Victor Olid Trejo Vivanco
Expediente 1662/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1662/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Victor Olid Trejo Vivanco
- Victor Olid Trejo Vivanco y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO AUTO DE SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 20 fracción II, inciso a) y 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente, así como el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del mismo son destruibles...III
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; nueve de diciembre de dos mil veintidós. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO. Visto el estado de los autos y de las constancias remitidas por la Titular del órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia derivada de la interpretación conjunta de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Acorde con lo previsto en los artículos 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución General, y 5, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo constituye un presupuesto de la acción de amparo; de lo que deriva uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de instancia de parte agraviada, conforme al cual, dicho proceso de control constitucional únicamente puede promoverse por quien resulte agraviado o afectado por el acto reclamado; es decir, se requiere como presupuesto de procedencia que el acto sometido a escrutinio constitucional perjudique los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Por otra parte, atinente al interés jurídico, éste ha sido entendido jurisprudencialmente como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese; por lo que se encuentra constituido por dos elementos básicos e imprescindibles, a saber: a) la titularidad del derecho subjetivo y b) la afectación de ese derecho por el acto de autoridad, de manera personal y directa; así se obtiene de la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 225, cuyos epígrafe y contenido son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Respecto del interés legítimo, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) que derivó de la contradicción de tesis 111/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que dicha figura jurídica se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que se requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Destacó, que se trata de una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple y, explicó, que no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Dicho criterio se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, registro digital 2007921; cuyo epígrafe es: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." Como se puede observar, en ambos casos -interés jurídico y legítimo-, una nota común es que se requiere que el acto que se pretende someter a escrutinio constitucional implique un perjuicio a quien demanda la protección de la Justicia Federal, esto es, que exista una afectación, que puede o no ser patrimonial, en su esfera jurídica, que sea apreciable objetivamente (tiene que ser real y no meramente de carácter subjetivo) que se concrete en la persona del quejoso (no ser abstracto o genérico) haberse producido, estarse generando o ser inminente, los actos probables no lo engendran, es decir, la manifestación potencial de la ejecución del acto reclamado no legitima al posible afectado para acudir al juicio de amparo. A mayor abundamiento, cabe citar que en la contradicción de tesis 456/2018, el Pleno del Máximo Tribunal reiteró que, en el supuesto de que la parte quejosa haga descansar su interés jurídico en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, debe demostrar los dos supuestos que integran ese interés, por una parte, la titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y, por otra, el perjuicio que le causa el acto de autoridad. Tomando como base lo expuesto en la citada ejecutoria, la improcedencia por falta de interés jurídico se puede generar por las siguientes hipótesis: 1. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; 2. Ausencia de una afectación actual y real, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incida en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo. Una cosa es la existencia del acto reclamado en sí mismo considerado y otra, el perjuicio que éste pueda ocasionar a la persona en específico, ya que la mera existencia del acto que se reclama no implica la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa; 3. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, 4. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés. En consecuencia, es válido concluir que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en que se exige que, con el acto reclamado, se cause afectación al interesado, en el aspecto más amplio de tutela de derechos fundamentales, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético; lo que además debe ser plenamente comprobado. En el caso, ***, reclama del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Contraloría, ambos del Estado de Hidalgo, el procedimiento de investigación administrativa realizado en su contra. Como se puede observar, dicho acto administrativo no significa una afectación real y actual a la parte quejosa, pues no implica, por sí, la imposición de una medida de seguridad u otro acto que restringa a la parte quejosa en su esfera jurídica, sino que únicamente tiene por objeto iniciar una investigación en su contra, esto derivado de la interposición de una denuncia, con lo cual se cumple con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la calidad de servidor público, con motivo del empleo, cargo o comisión que le fue encomendado. Si bien, de conformidad con los numerales 3 y 4 de dicha legislación, establece un servidor público, es aquel que desempeña en un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, en atención a lo anterior, se advierte que el quejoso refirió ser empleado de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, desempeñándose como supervisor escolar desde el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Además, de acuerdo por lo manifestado por la responsable, la investigación administrativa, inició con una denuncia, misma que dio origen al expediente ***, ordenando así las diligencias de investigación, las cuales son realizadas por la autoridad investigadora adscrita a dicho órgano y se clasifica como información reservada. Ahora, los artículos 90, 91, 94, 95, 100, 101 y 208, fracción II, de la citada norma, disponen lo siguiente: "Artículo 90. En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia, deberán cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción". "Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones". "Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior". "Artículo 95. Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes. Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil, fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de colaboración con las autoridades correspondientes. "Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión". "Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes: (.) En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; (.)". Los dispositivos transcritos establecen que, la investigación por una presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos, para el debido cumplimiento, las autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia; asimismo, tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones que refiere la mencionada ley. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave, una vez calificada la conducta, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Como se advierte, el inicio de una investigación por falta administrativa al quejoso tiene como finalidad comprobar información y datos aportados por el denunciante, así como realizar la debida investigación a efecto de determinar si existen actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave, de ser así se iniciaría el procedimiento administrativo y de caso contrario esta se archivaría. En esa tesitura, se reitera, el procedimiento de investigación administrativa realizado en contra del quejoso, no implica una afectación real y actual en su esfera jurídica ya que no implica una resolución definitiva reclamable en vía de amparo a través de la cual la autoridad determine algún tipo de responsabilidad o infracción administrativa e imponga la sanción correspondiente, pues sólo constituye un acto de índole procesal que no genera un menoscabo en el patrimonio que pudiese afectar derecho sustantivo alguno. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.1o.A.E.78 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo VI, página 4107, registro digital 2010133; que establece: "TELECOMUNICACIONES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DEL INSTITUTO FEDERAL RELATIVO QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y CONCLUYE EL DE SUPERVISIÓN O VERIFICACIÓN. De conformidad con los artículos 15, fracciones XXVII y XXX, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 42, fracciones I, II, III, IV, XV, 43, fracciones I, II, III y IV y 44, fracción I, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los procedimientos de supervisión o verificación y sancionatorio guardan una estrecha relación, pues uno de los fines del primero es que la autoridad tenga elementos necesarios para decidir si debe o no iniciar el procedimiento sancionatorio; sin embargo, son independientes entre sí, pues en el segundo se determina, en su caso, la sanción por incumplimiento a los títulos de concesión o por infracción a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. En ese contexto, si bien el acuerdo de inicio de procedimiento sancionatorio, a la vez concluye el de supervisión o verificación, ello no implica que se trate de una resolución definitiva reclamable en vía de amparo a través de la cual la autoridad determine algún tipo de responsabilidad o infracción administrativa e imponga la sanción respectiva, pues sólo constituye un acto de índole procesal que no genera un menoscabo en el patrimonio que pudiese afectar derecho sustantivo alguno, dado que no es la última voluntad de la autoridad en el procedimiento sancionatorio respectivo. Todo esto, acorde con el artículo 28, vigésimo párrafo, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la improcedencia de recurso ordinario o constitucional alguno contra actos intraprocesales, con lo cual se buscó que en todos aquellos casos en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones resolviera un asunto mediante una secuencia de actos desarrollados progresivamente, el medio de defensa respectivo procediera únicamente contra la resolución definitiva y, en ese sentido, ninguno de los actos dictados dentro del procedimiento, previo a la decisión final, es controvertible." De igual manera, resulta ilustrativa, la jurisprudencia XXVII.3o.47 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación., Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1959, registro digital 2015501; que establece: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." En consecuencia, si el acto reclamado no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica de ***, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia derivada de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo tanto, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se destaca lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa; ello, con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002- PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.M-III
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de diciembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Se tiene a la autoridad responsable Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, (denominación correcta), rindiendo informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Asimismo, téngase a la autoridad oficiante remitiendo las pruebas citadas en la cuenta, mismas que se desahogan dada su especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia. Asimismo, se le tiene ofreciendo la presuncional en su doble aspecto legal y humano, hágase relación de la misma en la audiencia constitucional, toda vez que la misma es consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva. DELEGADOS Y DOMICILIO. De igual manera, ténganse a la autoridad en comento designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona en el oficio que se provee y como domicilio para recibir notificaciones el que menciona en el mismo. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO DE LA AUTORIDAD. Finalmente, se tiene a la oficiante proporcionando el correo electrónico *** y el número telefónico *** extensión ***, para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación.M-III
- Principal
El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós se da cuenta con el estado de los autos. Conste. DIFERIMIENTO. Del estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, para que rindan informe justificado. En consecuencia, procede diferir la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y un minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintidós...M-III
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes
- Victor Manuel Velázquez González1398/2022
- Victor Martínez Martínez1509/2015
- Victor Montero German972/2018
- Víctor Navarrete Maldonado1374/2021
- Víctor Navarrete Maldonado1113/2021
- Victor Navarrete Maldonado854/2021
- Víctor Oviedo Bernal676/2020
- Víctor Patlán Castellanos1444/2015
- Victor Raul Ramírez Zamora540/2016
- Víctor Robledo Madrigal953/2021
- Víctor Rodríguez Iglecias583/2023
- Víctor Rodríguez Romero1205/2017