Víctor Manuel Valerio Luevano

Expediente 367/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
367/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Valerio Luevano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en las circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, en virtud de que concluyó la vigencia de las mencionadas medidas, cuyas consecuencias implicaron la suspensión temporal del presente juicio de amparo, en el periodo antes mencionado; por tanto, en cumplimiento a los lineamientos que se precisan en las mencionadas circulares, se reanudan los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia que sobreseyó en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental... Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No hay. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración y el duplicado de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil veinte, ante este órgano jurisdiccional,...solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y el acto que a continuación se trascriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Con el carácter de ordenadora señalo a la siguiente: a).- C. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, de esta ciudad. Quien tiene su domicilio ubicado en Calzada México s/n del Fraccionamiento Latinoamericano de esta ciudad. b).- C. Director del Centro Penitenciario de la ciudad de Torreón, Coahuila, con domicilio ubicado en Calzada México s/n del Fraccionamiento Latinoamericano de esta ciudad." IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como ordenadora responsable le reclamo LA DETERMINACIÓN EN AUDIENCIA ORAL MEDIANTE LA CUAL CALIFICO COMO LEGAL LA DETENCIÓN DEL SUSCRITO EN FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, Y LA PRISION PREVENTIVA JUSTIFICADA COMO MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA acto tendiente a privarme de mil libertad personal. De las autoridades señaladas como ejecutoras responsables, reclamó la inminente ejecución que pretende darle a la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada acto tendiente a privarme de mi libertad personal a la que me refiero en el párrafo anterior." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite Por acuerdo de dos de julio de dos mil veinte, fue admitida a trámite la demanda de amparo, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente, y se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se ordenó emplazar al agente del ministerio público tercero interesado; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Luego, por auto de veinticinco de noviembre pasado, se señalaron las doce horas con veinte minutos de esta propia fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en atención al artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la suspensión de labores decretada en los acuerdos 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y demás relativos, así como de conformidad con la circular número SECNO/23/2020, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, de la que se advierte que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al índice de contagios de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2, adoptó diversas medidas en relación con los órganos jurisdiccionales del Octavo Circuito, con residencia en el Estado de Coahuila, entre las cuales destaca la suspensión temporal de los plazos y términos procesales, por un lapso de catorce días comprendido del veintiocho de octubre al diez de noviembre de dos mil veinte; audiencia que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna; es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades cuya ejecución tiene lugar en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, de los rubros y datos de identificación siguientes: ... Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La determinación de control de la detención de once de junio de dos mil veinte; y, ii. La determinación de prisión preventiva impuestas en su contra, emitidas por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en los autos de la causa penal que se sigue en su contra. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido de su informe justificado y de las constancias que en copia certificada acompañó con el mismo, en específico de la copia certificada de audio y video de la audiencia de control de detención de once de julio de dos mil veinte. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, al tratarse de documentos públicos, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Al respecto se aplica la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1995, Novena época, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Sustenta lo anterior además la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostenida al resolver la contradicción de tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, registro 2004362, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: .... De igual forma debe tener por cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario con residencia en esta ciudad, pues aun cuando negó la existencia del mismo, del informe rendido por la autoridad responsable ordenadora se advierte su participación como ejecutora. Por lo anterior, resulta plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 163/2005, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro electrónico 176291, que expresa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". Ahora bien, analizadas que son las constancias que integran los presentes autos, este juzgador advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" Del precepto legal se obtiene que el juicio de amparo se torna improcedente contra actos consentidos, entendiéndose por ello el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual, por parte del quejoso. Ahora, se precisa que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: 1. Porque el acto reclamado sea consentido expresamente, o 2. Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. El primer supuesto se refiere al caso en que el peticionario de amparo de manera expresa anuncia estar conforme con el acto de autoridad que reclama en el juicio de amparo, de manera que no existe posibilidad de interpretación para el juzgador, en tanto que, en el segundo supuesto, la autoridad de amparo debe verificar si alguna otra actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa reclama en este juicio constitucional, las determinaciones tomadas en audiencia de control de la detención de once de junio de dos mil veinte, así como la prisión preventiva impuestas en su contra, por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en los autos de la causa penal 896/2020, que se le sigue, por el delito de contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio y/o suministro. Sin embargo, durante la tramitación del juicio, se allegó el oficio 4761/2020, a través del cual el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, informó que dentro de la causa penal 896/2020 acumulada a la 2182/2019, que se instruye al quejoso en audiencia para solicitar la acumulación de causas, celebrada en veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se autorizó la suspensión condicional del proceso por el termino de seis meses, iniciando en esa misma fecha y feneciendo el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, imponiéndole al imputado una multa por cien unidades de medida y a someterse a la vigilancia de la unidad de medidas cautelares, debiendo presentarse ante dicha unidad de manera mensual, iniciando con sus presentaciones el veintidós de septiembre de dos mil veinte; asimismo, que ordenó la libertad del imputado en esa misma fecha. Asimismo, la responsable remitió copia auténtica de los registros de audio y video de la referida audiencia. Ahora bien, la suspensión condicional del proceso, está prevista en el artículo 184, así como en el capítulo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos del 191 al 200, mismos que disponen: "Artículo 184. Soluciones alternas Son formas de solución alterna del procedimiento: I. El acuerdo reparatorio, y II. La suspensión condicional del proceso. (.) CAPÍTULO III SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Artículo 191. Definición. Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Artículo 192. Procedencia. La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes: I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso. Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. Artículo 193. Oportunidad. Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos. Artículo 194. Plan de reparación. En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo. Artículo 195. Condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso. El Juez de control fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, las cuales en forma enunciativa más no limitativa se señalan: I. Residir en un lugar determinado; II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas; III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas; IV. Participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones; V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de control; VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública; VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas; VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia; IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez de control; X. No poseer ni portar armas; XI. No conducir vehículos; XII. Abstenerse de viajar al extranjero; XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario, o XIV. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez de control, logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Para fijar las condiciones, el Juez de control podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez de control condiciones a las que consideran debe someterse el imputado. El Juez de control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia. Artículo 196. Trámite. La víctima u ofendido serán citados a la audiencia en la fecha que señale el Juez de control. La incomparecencia de éstos no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud. En su resolución, el Juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y aprobará el plan de reparación propuesto, mismo que podrá ser modificado por el Juez de control en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso. La información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no podrá ser utilizada en caso de continuar el proceso penal. Artículo 197. Conservación de los registros de investigación y medios de prueba. En los procesos suspendidos de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente Capítulo, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso. Artículo 198. Revocación de la suspensión condicional del proceso. Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, no cumpliera con el plan de reparación, o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda. El Juez de control también podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por dos años más. Esta extensión del término podrá imponerse por una sola vez. Si la víctima u ofendido hubiese recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y ésta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que ascendieran dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima u ofendido. La obligación de cumplir con las condiciones derivadas de la suspensión condicional del proceso, así como el plazo otorgado para tal efecto se interrumpirán mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. Una vez que el imputado obtenga su libertad, éstos se reanudarán. Si el imputado estuviera sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso así como el plazo otorgado para tal efecto, continuarán vigentes; sin embargo, no podrá decretarse la extinción de la acción penal hasta en tanto quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad dentro del otro proceso. Artículo 199. Cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso interrumpirá los plazos para la prescripción de la acción penal del delito de que se trate. Cuando las condiciones establecidas por el Juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal, para lo cual el Juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. Artículo 200. Verificación de la existencia de un acuerdo previo. Previo al comienzo de la audiencia de suspensión condicional del proceso, el Ministerio Público deberá consultar en los registros respectivos si el imputado en forma previa fue parte de algún mecanismo de solución alterna o suscribió acuerdos reparatorios, debiendo incorporar en los registros de investigación el resultado de la consulta e informar en la audiencia de los mismos. (.)" De lo anterior, se advierte que la suspensión condicional del proceso es un mecanismo alternativo de solución de conflictos en materia penal, que culmina de manera anticipada el procedimiento bajo el cumplimiento de determinadas condiciones. Por tanto, si la parte quejosa solicitó ante la autoridad jurisdiccional un medio alterno de solución del procedimiento, además, éste le fue otorgado favorablemente, es inconcuso que con ello demostró su conformidad con todo lo actuado en la causa penal de origen incluyendo las determinaciones tomadas en la audiencia de control de la detención de once de junio de dos mil veinte, así como la determinación de prisión preventiva impuestas en su contra, que constituyen precisamente el acto reclamado en este juicio de amparo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Lo anterior es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la detención y vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, página 461, registro digital 2014495, cuyo rubro y texto establecen: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." (Lo resaltado es de este Juzgado) Consecuentemente, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo cual se procede a decretar el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Valerio Luevano. En esta tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, para demostrar la inconstitucionalidad de los actos u omisiones reclamadas en esta vía. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: ... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Oficio. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, por medio del cual, en cumplimiento a lo solicitado en autos, remite el oficio de libertad girado en la causa penal .. acumulada a la diversa .. Notifíquese.

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