Víctor Martín Romero Gómez
Expediente 624/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 26/02/2016
Partes del expediente
- Víctor Martín Romero Gómez y Otros.
- Víctor Martín Romero Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio signado por el Jefe de Residencia de Toluca de la Procuraduría Agraria, por el cual adjunta el acuerdo de conclusión de seis de mayo de dos mil quince; atento a lo anterior, éste órgano de control constitucional toma conocimiento de la referida circunstancia para los efectos legales conducentes. Luego, visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías por la autoridad responsable Encargado de Residencia Toluca de la Procuraduría Agraria, Delegación Estado de México; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad de mérito. Ahora, atendiendo a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243)". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las siguientes consideraciones. Del estado procesal que guarda este juicio, se observa que en la sentencia de doce de enero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto para el efecto de que el Encargado de Residencia Toluca de la Procuraduría Agraria, Delegación Estado de México, realizara lo siguiente: 1. Deje sin efectos las convocatorias de asamblea expedidas por la responsable el nueve y veinte de abril de dos mil quince emitidas en el poblado en cuestión. 2. Asimismo, emita una determinación, en la que resuelva la solicitud recibida en esa residencia el dieciséis de noviembre de dos mil catorce por parte de los ejidatarios, y proceda conforme a derecho. Posteriormente, en acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince, se declaró que la sentencia causó ejecutoria y requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Atento a lo anterior, es necesario indicar lo siguiente: I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por la impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. En acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se dio cumplimiento, en los siguientes términos: Por oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Encargado de Residencia Toluca de la Procuraduría Agraria, Delegación Estado de México, exhibió el acuerdo de conclusión de seis de mayo de dos mil quince, con el cual se deja sin efectos las convocatorias de referencia así como el procedimiento de remoción solicitada por un grupo de ejidatarios, e informó que fueron canceladas las convocatorias de veinte de abril y cuatro de mayo de dos mil quince para celebrar asamblea en el ejido de Concepción Coatipac II, municipio de Calimaya, Estado de México. En esas condiciones, al estimar que el fallo protector ha sido cumplido en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable, así procede declararlo. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo donde se concedió el amparo solicitado, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales deberán ser digitalizadas. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración y destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material, de conformidad con lo establecido en el referido acuerdo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el Maestro en Derecho Jorge Arturo Porras Gutiérrez, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del licenciado Manuel Romero Díaz, Secretario que autoriza, firma y da fe.
- Principal
se agrega a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Jefe de Residencia de Toluca de la Procuraduría Agraria, informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. dese vista las partes
- Principal
Visto el estado procesal de los autos de los cuales se colige que la autoridad responsable en el presente asunto Jefe de Residencia de Toluca de la Procuraduría Agraria, mediante oficio PA15/0021/2015 informó las gestiones para dar cumplimiento, asimismo, mediante auto de veinte de enero del año en curso se le requirió para que remitiera la determinación en la que resolvió las solicitudes recibidas por la parte quejosa; sin embargo a la fecha no las ha remitido. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable supracitada, para que en el término de tres días, remita las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, asimismo remita la determinación en la que resolvió las solicitudes recibidas, en el entendido que debe hacer las gestiones necesarias y de manera coercitiva para lograr el cumplimiento; asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de no cumplir con la ejecutoria de amparo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la nueva Ley de Amparo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, intégrese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, por medio del cual el Jefe de Residencia de Toluca de la Procuraduría Agraria, en atención al requerimiento formulado el catorce de enero del año en curso, informa gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, comuníquese a la autoridad responsable que el objetivo de las ejecutorias de amparo, es que sean cumplimentadas sin demora, la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, en aquellos casos en que, como en el presente, la naturaleza del acto lo permite, considerarlo otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad Jefe de Residencia de Toluca de la Procuraduría Agraria, para que remita la determinación en la que resolvió las solicitudes recibidas, en el entendido que debe realizar las gestiones necesarias y de manera coercitiva para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, so pena de hacerle efectivos los apercibimientos necesarios a la demandada. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacer lo requerido en el tiempo otorgado (tres días), o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia y no hacer efectivos los apercibimientos aplicables, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Ello es así, ya que por el momento no existe justificación para ampliar el plazo de tres días otorgado en esta actuación. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; página 7. P./J. 60/2014]. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
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