Victor Manuel Vaca Garibay

Expediente 642/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
642/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Victor Manuel Vaca Garibay
  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en Tepic (en su denominación correcta)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes depurables, artículo 18, fracción I, inciso b, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se negó la medida cautelar solicitada; debiéndose conservar en las instalaciones del juzgado por el término de tres años, contados a partir del presente proveído y una vez transcurrido dicho lapso y concluido el procedimiento a que alude el párrafo tercero del aludido numeral, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez trascurrido seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia de uno de julio de dos mil veintidós, que sobreseyó el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio de la sentencia dirigido a la autoridad foránea; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece, pues se sobreseyó en el presente asunto. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contando al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que se hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoseles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE Juicio de amparo indirecto 642/2022-IV ??????????????? Por otra parte, ya que del estado de autos, se advierte que obra el anexo I; y, que en esta fecha se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, resulta innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por tanto, devuélvase el referido anexo a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, dado que el sello de recepción del oficio respectivo servirá como acuse respectivo. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista a los terceros interesados y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    YA QUE EL QUEJOSO NO DIO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ACTUARIO EN AVISO, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE AUTO POR LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO....

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con cuatro minutos del uno de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 642/2022-IV, promovido por Víctor Manuel Vaca Garibay, por propio derecho. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Carlos Alberto Alcántar Béjar, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda, acuerdo de prevención, auto de admisión de demanda de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, constancias de notificación de las partes e informe justificado. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Abierto el período probatorio, el secretario certifica que la autoridad responsable ofreció pruebas documentales y que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales aludidas en el apartado precedente y por precluido el derecho de las demás partes para ello. Se cierra el período de pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar, y se tiene por precluido el derecho de las demás partes para ello. Se declara cerrado el período de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, ni promoción que acordar, se declara cerrada la presente audiencia y se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 642/2022- IV, promovido por Víctor Manuel Vaca Garibay por propio derecho. ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 120/2022, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, desechó de plano el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Víctor Manuel Vaca Garibay contra el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en el que se fijó una pensión alimenticia provisional en su contra. Este proveído constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Dos de mayo de dos mil veintidós (fojas 3 a 5). Auto de prevención respecto del acto reclamado. Cuatro de mayo de dos mil veintidós (fojas 6 a 10). Presentación de escrito de cumplimiento a prevención. Diecisiete de mayo de dos mil veintidós (fojas 13 y 14). Admisión con incidente de suspensión y desechamiento parcial por secretario de acuerdos: Dieciocho de mayo de dos mil veintidós (fojas 15 a 19). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Diecinueve de mayo de dos mil veintidós (foja 26), quien no formuló pedimento. Emplazamiento a la tercera interesada Zareth Bibiana Cancelado Duarte: Veinte de mayo de dos mil veintidós (foja 25), quien no se apersonó al presente juicio de amparo. Celebración de la audiencia constitucional: Uno de julio de dos mil veintidós; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza civil, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.1 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito y aclaración de demanda, se desprende que la autoridad responsable y el acto reclamado son los siguientes:2 Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 120/2022, en el que desechó de plano el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Víctor Manuel Vaca Garibay contra el auto de veintiuno de febrero de dos mil 1 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 2 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." veintidós, en el que se fijó una pensión alimenticia provisional en su contra. Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fojas Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit El citado Acepta 27 TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable antes citada, pues al rendir su informe justificado, aceptó expresamente la existencia del proveído que se le reclama; por lo que, con dicha afirmación se tiene plenamente probada su existencia.3 Asimismo, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales que la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, consistentes en copia certificada de los autos que integran el expediente 120/2022, las que, al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,4 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., por tratarse de documentos públicos. CUARTO. PROCEDENCIA. 3 Por su aplicación es de invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número doscientos setenta y ocho, en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". 4 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. [.] Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.]" Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo.5 No obstante la certeza del acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo,6 en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, conforme al precepto citado, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así, dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos 5 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." 6 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;[.]" establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de amparo.7 Así las cosas, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción que para el caso particular prevé la Ley de Amparo, que en esencia, se relacionan con el carácter de tercero extraño al juicio, actos de naturaleza penal, o bien al examen de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, cabe destacar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión constitucional, a que se refiere el juicio de amparo, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional, por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios previos que la ley que regula el acto reclamado prevé. 7 Sirve de apoyo el criterio con registro digital: 187016, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/37, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En adición a lo anterior, conviene notar que el texto constitucional del cual deriva la regla de procedencia del juicio de amparo objeto de análisis, no conduce a una interpretación distinta de la aceptada por este Juzgado Federal, dado que prescribe simplemente que contra el acto reclamado deben agotarse los recursos o medios ordinarios de defensa que en su contra otorguen las leyes. En tal virtud, debe concluirse que, para la actualización de la regla consignada en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, basta que en la ley que rige el acto reclamado o en alguna ley aplicable en forma directa e inmediata al mismo, se prevenga la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél. En el caso concreto, primeramente debe destacarse que el quejoso Víctor Manuel Vaca Garibay, no puede ser considerada como persona extraña al juicio natural 120/2022, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, toda vez que constituye la parte demandada y mediante escrito de once de marzo de dos mil veintidós, compareció ante la autoridad responsable a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, además que de la demanda de amparo no se advierte que se ostente con ese carácter, por lo que se integró a la relación procesal del juicio natural. De ahí que, no se encuentre en el caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo, en relación a que se exceptúan de cumplir con el principio de definitividad a las personas extrañas al juicio de origen. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la parte quejosa al hacerse sabedora del juicio natural, formado con motivo de la demanda instaurada en su contra al haber dado contestación a la demanda, debe ajustarse a los preceptos legales que regulan dicho procedimiento, esto es, puede y debe hacer uso de los medios ordinarios de impugnación que el ordenamiento legal consigna.8 Así, si el aquí quejoso se duele del proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, emitido en el expediente 120/2022, en el que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, desechó de plano el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós; dicho auto debió ser combatido mediante el recurso o medio de defensa ordinario previsto en el Código 8 Registro digital: 195203, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, materias(s): Común, tesis: V.2o. J/31, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 1998, tomo VIII, página 491, tipo: Jurisprudencia. "TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUIEN SE INTEGRA A LA RELACIÓN JURÍDICO-PROCESAL EN EL JUICIO NATURAL, AUNQUE NO SEA PARTE FORMAL. La quejosa no es extraña al procedimiento judicial del que emana el acto reclamado, si su intervención en el juicio fue legalmente aceptada al haberse resuelto su petición de levantamiento de embargo, quedando así integrada a la relación jurídicoprocesal. Las personas que de hecho figuran en la relación procesal, ya sea activa o pasivamente, dependiendo esto de la naturaleza de sus pretensiones, deben ajustarse a los preceptos legales que regulan el procedimiento de que se trate, esto es, pueden y deben hacer uso de los medios ordinarios de impugnación. En un caso concreto, si la parte quejosa tuvo a su alcance el recurso de apelación contemplado por el artículo 1341 del Código de Comercio, al no haberlo intentado, deja de surtirse el principio de definitividad requerido por el juicio de garantías para su procedencia." Registro digital: 172933, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, materias(s): Común, tesis: VI.2o.C. J/282, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 2007, tomo XXV, página 1557, tipo: Jurisprudencia. "RECURSOS ORDINARIOS. EL TERCERO EXTRAÑO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS. El artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones judiciales de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños, o sea que el primer numeral se refiere a los medios ordinarios de defensa establecidos por la ley en favor de las partes, y que deben agotar o hacer valer antes de intentar el juicio constitucional para cumplir con el principio de definitividad, y el segundo precepto establece que para los terceros extraños no opera ese principio, porque no siendo partes en el procedimiento de origen es evidente que tampoco pueden hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa para lograr su intervención en dicho procedimiento." de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit; a saber, el recurso de revocación. Se acota que para sustentar lo anterior, se atenderá lo que al efecto dispone el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, que es la ley que rige al acto reclamado. En efecto, el recurso de revocación se encuentra contemplado en los preceptos 633, 634, 636, 645 y 651 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, que dicen: "ARTÍCULO 633. Los tribunales no admitirán nunca recursos notoriamente frívolos o improcedentes; los desecharán de plano, aplicando las sanciones que prevé el presente código. Son irrecurribles, además de los casos expresamente determinados por la ley, las resoluciones que se dicten: I. Ordenando el trámite a cualquier medio preparatorio; II. Otorgando la posesión y administración al cónyuge supérstite de los bienes de la sociedad conyugal; III. Mandando abrir a prueba un juicio o admitiéndola; (REFORMADA, P.O. 05 DE MAYO DE 2010) IV. Decidiendo los incidentes a que se refieren los artículos 620 y 630 fracciones II, III, IV, VII, VIII, X y XII de este Código; V. Decidiendo el recurso de revocación; VI. Las que se dicten con carácter provisional, excepto aquellas en que se disponga otra cosa; (REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2016) VII. Decidiendo el fondo del asunto cuya suerte principal no exceda del equivalente a ciento ochenta y dos veces la UMA en la fecha que se pronuncie la sentencia; VIII. Declarando ejecutoriada una sentencia; IX. En ejecución de sentencia, salvo los casos previstos por la ley; X. Decidiendo de plano cualquier cuestión que se suscite durante la subasta; y XI. Aprobando el remate o declarando la adjudicación de bienes embargados.". "ARTICULO 634. Las resoluciones que no sean irrecurribles ni apelables, podrán ser revocadas por el Juez que las dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto.". "ARTÍCULO 636. La revocación debe pedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, por escrito, del que se ordenará correr traslado a la contraria por igual término, y transcurrido el mismo se resolverá dentro de los tres días siguientes.". (.) "ARTÍCULO 645. Se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones que se hagan valer impugnando: I. El auto admisorio de demanda; II. La negativa de admisión de demanda o de un medio preparatorio de juicio; III. El auto que deseche pruebas; IV. La desestimación de posiciones, preguntas o repreguntas; V. Los autos o determinaciones en que se declare confeso al absolvente o en que se niegue; VI. Interlocutorias con fuerza de definitivas que no paralizan ni ponen término al juicio; VII. Sentencias definitivas que se pronuncien en juicios de desahucio, alimentos o diferencias conyugales; VIII. La negativa a la ejecución de resoluciones de tribunales de otros estados o del extranjero en cumplimiento de un exhorto; IX. El auto que niegue a un cónyuge supérstite la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal; X. La resolución que declare la sustitución del administrador de la sociedad conyugal y la terminación de dicha sociedad; XI. La concesión de separación del domicilio familiar; XII. La declaratoria de herederos y el reconocimiento o desconocimiento de esa calidad o de la validez de testamento; y XIII. Las demás resoluciones contra las que expresamente así lo señala la ley.". "ARTÍCULO 651. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan en contra de: I. Las providencias dictadas en jurisdicción voluntaria; II. La resolución en que un juez se inhibe del conocimiento de un asunto; III. Las interlocutorias o autos definitivos en que se declare procedente un incidente de previo y especial pronunciamiento o que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación; IV. Autos o determinaciones dictadas en las audiencias denegando la admisión de pruebas, desechándolas o declarándolas desiertas totalmente; V. Sentencias definitivas, salvo los casos de excepción; VI. La declaración de caducidad; VII. La resolución que declare o niegue el sobreseimiento; VIII. La concesión de la ejecución de una resolución de tribunales de otros estados o del extranjero en obsequio de un exhorto; IX. La resolución que se dicte con carácter de definitiva decidiendo cualquier cuestión de índole familiar, salvo las referidas a alimentos, diferencias conyugales y las contempladas en las fracciones IX a XI del artículo 645 del presente código; X. La resolución que apruebe la partición, siempre y cuando exceda de dos mil veces la UMA, y XI. Resoluciones dictadas en incidentes de liquidación o similares.". Como se aprecia, el recurso de revocación solamente es procedente contra las resoluciones que no son irrecurribles ni apelables. Por tanto, todas las resoluciones dictadas en un juicio civil que no se encuentren previstas en el artículo 633 del código en comento, ni proceda contra ellas el recurso de apelación son impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el citado numeral 634 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. De un análisis del acto reclamado, se advierte que no resulta ser irrecurrible, ni apelable conforme al ordenamiento en consulta; en consecuencia, el medio idóneo de impugnación es el recurso de revocación, el cual debe sustanciarse por el juez que dictó el proveído impugnado o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto, pues con él puede lograrse la revocación, modificación o anulación del auto reclamado, situación está que en la especie no se colmó por la parte promovente del amparo, antes de instar la presente instancia constitucional. Por su aplicación al caso se cita la tesis I.11o.C.139 C (10a.) de rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA CIVIL. SU NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN. El derecho de impugnar las resoluciones judiciales tiene un primer sustento en el artículo 17 de la Constitución General, que consagra el derecho de acceso a la justicia; sin embargo, este derecho fundamental aparece más claro en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra los principios del recurso judicial. De esa forma, los recursos regulados en la legislación procesal civil son los instrumentos a través de los cuales el gobernado podrá impugnar la legalidad de las resoluciones judiciales de toda índole; tienen por objeto confirmar, revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Así, a través de los recursos ordinarios, el gobernado podrá impugnar tanto aspectos de forma de la resolución que se recurra -como la carencia de fundamentación y motivación, falta de exhaustividad por no analizar los argumentos propuestos o la integridad de las pruebas ofrecidas, incongruencia entre lo pedido y lo resuelto, o la ausencia de los requisitos legalmente previstos para la validez de la resolución respectiva-, como el fondo de lo decidido u ordenado por estimarse que el juzgador recurrido incurrió, entre otras hipótesis, en indebida o incorrecta: I. Fundamentación, motivación o ambas; II. Valoración de las pruebas; III. Interpretación de la ley o la jurisprudencia; IV. Apreciación de la litis; y, V. Análisis de las constancias de autos. Dado que los recursos son medios de impugnación ordinaria, las únicas resoluciones que se podrán recurrir a través de ellos son aquellas que no hubieren adquirido firmeza o alcanzado la calidad de cosa juzgada, pues estas últimas sólo podrán combatirse con el empleo de medios extraordinarios de defensa y, específicamente, a través del juicio de amparo. Los recursos ordinarios se dividen o clasifican en horizontales y verticales: son horizontales aquellos de los que corresponde resolver al mismo juzgador que emitió la resolución recurrida en la misma instancia en que se substancia el asunto; ejemplo de éstos en los juicios civiles y familiares son el de revocación y el de reposición; los verticales son aquellos de los que conoce un tribunal superior de instancia de aquel que emitió la resolución recurrida; ejemplo de éstos en los juicios civiles y familiares son el de apelación y el de queja.". (Énfasis añadido). Además, el quejoso Víctor Manuel Vaca Garibay, no se ubica en los casos de excepción a que se refieren los incisos a), b) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, dado que el acto reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis ahí contenidas, porque el acto reclamado no es alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni mucho menos, en materia penal. Tampoco en la excepción prevista por el inciso c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño, pues resulta ser la parte demandada en el juicio de origen, por lo que queda supeditado a la regla establecida en los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes. Así, al no estar en una de las excepciones de hipótesis dispuestas por el citado numeral, para encuadrarlo en los casos de excepción que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; se insiste en que debió promover ante la responsable, previamente a acudir a esta vía constitucional, el recurso de revocación previsto en el numeral 634 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, dado que con su promoción, el acto reclamado pudo haberse revocado, modificado o nulificado; por lo que pasó por alto el pluricitado principio de definitividad. Por lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia precisada en párrafos anteriores, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo por las razones anteriormente expuestas. Al haberse decretado el sobreseimiento en este asunto, existe imposibilidad jurídica para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo.9 QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Víctor Manuel Vaca Garibay, por su propio derecho, contra el acto y la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en el considerando cuarto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 9 Resulta aplicable la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Carlos Alberto Alcántar Béjar, secretario que autoriza y da fe. Número(s) de oficio(s): 22446 El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas del día _________________________________________

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic · 6,724 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano