Victor Nicolas Grayeb Castillo

Expediente 637/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2020.

Datos del expediente

Expediente
637/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
20/08/2020

Partes del expediente

  • Victor Nicolas Grayeb Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    ...agréguese a sus autos el oficio signado por el Subtesorero de Administración Tributaria de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el cual informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector. En atención a su contenido, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se tienen por informadas las gestiones de referencia y por hechas sus manifestaciones, de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    ...se tiene por no presentada la demanda de garantías

  3. Principal

    Ciudad de México; veintisiete de julio de dos mil veinte. Vista la demanda de cuenta, promovida por Víctor Nicolás Grayeb Castillo, contra actos atribuidos al Gerente Divisional de Distribución del Valle de México Sur de la Comisión Federal de Electricidad y otras autoridades, por considerarlos violatorios de lo previsto en los artículos 1, 4, 5, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese de manera conjunta al expediente electrónico el expediente impreso, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 637/2020. A fin de proveer lo conducente sobre la admisión de la demanda, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído realice lo siguiente: a) Deberá exhibir documento electrónico legible, del que se advierta de manera fehaciente que Juan José Galeana Ramírez, cuenta con facultades suficientes para instaurar el presente juicio de amparo en nombre y representación de Víctor Nicolás Grayeb Castillo, toda vez que no exhibió junto con la demanda de que se trata, documental electrónica de la que se advierta que cuenta con facultades suficientes para instaurar el presente juicio de garantías en su nombre y representación; sin embargo, no se advierte constancia alguna con la cual acredite tal exigencia, motivo por el cual no puede considerarse satisfecho el requisito de personalidad que para tales efectos exigen los artículos 6° y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, siendo que la personalidad en el juicio de amparo indirecto debe acreditarse de manera fehaciente. Lo anterior toda vez que si bien, de la demanda se advierte que Víctor Nicolás Grayeb Castillo, promueve por propio derecho, la misma contiene firma electrónica del autorizado Juan José Galeana Ramírez. Resulta aplicable a la anterior determinación, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, Tomo IV, del mes de Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la ley de amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el tribunal pleno, y luego por las salas de esta suprema corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "personalidad en el amparo. examinarla en cualquier estado del juicio, es legal" y "poderes insuficientes por omisión de requisitos. al dictarse la sentencia no procede prevenir al quejoso, sino sobreseer", para adoptar el criterio de que al juez de distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la ley de amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. la inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como la tesis aislada, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 5154, Tomo VI, del mes de Junio de 2019, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA CON FIRMA ELECTRÓNICA POR EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE PARA QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD Y NO DESECHARLA DE PLANO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2018 (10a.)]. Cuando se presente una demanda de amparo con firma electrónica por un autorizado en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo y no se adjunte documento que acredite dicha personalidad debe prevenirse al promovente y no desecharla de plano, ya que resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.", dado que en la ejecutoria que dio origen a dicho criterio se analizó la facultad de un autorizado en términos del diverso artículo 12, para promover la demanda de amparo, y no así de quien promueve de conformidad con el diverso artículo 11.". Asimismo, hágase del conocimiento del promovente que el documento que exhiba para acreditar la personalidad deberá haber sido otorgado con anterioridad a la presentación de la demanda, en apoyo a lo cual se invoca la jurisprudencia P/J.91/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página nueve, Tomo XII, septiembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó." Apercibida de que de ser omisa en desahogar el requerimiento formulado en el inciso que antecede, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. b) Deberá manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el documento electrónico, con el que en su caso acredite su personalidad, es copia íntegra e inalterada del documento original o de su copia certificada, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, que regula la presentación de las demandas electrónicas, específicamente en su artículo 12, fracción f), que a la letra dice: "f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso". Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis I.13o.T.30 K (10a.), Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, Tomo IV, página 3045, cuyo rubro y contenido es: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SU SIGNIFICADO PARA EFECTO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (ACUERDOS GENERALES CONJUNTOS NÚMERO 1/2013 Y 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). En atención a la creciente demanda del uso de medios electrónicos en la actualidad, la Ley de Amparo en su artículo 3o. establece que los gobernados pueden realizar promociones por escrito o vía oral, y que si es por escrito, prevé la posibilidad de hacerlo mediante el uso de medios electrónicos, para lo cual instituyó el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que está regulada por el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, que en su artículo 12, inciso f), dispone que los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; también otorga la facultad de ingresar documentos públicos al expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, indicando que éstos no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, pero anteponiendo la condicionante de que se presenten "bajo protesta de decir verdad" de que dicho documento electrónico es copia íntegra e inalterable del documento impreso. En este tenor, debe desentrañarse lo que se considera como "documento electrónico", para lo cual debe atenderse lo previsto en esa materia en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en cuyo numeral 2, fracción IV, dispone que el documento "digitalizado", es la versión electrónica de un documento impreso que se produce mediante un procedimiento de escaneo, y en su fracción V indica que el "documento electrónico", es el que se genera, consulta, modifica o procesa por medios electrónicos. Por tanto, el documento público que puede adjuntarse al expediente electrónico en el juicio de amparo mediante el uso de la FIREL, conforme al artículo 12, inciso f), segundo párrafo, citado, es el "electrónico", esto es, el que se genere, modifique, consulte o procese por medios electrónicos; y no una copia escaneada de su original, como puede ser un testimonio notarial, porque eso se traduce en un "documento digitalizado"; de ahí que deba ser el generado o procesado por medios electrónicos, que son las herramientas tecnológicas relacionadas con el procesamiento, impresión, despliegue, traslado, conservación y, en su caso, modificación de la información." Apercibida de que de ser omisa en desahogar el requerimiento formulado de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que el desahogo debe realizarse en términos del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2013. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala en el proemio del ocurso que se provee, mismo que será utilizado para tal efecto, una vez que culmine la contingencia derivada de la pandemia por el virus COVID-19. Ahora, como expresamente lo solicita la parte promovente, y tomando en consideración la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en amplios términos de lo dispuesto en el artículo 12, de la Ley de Amparo al licenciado en derecho Roberto Iván Cruz Ramírez. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, así como recoger documentos a Juan José Galeana Ramírez, Alejandro Arroyo Hernández, Andrea Magali Becerril Ávila, Liliana Heredia Valázquez, Alan Figueroa Juárez y Jazmín Tapia Rosas, hasta en tanto registren su cédula en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito". En la inteligencia de que los valores sólo podrán ser recogidos directamente por la parte quejosa, toda vez que de no ser así, se requerirá poder especial para ello, ya que dicho numeral no contempla tal facultad. Así en atención a las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se ordena que la notificación del presente acuerdo, se realice por estrados, esto a fin de preservar la salud de todas las partes debido a la epidemia que aqueja a nuestro país y en virtud de que el promovente no solicitó la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso artículo 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cago del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte. Por lo tanto, se ordena al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional que corresponda fijar para tal efecto en lugar visible en la planta baja del inmueble que ocupan los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México a efecto de facilitar su consulta a las partes; o bien, dicha lista también puede ser consultada electrónicamente en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal en la página https://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm. Notifíquese, y personalmente por lista a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de Ma. Esther Prado Olvera, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,195 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano