Victor Moreno Quintero

Expediente 472/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
472/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/01/2019

Partes del expediente

  • Victor Moreno Quintero
  • Victor Moreno Quintero y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de enero de dos mil diecinueve. Sentencia causa ejecutoria Visto lo de cuenta, de la certificación secretarial, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia emitida el veinte de diciembre del año en cita, mediante la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por ....; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Archivo del expediente Por otra parte de la certificación de cuenta, se advierte que no existen documentos originales e importantes, así como promoción o cuadernillo pendiente de acordar y glosar a los autos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Sobre el destino del presente asunto Además, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente asunto al no ser catalogado con relevancia documental, se establece: Que el presente asunto, previo transcurso del plazo de tres años de haberse ordenado su archivo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que el presente asunto no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. Que el presente asunto previo transcurso del plazo de cinco años de haberse ordenado su archivo, es susceptible de destrucción al haberse sobreseído el juicio en lo principal. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Punto Décimo Primero, párrafo último, del referido acuerdo general 1/2009, hágase del conocimiento de la parte actora que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Se sobresee el presente juicio de amparo

  3. Principal

    Se tiene por rendido el informe justificado y de suspensión de plano.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor Moreno Quintero, por propio derecho contra el acto y autoridad responsable que enseguida se precisa: Acto reclamado. 1) Orden de traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social denominado "Santiaguito", ubicado en Almoloya de Juárez al Centro Preventivo de Reinserción Social denominado "Tepachico", ubicado en Otumba, Estado de México. Autoridad responsable. Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social denominado "Santiaguito", ubicado en Almoloya de Juárez, Toluca, Estado de México (ejecutora). Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 472/2018-III y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 89, 90, 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Suspensión de plano Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J 58/2016 (10a.), del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA"; se suspende de plano y oficio la orden de traslado a otro centro penitenciario y su ejecución y los demás relativos al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que cesen de inmediato y no se lleve a cabo, según lo establecido en el numeral 161 ibídem. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales procedentes. En el entendido de que la suspensión concedida no surtirá efectos: 1) respecto de actos posteriores a su concesión; 2) si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables; 3) si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se hubiera concedido la suspensión de los actos que ahora impugnan; 4) o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentra recluida la parte quejosa, o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria. Informe sobre la suspensión de plano Se previene a dicha autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Se pide a la autoridad requerida remita a este juzgado la información solicitada al correo electrónico institucional -7jdomajf2cto@correo.cjf.gob.mx- y para cualquier confirmación de recibido puede comunicarse al número (01) 722 236 05 00, extensión 2481; en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece las penas a las que se hará acreedor el servidor público que en carácter de autoridad responsable no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado. Envío de oficios En el entendido de que se ordena el envío de los oficios que deriven del presente asunto a todas las autoridades. Al efecto, se hace saber al actuario judicial encargado de esta encomienda, para que en el caso de que las citadas autoridades responsables se negaren a recibir el oficio derivado del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por realizada la notificación en ese momento, además de que si a consideración de la suscrita se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. En este contexto, se faculta al actuario encargado de realizar esta diligencia para que en el momento de la notificación respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras de una multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, para el caso de que al funcionario judicial que realice la presente diligencia se le informe que los peticionarios de amparo se encuentran en alguna otra instalación perteneciente a su circunscripción territorial, deberá constituirse en ésta o éstas, debiendo asentar dicha circunstancia en el acta respectiva. Admisión de demanda Con fundamento en los artículos en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los dispositivos 1, fracción I, 2, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 128 de la Ley de Amparo, al no advertirse en este momento algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia ni que amerite prevención a la parte quejosa, se admite la demanda de amparo. Incidente de suspensión Sin que sea el caso aperturar, como lo solicitan las partes quejosas, los cuadernos incidentales, en virtud a que el acto reclamado ya fue materia de la suspensión de oficio y de plano que obra en líneas que anteceden. Informe justificado En términos de los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado a las autoridades responsables y que según el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 22/2018 (10a.), del epígrafe: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE", deberán rendir dentro del plazo de quince días contado desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de esta determinación; cuya temporalidad concedida si bien no puede ser reducida por esta juzgadora de amparo ni siquiera en aras de satisfacer una impartición de justicia expedita, ello no implica que las responsables puedan allegar su informe antes de ese tiempo, como por ejemplo, cuando no acepten los actos reclamados. En el entendido de que en el citado informe, las autoridades responsables tendrán que exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y, en su caso, deberán acompañar copia certificada y legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, de conformidad con el numeral 75 de la ley en cita, porque resultan necesarias para resolver el presente juicio; apercibidas que, de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, según dispone el numeral 117 ibídem, además de que con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medidas y actualización. Se pide a las autoridades requeridas remitan a este juzgado la información solicitada al correo electrónico institucional -7jdomajf2cto@correo.cjf.gob.mx- y para cualquier confirmación de recibido puede comunicarse al número (01) 722 236 05 00, extensión 2481; en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera se les requiere para que al momento de rendir el informe justificado proporcionen un correo electrónico institucional en donde puedan ser notificadas y que sirva de enlace con este órgano jurisdiccional; lo anterior, a fin de dar mayor celeridad a las comunicaciones que sirvan ordenarse dentro del presente juicio. Para el caso de que las autoridades responsables deban acompañar las constancias inherentes al acto reclamado, se solicita que las remitan por medio de mensajería rápida al domicilio de este tribunal constitucional, sito en avenida Doctor Nicolás San Juan, ciento cuatro, primer piso, colonia Exrancho Cuauhtémoc, código postal 50010, Toluca, Estado de México. De igual manera, se señala a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista, mientras que se realizarán de manera personal, la primera, a través de oficio, en términos del artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, así como atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar; siendo aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Información confidencial o reservada Infórmese a la autoridad responsable que, en caso de que la documentación requerida contenga información clasificada como confidencial o reservada, deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de acuerdo con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Obligación de la autoridad responsable De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable está obligada a recibir los oficios que con relación a este juicio se le dirijan; en el entendido que de negarse a recibirlos bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario judicial hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha, y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; sin perjuicio de que, al rendir su informe, pueda hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta. Denominación de la autoridad responsable De conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa tiene la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, sobre el que no opera la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la ley en cita. En consecuencia, si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica la parte quejosa en la demanda, se apercibe a la parte quejosa que sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación procesal con ella, por lo que, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. En el entendido que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación del presente asunto, lo cual guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y el principio de celeridad procesal; siendo aplicable la tesis jurisprudencial 1a./J. 111/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las once horas con veinte minutos del jueves veinte de diciembre de dos mil dieciocho, para el desahogo de la audiencia constitucional. Intervención del fiscal federal adscrito Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da intervención que legalmente corresponde a la Ministerio Público de la Federación adscrita, ya que es parte en el presente juicio. Parte tercera interesada En términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, no le asiste el carácter de tercera interesada a persona alguna. Causas de sobreseimiento En términos del artículo 64 de la Ley Amparo, las partes tienen la obligación de comunicar de inmediato a este juzgado en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento; además, de informar si en el expediente de origen las partes promovieron amparo indirecto con anterioridad al presente y, de ser así, proporcionar el número del último y la denominación del órgano jurisdiccional que conoció de éste; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se les aplicará multa de treinta unidades de medida y actualización, con relación en el numeral 251 ibídem; en el entendido que en el caso de que la parte quejosa sea el trabajador, la multa será por una Unidad de Medida y Actualización. Pruebas Con apoyo en lo establecido en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que se adjuntan al escrito de demanda y por anunciada la instrumental publica de actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humano; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; hágase del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta del expediente vía Internet Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, para lo cual únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, conforme a los pasos que ahí se precisan. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio procesal y personas autorizadas Con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa y, por autorizados, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Alejandro Pérez Pérez y José Luis García González, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Israel Alberto Martínez Vargas, Juventino Vidal Vara, Jessica Jennifer Millán Moreno, Jaime Guadalupe Hernández y Alejandra Bonifacio Coroy. Vista a la fiscalía ante posibles actos graves Se informa a las partes que, si durante la tramitación del presente juicio se actualiza alguno de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo, se ordenará dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, como al efecto lo dispone la tesis jurisprudencial P./J. 13/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA". Presentación de promociones Sin que la suscrita desconozca la tesis jurisprudencial 1a./J. 3/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN", se recomienda a las partes que, para una mayor celeridad en la identificación de sus promociones, éstas deberán contener el número de expediente al que están dirigidas y, de ser posible, el de la mesa de trámite correspondiente. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 Constitucional, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Documentos originales exhibidos En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio; con el apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría pública, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Notificaciones En virtud de que la parte quejosa está privada de su libertad personal, el presente auto debe notificársele personalmente, en términos del numeral 26 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, se instruye al actuario judicial para que los subsecuentes que se lleguen a presentar, cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Además, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley de Amparo, así como 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Digitalización. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Jurisprudencia Conviene indicar que las tesis se invocan en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, porque no contravienen lo dispuesto en ella.

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