Victor Manuel Vela Gallardo
Expediente 897/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Victor Manuel Vela Gallardo
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato; uno de diciembre de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
León, Guanajuato; dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. I. Quejoso ratifica firma de escrito aclaratorio. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, la diligencia que antecede de la que se advierte que Víctor Manuel Vela Gallardo, reconoció como suyas las firmas asentadas en la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en tal virtud, se provee: II. Desahogo de prevención. Téngase al quejoso cumpliendo los requerimientos que le fueron formulados en acuerdo de cinco de noviembre del año en curso; de igual forma, téngase por hecha la aclaración del antecedente que refiere en el ocurso aclaratorio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. III. Precisión de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral de la demanda de la demanda de amparo y del ocurso aclaratorio, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución de once de octubre de dos mil veintiuno, emitida en la etapa de investigación complementaria en la causa 1P2020/2023, por el Juez de Oralidad Penal en su función de órgano de control, en la audiencia de tutela de derechos, mediante la cual negó la obtención de datos de prueba consistentes en las entrevistas a cargo del psiquiatra y psicólogo de la parte ofendida, así como en la exhibición de su expediente clínico, debido a que el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, autoriza a la agraviada a no liberar a dichos profesionistas del deber de guardar secreto. La inconstitucionalidad del artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivada de su aplicación en la determinación reclamada. IV. Desechamiento de la demanda de amparo. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se advierte que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Expuesto lo anterior, en el caso particular se estima actualizada la causal de improcedencia prevista de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales, por su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo a la redacción anterior, son actos de imposible reparación aquellos que impliquen o afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto rector político de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México. Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Ahora bien, han sido interpretados o catalogados como de "imposible reparación", aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución "reparable" no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y solo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, solo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente y, por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional a través del juicio de amparo. En el caso particular, el acto reclamado destacado lo es la resolución de once de octubre de dos mil veintiuno, emitida en la causa 1P2020/2023, por el Juez de Oralidad Penal en su función de órgano de control, mediante la cual negó la obtención de datos de prueba consistentes en las entrevistas a cargo del psiquiatra y psicólogo de la parte ofendida, así como en la exhibición de su expediente clínico, debido a que el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, autoriza a la agraviada a no liberar a dichos profesionistas del deber de guardar secreto, el cual surgió en la etapa de investigación complementaria dentro de la "audiencia de control de derechos (tutela de derechos)" en un juicio penal de corte acusatorio oral, pues así lo manifestó el propio quejoso bajo protesta de decir verdad en el escrito de desahogo de prevención. Ahora, precisa acotar que el proceso penal acusatorio se divide en diversas etapas que son independientes entre sí, y de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales dichas etapas son las siguientes: i) La de investigación, que abarca dos fases: de investigación inicial y de investigación complementaria; ii) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, iii) La de juicio, que inicia desde que se recibe el auto de apertura a juicio y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J. 74/2018 (10a.) titulada "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL", estableció que en el sistema de justicia penal acusatorio se privilegia la necesidad de que cada una de las etapas que lo integran cumpla su función a cabalidad -sin comprender otras- y, una vez agotada, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, las partes deben hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente y, de no hacerse así, se entiende, por regla general, que se ha agotado la posibilidad de hacerlo. Por tanto, será durante las etapas respectivas cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la transgresión de alguno de sus derechos fundamentales y, en caso de inconformidad, deberá acudir a los medios de defensa a su alcance. Sin embargo, las etapas en cita no son, exclusivamente, el punto de partida para determinar si un acto es o no de imposible reparación. Esto es, no se analiza el acto reclamado atendiendo a la etapa en que fue emitido o si ello implica reponer actuaciones ante diverso órgano jurisdiccional, para poder concluir si se van a afectar derechos sustantivos o no. Por el contrario, se estudia el acto reclamado y sus consecuencias jurídicas hacía los derechos fundamentales del quejoso, con independencia de la etapa donde se emita. Entonces, lo relevante para la procedencia del amparo en el caso que ocupa la atención, es establecer si la negativa del juez responsable para recabar los datos de prueba antes descritos afecta o no derechos sustantivos. Destacando al respecto que, en los diversos procedimientos jurisdiccionales el tema probatorio, especialmente el "desechamiento de plano o inadmisión" de medios de convicción, los criterios jurisprudenciales emitidos son coincidentes en establecer que tales actos, en ningún caso, violan derechos sustantivos del gobernado; y muchas de las veces la "admisión" de pruebas tampoco transgrede tales derechos; excepción hecha de aquéllas probranzas que de alguna forma invadan la intimidad o privacidad de una persona y cuyo desahogo pueda arrojar información no relacionada con el proceso, cuya publicidad pueda generar perjuicios de difícil o hasta imposible reparación, tal es el caso de las pruebas en materia de contabilidad, psicología y ADN, por citar algunos ejemplos. Es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 6/94, sostenida por el Pleno del Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 39/90, visible en la página 13, Núm. 76, Abril de 1994, Octava Época, registro 205484, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Empero, en la especie, estamos ante una resolución judicial de "no autorización" para recabar datos de prueba, de modo que la conclusión sobre la decisión combatida únicamente incide sobre derechos adjetivos, al no afectar derechos sustantivos, conforme a los criterios antes mencionados. Se confirma lo anterior, al considerar que su perjuicio se desvanecería por completo si el acusado obtuviera una sentencia favorable -sentencia absolutoria-. Efectivamente, si el recurrente viera satisfecho su interés material al quedar libre de condena, se tornaría irrelevante la negativa de desahogar los datos de prueba por él ofrecidos y, como consecuencia, no habría alguna violación al derecho sustantivo de defensa adecuada o debido proceso. Máxime que puede hacer valer la nulidad de un medio de prueba ilícito, en caso de estimarse afectada la prueba, en cualquier etapa del proceso, de conformidad con el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)", se sostuvo que la ley de la materia precisa cuáles son los actos de imposible reparación en la fracción V de su artículo 107, lo que implica que una violación adjetiva, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, en virtud de que esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Criterio que es acorde a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que emitió al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En este criterio, se determinó que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual constituye una aclaración del legislador secundario que genera una mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que a su vez, concuerda con la diversa tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Luego, aun cuando la negativa del juez responsable para recabar los datos de prueba de trato, de conformidad con la mecánica del desarrollo del proceso penal acusatorio de corte oral por etapas, no pueda ser analizada a través del juicio de amparo directo que en su momento de promueva en contra de la sentencia definitiva que resuelva la causa penal, acorde al criterio del Máximo Tribunal en la jurisprudencia 1ª./J. 74/2018 citada supralíneas, lo cierto es que el acto reclamado no provoca una afectación presente y actual en derechos sustantivos, pues la admisión de todos los datos de prueba, en los términos y temporalidad con que se ofrezcan, no está erigido en sí como un derecho sustantivo reconocido por la Constitución, sino solo como un derecho adjetivo sujeto a las condiciones que dicten las normas adjetivas ordinarias. De suerte que, cualquier violación alegada en la decisión judicial de no acceder al desahogo de datos de prueba, estaría indefectiblemente ligada a tales condiciones normativas y, por tanto, afectará solo al procedimiento en que se plantee y a los derechos procesales de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos. Máxime que, en la especie, la resolución reclamada no llega al extremo de hacer nugatorio del derecho sustantivo a probar, de defensa adecuada y debido proceso, puesto que el imputado aquí quejoso tiene a su alcance diversos mecanismos para demostrar las posturas jurídicas o estrategia defensiva de su intención en la etapa en la que se encuentra la causa penal; en ese sentido, la violación no ha trascendido a la esfera jurídica de derechos sustantivos del impetrante, pues para que ello suceda sería necesario que la afectación rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Aunado a lo anterior, deben entenderse los actos intra-procesales desde la lógica del sistema penal de corte acusatorio, el cual se verifica por etapas, y preferentemente no debe ser interrumpido, salvo casos excepcionales, donde, como ya se dijo, trascienda al campo de los derechos sustantivos las violaciones alegadas. Sirven de apoyo a las consideraciones anteriores, las tesis aisladas I.5o.P51 P (10a), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y la diversa XXVII.3o.37 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, tituladas: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NIEGA EXCLUIR O INADMITIR MEDIOS DE PRUEBA EN DICHA FASE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO EN JUICIO, CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN"; y, "MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SU EXCLUSIÓN DENTRO DE LA AUDIENCIA CELEBRADA EN LA ETAPA INTERMEDIA, POR REGLA GENERAL, NO ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE". Por tanto, con relación al acto destacado en análisis, es dable afirmar que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu. Improcedencia que se hace extensiva al diverso acto que el quejoso combate, esto es, a la inconstitucionalidad del artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sustenta la negativa de obtención de los multicitados datos de prueba y que peticiona el promovente en sus conceptos de violación, toda vez que dicha inconstitucionalidad se reclama con motivo de su aplicación en el acto destacado antes reseñado (resolución de once de octubre de dos mil veintiuno); de ahí que no sea factible desvincular su estudio del que concierne a su aplicación, pues, éste es precisamente es el que le causa perjuicio y no la norma de carácter general por sí sola y considerada en abstracto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, visible a página 251, Volumen 181-186, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que ofrece la siguiente redacción: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. (Énfasis añadido). En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, al actualizarse la causa de improcedencia antes reseñada. VII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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León, Guanajuato; once de noviembre de dos mil veintiuno. Parte quejosa pretende desahogar prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta presuntivamente signado por el quejoso ********************, a través del cual pretende cumplir con el requerimiento de cinco de noviembre de dos mil veintiuno; sin embargo, previo a proveer al respecto, se advierte que la firma que lo calza, es notoriamente distinta a la que obra en el escrito de demanda, tal como se evidencia de las imágenes relativas a las firmas del promovente que obran en las citadas constancias: Escrito de demanda. Escrito de desahogo al requerimiento. En consecuencia, antes de proveer respecto a la procedibilidad del escrito de cuenta, requiérase al promovente, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado con documento oficial y vigente en el cual conste su nombre completo para el efecto siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad si el escrito con el que se da cuenta fue signado de su puño y letra, y de ser así, justifique la razón por la cual los rasgos de la firma que lo calza, son notoriamente distintos a los plasmados en el ocurso de demanda. En el entendido que de reconocer como suyo el grafismo que obra en dicho escrito y no justificar de manera convincente la razón de la discrepancia destacada, se tendrán por no hechas las manifestaciones a que se contrae el ocurso de cuenta, con las consecuencias que ello acarreé. Apercíbase a la parte quejosa de las penas previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización a quienes declaren con falsedad. La facultad de prevenir al promovente del amparo tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue el propio quejoso, pues, como se precisó, diverge notoriamente con los rasgos plasmados en el escrito de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte quejosa llegare a realizar, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, podría hacerse acreedora a la sanción antes dicha. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 385, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En el entendido de que si este órgano jurisdiccional aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, de oficio se practicará y desahogará prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, con la salvedad de que se si acredita que dicha firma no fue plasmada de puño y letra por la quejosa, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta y se dará vista al Agente Ministerio Público de la Federación adscrito para que por su conducto se inicie una carpeta de investigación por el o delitos que resulten. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 338/2016, publicada el viernes nueve de julio de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2014436, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." Se apercibe al ocursante que de no cumplir con lo anterior se tendrá por no presentado el escrito de referencia, con las consecuencias legales que ello implique. Finalmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese al quejoso que para la referida ratificación, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y atendiendo a los días que tiene para desahogar el requerimiento. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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León, Guanajuato; cinco de noviembre de dos mil veintiuno. I. Registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 897/2021-II. II. Quejosa. Víctor Manuel Vela Gallardo. III. Autoridad responsable. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras. IV. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y II en relación con el 108, fracción V de la Ley de Amparo; requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y sin presentar una nueva demanda, se constriña a cumplir con lo siguiente: a. Precise bajo protesta de decir verdad la etapa en la que actualmente se encuentra el procedimiento oral derivado de la carpeta de investigación 82215/2020, que se instruye en su contra. b. Manifieste bajo protesta de decir verdad si la resolución reclamada fue verificada durante la etapa de investigación inicial para la integración de la carpeta respectiva por el ministerio público, o si ya existe el ejercicio de la acción penal o no ejercicio de la acción penal; o bien, si el fiscal formuló la imputación ante el Juez de control, para iniciar la etapa de investigación complementaria o formalizada, o si ya fue dictado en su contra auto de vinculación a proceso por el hecho atribuido. Requerimientos que se tornan necesarios, toda vez que los antecedentes narrados por el quejoso resultan insuficientes para tal efecto y dicha narrativa, es el único elemento con que inicialmente cuenta este órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes, aunado a que es un requisito formal establecido en la ley de la materia. Ahora, precisa acotar que la protesta peticionada la realizará el propio promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. En términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Novena sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV; julio de 2006; página: 348, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época; sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Página 32, de epígrafe: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Se hace del conocimiento del impetrante, que el artículo 261 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Bajo apercibimiento que de ser omiso en acatar la prevención que se le realiza en el presente proveído, en términos del segundo párrafo de la fracción V del numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. V. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Ramos Tristán y Roberto Rodríguez Díaz, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, al resto de las personas que refiere, por así haberlo precisado. VI. Realización de notificaciones electrónicas. Ahora bien, como la parte quejosa solicita expresamente que las notificaciones se le hagan por medio del usuario que proporciona para tales efectos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo y toda vez que se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que ameriten notificación personal a través del usuario que refirió, es decir (FranciscoRamos). Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la realización de notificaciones electrónicas en términos del párrafo anterior. De igual forma, acláresele a la parte quejosa que las notificaciones de manera electrónica serán las que se ordenen de manera personal, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 439/2018, determinó que únicamente las notificaciones personales son las que pueden realizarse de dos maneras distintas, a saber: (1) de forma escrita, o bien, (2) por medios electrónicos. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2247, del tomo III, Junio de 2019, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2020082, cuyo rubro se cita a continuación: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO.". VII. Se exhorta a las partes. Por otro lado, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el tres de noviembre de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho en términos del artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según el oficio CCJ/ST/3452/2021, de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy Fe.
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