Víctor Marroquín Dominguez
Expediente 578/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Marroquín Dominguez
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
- Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado ante el buzón judicial correspondiente a la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, Adolfo Marríquez Medina apoderado legal de Víctor Marroquín Domínguez promovió demanda de amparo indirecto contra actos que más adelante se indicarán. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este juzgado, quien por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, previa prevención que no fue desahogada, admitió a trámite de la demanda, y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, notificándose a la parte tercera interesada; y con ello, en los términos de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos señalados en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado impacta sobre el proceso civil cuyo trámite se lleva por una autoridad judicial con sede en la demarcación territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, en el caso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados y, del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación, se tiene que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en: La totalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán en el expediente 572/2020 relativo al juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble que promovió César Augusto Bravo de los Santos, respecto a una fracción del predio rústico denominado "Teolán", con una superficie de 12-62-50 hectáreas en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Así como la sentencia dictada en ese expediente y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En el caso se tiene que, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán aceptó la existencia del acto reclamado, esto es, en cuanto al trámite, bajo su potestad del expediente 572/2020 (no así 572/2022) relativo al juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble, promovido por César Augusto Bravo de los Santos por conducto de su apoderado jurídico contra de Librada Málaga Gómez, y en el cual en ejecución de sentencia, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de entrega de inmueble a favor del actor, con auxilio de la fuerza pública sin que haya sido posible poner en posesión a la parte actora del inmueble materia de Litis, en virtud de la oposición manifiesta de un grupo de personas que se negaron a permitir el desalojo. Además, allegó al presente juicio copia certificada del citado expediente, constancias a las que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°; y en ese sentido se acredita la existencia de los actos reclamados, en cuanto a la existencia y seguimiento del expediente 572/2020. Por su parte, el Director de Seguridad Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán negó la existencia del acto reclamado, en el caso, la ejecución del mandato judicial para lograr la reivindicación de un inmueble en favor de César Augusto Bravo de los Santos, respecto al expediente 572/2020 del índice de la autoridad judicial responsable. Sin embargo, como ya se indicó, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán aceptó la existencia del acto que se les reclama, el cual involucra su ejecución a través del uso de la fuerza pública, máxime que a la fecha, no se tiene noticia de que se haya logrado la entrega material del inmueble objeto de reivindicación en el procedimiento de origen en favor de la parte actora, por lo tanto, se desvirtuó la negativa de la autoridad responsable y se demuestra su existencia, en cuanto a la ejecución. Finalmente, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, por lo que se refiere a la autoridad Guardia Nacional, Región Lázaro Cárdenas, Michoacán, al haber sido debidamente notificada para la rendición de su informe sin que lo hiciera, por tanto, se presume la existencia del acto que se le reclama, concretamente, la ejecución de lo sentenciado en los autos del proceso reclamado de origen por el quejoso, máxime que, como se advierte, el mandato judicial de desposesión se contiene en dichos autos. CUARTO. Causales de improcedencia. Dicho lo anterior, es necesario analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y, en ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ello es así, porque, en términos de dichos numerales, la acción constitucional es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5°, de la Ley de la Materia, así como también cuando se reclaman normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal; o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad, produce el interés jurídico como una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos ese perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, porque presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, afecta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De lo anterior se puede concluir lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y c) Ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo, para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, provenientes. Lo antes dicho se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Entonces, se advierte que, aun y cuando al juicio de amparo pueda acudir cualquier gobernado que alegue tener un interés jurídico, debe demostrar el requisito de la existencia de afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole, que de cualquier modo pueda ser oponible, cualificado, actual y real con motivo del acto reclamado y, por tanto, debe decirse que de conformidad con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en el caso, no se actualiza un interés jurídico. Esto es, el quejoso afirma se violentó con los actos reclamados, su derecho de propiedad, respecto a: DERECHO QUE AFIRMA SE VULNERÓ INMUEBLE PROPIEDAD Una fracción del resto de un predio rústico denominado "Teolán" en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con una superficie total de 2-76-02 dos hectáreas, setenta y seis áreas y dos centiáreas. Y, pretende acreditarlo, en este juicio de amparo, con: Copia cotejada de: La primer copia del instrumento notarial nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete, respecto a la protocolización del contrato de compraventa de cuatro de mayo de dos mil quince, celebrado ante la fe del notario público 21 del Estado de Michoacán con residencia en Lázaro Cárdenas, donde el quejoso Víctor Marroquín Domínguez, en su carácter de comprador se indica adquirió de Víctor Valencia Arreguín en su carácter de vendedor, del inmueble citado en el recuadro que antecede. a.a) Constancia de inscripción en el tomo 1426, registro 36 del Libro de Propiedad del Registro Público de la Propiedad de Morelia, Michoacán concerniente a la venta del citado inmueble, que se inscribió el veinticuatro de agosto de dos mil quince. a.b) Constancia concerniente a la Declaración del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles expedida por el Gobierno del Estado de Michoacán, concretamente la tesorería municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de la que se advierte el acto traslativo de dominio relacionado con la escritura del contrato de compraventa de inmuebles, celebrado, el cuatro de mayo de dos mil quince; asimismo, se advierte aparece como transmitente Víctor Valencia Arreguín y adquirente Víctor Marroquín Domínguez respecto de la fracción de del resto de un predio rústico denominado Teolán en ese municipio. b) Copia cotejada de: Avalúo del predio "TEOLÁN" y "LA LANDERA DE LAS CARRERAS" de veintiuno de abril de dos mil quince. c) Copia cotejada de: Original del escrito firmado por el Jefe del Departamento de la Regularización de la Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sin embargo, frente a lo anterior, adquiere relevancia el anexo al informe justificado, rendido por la autoridad responsable, precisamente por tratarse del expediente 572/2020 origen del acto reclamado y, en el cual, se muestra la acción de reivindicación que promovió César Augusto Bravo de los Santos -aquí tercero interesado- respecto a una fracción del predio rústico denominado "Teolán", con una superficie de 12-62-50 hectáreas en Lázaro Cárdenas, Michoacán -materia de la Litis de origen- resultó procedente a su favor y, contiene aquellas pruebas documentales que fueron tomadas en consideración para resolver el asunto origen de reclamo, entre las que destaca: La copia certificada del expediente 286/2019 relativo al juicio ordinario civil, respecto a la acción de nulidad de diligencias de jurisdicción voluntaria, sobre rectificación de medidas, linderos y superficie y de las escrituras derivadas de las mismas, que promovió el aquí tercero interesado César Augusto Bravo de los Santos, en contra de Víctor Valencia Arreguín y el titular de la notaria número 100, licenciado Luis Pedraza Rodríguez, entre otros. Ello es así, porque, lo jurídicamente relevante en este caso, es que de la copia certificada del expediente 286/2019 se puede advertir que, en sentencia de once de octubre de dos mil diecisiete, se declaró procedente la acción, declarando la nulidad de: Las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie 408/2006 que gestionó Librada Málaga Gómez respecto al predio rústico denominado "Teolán"; La nulidad de la escritura privada 173 (ciento setenta y tres), de quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho; y, La nulidad del contrato de compraventa, celebrado entre Librada Málaga Gómez en cuanto vendedora y Víctor Valencia Arreguín, respecto de una fracción del predio rústico denominado "Teolán" con superficie de 2-76-02. Esto es, por efecto de la citada ejecutoria, se declaró la nulidad, tanto del contrato de compraventa celebrado entre Librada Málaga Gómez en cuanto vendedora y Víctor Valencia Arreguín, respecto de una fracción del predio rústico denominado "Teolán" con superficie de 2-76-02 como de la escritura privada 173 (ciento setenta y tres), de quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho en el que se protocolizó dicho contrato; circunstancias jurídica de nulidad que impactó al instrumento notarial nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete a través del cual, la parte quejosa pretende demostrar, en este juicio, su interés jurídico, porque, en los antecedentes que se indicaron en ese instrumento notarial, se pude leer, lo siguiente: "PRIMERO. DECLARA EL CIUDADANO VICTOR VALENCIA ARREGUIN, QUE ES DUEÑO EN PLENO DOMINIO Y POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFIADO COMO UNA FRACCIÓN DEL RESTO DE UN PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "TEOLAN", EN ESTE MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2-76-02 DOS HECTAREAS, SETENTA Y SEIS AREAS Y DOS CENTIAREAS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 254.56 MTS CON FRACCIÓN DEL INMUEBLE QUE SE RESERVA LA SEÑORA LIBRADA MALAGA GÓMEZ. AL SUR: 254.00 MTS CON CARRETERA COSTERA LÁZARO CÁRDENAS COAHUAYANA. AL ORIENTE: 117.00 MTS CON FRACCIÓN DEL MISMO PREDIO QUE SE VENDIO AL SEÑOR ALFONSO ZAVALA. AL PONIENTE: 100.00 MTS CON FRACCIÓN DEL MISMO PREDIO QUE SE VENDIO AL SEÑOR LORENZO ANGUIANO PANIAGUA. HABIENDO ADQUIRIDO LA PROPIEDAD DE DICHO INMUEBLE CON LA ESCRITURA PRIVADA NÚMERO CIENTO SETENTA Y TRES, DE FECHA QUINCE DE SEPTIMEBRE DEL AO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, PASADA ANTE LA FE DEL SEÑOR LICENCIADO SALVADOR ZUÑIGA ANDRADE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIEN, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN ESTA MUNICIPALIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD BAJO EL NÚMERO 0000040 (CUARENTA), DEL TOMO 00000674, (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO), DEL LIBRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL DISTRITO DE SALAZAR.." Esto es, a pesar de que dicho instrumento notarial, contiene la protocolización del contrato de compraventa que el quejoso Víctor Marroquín Domínguez celebró, el cuatro de mayo de dos mil quince con el carácter de comprador y Víctor Valencia Arreguín con el carácter de vendedor, respecto a una fracción de terreno denominado como "Teolán", el mismo instrumento dejó de tener el efecto jurídico pretendido, en el caso, la transmisión de la propiedad, por virtud de su nulidad decretada en los autos del expediente 286/2019 que como prueba, apoyó la decisión dictada en los autos del expediente 572/2020, relativo al juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble, origen del acto reclamado. Además, las constancias que conforman el juicio de origen, permiten advertir que la propiedad que Librada Málaga Gómez adquirió, respecto al predio rústico denominado "Teolán" a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria, sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie 408/2006 que gestionó ante la propia autoridad responsable, quedaron nulificadas con la sentencia dictada en los autos del juicio ordinario civil 286/2019 del índice de la autoridad responsable y que fue confirmada, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en los autos del toca I-33/2018 de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Dato este último que en el presente juicio de amparo adquiere relevancia, porque, permite precisar que el acto reclamado tampoco le puede afectar a Víctor Marroquín Domínguez en su esfera jurídica, aun en el supuesto de considerarlo adquirente de buena fe. Esto es así, porque, las constancias del acto reclamado muestran un dato que no fue indicado en el instrumento notarial que exhibió el quejoso en este juicio de amparo para acreditar su interés jurídico, referente a quién fue la parte vendedora, en la protocolización del contrato de compraventa en la escritura privada número ciento setenta y tres, pasada ante la fe del notario público número 100 de Lázaro Cárdenas, Michoacán y, que ahora se advierte en este juicio de amparo, fue Librada Málaga Gómez. Es decir, en el presente caso, resulta que el citado instrumento notarial nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete, se ve afectado por no cubrir en su totalidad, lo preceptuado en la fracción IV del párrafo segundo del artículo 57 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, vigente en la época de su emisión, referente a que, al citar algún instrumento pasado ante la fe de otro notario, anotará el nombre de éste, el número de la notaría, el nombre de las partes que intervinieron en el documento, la fecha de expedición y el número de su registro, porque, en su parte expositiva o proemio se expone que Victor Valencia Arreguín es dueño en pleno dominio y posesión del bien inmueble identificado como una fracción de un predio rústico denominado "TEOLAN" en Lázaro Cárdenas, Michoacán con una superficie de 2-76-02, habiendo adquirido la propiedad de dicho inmueble con la escritura privada ciento setenta y tres, de fecha quince de septiembre del año de mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del señor licenciado Salvador Zúñiga Andrade, notario público número cien, con ejercicio y residencia en esa municipalidad, la cual se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad bajo el número 000040 (cuarenta), del tomo 00000674 (seiscientos setenta y cuatro), del libro de propiedad correspondiente al distrito de Salazar. Empero, es de indicarse que la exposición contenida en ese instrumento notarial con el cual el quejoso pretende acreditar su interés jurídico, únicamente, hace referencia a las declaraciones vertidas por el vendedor, en el caso Victor Valencia Arreguín, sin indicarse por el notario público 21, el nombre de las partes que intervinieron en el diverso contrato de compraventa a través del cual, se indica que Victor Valencia Arreguín adquirió la propiedad de un inmueble que posteriormente, el cuatro de mayo de dos mil quince, transmitió en venta al aquí quejoso Víctor Marroquín Domínguez. Esto es, en términos de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, no se precisó por el notario público 21, el nombre de la parte compradora en el contrato que el diverso notario público número cien, con ejercicio y residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, protocolizó el quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho en la escritura privada ciento setenta y tres. De ahí que, en el instrumento notarial que exhibió el quejoso, únicamente, se hizo alusión o referencia de la parte compradora en la escritura privada ciento setenta y tres, en el caso Victor Valencia Arreguín sin mencionar, quién fue en este último instrumento la parte vendedora en dicha protocolización de compraventa, respecto a una fracción del predio rústico denominado "Teolán". De modo que, ese instrumento se emitió en contravención a una disposición legal, lo cual implica que el quejoso no esté en condiciones jurídicas para reclamar un derecho de propiedad en los autos origen del acto reclamado con un instrumento en el cual no se permitió al notario número 21 conocer, toda la información, relativa a la transmisión de propiedad que se protocolizó en la escritura privada ciento setenta y tres. Por lo tanto, el quejoso no puede alegar verse afectado en su derecho de propiedad con el acto reclamado, cuando el instrumento notarial, con el cual pretende demostrar su interés jurídico, no reúne los requisitos legales para su emisión, porque, de ser así, se llegaría al extremo de que, a través de documentos contrarios a la ley, se logre disponer de bienes ajenos aun sin complicidad de un tercero, que adquiere un inmueble, pero se colocaría a los propietarios originales en estado de indefensión, al no poder hacer nada para prevenir o recuperar su propiedad, motivo por el que, en ese caso, el acto del tercero de buena fe que se ejecutó violando una ley prohibitiva o de interés público, deberá ser inválido. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis aislada 1a. XI/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 13, tomo IV, página 3504, mayo de 2022, con el número de registro digital: 2024655, de aplicación analógica al presente asunto, bajo el rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN A LA BUENA FE REGISTRAL. EL ARTÍCULO 1255, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO QUE LA PREVÉ, CUANDO LA COMPRAVENTA SE EJECUTA EN CONTRAVENCIÓN A UNA LEY PROHIBITIVA O DE INTERÉS PÚBLICO, NO VIOLA LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y POSESIÓN, ASÍ COMO SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS. Hechos: Una institución bancaria demandó la nulidad absoluta de diversas escrituras públicas, en principio de aquella en la cual obra la compraventa de un inmueble de su propiedad, bajo el argumento de que sus representantes no firmaron ese documento, que por haberse inscrito en el Registro Público de la Propiedad sirvió de sustento para una posterior venta a un tercero, contrato que también se hizo constar en escritura pública y se inscribió, siendo el segundo acto cuya nulidad se reclamó. En primera instancia se declaró procedente la acción, por estimarse que la escritura más antigua no correspondía al índice del notario al que se le atribuía y, por ende, la posterior había derivado de un acto celebrado en contravención a las leyes prohibitivas y de interés público. Inconforme, el demandado tercer adquirente apeló y la alzada modificó la sentencia combatida, para el efecto de que quedara intocada su escritura. En contra de esa determinación la parte actora promovió amparo directo, que le fue otorgado para que la autoridad responsable tomara en cuenta que al tercer adquirente de buena fe no le era aplicable la prerrogativa prevista en el primer párrafo del artículo 1255 del Código Civil del Estado de Jalisco, relativa a que no se declaren inválidos, en cuanto al tercero de buena fe, los contratos celebrados por personas que en el registro aludido aparezcan con derechos para ello, aun cuando después se anulen. Inconforme con esa ejecutoria, el tercero en mención interpuso recurso de revisión en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo en cita. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 1255, segundo párrafo, del Código Civil del Estado de Jalisco, en el que se establece como excepción al principio de buena fe registral, el caso en el que los actos o contratos se ejecuten u otorguen violando una ley prohibitiva o de interés público, no viola los derechos de propiedad y posesión, así como de seguridad y de certeza jurídicas. Justificación: La limitante a la buena fe registral del tercer adquirente, determina efectos de la compraventa de bienes inmuebles, con el objeto de proteger y evitar los actos fraudulentos, pero no constituye una restricción o modificación a los derechos humanos de propiedad y de posesión, porque no altera los elementos que los conforman, los bienes sobre los que pueden recaer, su relación con la función social, las restricciones y los límites impuestos a estas últimas; sin embargo, incide en la seguridad y certeza jurídicas, porque trastoca el sistema de presunciones que crea el Registro Público de la Propiedad y pone en juego la certidumbre de la titularidad de los bienes inmuebles. No obstante, existe una justificación para ello, en virtud de que persigue un fin constitucionalmente válido, ya que busca la protección en contra de todo fraude que menoscabe la legitimidad y ejercicio que deriva del derecho de propiedad, evitando que los actos celebrados en violación a la ley se agoten hasta sus últimas consecuencias; además, es una medida idónea porque la protección que brinda a los verdaderos propietarios únicamente se da en contra del acto traslativo de dominio que surge en contravención a las leyes prohibitivas o de interés social, como la venta de cosa ajena sustentada en un documento apócrifo; también, es necesaria porque no existe otra igualmente idónea, pero no menos restrictiva a la seguridad jurídica de quien se vale del sistema de presunciones y legitimidad del Registro aludido; y, el grado de realización del fin perseguido es mayor al de afectación provocado al derecho fundamental, porque se trata de una medida proporcional, ya que la realidad registral debe reflejar la diversa jurídica, esto es, que en el Registro Público quien aparezca como dueño, efectivamente sea el verdadero propietario del inmueble. Por tanto, si en algunas ocasiones se llega a disociar la información, porque a través de documentos apócrifos se dispone de bienes ajenos y un tercero, aun sin complicidad, adquiere el inmueble y lo inscribe; es manifiesto que los propietarios originales se colocan en estado de indefensión, al no poder hacer nada para prevenir o recuperar su propiedad, motivo por el que en ese caso debe prevalecer la excepción prevista en el artículo en estudio, conforme a la cual, si el acto del tercero de buena fe se ejecutó violando una ley prohibitiva o de interés público, será inválido." Por otro lado, en cuanto a los demás documentos que el quejoso allegó al presente juicio de amparo, identificados en esta sentencia como a.a), a.b) y b), si bien adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°; empero, derivan de la escritura ciento setenta y tres, la cual como de los autos de origen se advierte, quedó nulificada, por tanto, esa nulidad se proyecta a los documentos que deriven de ella e implica que el quejoso, tampoco acredita con esos documentos, el derecho de propiedad del que afirma ser titular. Luego, por lo que se refiere a la documental marcada como c), consistente en el original del escrito firmado por el Jefe del Departamento de la Regularización de la Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se indica que Víctor Marroquín Domínguez se encuentra habitando una fracción del predio rustico denominado como "TEOLAN" perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán por más de siete años aproximadamente, documento que también adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, porque, en términos del artículo 277, fracción IX, del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, expidió una constancia de habitabilidad. Sin embargo, ese documento no acredita en la esfera jurídica del quejoso el derecho de propiedad, respecto de una fracción del predio rustico denominado como "TEOLAN" perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dado que únicamente se da a conocer una circunstancia fáctica, mas no jurídica, esto es, no se refiere a un derecho de propiedad en favor del quejoso. De este modo, no se ve afectada la esfera jurídica del quejoso Víctor Marroquín Domínguez y que justifique la procedencia de este juicio, en tanto que respecto de los actos que motivaron la demanda de amparo el quejoso no demostró su interés jurídico. En esa tesitura, a la luz de los actos reclamados, éstos sólo involucran a las partes que intervinieron en el proceso 572/2020 relativo al juicio ordinario civil, sobre reivindicación de inmueble que promovió César Augusto Bravo de los Santos y respecto a una fracción del predio rústico denominado "Teolán", con una superficie de 12-62-50 hectáreas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el cual, no aparece, bajo ningún concepto derecho de la parte quejosa que haya sido vulnerado, aun y cuando aduzca tener alguno frente a dicho inmueble. De ahí que, ningún efecto práctico conllevaría imponer al juzgador de origen que determine qué derecho debe prevalecer con relación al aquí quejoso y que le permitiera, intervenir en ese juicio. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que el quejoso, no acreditó su interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio en términos de la fracción V, del artículo 63 de la citada Ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos atribuidos a Director de Seguridad Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Guardia Nacional, Región Lázaro Cárdenas, Michoacán, toda vez que los mismos, no se combaten por vicios propios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." QUINTO. Publicación de la sentencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo que promovió Víctor Marroquín Domínguez a través de su apoderado jurídico, contra el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán y otras autoridades respecto a los actos reclamados que les atribuyó, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Háganse las capturas respectivas en el libro de control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
POR ESTE MEDIO Y EN RAZÓN DE QUE LA PARTE QUEJOSA VICTOR MARROQUIN DOMINGUEZ o sus autorizados, no comparecieron al Órgano Jurisdiccional de mi adscripción dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del AVISO que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el veintiséis de julio de dos mil veintitrés; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de la resolución de veinticinco de julio del año en curso; queda hecha mediante su publicación en la lista que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, misma resolución en la que se resolvió: RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado ante el buzón judicial correspondiente a la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, Adolfo Marríquez Medina apoderado legal de Víctor Marroquín Domínguez promovió demanda de amparo indirecto contra actos que más adelante se indicarán. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este juzgado, quien por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, previa prevención que no fue desahogada, admitió a trámite de la demanda, y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, notificándose a la parte tercera interesada; y con ello, en los términos de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos señalados en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado impacta sobre el proceso civil cuyo trámite se lleva por una autoridad judicial con sede en la demarcación territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, en el caso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados y, del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación, se tiene que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en: La totalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán en el expediente 572/2020 relativo al juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble que promovió César Augusto Bravo de los Santos, respecto a una fracción del predio rústico denominado "Teolán", con una superficie de 12-62-50 hectáreas en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Así como la sentencia dictada en ese expediente y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En el caso se tiene que, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán aceptó la existencia del acto reclamado, esto es, en cuanto al trámite, bajo su potestad del expediente 572/2020 (no así 572/2022) relativo al juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble, promovido por César Augusto Bravo de los Santos por conducto de su apoderado jurídico contra de Librada Málaga Gómez, y en el cual en ejecución de sentencia, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de entrega de inmueble a favor del actor, con auxilio de la fuerza pública sin que haya sido posible poner en posesión a la parte actora del inmueble materia de Litis, en virtud de la oposición manifiesta de un grupo de personas que se negaron a permitir el desalojo. Además, allegó al presente juicio copia certificada del citado expediente, constancias a las que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°; y en ese sentido se acredita la existencia de los actos reclamados, en cuanto a la existencia y seguimiento del expediente 572/2020. Por su parte, el Director de Seguridad Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán negó la existencia del acto reclamado, en el caso, la ejecución del mandato judicial para lograr la reivindicación de un inmueble en favor de César Augusto Bravo de los Santos, respecto al expediente 572/2020 del índice de la autoridad judicial responsable. Sin embargo, como ya se indicó, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán aceptó la existencia del acto que se les reclama, el cual involucra su ejecución a través del uso de la fuerza pública, máxime que a la fecha, no se tiene noticia de que se haya logrado la entrega material del inmueble objeto de reivindicación en el procedimiento de origen en favor de la parte actora, por lo tanto, se desvirtuó la negativa de la autoridad responsable y se demuestra su existencia, en cuanto a la ejecución. Finalmente, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, por lo que se refiere a la autoridad Guardia Nacional, Región Lázaro Cárdenas, Michoacán, al haber sido debidamente notificada para la rendición de su informe sin que lo hiciera, por tanto, se presume la existencia del acto que se le reclama, concretamente, la ejecución de lo sentenciado en los autos del proceso reclamado de origen por el quejoso, máxime que, como se advierte, el mandato judicial de desposesión se contiene en dichos autos. CUARTO. Causales de improcedencia. Dicho lo anterior, es necesario analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y, en ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ello es así, porque, en términos de dichos numerales, la acción constitucional es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5°, de la Ley de la Materia, así como también cuando se reclaman normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal; o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad, produce el interés jurídico como una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos ese perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, porque presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, afecta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De lo anterior se puede concluir lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y c) Ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo, para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, provenientes. Lo antes dicho se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Entonces, se advierte que, aun y cuando al juicio de amparo pueda acudir cualquier gobernado que alegue tener un interés jurídico, debe demostrar el requisito de la existencia de afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole, que de cualquier modo pueda ser oponible, cualificado, actual y real con motivo del acto reclamado y, por tanto, debe decirse que de conformidad con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, en el caso, no se actualiza un interés jurídico. Esto es, el quejoso afirma se violentó con los actos reclamados, su derecho de propiedad, respecto a: DERECHO QUE AFIRMA SE VULNERÓ INMUEBLE PROPIEDAD Una fracción del resto de un predio rústico denominado "Teolán" en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con una superficie total de 2-76-02 dos hectáreas, setenta y seis áreas y dos centiáreas. Y, pretende acreditarlo, en este juicio de amparo, con: Copia cotejada de: La primer copia del instrumento notarial nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete, respecto a la protocolización del contrato de compraventa de cuatro de mayo de dos mil quince, celebrado ante la fe del notario público 21 del Estado de Michoacán con residencia en Lázaro Cárdenas, donde el quejoso Víctor Marroquín Domínguez, en su carácter de comprador se indica adquirió de Víctor Valencia Arreguín en su carácter de vendedor, del inmueble citado en el recuadro que antecede. a.a) Constancia de inscripción en el tomo 1426, registro 36 del Libro de Propiedad del Registro Público de la Propiedad de Morelia, Michoacán concerniente a la venta del citado inmueble, que se inscribió el veinticuatro de agosto de dos mil quince. a.b) Constancia concerniente a la Declaración del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles expedida por el Gobierno del Estado de Michoacán, concretamente la tesorería municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de la que se advierte el acto traslativo de dominio relacionado con la escritura del contrato de compraventa de inmuebles, celebrado, el cuatro de mayo de dos mil quince; asimismo, se advierte aparece como transmitente Víctor Valencia Arreguín y adquirente Víctor Marroquín Domínguez respecto de la fracción de del resto de un predio rústico denominado Teolán en ese municipio. b) Copia cotejada de: Avalúo del predio "TEOLÁN" y "LA LANDERA DE LAS CARRERAS" de veintiuno de abril de dos mil quince. c) Copia cotejada de: Original del escrito firmado por el Jefe del Departamento de la Regularización de la Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sin embargo, frente a lo anterior, adquiere relevancia el anexo al informe justificado, rendido por la autoridad responsable, precisamente por tratarse del expediente 572/2020 origen del acto reclamado y, en el cual, se muestra la acción de reivindicación que promovió César Augusto Bravo de los Santos -aquí tercero interesado- respecto a una fracción del predio rústico denominado "Teolán", con una superficie de 12-62-50 hectáreas en Lázaro Cárdenas, Michoacán -materia de la Litis de origen- resultó procedente a su favor y, contiene aquellas pruebas documentales que fueron tomadas en consideración para resolver el asunto origen de reclamo, entre las que destaca: La copia certificada del expediente 286/2019 relativo al juicio ordinario civil, respecto a la acción de nulidad de diligencias de jurisdicción voluntaria, sobre rectificación de medidas, linderos y superficie y de las escrituras derivadas de las mismas, que promovió el aquí tercero interesado César Augusto Bravo de los Santos, en contra de Víctor Valencia Arreguín y el titular de la notaria número 100, licenciado Luis Pedraza Rodríguez, entre otros. Ello es así, porque, lo jurídicamente relevante en este caso, es que de la copia certificada del expediente 286/2019 se puede advertir que, en sentencia de once de octubre de dos mil diecisiete, se declaró procedente la acción, declarando la nulidad de: Las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie 408/2006 que gestionó Librada Málaga Gómez respecto al predio rústico denominado "Teolán"; La nulidad de la escritura privada 173 (ciento setenta y tres), de quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho; y, La nulidad del contrato de compraventa, celebrado entre Librada Málaga Gómez en cuanto vendedora y Víctor Valencia Arreguín, respecto de una fracción del predio rústico denominado "Teolán" con superficie de 2-76-02. Esto es, por efecto de la citada ejecutoria, se declaró la nulidad, tanto del contrato de compraventa celebrado entre Librada Málaga Gómez en cuanto vendedora y Víctor Valencia Arreguín, respecto de una fracción del predio rústico denominado "Teolán" con superficie de 2-76-02 como de la escritura privada 173 (ciento setenta y tres), de quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho en el que se protocolizó dicho contrato; circunstancias jurídica de nulidad que impactó al instrumento notarial nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete a través del cual, la parte quejosa pretende demostrar, en este juicio, su interés jurídico, porque, en los antecedentes que se indicaron en ese instrumento notarial, se pude leer, lo siguiente: "PRIMERO. DECLARA EL CIUDADANO VICTOR VALENCIA ARREGUIN, QUE ES DUEÑO EN PLENO DOMINIO Y POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFIADO COMO UNA FRACCIÓN DEL RESTO DE UN PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "TEOLAN", EN ESTE MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2-76-02 DOS HECTAREAS, SETENTA Y SEIS AREAS Y DOS CENTIAREAS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 254.56 MTS CON FRACCIÓN DEL INMUEBLE QUE SE RESERVA LA SEÑORA LIBRADA MALAGA GÓMEZ. AL SUR: 254.00 MTS CON CARRETERA COSTERA LÁZARO CÁRDENAS COAHUAYANA. AL ORIENTE: 117.00 MTS CON FRACCIÓN DEL MISMO PREDIO QUE SE VENDIO AL SEÑOR ALFONSO ZAVALA. AL PONIENTE: 100.00 MTS CON FRACCIÓN DEL MISMO PREDIO QUE SE VENDIO AL SEÑOR LORENZO ANGUIANO PANIAGUA. HABIENDO ADQUIRIDO LA PROPIEDAD DE DICHO INMUEBLE CON LA ESCRITURA PRIVADA NÚMERO CIENTO SETENTA Y TRES, DE FECHA QUINCE DE SEPTIMEBRE DEL AO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, PASADA ANTE LA FE DEL SEÑOR LICENCIADO SALVADOR ZUÑIGA ANDRADE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CIEN, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN ESTA MUNICIPALIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD BAJO EL NÚMERO 0000040 (CUARENTA), DEL TOMO 00000674, (SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO), DEL LIBRO DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL DISTRITO DE SALAZAR.." Esto es, a pesar de que dicho instrumento notarial, contiene la protocolización del contrato de compraventa que el quejoso Víctor Marroquín Domínguez celebró, el cuatro de mayo de dos mil quince con el carácter de comprador y Víctor Valencia Arreguín con el carácter de vendedor, respecto a una fracción de terreno denominado como "Teolán", el mismo instrumento dejó de tener el efecto jurídico pretendido, en el caso, la transmisión de la propiedad, por virtud de su nulidad decretada en los autos del expediente 286/2019 que como prueba, apoyó la decisión dictada en los autos del expediente 572/2020, relativo al juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble, origen del acto reclamado. Además, las constancias que conforman el juicio de origen, permiten advertir que la propiedad que Librada Málaga Gómez adquirió, respecto al predio rústico denominado "Teolán" a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria, sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie 408/2006 que gestionó ante la propia autoridad responsable, quedaron nulificadas con la sentencia dictada en los autos del juicio ordinario civil 286/2019 del índice de la autoridad responsable y que fue confirmada, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en los autos del toca I-33/2018 de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Dato este último que en el presente juicio de amparo adquiere relevancia, porque, permite precisar que el acto reclamado tampoco le puede afectar a Víctor Marroquín Domínguez en su esfera jurídica, aun en el supuesto de considerarlo adquirente de buena fe. Esto es así, porque, las constancias del acto reclamado muestran un dato que no fue indicado en el instrumento notarial que exhibió el quejoso en este juicio de amparo para acreditar su interés jurídico, referente a quién fue la parte vendedora, en la protocolización del contrato de compraventa en la escritura privada número ciento setenta y tres, pasada ante la fe del notario público número 100 de Lázaro Cárdenas, Michoacán y, que ahora se advierte en este juicio de amparo, fue Librada Málaga Gómez. Es decir, en el presente caso, resulta que el citado instrumento notarial nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete, se ve afectado por no cubrir en su totalidad, lo preceptuado en la fracción IV del párrafo segundo del artículo 57 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, vigente en la época de su emisión, referente a que, al citar algún instrumento pasado ante la fe de otro notario, anotará el nombre de éste, el número de la notaría, el nombre de las partes que intervinieron en el documento, la fecha de expedición y el número de su registro, porque, en su parte expositiva o proemio se expone que Victor Valencia Arreguín es dueño en pleno dominio y posesión del bien inmueble identificado como una fracción de un predio rústico denominado "TEOLAN" en Lázaro Cárdenas, Michoacán con una superficie de 2-76-02, habiendo adquirido la propiedad de dicho inmueble con la escritura privada ciento setenta y tres, de fecha quince de septiembre del año de mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del señor licenciado Salvador Zúñiga Andrade, notario público número cien, con ejercicio y residencia en esa municipalidad, la cual se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad bajo el número 000040 (cuarenta), del tomo 00000674 (seiscientos setenta y cuatro), del libro de propiedad correspondiente al distrito de Salazar. Empero, es de indicarse que la exposición contenida en ese instrumento notarial con el cual el quejoso pretende acreditar su interés jurídico, únicamente, hace referencia a las declaraciones vertidas por el vendedor, en el caso Victor Valencia Arreguín, sin indicarse por el notario público 21, el nombre de las partes que intervinieron en el diverso contrato de compraventa a través del cual, se indica que Victor Valencia Arreguín adquirió la propiedad de un inmueble que posteriormente, el cuatro de mayo de dos mil quince, transmitió en venta al aquí quejoso Víctor Marroquín Domínguez. Esto es, en términos de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, no se precisó por el notario público 21, el nombre de la parte compradora en el contrato que el diverso notario público número cien, con ejercicio y residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, protocolizó el quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho en la escritura privada ciento setenta y tres. De ahí que, en el instrumento notarial que exhibió el quejoso, únicamente, se hizo alusión o referencia de la parte compradora en la escritura privada ciento setenta y tres, en el caso Victor Valencia Arreguín sin mencionar, quién fue en este último instrumento la parte vendedora en dicha protocolización de compraventa, respecto a una fracción del predio rústico denominado "Teolán". De modo que, ese instrumento se emitió en contravención a una disposición legal, lo cual implica que el quejoso no esté en condiciones jurídicas para reclamar un derecho de propiedad en los autos origen del acto reclamado con un instrumento en el cual no se permitió al notario número 21 conocer, toda la información, relativa a la transmisión de propiedad que se protocolizó en la escritura privada ciento setenta y tres. Por lo tanto, el quejoso no puede alegar verse afectado en su derecho de propiedad con el acto reclamado, cuando el instrumento notarial, con el cual pretende demostrar su interés jurídico, no reúne los requisitos legales para su emisión, porque, de ser así, se llegaría al extremo de que, a través de documentos contrarios a la ley, se logre disponer de bienes ajenos aun sin complicidad de un tercero, que adquiere un inmueble, pero se colocaría a los propietarios originales en estado de indefensión, al no poder hacer nada para prevenir o recuperar su propiedad, motivo por el que, en ese caso, el acto del tercero de buena fe que se ejecutó violando una ley prohibitiva o de interés público, deberá ser inválido. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis aislada 1a. XI/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 13, tomo IV, página 3504, mayo de 2022, con el número de registro digital: 2024655, de aplicación analógica al presente asunto, bajo el rubro y texto siguientes: "EXCEPCIÓN A LA BUENA FE REGISTRAL. EL ARTÍCULO 1255, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO QUE LA PREVÉ, CUANDO LA COMPRAVENTA SE EJECUTA EN CONTRAVENCIÓN A UNA LEY PROHIBITIVA O DE INTERÉS PÚBLICO, NO VIOLA LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y POSESIÓN, ASÍ COMO SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS. Hechos: Una institución bancaria demandó la nulidad absoluta de diversas escrituras públicas, en principio de aquella en la cual obra la compraventa de un inmueble de su propiedad, bajo el argumento de que sus representantes no firmaron ese documento, que por haberse inscrito en el Registro Público de la Propiedad sirvió de sustento para una posterior venta a un tercero, contrato que también se hizo constar en escritura pública y se inscribió, siendo el segundo acto cuya nulidad se reclamó. En primera instancia se declaró procedente la acción, por estimarse que la escritura más antigua no correspondía al índice del notario al que se le atribuía y, por ende, la posterior había derivado de un acto celebrado en contravención a las leyes prohibitivas y de interés público. Inconforme, el demandado tercer adquirente apeló y la alzada modificó la sentencia combatida, para el efecto de que quedara intocada su escritura. En contra de esa determinación la parte actora promovió amparo directo, que le fue otorgado para que la autoridad responsable tomara en cuenta que al tercer adquirente de buena fe no le era aplicable la prerrogativa prevista en el primer párrafo del artículo 1255 del Código Civil del Estado de Jalisco, relativa a que no se declaren inválidos, en cuanto al tercero de buena fe, los contratos celebrados por personas que en el registro aludido aparezcan con derechos para ello, aun cuando después se anulen. Inconforme con esa ejecutoria, el tercero en mención interpuso recurso de revisión en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo en cita. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 1255, segundo párrafo, del Código Civil del Estado de Jalisco, en el que se establece como excepción al principio de buena fe registral, el caso en el que los actos o contratos se ejecuten u otorguen violando una ley prohibitiva o de interés público, no viola los derechos de propiedad y posesión, así como de seguridad y de certeza jurídicas. Justificación: La limitante a la buena fe registral del tercer adquirente, determina efectos de la compraventa de bienes inmuebles, con el objeto de proteger y evitar los actos fraudulentos, pero no constituye una restricción o modificación a los derechos humanos de propiedad y de posesión, porque no altera los elementos que los conforman, los bienes sobre los que pueden recaer, su relación con la función social, las restricciones y los límites impuestos a estas últimas; sin embargo, incide en la seguridad y certeza jurídicas, porque trastoca el sistema de presunciones que crea el Registro Público de la Propiedad y pone en juego la certidumbre de la titularidad de los bienes inmuebles. No obstante, existe una justificación para ello, en virtud de que persigue un fin constitucionalmente válido, ya que busca la protección en contra de todo fraude que menoscabe la legitimidad y ejercicio que deriva del derecho de propiedad, evitando que los actos celebrados en violación a la ley se agoten hasta sus últimas consecuencias; además, es una medida idónea porque la protección que brinda a los verdaderos propietarios únicamente se da en contra del acto traslativo de dominio que surge en contravención a las leyes prohibitivas o de interés social, como la venta de cosa ajena sustentada en un documento apócrifo; también, es necesaria porque no existe otra igualmente idónea, pero no menos restrictiva a la seguridad jurídica de quien se vale del sistema de presunciones y legitimidad del Registro aludido; y, el grado de realización del fin perseguido es mayor al de afectación provocado al derecho fundamental, porque se trata de una medida proporcional, ya que la realidad registral debe reflejar la diversa jurídica, esto es, que en el Registro Público quien aparezca como dueño, efectivamente sea el verdadero propietario del inmueble. Por tanto, si en algunas ocasiones se llega a disociar la información, porque a través de documentos apócrifos se dispone de bienes ajenos y un tercero, aun sin complicidad, adquiere el inmueble y lo inscribe; es manifiesto que los propietarios originales se colocan en estado de indefensión, al no poder hacer nada para prevenir o recuperar su propiedad, motivo por el que en ese caso debe prevalecer la excepción prevista en el artículo en estudio, conforme a la cual, si el acto del tercero de buena fe se ejecutó violando una ley prohibitiva o de interés público, será inválido." Por otro lado, en cuanto a los demás documentos que el quejoso allegó al presente juicio de amparo, identificados en esta sentencia como a.a), a.b) y b), si bien adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°; empero, derivan de la escritura ciento setenta y tres, la cual como de los autos de origen se advierte, quedó nulificada, por tanto, esa nulidad se proyecta a los documentos que deriven de ella e implica que el quejoso, tampoco acredita con esos documentos, el derecho de propiedad del que afirma ser titular. Luego, por lo que se refiere a la documental marcada como c), consistente en el original del escrito firmado por el Jefe del Departamento de la Regularización de la Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se indica que Víctor Marroquín Domínguez se encuentra habitando una fracción del predio rustico denominado como "TEOLAN" perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán por más de siete años aproximadamente, documento que también adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, porque, en términos del artículo 277, fracción IX, del Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, expidió una constancia de habitabilidad. Sin embargo, ese documento no acredita en la esfera jurídica del quejoso el derecho de propiedad, respecto de una fracción del predio rustico denominado como "TEOLAN" perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, dado que únicamente se da a conocer una circunstancia fáctica, mas no jurídica, esto es, no se refiere a un derecho de propiedad en favor del quejoso. De este modo, no se ve afectada la esfera jurídica del quejoso Víctor Marroquín Domínguez y que justifique la procedencia de este juicio, en tanto que respecto de los actos que motivaron la demanda de amparo el quejoso no demostró su interés jurídico. En esa tesitura, a la luz de los actos reclamados, éstos sólo involucran a las partes que intervinieron en el proceso 572/2020 relativo al juicio ordinario civil, sobre reivindicación de inmueble que promovió César Augusto Bravo de los Santos y respecto a una fracción del predio rústico denominado "Teolán", con una superficie de 12-62-50 hectáreas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el cual, no aparece, bajo ningún concepto derecho de la parte quejosa que haya sido vulnerado, aun y cuando aduzca tener alguno frente a dicho inmueble. De ahí que, ningún efecto práctico conllevaría imponer al juzgador de origen que determine qué derecho debe prevalecer con relación al aquí quejoso y que le permitiera, intervenir en ese juicio. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que el quejoso, no acreditó su interés jurídico, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio en términos de la fracción V, del artículo 63 de la citada Ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos atribuidos a Director de Seguridad Pública Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Guardia Nacional, Región Lázaro Cárdenas, Michoacán, toda vez que los mismos, no se combaten por vicios propios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." QUINTO. Publicación de la sentencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo que promovió Víctor Marroquín Domínguez a través de su apoderado jurídico, contra el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán y otras autoridades respecto a los actos reclamados que les atribuyó, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Háganse las capturas respectivas en el libro de control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)
- Incidental
Uruapan, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, para que obre como legalmente corresponde, la pieza postal devuelta por el Servicio de mensajería acelerado denominado "Estafeta", que en su interior contiene el oficio 624/2023 deducido de la resolución incidental de doce de enero de dos mil veintitrés, dirigido a la Guardia Nacional Regional de Lázaro Cárdenas, Michoacán; no obstante, de la misma no se advierte el motivo de devolución, sin embargo, de una revisión efectuada en la página electrónica de rastreo de envíos de dicha empresa, se desprende que presenta una incidencia por "datos incompletos para su entrega". Ahora, toda vez que de autos se advierte que la denominación y domicilio de la autoridad a la que se pretende dirigir el referido comunicado, son correctos, toda vez que el diverso comunicado 19370 deducido del proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, fue debidamente entregado a su destinatario, por el servicio postal Mexicano, tal y como se evidencia del acuse de recibo respectivo; por tanto, a fin de evitar mayor dilación procesal, mediante oficio que al efecto se genere, reenvíese el oficio de que se trata vía postal, a fin de que las autoridad responsable de que se trata, se encuentre debidamente enterada de su contenido. Por otro lado, glósese a sus autos el oficio 265 signado por la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil, mediante el cual informa que por error se le remitió el oficio 622, mismo que contiene la resolución incidental de doce de enero de dos mil veintitrés, el cual tenía como destinatario al Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Ahora bien, en obvio de mayores dilaciones procesales, reenvíese el oficio 622 a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán; lo anterior, para estar en condiciones que la citada autoridad de cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en autos. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
ÚNICO.- Se CONCEDE a Víctor Marroquín Domínguez la SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicita, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución y por los motivos expuestos en el diverso cuarto. Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
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