Victor Manuel Velazquez Sanchez

Expediente 1225/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1225/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
02/10/2017

Partes del expediente

  • Victor Manuel Velazquez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de garantías. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa por conducto de su defensor Público Federal. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Por medio de lista que se fija en los estrados, con fundamento en el artículo 28 fracción III de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, que dice: Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, del cual se advierte que la autoridad responsable informó a este órgano jurisdiccional la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista a la quejosa por el término de tres días, siendo omisa al respecto como se advierte de la certificación de cuenta; no obstante ello, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, este juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 192174, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En ese contexto, es pertinente precisar que en sentencia engrosada el veintitrés de noviembre de dos mil once, este juzgado de Distrito concedió la protección de la justicia federal a ********************, para el efecto que la autoridad responsable dictara las medidas necesarias a fin de que en caso de que siguiera pendiente la ejecución del convenio elevado a la categoría de laudo, proveyera y se notificara lo conducente a fin de que se llevara la ejecución del mismo, salvo que existieran cargas procesales o causas imputables a las partes o diversas autoridades, que no permitieran su libre continuación y se llevara a cabo la notificación de las partes en el juicio principal. Inconforme con la referida resolución, el quejoso, interpuso recurso de revisión, mismo que por turno correspondió conocer al entonces Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, autoridad que en sesión de diecinueve de abril de dos mil doce confirmó la sentencia recurrida (fojas 294 a 316); luego, el treinta de abril de dos mil doce se tuvieron por recibidos los presentes autos, y con esa misma fecha, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficios recibidos con folios 4957 (fojas 396 a 399), 22699 (fojas 413 a 418), 31300 (fojas 467 a 475), 31318 (fojas 508 a 512) el Presidente de la Juna Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió copia certificada de diversos proveídos mediante los cuales se decretó auto de requerimiento de pago a favor de la actora (aquí quejosa), por lo que se comisionó al actuario para que asociado de la misma se constituyeran en el domicilio de la parte demandada y le requiriera el pago de la cantidad a la que fue condenada. Además, apercibió a la parte demandada para qué caso de negativa a realizar el pago correspondiente, se procedería a embargar bienes suficientes para cubrir el crédito laboral a favor de la actora. También, se le hizo del conocimiento a la parte actora (aquí quejosa), que los autos del juicio laboral ********************, se encontraban a su disposición, para que en el término de tres días promoviera lo que a su derecho conviniera, apercibido de que en caso de no dar cumplimiento iniciaría a transcurrir el término de prescripción previsto por el artículo 519 fracción III de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, mediante oficio registrado con folio 29042 (fojas 548 a 552), la referida autoridad responsable, remitió copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, en la cual la actuaria adscrita a la junta asentó la imposibilidad de llevar a cabo la misma, ello en razón de que el domicilio el que se constituyó no se encontraba la parte demandada. Luego, mediante oficio recibido con folio 22161, la Presidenta de la junta responsable remitió copia certificada del acuerdo de once de mayo del año en curso, en el cual decretó auto de requerimiento de pago y/o embargo y requirió a la parte actora a efecto de que en el término de tres días acudiera ante el actuario para obtener una cita y llevar a cabo dicha diligencia; asimismo, adjuntó la constancia de notificación realizada a la actora relativa al proveído en mención (fojas 596 a 601). En ese orden de ideas, se estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio debido a que mediante diversos proveídos requirió a la parte demandada del pago de las prestaciones a la que fue condenada; además, notificó a la parte actora para efecto de que asociado del actuario se constituyera en el domicilio de demandada y se llevara a cabo la diligencia de pago, es decir, realizó las gestiones necesarias a fin de que se cumpliera la ejecución del convenio elevado a categoría del laudo. Por lo expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida ya que, como se apuntó, se restituyó a ********************, en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No obsta a lo anteriormente determinado el hecho de que no se ha llevado a cabo la ejecución del convenio, ya que se advierte que la autoridad responsable a pesar de llevar a cabo las gestiones necesarias para el cumplimiento del mismo, tales como diversos acuerdos en los que decretó auto de requerimiento de pago, diligencia de once de octubre de dos mil dieciséis para tal efecto, así como las notificaciones realizadas a la parte actora, para que ésta asociado del actuario se constituyeran en el domicilio de la parte actora y se llevara cabo la diligencia respectiva; sin embargo, por causas no imputables a la junta, no se ha podido lograr el cumplimiento al convenio referido. Además, de que los efectos aducidos en la sentencia constitucional no eximían a la parte actora aquí quejosa de la obligación procesal que tenía para llevar a cabo el impulso procesal para la debida ejecución del convenio elevado a categoría de laudo a que se ha hecho referencia, en virtud de que la concesión de amparo, se reitera, no lo desvinculó de dicha carga procesal, mientras que la autoridad responsable quedó constreñida a realizar las gestiones que hubieran sido necesarias para el cumplimiento del laudo. Por otra parte, hágase del conocimiento a la quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el contenido de este proveído para los efectos señalados en los artículos 105, párrafo tercero y 113 ambos de la Ley de Amparo abrogada. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos y advirtiéndose de los mismos que se encuentra transcurriendo el término a las partes para imponerse del contenido del informe rendido por la autoridad responsable, por consiguiente, a fin de no violentar el procedimiento en esta contienda constitucional y proteger la equidad procesal de las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta las once horas del treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del tres de abril del mismo año, la anterior consideración encuentra apoyo la tesis jurisprudencial número 54/2000, que aprobó la contradicción de tesis 29/98-PL, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintinueve de marzo del año dos mil, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE. EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,"), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito deber diferir, de oficio y por y una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la Ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aún cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por conducto de defensora pública. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese la Intervención Ministerial MPF/325/2017, signada por el Agente del Ministerio Público de la Federación en auxilio de la adscrita al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la Representante Social en vía de alegatos, las que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Por cuanto hace a la copia certificada que solicita, dígase a la promovente que una vez que se dicte la sentencia en el presente juicio de amparo, previa reiteración que de la misma realice, se acordará lo procedente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez secretaria que autoriza y da fe.

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