Víctor Manuel Valle Garcia
Expediente 99/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Manuel Valle Garcia
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitió la demanda que dio origen al juicio de amparo 99/2022-IV, promovido por ***; asimismo, informa que se avoca al conocimiento del asunto y acepta la competencia plateada por este órgano jurisdiccional. Asimismo; se hace constar que este juicio no es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otro lado, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse declarado incompetente para conocer de la demanda y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte QUEJOSO el proveído de TREINYA Y UNO DE ENERO del año en curso, que en lo conducente dice: " INCOMPETENCIA Atento al contenido íntegro de la demanda de amparo y su anexo, resulta necesario analizar la competencia de este juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, al ser de estudio preferente. El artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan: 1. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; 2. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; 3. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, 4. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, y por incumplimiento a sus declaraciones generales de inconstitucionalidad. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª/J.24/2009, sostiene que tratándose de la competencia por razón de materia, debe tomarse en consideración la naturaleza del acto reclamado y ponderarse la naturaleza de la autoridad responsable. En ese orden, atendiendo al criterio expuesto y con base en lo señalado en la demanda, así como el anexo que la acompaña, el presente asunto no es competencia de este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, por cuestión de materia, atento a las siguientes consideraciones: El acto del que se duele la parte quejosa, atendiendo a su causa de pedir, consiste en lo que estima como la omisión de emitir el certificado de vacunación contra el virus denominado COVID19, derivado del cual señala que se la tratado de manera infamante por parte de diversas personas. En ese tenor, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que éste no deriva ni es consecuencia directa de algún procedimiento en materia penal y/o relacionado con las condiciones de internamiento del quejoso. Como se observa, resulta inconcuso que se trata de un acto omisivo netamente administrativo por parte de una autoridad de la misma naturaleza; de ahí que, de momento, se estima que su análisis, en el caso, no requiere de un estudio o juicio materialmente penal. En ese orden, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia por razón de materia para conocer del presente asunto y, conforme con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que los juzgados en materia administrativa conocerán -entre otros- de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas, así como de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial (con sus excepciones, como el caso a que se refiere la fracción II de esa normatividad -procedimientos de extradición-), estima que le corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitirle la demanda y sus copias, a la respectiva Oficina de Correspondencia Común, a fin de que en caso de estimarlo procedente, se avoque a su conocimiento; solicitando atentamente el acuse correspondiente, e informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Sin que haya lugar a decretar la suspensión de plano del acto reclamado pues independientemente de la calificación que le otorgue el propio quejoso, este juzgador estima que no se encuentra contemplado dentro de las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, las consecuencias que señala el propio amparista no se advierte que se estén realizando en este momento. Consecuentemente, recábense copias de las constancias que resulten necesarias y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado y por autorizada a la persona que indica en los términos que precisa. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Hágase saber a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo General aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, por lo que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Además, de que se publicarán en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos a que se hace referencia en el Acuerdo General en cita. Notifíquese personalmente." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
INCOMPETENCIA Atento al contenido íntegro de la demanda de amparo y su anexo, resulta necesario analizar la competencia de este juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, al ser de estudio preferente. El artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan: 1. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial; 2. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; 3. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, 4. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, y por incumplimiento a sus declaraciones generales de inconstitucionalidad. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª/J.24/2009, sostiene que tratándose de la competencia por razón de materia, debe tomarse en consideración la naturaleza del acto reclamado y ponderarse la naturaleza de la autoridad responsable. En ese orden, atendiendo al criterio expuesto y con base en lo señalado en la demanda, así como el anexo que la acompaña, el presente asunto no es competencia de este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, por cuestión de materia, atento a las siguientes consideraciones: El acto del que se duele la parte quejosa, atendiendo a su causa de pedir, consiste en lo que estima como la omisión de emitir el certificado de vacunación contra el virus denominado COVID19, derivado del cual señala que se la tratado de manera infamante por parte de diversas personas. En ese tenor, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se advierte que éste no deriva ni es consecuencia directa de algún procedimiento en materia penal y/o relacionado con las condiciones de internamiento del quejoso. Como se observa, resulta inconcuso que se trata de un acto omisivo netamente administrativo por parte de una autoridad de la misma naturaleza; de ahí que, de momento, se estima que su análisis, en el caso, no requiere de un estudio o juicio materialmente penal. En ese orden, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia por razón de materia para conocer del presente asunto y, conforme con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que los juzgados en materia administrativa conocerán -entre otros- de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas, así como de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial (con sus excepciones, como el caso a que se refiere la fracción II de esa normatividad -procedimientos de extradición-), estima que le corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitirle la demanda y sus copias, a la respectiva Oficina de Correspondencia Común, a fin de que en caso de estimarlo procedente, se avoque a su conocimiento; solicitando atentamente el acuse correspondiente, e informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Sin que haya lugar a decretar la suspensión de plano del acto reclamado pues independientemente de la calificación que le otorgue el propio quejoso, este juzgador estima que no se encuentra contemplado dentro de las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, las consecuencias que señala el propio amparista no se advierte que se estén realizando en este momento. Consecuentemente, recábense copias de las constancias que resulten necesarias y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado y por autorizada a la persona que indica en los términos que precisa. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Hágase saber a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo General aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, por lo que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Además, de que se publicarán en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. HABILITACIÓN AL ACTUARIO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos a que se hace referencia en el Acuerdo General en cita. Notifíquese personalmente.
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