Víctor Noe Aguirre Beltrán

Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 1 actuación registrada, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
5/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Víctor Noe Aguirre Beltrán

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de la demanda. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese, bajo el número que corresponda, en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional. 2. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en la inteligencia de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de su lectura y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, el citado artículo 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, de la demanda que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado que atribuye la parte quejosa a la 1) C. F. E. Distribución de Servicios Básicos Miguel Ángel Gámez Montaño, responsable del departamento Comercial de la Zona de Nogales, Sonora e 2) Inspectores adscrito a la C. F. E. distribución, de esta ciudad, que señaló como responsables, consistes en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama de la autoridad señalada como responsable, se reclama el infundado e indebido aviso de cobro por ajuste a la facturación 509/2020 de fecha 8 de octubre de 2020, suscito por C. P. MIGUEL ANGEL GAMEZ MONTAÑO responsable del departamento comercial de ZONA NOGALES, donde se me reclama el cobro indebido de la cantidad de $117,654.72 (SON: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENOS (sic) CINCUENTA y CUATRO PESOS M.N. 72/100). Se reclama de la autoridad ejecutora la ejecución de dicho cobro, por ende la suspensión del suministro de energía eléctrica amparado en la cuenta número 39DB33F013950055; servicio no. 559051001475, con medidor no. 663DR9 del domicilio ubicado en avenida 28 número 3137, Colonia López Nogales en esta ciudad de Agua prieta, Sonora." Así, el suscrito, advierte que en el caso concreto, se evidencia un motivo de improcedencia del juicio de amparo que amerita su desechamiento. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, Constitucional, en concordancia con los diversos 1° fracción I y 5° fracción II, de la legislación de la materia, interpretados en sentido contrario, mismos que señalan: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general..." [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Ello, en razón que para efectos del amparo, no constituyen actos de autoridad los que el agraviado atribuye a la Comisión Federal de Electricidad, Distribución de Servicios Básicos Miguel Ángel Gámez Montaño, responsable del departamento Comercial de la Zona de Nogales, Sonora e Inspectores adscrito a la Comisión Federal de Electricidad distribución, de esta ciudad, que en su perspectiva designó como responsable. Pues el reclamo no comprende decisiones unilaterales y coercitivas, por exclusión de los actos de particulares; cuando el juicio biinstancial sólo procede contra actos de autoridad y acorde al arábigo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, procede excepcionalmente, contra particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad. Para estimar el carácter de autoridad responsable, debe ubicarse dentro de la relación jurídica de supra a subordinación, en que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Sobre el tema, se cita la Jurisprudencia 2ª./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 161133 y que consta en la foja 1089, del tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese sentido, solo es autoridad responsable, aquel ente con facultades de imperio, para hacer respetar por medio de la fuerza pública sus determinaciones y comprende todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular, de una manera imperativa. En sus aspectos sustanciales, se invoca la Tesis XVI.1°A22K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con símbolo de búsqueda 2009420 y que consta en la página 1943, del libro 19, junio de 2015, tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN." En el caso que nos ocupa, el organismo que señala el quejoso como autoridad responsable, no se encuentra en un plano de supra a subordinación respecto de los usuarios a quienes presta su servicio, sino de igualdad. Ello se considera así, en virtud que la notificación reclamada y la orden de corte del suministro de energía eléctrica, tienen su origen en el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre la empresa que presta el servicio y los usuarios de éste. Pues, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado, conforme al numeral 2 de la legislación que la regula y, entre otras, tiene como actividades, generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica, mediante contratos que celebra con los particulares. Así, los actos aquí reclamados, no cumplen con las características de actos de autoridad; porque derivan de un contrato mercantil celebrado entre los usuarios y la Comisión Federal de Electricidad. Circunstancia que se corrobora con lo manifestado por el promovente al indicar que el ocho de enero de dos mil veintiuno, acudió a la Comisión Federal de Electricidad distribución, para los efectos de llevar a cabo el pago del recibo de luz, entregándole ese mismo día en su domicilio el oficio de aviso de cobro por ajuste a la facturación 509/2020, de ocho de octubre de dos mil veinte, manifestándole la persona de dicha comisión que tenía tres días para cubrir la cantidad de $117,654.72 (ciento diecisiete mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 72/100 moneda nacional), que tenía que acudir a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales se encuentran ubicadas en carretera a Janos y avenida 6, en esta ciudad, en caso contrario procederían a cortarle el servicio de energía eléctrica en su domicilio ubicado en avenida 28, 3137, Colonia López Nogales, en esta ciudad de Agua prieta, Sonora. Lo anterior evidencia sin lugar a dudas que la orden de corte de suministro de energía eléctrica, deriva del contrato mercantil efectuado entre la persona quejosa y la Comisión Federal de Electricidad. Así, se tiene que el servicio de energía está sujeto a un régimen jurídico especial que busca garantizar su prestación, bajo el esquema de libre competencia; es decir, en virtud a una relación comercial derivada de un contrato adhesivo, en el que la Comisión Federal de Electricidad propone las condiciones de la prestación del servicio y el particular usuario se adhiere voluntariamente a ellas. En otras palabras, el usuario interesado consensa adhesivamente para que le sea prestado el servicio de energía eléctrica; de modo que tal relación contractual comercial, excluye que la referida Empresa Productiva del Estado se coloque en un plano de supra a subordinación respecto del usuario y, por supuesto, las condiciones de la prestación del servicio tampoco son impuestas unilateral ni obligatoriamente, puesto que resultan consensadas. Luego, si la intención del promovente de amparo es combatir la orden de corte de energía, ello no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues dicha empresa actúa en plano de igualdad y no de suprasubordinación, pues, como ya se dijo, la relación existente entre ese ente con los usuarios de su servicio se basa en un contrato. Sobre el tema, resulta aplicable la Jurisprudencia 2ª./J.30/2018 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2016656 y publicada en la página 532, del libro 53, abril de 2018, tomo I, Materias Común, Administrativa y Civil, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Lo anterior, sin perjuicio de que de estimarlo conveniente a sus intereses, el promovente decida optar por la vía ordinaria mercantil que proceda. Se citan al respecto, la tesis 2a. XLII/2015 (10a.) y la jurisprudencia 2ª./J.156/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con números de registro electrónico 2009410 y 2015944, visibles en las páginas 1071 y 336, de los libros 19 y 50, junio de 2015 y enero de 2018, tomo I, Materias Común, Administrativa y Civil, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su orden dicen: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." En ese tenor, es factible el desechamiento de la demanda, al actualizarse la citada causa de improcedencia de manera notoria, manifiesta e indudable, pues la naturaleza de los actos de la Comisión Federal de Electricidad ha sido definida mediante jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -como se explicó-la cual, es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, es inexistente cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por el Máximo Tribunal del País para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado. Lo anterior, fue sostenido en la Jurisprudencia 2a./J.2/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, con registro electrónico 2019230, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." Además, debe decirse que en este auto inicial de demanda resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, y procede su desechamiento en esos términos. Es aplicable a lo anterior la j Jurisprudencia PC.III.L.J/5L(10a) del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con registro electrónico 2007580 y visible en la página 1224, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Sin que constituya óbice a lo expuesto, en la Tesis aislada III.5°A.77A (10ª) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con registro electrónico 2020118 y visible en la página 5137, del libro 67, junio de 2019, tomo VI, Materias Común y Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO INSTAURA EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EN EL DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DETERMINA UN CRÉDITO A CARGO DE ÉSTE, FUERA DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ADHESIÓN CORRESPONDIENTE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), estableció una excepción para la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, "cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales", lo cual debe analizarse en cada caso concreto por el juzgador. En consecuencia, la empresa productiva del Estado mencionada tiene el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando como resultado de la verificación de los equipos o instrumentos de medición en el domicilio del quejoso (usuario del servicio de energía eléctrica), con fundamento en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, determina un crédito a cargo de aquél, fuera de lo estipulado en el contrato de adhesión correspondiente, al no advertirse de éste que las partes hubiesen pactado de manera expresa y específica, supuesto alguno que permitiera a la propia comisión instaurar dicho procedimiento de verificación; de ahí que ese actuar es susceptible de escrutinio constitucional, para determinar si se actualiza o no alguna violación a los derechos fundamentales del particular." Lo anterior es así, pues la jurisprudencia 2ª./J.30/2018 (10ª.) invocada, señala que todas las cuestiones derivadas del contrato de energía eléctrica, incluido el corte del suministro, se tramitarán por la vía ordinaria mercantil. Si bien es cierto que la parte final de dicho criterio, alude a vulneración de derechos humanos que excepcionalmente podría hacer procedente el amparo; son supuestos específicos que detalla la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 198/2017, que aprobó la jurisprudencia aludida, conforme a las consideraciones que en esencia se citan: ".Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta Superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida, (enfermos dependientes de instrumentos y maquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4 constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "(.) disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable (.)." Asimismo, sobre la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, se ha dicho que una vivienda adecuada debería tener acceso permanente a "recursos naturales y comunes", entre otros, "(.) el alumbrado, y almacenamiento de alimentos (.)." Vale la pena referir que las actividades del sistema eléctrico se sujetan a obligaciones del servicio público universal, entre ellas de ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico; cuya finalidad es financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación. Dicho Fondo se integra por el excedente de ingresos que resulte de la gestión en el Mercado Eléctrico Mayorista, donativos de terceros e ingresos percibidos por el cobro de sanciones. La distribución, transmisión y por ende el suministro de servicios básicos están obligados a instalar, conservar y mantener su infraestructura, así como garantizar el servicio a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los términos de ley, ejerciendo los recursos asignados por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico en congruencia con los programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de Distribución autorizados por la Secretaría de Energía. En ese contexto, la Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país; para lo cual las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. Finalmente, es dable referir que sobre el principio de impacto social y desarrollo sustentable, la Ley prevé que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar. Con esa finalidad la Secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda." Las excepciones que prevé dicha ejecutoria, se refieren a individuos en condiciones de vulnerabilidad, como pueblos o comunidades indígenas, personas con discapacidad, enfermos que dependan de aparatos médicos que funcionen mediante energía eléctrica y otras situaciones extremas que pongan en riesgo grave la salud o la vida; en ese sentido, en el presente asunto no se acredita con medio probatorio alguno la situación vulnerable para actualizar alguno de los supuestos de excepción descritos. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Víctor Noé Aguirre Beltrán. 10. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que la parte quejosa señaló en su escrito de demanda. 11. Autorizados. Como lo solicita el promovente, se tiene por autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado en derecho Francisco Antonio Javier López Peralta, en razón de que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se tiene a Javier Axel López Luna como persona autorizada, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos quien no gozará de las demás facultades previstas en el numeral 12 párrafo primero, de la ley de la materia, toda vez que no cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales "Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito". En otro orden, y en atención a la petición formulada por el promovente se le tiene por señalado como contacto el correo electrónico djlopezyasociados@gmail.com; por ende, y en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 24, 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se destaca que las partes o sus representantes en los juicios de amparo, pueden solicitar el acceso al expediente electrónico así como para recibir notificaciones por el mismo medio. Sin embargo, para ello, es necesario lo soliciten expresamente a través de una promoción impresa o electrónica en el asunto de que se trate, al órgano jurisdiccional donde se tramita en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, tratándose de otras personas que deseen autorizar en términos de la legislación aplicable, para que se notifiquen electrónicamente, lo harán en los mismos términos; y en el caso se precisa que no proporciona el nombre de usuario, sino únicamente el correo electrónico. 12. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Para los efectos de la notificación del presente acuerdo, así como para las subsecuentes, se requiere al actuario judicial que para llevar a cabo la encomienda siga los protocolos de protección que ha implementado el Consejo de la Judicatura Federal, esto es, deberá usar el equipo personal de protección que le ha sido entregado, es decir, careta, guantes, cubrebocas y traje especial, ello para resguardar su salud física, así como la de los justiciables. 13. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del presente juicio mediante el uso de su FIREL o E.FIRMA (antes FIEL). Se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que las subsecuentes notificaciones se les realicen vía electrónica, a efecto de que, como se dijo, la tramitación del presente juicio continúe en la modalidad de juicio en línea. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, mismo que en términos de su artículo primero transitorio, entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el trece de junio siguiente, aunado a que si bien, la parte inconforme o alguna de las demás partes en el juicio de amparo elija una vía de notificación distinta a la electrónica, tal circunstancia no impide que esta o sus autorizados puedan promover escritos o interponer recursos mediante dicho sistema, siempre que satisfagan los requisitos conducentes. Al respecto, se invoca la tesis I.1o.P.36 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2362, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice en su rubro: "EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL HECHO DE QUE ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO ELIJA UNA VÍA DE NOTIFICACIÓN DISTINTA A LA ELECTRÓNICA, NO IMPIDE QUE ÉSTA O SUS AUTORIZADOS PUEDAN PROMOVER ESCRITOS O INTERPONER RECURSOS MEDIANTE DICHO SISTEMA, SIEMPRE QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS CONDUCENTES.". Por otra parte, se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña, o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: registrarse en el sitio de internet http://serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir esos pasos: 1). Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2). Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3). Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4). Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien, a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. 14. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 15. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presente las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. 16. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, captura de la sentencia que se dicte en el presente juicio o, en su caso, la resolución que le ponga fin, y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agréguese al expediente en que se actúa la constancia que así lo acredite. 17. Medios electrónicos. Conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo. 18. Copias. Se autoriza a las partes la expedición de un tanto de copias de las constancias que obren en el presente asunto sin previa solicitud por escrito, con la salvedad de que si llegase a ser necesario más de uno, su otorgamiento estará condicionada a la justificación correspondiente. Notifíquese personalmente.

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