Victor Moreno Quintero
Expediente 1704/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1704/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/12/2017
Partes del expediente
- Victor Moreno Quintero
- Director General De Prevención Y Readaptación Social Del Gobierno Del Estado De Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VII.- V I S T O S, para resolver los autos del juicio de 1704/2017-VII, promovido por Víctor Moreno Quintero, por derecho propio, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el día treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, turnado a este juzgado ese día, Víctor Moreno Quintero, por derecho propio, promovió juicio de amparo contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México. Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" Coordinador del Área de Criminología del CRERESO "Santiaguito" ACTO RECLAMADO: La orden de traslado a diverso centro. SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La peticionaria de amparo argumenta que los actos de autoridad que combate trasgreden en su perjuicio los derechos fundamentales y sus garantías, contenidos en los artículos 1, 14 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite. Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se ordenó notificar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento inicio al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107, fracción ll y V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos privativos de libertad, cuya ejecución se adujo tendrían lugar en la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: La orden de traslado a diverso centro penitenciario. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2000, tomo XI, Novena Época, materia común, con registro número 192097, cuyo rubro y texto que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierten, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con registro 212775, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, la Coordinadora del Área de Criminología del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México (foja 12); Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México (foja 13); y el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México (foja 22), al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado. En ese orden, y toda vez que el quejoso no aportó prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar las manifestaciones de inexistencia de los actos, pese a que le correspondía al arrojársele la carga respectiva, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Victor Moreno Quintero, contra el acto, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
VII.- Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que aún no obra en autos la notificación al quejoso respecto del informe justificado rendido por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, el cual se tuvo por recibido el veintiuno del mes y año en curso, toda vez que se reservó ordenar su notificación. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que notifique a la parte quejosa el proveído de mérito; y para dar oportunidad a que transcurra el plazo que estipula el artículo 117 de la Ley de la materia, la audiencia constitucional se difiere, y en su lugar se fijan las once horas con quince minutos del veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa el presente proveído y el diverso de veintiuno del mes y año en curso.
- Principal
VII.- Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México (denominación correcta), rinde informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo se da vista al quejoso con el informe de mérito, sin perjuicio de relacionar el informe justificado en el momento procesal oportuno durante la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, este juzgado se reserva notificar el presente proveído a la parte quejosa hasta en tanto obren en autos la totalidad de informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Notifíquese.
- Principal
VII.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos la razón actuarial de cuenta de la que se desprenden los motivos por los cuales el fedatario de la adscripción no pudo notificar a la parte quejosa el proveído de ocho de noviembre de la presente anualidad. Atento a lo anterior, comisiónese al actuario de la adscripción a efecto de que se constituya nuevamente en el domicilio donde se encuentra recluido el quejoso y le practique la notificación correspondiente.
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