Victor Noel Hernández Rodriguez
Expediente 1375/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1375/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Victor Noel Hernández Rodriguez
- Director de la Secretaría de Gobernación Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto. II. Ejecutoria. Con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los numerales, 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de las responsables, no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la citada ley, estas solo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído en el juicio de amparo. III. Anotación respectiva y archivo del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. IV. Destino del expediente. Con fundamento en los artículos 21, inciso a) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, hágase constar en la carátula de este expediente que el mismo carece de relevancia documental, que no consta documento original, y que es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el presente juicio. Así, de conformidad con lo que se dispone en el primer párrafo del numeral citado en primer lugar, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; ello, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado numeral. De igual forma, el presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada. V. Resolución de disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en el presente juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el escrito firmado por el licenciado Cruz Daniel Luján Gallegos, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual cumple el requerimiento efectuado el dieciocho de noviembre en curso, y, al respecto, informa que desconoce el lugar donde actualmente reside el impetrante del amparo Víctor Noel Hernández Rodríguez.
- Principal
I. ESTADO DE LOS AUTOS. Visto el estado de los autos, se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, en virtud de que resulta necesario indagar o recabar, de oficio, pruebas, por existir indicios de una causal de improcedencia. II. DE OFICIO, SE ORDENA INDAGAR O RECABAR PRUEBAS. De las constancias que integran este juicio, se advierte que el quejoso Víctor Noel Hernández Rodríguez, de nacionalidad guatemalteca, ha incumplido con las condiciones que se le impusieron mediante auto de trece de agosto del año en curso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión de plano, a través de la cual obtuvo su libertad, a saber, su comparecencia ante este Juzgado de Distrito los días uno y quince de cada mes; establecer un domicilio en esta ciudad; no ausentarse del mismo sin previa autorización y la presentación de una carta-responsiva. El expresado incumplimiento se acredita con la única comparecencia ante este Juzgado de Distrito, que realizó el dieciséis de agosto del presente año, así como con el contenido del informe justificado, en el cual la autoridad responsable Representante Local del Instituto Nacional de Migración, comunicó a este órgano jurisdiccional el incumplimiento de los restantes requisitos, incluso, afirma que desconoce el paradero del ahora quejoso. De lo anterior se desprenden indicios sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente este juicio constitucional, ya que es posible que el quejoso ******* haya retornado a su país de origen, o bien se hubiere ausentado de esta ciudad, razón por la cual, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio, este Juzgado de Distrito debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si se actualiza o no alguna causal de improcedencia, y así, probada fehacientemente, sobreseer en el juicio; en caso contrario, abordar el fondo del asunto. Tiene aplicación al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial 1a./J. 163/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 17691, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". Por consiguiente, con la obligación que impone a las partes el artículo 64 de la Ley de Amparo, de comunicar de inmediato a este órgano jurisdiccional, alguna causa de sobreseimiento, requiérase al abogado autorizado del quejoso, Cruz Daniel Luján Gallegos, en el domicilio que obra en autos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comunique a este Juzgado de Distrito, si tiene conocimiento del lugar en que actualmente reside el impetrante del amparo **********. Apercíbasele que de incumplir con lo anterior, se le aplicará una multa de treinta a trescientos días equivalente al valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, y los artículos 1o, 2o y 3o, transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del decreto publicado el 27 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación. III. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno. IV. SE COMUNICA A LAS PARTES LA ADSCRIPCIÓN DE LA TITULAR. Por último, infórmese a las partes que, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.
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