Víctor Manuel Vázquez Robles
Expediente 739/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 739/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/11/2020
Partes del expediente
- Víctor Manuel Vázquez Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se precisa que sólo se tomó en consideración el plazo de la parte quejosa por ser el único legitimado para recurrir el acuerdo de sobreseimiento. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente para mejor identificación. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, vista la integración del presente juicio de amparo del que se advierte que la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, remitió un tomo de pruebas; en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a la citada autoridad en virtud de la conclusión del presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclamó de la Juez Primero de lo Civil de Tehuacán, Puebla ***. Al respecto, se considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el citado juicio carecía de litis sobre la que sea factible hacer un pronunciamiento de fondo. En torno a este tema resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida." Bajo ese panorama, este juzgado federal encuentra que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, la juez responsable requirió a las partes a fin de que acreditaran haber dado cumplimiento al convenio de veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Para demostrar lo anterior, es necesario relatar los siguientes antecedentes relevantes del caso: *** En razón de lo anterior, este juzgado federal estima que han cesado los efectos del acto reclamado, pues si bien al promover este juicio la quejosa reclamó que la juez responsable no había requerido el cumplimiento del convenio de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, en específico de las cláusulas primera, tercera y cuarta, lo cierto es que con posterioridad a la presentación de la demanda amparo, la autoridad responsable emitió un auto por virtud del cual requirió a las partes para que en un plazo de tres días acreditaran haber dado cumplimiento a los aspectos que fueron materia del convenio [registro del menor; cumplimiento de obligaciones alimentarias; tratamiento de rehabilitación, terapias del niño y régimen de visita y convivencia]. Por lo tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, pues si bien a la fecha en que se promovió el juicio de amparo la juez natural no había requerido el cumplimiento del convenio, en específico de las cláusulas primera, tercera y cuarta, lo cierto es que con posterioridad a ello se emitió una determinación a través de la cual se requirió a las partes para que en un plazo de tres días acreditaran haber dado cumplimiento a los aspectos que fueron materia del convenio que se celebró en el juicio natural y las apercibió con la imposición de una multa e, incluso, dar vista al agente del Ministerio Público en caso de incumplimiento. No pasa inadvertido que la parte tercero interesada manifestó que el quejoso no ha dado cumplimiento al convenio que se celebró en el juicio natural y, por lo tanto, solicitó que este juzgado federal vigile que se cumpla con el tratamiento médico que se prescribió al menor, así como las obligaciones alimentarias que corren a cargo de *** y otros gastos que ha tenido que realizar para procurar la salud del niño. Al respecto, se considera que no es procedente acordar de conformidad lo solicitado, ya que la juez responsable es quien en un primer momento debe verificar oficiosamente que las partes den cumplimiento al convenio que se celebró en el juicio natural, pues así lo establecen los artículos 429 y 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado en cuanto disponen, en esencia, que la ejecución de las sentencias dictadas en asuntos que interesen a la familia se tramitará de oficio y de forma inmediata, aunado a que son quienes tienen mayor contacto con las pruebas y las partes que intervienen y, por ende, pueden tener mejor conocimiento sobre lo que es mejor para el menor. En otro sentido, no ha lugar a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal, tal como lo solicitó la parte tercero interesada mediante escrito presentado el catorce de octubre de este año, pues este órgano jurisdiccional no advierte que exista alguna conducta delictiva que denunciar, aunque queda expedito su derecho para instar ante la autoridad ministerial la acción que considere procedente. En ese orden de ideas, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia objeto de estudio se sobresee en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial de la Segunda Sala del Alto Tribunal: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las quince horas con veinte minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Se apersona parte tercera interesada. Agréguese a los autos el escrito de *** en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene a dicha parte por apersonada al presente juicio en su carácter de tercera interesada. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el que indica la parte tercera interesada. Autorizados. Se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que señala en su ocurso de cuenta. Canal de comunicación. De igual manera, se le tiene por señalados los correos electrónicos que indica para entablar un medio de comunicación no procesal; bajo el esquema de trabajo a distancia y en línea adoptado por el Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por la pandemia de Covid-19. Alegatos. Asimismo respecto a las diversas manifestaciones que expone; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que manifiesta, mismos que podrán ser tomados en consideración al resolver el presente juicio, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que adjunta a su escrito de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que las constancias que remite la tercera interesada contiene información con datos personales; por lo tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa es posible permitir la consulta de dicha información, dado que resulta esencial para desplegar una defensa adecuada en el juicio de amparo, aunado a que la información en comento consiste en uno de los actos reclamados en este juicio constitucional. Ahora, dado que al juez constitucional le corresponde evitar que la información confidencial se use de manera incorrecta, se disponen las siguientes medidas de seguridad: a) Que la información deberá permanecer bajo resguardado en este órgano jurisdiccional identificado como anexo 2; b) Que la información que adjuntó la autoridad responsable solo podrá ser consultada por la parte quejosa o su apoderado legal, quien únicamente podrá usarla en su defensa y deberá mantener su contenido bajo estricta confidencialidad. c) Para tal efecto, la parte quejosa podrá consultar la información de que se trata en las instalaciones de este juzgado federal, sin que esto implique la posibilidad de transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio dicha información. Esta determinación encuentra sustento en el siguiente criterio que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014 a que antes se hizo referencia: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Finalmente, con la manifestación que hace la parte tercera interesada respecto de dar vista al Ministerio Público Federal, dese cuenta al momento de dictar sentencia en el presente juicio. Notifíquese.
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