Víctor Mendoza Rafael y Otros.
Expediente 477/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Víctor Mendoza Rafael y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no impugnó el proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 15 a 19), mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo de cuenta que promueve VÍCTOR MENDOZA RAFAEL y ORALIA JUAN LÓPEZ, por su propio derecho y en representación de los menores G. M. J. y J. A. M. J1., contra actos del Comisariado de Bienes Ejidales de Mogoñé Estación, con sede en Estación Mogoñé, municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora bien, es menester señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si la demanda de amparo está afecta a alguna de las causales de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, por disposición de su artículo 62 que dice:... La recta intelección de los preceptos legales transcritos, debidamente correlacionados en su aspecto integral, conducen a concluir que el plazo genérico con que cuenta un gobernado que se siente agraviado por un acto de autoridad, para reclamarlo en la vía de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; con la consecuencia procesal que de no hacerlo dentro del indicado plazo, entonces el juicio de amparo resultará improcedente por haberse consentido tácitamente el acto. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo pedido por VÍCTOR MENDOZA RAFAEL y ORALIA JUAN LÓPEZ, por su propio derecho y en representación de los menores G. M. J. y J. M. J., contra los actos reclamados señalados en su demandade amparo, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguientes al día en que los quejosos se hicieron sabedores del acto reclamado. Al respecto, de un análisis al libelo de garantías, se advierte que en el acto reclamado consistente en: "Del Comisariado de Bienes Ejidales de la comunidad de Mogoñé Estación reclamo: Los actos tendientes a alinear la colindancia localizada en el viento NOROESTE de/inmueble del cual somos propietarios y poseedores, actos todos ellos mediante los cuales pretenden desposeernos de una fracción de terreno de aproximadamente un metro de ancho por 60.36 metros lineales que por el NOROESTE colinda con la Calle Porfirio Díaz de la comunidad a la que nos referimos". Ahora, toda vez que en el punto dos, del capítulo cuarto relativo a antecedentes del acto reclamado, los promoventes manifiestan lo siguiente: "2.- Con fecha 22 de Septiembre del año en curso, el señor LIBORIO ZARA TE CANDELARIA Comisariado de Bienes Ejidales de Mogoñé Estación, Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, en compañía de un grupo de personas armados de palos y machetes, se presentó a nuestro domicilio y sin autorización de nuestra parte y se introdujeron a nuestro terreno, con la intensión de "alinear" el viento NOROESTE que colinda con la Calle Porfirio Díaz, que mide 60.36 (sesenta metros con treinta y seis centímetros lineales) informándome que en su carácter de Comisariado de Bienes Ejidales tenía que alinear la calle de Porfirio Díaz ya que próximamente van a gestionar ante el Ayuntamiento de San Juan Guichicovi la pavimentación de dicha calle, y que nosotros teníamos reducir nuestra propiedad un metro de ancho a lo largo de los 60.36 metros lineales que conforman dicha colindancia, procediendo a colocar un poste como seña para después pretender derribar nuestro cerco de alambre de púas y setos vivos, y toda vez que nos opusimos fuimos amenazados que iban a medir y alinear mi terreno nos guste o no, y para ello iban a regresar después de someter nuestro caso a una asamblea vecinal y con los ejidatarios de nuestra comunidad. Anexo tres copias fotográficas de los hechos narrados en este apartado". De lo antes transcrito, es claro, que tuvieron conocimiento del acto reclamado que por esta vía impugna, el veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, sin que dentro del plazo establecido por la Ley de Amparo, promoviera juicio de amparo en su contra y que ahora, después de transcurrido dicho plazo pretende hacer valer. En ese tenor, dado que de las manifestaciones realizadas por los promoventes en su demanda de amparo, las cuales realizaron bajo protesta de decir verdad, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, párrafo segundo, constituye una confesión expresa, respecto del conocimiento de la fecha de la emisión del acto reclamado, resulta evidente que, la acción constitucional entablada en contra de los actos reclamados, resulta improcedente de conformidad con lo señalado por los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo. Se considera así, en la medida que, el plazo de quince días con que contaban los quejosos para promover demanda de amparo en contra de los actos reclamados, empezó a transcurrir a partir del día hábil siguiente en que tuvieron conocimiento de la existencia de los actos reclamados, esto es, del veintitrés de septiembre al once de octubre de dos mil diecinueve, sin contar los días veintiocho y veintinueve de septiembre de este año y cinco y seis de octubre pasado, por ser inhábiles. De lo anterior, se sigue que, si los agraviados hasta el doce de noviembre de dos mil diecinueve, promovieron demanda de amparo contra los actos reclamados, resulta claro que, el plazo de quince días que tenían para ello, transcurrió en exceso, pues como se dijo, tuvieron hasta el once de octubre de dos mil diecinueve, para presentar su demanda de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número IV.2o.C. J/7, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII (julio de 2005), visible a fojas 1035, Novena Época, materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: ... Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV, y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve contra actos del Comisariado de Bienes Ejidales de Mogoñé Estación. Como la parte quejosa señala la lista de este juzgado para recibir notificaciones, y el artículo 29 de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del juzgado; por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Así también, con apoyo en el segundo párrafo, del artículo 24 de la ley de la materia, téngase por autorizado para tales efectos a la persona que menciona, porque en esos términos lo pide. Hágase saber a las partes que el presente auto y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional..."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, atendiendo a lo establecido en el artículo 30, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. En el entendido que se instruye al Secretario (a) de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Cabe destacar que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado, el cual es de/tenor siguiente:... Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Finalmente, se informa a las partes, que en sesión de treinta de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo dé la Judicatura Federal, acordó la adscripción del Juez Saúl Manuel Mercado Ramos, como titular de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso; lo que se hace del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes.
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