VICTOR MANUEL VEGA CUMPEAN y Otros.

Expediente 968/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
968/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
04/09/2017

Partes del expediente

  • VICTOR MANUEL VEGA CUMPEAN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por el que acusa recibo del diverso de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, y del cual se advierte que aceptó la competencia declinada a su favor para conocer del mismo, asignándole el número 351/2017. En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese este cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ... , apoderado legal de .... , personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial ciento veintiséis mil ochocientos veinticinco, volumen dos mil cuarenta y nueve, del protocolo del Notario Público treinta y ocho del Estado de Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 968/2017. Ahora, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Primero de Distrito, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, y en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse, se este ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención, esto es, de quien previno primero en el conocimiento del asunto. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se haya presentado la demanda de amparo. Establecido lo anterior, toda vez que en el caso la parte quejosa, señaló como autoridad responsable, en su doble carácter de ordenadora y ejecutora al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, de quien reclamó: "La negativa de devolverme a nombre de mi poderdante el tracto camión marca kenworth, modelo 2004, con número de serie 3WKADB0X24F614090, dentro de los autos de la carpeta de investigación FED/OAX/SC/0000094/2017. Además, en la demanda expresamente adujo que desde el veinticuatro de enero de esta anualidad, la autoridad responsable, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, decretó el aseguramiento de la unidad de motor que índica, por las razones que expresa en su ocurso. Por lo que el once de mayo último, al acreditar la propiedad del tracto camión descrito anteriormente, solicitó ante la autoridad responsable, la devolución del mismo. Como se aprecia, la parte quejosa en esencia solicita que le sea devuelto o entregado el bien mueble que fue objeto de aseguramiento ministerial, acto que reviste el carácter de negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente negativo, lo cierto es que tal no hacer tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que se siga ejecutando materialmente la afectación a la esfera de derechos del justiciable, como lo es la restricción en su derecho de propiedad; motivo por el cual, el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los efectos positivos que tiene la omisión apuntada. Apoya a lo anterior, la tesis I.1º.P.35 P (10ª.), emitida por los Tribunales Colegiado de Circuito, visible a página 2350, Tomo IV, Noviembre de 2016, materia común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Por tanto, al estarse ejecutando dicho motivo de disenso en el puerto y ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, compete a uno de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, conocer de este asunto, por razón de territorio, de conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto, apartado XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece: CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de distrito es la siguiente: - - - XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. - - - Los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los Municipios de: (.)" En consecuencia, con apoyo en lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por .... , apoderado legal de ..... , y por ello, se declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para conocer de la misma, a quien se ordena remitir la presente demanda de amparo, y las copias respectivas, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común. Solicítese el acuse de estilo correspondiente. Con las constancias respectivas fórmese el cuaderno de antecedentes. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizadas para tales efectos a las personas que precisa, no así con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y ser el presente asunto de naturaleza penal. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles.

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