Víctor Omar Vázquez Vázquez

Expediente 599/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
599/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Víctor Omar Vázquez Vázquez
  • Víctor Omar Vázquez Vázquez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término previsto en el numeral 98 de la ley de la materia, para recurrir en queja el auto que desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 19 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    (AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL CATORCE DE JUNIO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE OCHO JUNIO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " Visto el oficio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual remite la demanda de amparo promovida por ., contra actos de la Juez y Secretaria de Acuerdos adscritos al Juzgado Cuadragésimo Séptimo Civil, Actuario del Juzgado Trigésimo Civil y Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 1, 8, 14, 16, 17 y 133 constitucionales, al efecto se acuerda: Acúsese recibo al Tribunal oficiante. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El ordinal 113 de la ley de la materia establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, de conformidad con el diverso numeral 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia se estudian de oficio. Al que se acompaña el amparo directo 317/2023. 2 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 3 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." II. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la controversia de arrendamiento inmobiliario., del índice del Juzgado Cuadragésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, en el que se ordenó su lanzamiento y desocupación, respecto del inmueble ubicado en., Ciudad de México. III. El juicio es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con la fracción IV, del 107, ambos de la ley respectiva que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]"De los artículos transcritos se advierte que contra actos reclamados derivados de un proceso judicial, el juicio de amparo biinstancial procede sólo contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, debe entenderse a aquella donde se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Lo que fue tomado en la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, Novena Época, con registro digital 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En efecto, como última resolución dictada en la fase de ejecución, debe entenderse: aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la orden de archivo definitivo del expediente; pudiendo reclamar en ella las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En el particular, el acto reclamado es el auto donde el juez decreta contra el quejoso la orden de lanzamiento y desocupación del inmueble identificado., Ciudad de México. Sin embargo, se colige del contenido integral de la demanda que el reclamo se suscita en la etapa de ejecución, dentro de un procedimiento donde es parte demandada; y no se ostenta como tercero extraño a juicio, además, de las constancias remitidas por el juez de origen se advierte que el accionante fue emplazado y dio contestación a la demanda incoada en su contra. Por tanto, resulta claro que no existe excepción alguna que permita considerar que la demanda de amparo es procedente y que conlleve a analizar su legalidad a través del medio de control constitucional, pues la resolución que constituye el acto reclamado es una cuestión derivada de la sentencia definitiva que constituye cosa juzgada en el juicio de origen. En otras palabras, con el acto reclamado no se está de cara a la determinación que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; ni declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, ni remiten el asunto al archivo definitivamente, de tal suerte que las violaciones e irregularidades que aduce, podrá hacerlas valer al momento en que se dicte la última resolución que determine el cumplimiento de lo sentenciado. Además, en caso de así estimarlo, podrá combatir el auto que reclama, a través del medio de impugnación que en su caso promueva en contra de la última resolución en etapa de ejecución, donde podrá invocar lo que estime conveniente en torno a las violaciones procesales que considere le perjudican. Resulta aplicable la jurisprudencia obligatoria del Máximo Tribunal que establece que el mandamiento de desalojo no es la última resolución en los asuntos de arrendamiento. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 189344, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." No obsta a lo anterior que en el escrito de demanda, el accionante manifestó lo siguiente: "(.) se puede evidenciar claramente que en ningún momento me ha sido notificada personalmente la sentencia que resolvió el asunto de fondo en el presente juicio, ni mucho menos el auto de ejecución, ni tampoco ningún requerimiento a complir (sic) tal y como lo prevee (sic) expresamente la ley adjetiva de la materia (...)" Sin embargo, de las constancias de autos se aprecia que el quejoso interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva de cinco de agosto de dos mil veintidós, misma que fue confirmada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca .; además, obran escritos posteriores en los que señaló domicilio procesal y solicitó el acceso al Sistema Integral para la Consulta de Resoluciones (SICOR). Lo anterior pone de manifiesto que su reclamo únicamente consiste en el auto de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en el que se ordenó su lanzamiento del inmueble materia de la litis, lo que encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales para emitir un pronunciamiento congruente e integral. Tampoco pasa desapercibido para el suscrito las manifestaciones del impetrante en las que refiere que sus padres -personas de la tercera edad- habitan en el inmueble materia del lanzamiento, y por ello solicita se juzgue aplicando el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos 4 Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." También se cita al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador"5 . Empero, es pertinente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1399/2013 estableció que si bien de dicho Protocolo se desprende la obligación del Estado de otorgar una especial protección a los derechos de los adultos mayores; ello no implica que en todos los casos en los que intervengan esa clase de personas, deba suplirse la deficiencia de la queja a su favor, pues el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y su susceptibilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora e intelectual. Por ello, la simple manifestación del quejoso en el sentido de que en el inmueble habitan personas de edad avanzada, es insuficiente para considerar que se trata de un grupo vulnerable, pues para ello tendría que demostrar que el envejecimiento los ha colocado en esa situación y que la disminución por su edad, les imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho que estiman violentado. Resulta aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL 5 Artículo 17 Protección de los ancianos Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos". BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja". Máxime que el accionante omitió aportar mayores elementos que permitan a este juzgador considerar lo contrario, pues sólo manifestó que son personas mayores de edad, sin indicar cuántos años tienen, así como las razones por las que el envejecimiento los ha colocado en una situación de vulnerabilidad. Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizada para los mismos efectos a la persona que menciona. Respecto de quien nombra en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo, tendrá las facultades amplias que prevé, si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estará autorizado para oír y recibir notificaciones. 6 Tesis 1a. CXXXIV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, abril de 2016, tomo II, página 1104. Por lo expuesto se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve., contra actos de la Juez y Secretaria de Acuerdos adscritos al Juzgado Cuadragésimo Séptimo Civil, Actuario del Juzgado Trigésimo Civil y Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Por recibido el oficio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual decretó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 599/2023. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Ahora, atendiendo a lo asentado en la certificación de cuenta, el comunicado que se provee se recibió sin anexos, por tanto, a fin de acordar lo conducente solicítese atentamente a la Alzada oficiante, remita a este órgano jurisdiccional todas las piezas del negocio cuya competencia declinó; informando a este órgano si cuenta con la demanda original del asunto, y en su caso, la envíe para determinar lo conducente. NOTIFÍQUESE.

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