Victor Miguel Garcia Avilez

Expediente 728/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
728/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • Victor Miguel Garcia Avilez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, no han dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Isaac Pimentel Mejía, en su carácter de Presidente Municipal y a Estela Tapia Delgadillo, en su carácter de Tesorera Municipal, ambos del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que sea notificado el presente auto, allegue copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo protector; es decir, de aquellas con las que acredite la entrega del título de crédito que expidió a favor de la quejosa por la cantidad ordenada a devolver; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Se comisiona al Actuario de la adscripción. Por esta única ocasión, se instruye a los actuarios de la adscripción para que previa confección del oficio correspondiente, notifiquen de manera íntegra el presente acuerdo a las autoridades aquí requeridas. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y en Representación del Pleno de la misma, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos remite copia certificada de diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable y de las que obran en autos, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclamó la omisión de dictar acuerdo a la promoción presentada el diecisiete de marzo del año en curso, registrada con número de folio 000600 y petición reiterada en comparecencia de treinta y uno del mismo mes y año, en el expediente 01/1020/2014-III. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de agosto del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente a la promoción presentada el diecisiete de marzo del año en curso, registrada con número de folio 000600 y petición reiterada en comparecencia de treinta y uno del mismo mes y año, el cual fue notificado a la parte quejosa el doce de los actuales por medio de su apoderado legal. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al veintidós de junio de dos mil veintiuno, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había dictado el acuerdo correspondiente, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el cinco de agosto del año en curso, dictó el auto respectivo a la promoción presentada el diecisiete de marzo del año en curso, registrada con número de folio 000600 y petición reiterada en comparecencia de treinta y uno del mismo mes y año, en el sentido de que solicitó al actor aquí quejoso, la devolución del cheque expedido de manera errónea, a fin de ordenar su reexpedición y con ello dar impulso procesal, en el juicio laboral de origen; el cual se notificó el doce de los actuales, a través de su apoderado legal, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada, cesó en dicha fecha, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dictar el acuerdo correspondiente, hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito del quejoso *********, mediante el cual desahoga la prevención formulada a su escrito inicial de demanda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Admisión. Toda vez que de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de cuenta, así como tampoco de incompetencia, que impidan a este juzgado conocer de aquélla, con fundamento en los artículos 112,115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Suspensión. No ha lugar a tramitarse incidente de suspensión en razón de no haber sido solicitada dicha medida cautelar. Audiencia constitucional. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días hábiles antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Requerimiento informe justificado. Con fundamento en el numeral 117, de la ley en cita, requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posterior al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el que deberán referirse expresamente, en caso de reclamarse más de uno, a todos y cada uno de los actos reclamados, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente, aun cuando se allegue antes de la celebración de la audiencia constitucional, pero después del citado plazo; debiendo, con fundamento en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, acompañar en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este juzgado cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia, de modo que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, si lo hubiere, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Requerimiento constancias. En caso de que no rindan su informe justificado, o lo hagan sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo; o bien de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, no la comuniquen de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañaran las constancias que la acrediten, con fundamento en los artículos 260, 64, 251 y 237, fracción I de la Ley de Amparo, se les aplicará una multa de cien y treinta unidades de medida y actualización, la primera por no rendir el informe y la segunda por no informar sobre causas de sobreseimiento; conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. De igual manera, solicítese a las autoridades responsables para que informen si tienen conocimiento de algún juicio de garantías promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, para evitar el dictado de resoluciones contradictorias, con el apercibimiento para el caso de no atender lo anterior, de imponérsele como medida de apremio, multa hasta por la cantidad equivalente a ciento unidades de medida y actualización. Apercibimiento a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte promovente, que si la autoridad señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Por otro lado, se hace notar a las referidas autoridades responsables que de la misma manera podrá allegar los oficios y escritos que estime pertinentes al correo oficial institucional (4jdo18cto@correo.cjf.gob.mx), por lo que deberán comunicarse al teléfono 777 3 18 51 49, en el que previa coordinación se constate en uso de los medios electrónicos a efecto de recibir las comunicaciones de sus partes. Intervención Ministerio Público. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Tercero Interesado. Atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, porque no puede considerase válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte quejosa -que subsista tal denegación- y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en consecuencia, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la Jurisprudencia 1ª/J90/2010 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del ordinal 5º de la Ley de Amparo, -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de los impetrantes. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete); establece "siempre que no afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso, u otro derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales". En tales consideraciones, se estima que la contraparte de la quejosa no se tenga como tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo, en términos del artículo 77 fracción II de la ley de la materia, se obligaría a la responsable a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Se instruye al actuario de la adscripción para que previa investigación y cercioramiento, lleve a cabo la notificación a las autoridades responsables a través de los medios electrónicos a su alcance y que facilite la práctica de actuaciones en este asunto. Aviso de transparencia. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notificación a autoridades responsables. Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio sean dirigidos, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta, al rendir su respectivo informe justificado; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa por cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en el ordinal 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de la citada norma, expídase al quejoso copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que de su recibo se deje en autos para debida constancia legal. Cabe precisar que la forma como se va a estar trabajando en este órgano jurisdiccional en términos del "ACUERDO GENERAL 1/2021 en relación con el 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LACONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", será de la siguiente forma: Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de copias en asuntos no urgentes. a).- Día de entrega de copias. Las copias solamente se entregaran los días martes y jueves, dentro del horario laboral de 09:00 am. hasta las 14:00 pm asignado a este órgano jurisdiccional, el cual se encuentra plasmado en el anexo 1, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, no habrá excepciones de ninguna especie, de ahí que los días lunes, miércoles y viernes no hay entrega de copias. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado, atendiendo, como se precisó en párrafos anterior, a los horarios predeterminados por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trabajo de manera física en cada órgano de control constitucional; además, el personal del juzgado que labora físicamente no puede permanecer en el órgano después de la hora de conclusión de labores, a fin de dar trámite a dichas solicitudes. b).- Generación de cita y código QR. Para recoger las copias solicitadas en asuntos no urgentes siempre deberán generar citas a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. c).- Esta regla también aplica para asuntos nuevos, incluidas las nuevas demandas de amparo; por ejemplo, si se desea obtener copia simple o certificada de la suspensión provisional o definitiva, forzosamente deberán seguir este procedimiento, salvo que se trate de los asuntos urgentes que se contemplan en los artículos 15, 126 y 127, de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Federal. Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger copias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido en el Aviso General de Atención al Público. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; quince de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de ****, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de veinticuatro de junio del año en curso. En efecto, no ha lugar a tener por satisfecho el requerimiento realizado en dicho proveído, pues es de recordarse que se le requirió lo siguiente: "ÚNICO. Precise claramente el acto o actos reclamados en esta instancia constitucional, pues los que indica resultan ser imprecisos, toda vez que en el apartado correspondiente menciona como tal la omisión de la responsable de respetar los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, para que la parte que obtuvo (sic) esté en aptitud de continuar con el impulso de la ejecución del laudo y llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y en su caso embargo; en tanto que, en su capítulo de antecedentes refiere que mediante la presentación de diversos escritos ha solicitado la actualización del crédito laboral y la capitalización de intereses, "emitiendo en auto de requerimiento de pago respectivo" (sic), sin que hasta el momento se tomen las medidas para lograr la ejecución del lado, "que las últimas solicitudes en mención se hicieron, mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2021, comparecencia del actor de 31 de marzo de 2021 y comparecencia de diversa apoderada en audiencia de 25 de mayo de 2021". Lo que resulta impreciso, por lo que deberá aclarar si reclama la omisión de la responsable de acordar el escrito y comparecencias que refiere, o bien, si estas ya fueron acordadas, si solo reclama la omisión de ejecutar el laudo." No obstante, el quejoso insiste en que el acto reclamado se hace consistir en: "la omisión de la responsable de respetar los plazos y términos que fija le Ley Federal del Trabajo para que la parte que obtuvo esté en aptitud de continuar con el impulso de la ejecución del laudo y llevar a cabo la diligencia de pago y en su caso de embargo". Por lo que continua sin especificar si lo que reclama es la omisión de la responsable de acordar el escrito y comparecencias, o bien, si estas ya fueron acordadas, si solo reclama la omisión de ejecutar el laudo, lo cual resulta relevante tomando en consideración que la ejecución del laudo no es oficioso, sino que requiere el impulso de la parte actora. Lo que necesariamente debe ser aclarado, a efecto de establecer la procedencia de la presente instancia de amparo, fijar correctamente la litis constitucional y la responsable esté en condiciones de rendir su informe justificado. En las relatadas circunstancias, no ha lugar a tener por satisfecho el requerimiento formulado; lo que implica que, continua transcurriendo el plazo de un día que para tal efecto se le otorgó, en la inteligencia de que se interrumpió con la presentación del ocurso que se provee; en tal virtud, si a la parte quejosa, se le notificó el mencionado requerimiento el nueve de julio del año en curso, dicho término debe transcurrir el trece de los corrientes, ya que contaba con un día, y si la promoción se presentó el mismo día; por tanto, sigue contando con un día, para dar cumplimiento a lo exigido, mismo que se contará a partir del día siguiente a la legal notificación de esta determinación; conclusión a la que se arriba, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa y observando en términos amplios, por identidad de razón, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 39/2012, el cual es aplicable en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la cual puede ser consultable en la página 400, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". Notifíquese personalmente.

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