de la presente resolución; debiendo, levantar el acta correspondiente. Notifíquese; a la parte quejosa con despacho y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.SSCH/MARA/vmv

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