Víctor Mayen del Valle

Expediente 868/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 42 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
868/2021
Año
2021
Actuaciones
42
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Víctor Mayen del Valle y Otros.
  • Víctor Mayen del Valle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    IV.... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. De conformidad con los capítulos cuarto, artículo 14 y octavo artículo 21 inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente se considera susceptible de destrucción. Asimismo, en términos del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), del multicitado acuerdo general el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que la medida cautelar por una parte se concedió. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. De conformidad con el capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general en cita el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de seis meses a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a la destrucción del mismo conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión. Toda vez que existe un documento exhibido por la parte quejosa, de conformidad con el capítulo octavo, artículo 21, antepenúltimo párrafo del citado acuerdo, dígase que dentro de un plazo de noventa días deberá acudir a este juzgado a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, será destruido junto con el expediente en que se actúa. En el entendido que, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción I, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra a su disposición el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, para que agende la pertinente a efecto de que pueda acudir a este órgano a recoger los documentos que se dejan a su disposición en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    ... con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista de estrados a la parte quejosa, el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, lo anterior en atención al aviso de veintitrés de marzo del año en curso...

  3. Principal

    IV... Agréguese el escrito de los representantes de la menor quejosa, por medio del cual remiten el certificado de vacunación de la infante, respecto de la cual se advierte que se le aplicó el esquema completo de la vacuna contra el virus del SARS-coV2 (primera y segunda dosis). En el caso, se actualiza una causa de improcedencia que da lugar al sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, con relación al 61 fracción XXI, por las siguientes consideraciones: En principio es pertinente señalar que la citada fracción XXI cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. ... Ahora, a efecto de dilucidar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es menester precisar que la parte quejosa señaló como actos reclamados la omisión de aplicar la vacuna para la prevención de la COVID-19 en México al grupo de niños y niñas menores de 18 años de edad (grupo en el cual se encuentra la menor quejosa) ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022. Así, a manera de consecuencia reclaman diversas omisiones, tales como llamar, informar o notificar a los menores de manera urgente e inmediata el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizada antes del inicio de clases presenciales. Haciendo valer como actos la discriminación respecto del derecho a la vida y salud al nivel más alto posible y la violación al derecho humano a la salud, así como la prevención a través de la vacunación contra el virus SARS.Cov2 (covid-19). Sin embargo, el acto reclamado radica esencialmente en la omisión de aplicar a la menor quejosa la vacuna contra la enfermedad ocasionada por el virus Sars Cov2 COVID-19, debido a que al momento en que se presentó la demanda todos los menores de doce a diecisiete de años de edad, no se encontraban contemplados en el esquema de vacunación emitidos por la Secretaría de Salud, siendo que los demás actos señalados constituyen conceptos de violación. Sobre estas bases, de la constancia exhibida por la parte quejosa con su ocurso de cuenta, la que prueba plenamente en su contra, no obstante de ser exhibidas en copia simple, se advierte que se aplicó el esquema completo de vacunación, circunstancia que se acredita con el certificado de vacunación contra el Covid-19 del que se advierte la aplicación de las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a la menor quejosa, las cuales se llevaron a cabo el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno -primera dosis- y el dieciséis de noviembre siguiente -segunda dosis-, ambas con el consentimiento expreso de quien representa a la menor, circunstancia que además se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de México. En tal virtud, es evidente que omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARSCov2 (covid-19), dejó de existir ya que como se ha analizado, se ha aplicado el esquema completo de vacunación a la menor aquí quejosa. Por ende, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no hay motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la dicha ley, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del uno de marzo de dos mil veintidós; hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes.

  4. Principal

    IV... Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 868/2021-IV, el cual es del tenor: Proveído 18/Febrero/2022.- "... Agréguese el escrito de los representantes de la menor quejosa, por medio del cual remiten el certificado de vacunación de la infante, respecto de la cual se advierte que se le aplicó el esquema completo de la vacuna contra el virus del SARS-coV2 (primera y segunda dosis). En el caso, se actualiza una causa de improcedencia que da lugar al sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, con relación al 61 fracción XXI, por las siguientes consideraciones: En principio es pertinente señalar que la citada fracción XXI cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. De la intelección de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, se observan dos supuestos de cesación de efectos: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo emerge por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la sentencia que decide un recurso otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Ahora, a efecto de dilucidar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es menester precisar que la parte quejosa señaló como actos reclamados la omisión de aplicar la vacuna para la prevención de la COVID-19 en México al grupo de niños y niñas menores de 18 años de edad (grupo en el cual se encuentra la menor quejosa) ante la eminente entrada al ciclo escolar 2021-2022. Así, a manera de consecuencia reclaman diversas omisiones, tales como llamar, informar o notificar a los menores de manera urgente e inmediata el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizada antes del inicio de clases presenciales. Haciendo valer como actos la discriminación respecto del derecho a la vida y salud al nivel más alto posible y la violación al derecho humano a la salud, así como la prevención a través de la vacunación contra el virus SARS.Cov2 (covid-19). Sin embargo, el acto reclamado radica esencialmente en la omisión de aplicar a la menor quejosa la vacuna contra la enfermedad ocasionada por el virus Sars Cov2 COVID-19, debido a que al momento en que se presentó la demanda todos los menores de doce a diecisiete de años de edad, no se encontraban contemplados en el esquema de vacunación emitidos por la Secretaría de Salud, siendo que los demás actos señalados constituyen conceptos de violación. Sobre estas bases, de la constancia exhibida por la parte quejosa con su ocurso de cuenta, la que prueba plenamente en su contra, no obstante de ser exhibidas en copia simple, se advierte que se aplicó el esquema completo de vacunación, circunstancia que se acredita con el certificado de vacunación contra el Covid-19 del que se advierte la aplicación de las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a la menor quejosa, las cuales se llevaron a cabo el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno -primera dosis- y el dieciséis de noviembre siguiente - segunda dosis-, ambas con el consentimiento expreso de quien representa a la menor, circunstancia que además se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de México. En tal virtud, es evidente que omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARSCov2 (covid-19), dejó de existir ya que como se ha analizado, se ha aplicado el esquema completo de vacunación a la menor aquí quejosa. Por ende, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no hay motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esas condiciones, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la dicha ley, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio ... ... Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del uno de marzo de dos mil veintidós; hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes ..." Lo anterior en atención al aviso de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós.

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